INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Los suscritos, José Luis Máximo García Zalvidea, Rosalinda López Hernández, Jesús Garibay García y Salomón Jara Cruz, Senadores de la República a la LX Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad social, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El proyecto de reforma constitucional que sometemos a la consideración de esta Soberanía se inserta en una tendencia de crítica internacional que reconoce las fallas estructurales de las reformas a los sistemas de seguridad social aplicadas en los noventa y busca reestablecer la responsabilidad del Estado en su función social y solidaria hacia los trabajadores, así sea para quienes cuentan con un empleo formal dentro de los mercados de trabajo, privado o público, como para quienes contribuyen al desarrollo nacional y a la estabilidad económica y social de la nación con su trabajo en forma lateral a las estructuras formales, ante la incapacidad gubernamental para generar las oportunidades suficientes para el bienestar de una parte importante de la población.

El actual modelo de cuentas individualizadas en los esquemas de seguridad social es incapaz de ofrecer a las nuevas generaciones de trabajadores una pensión digna en términos reales de poder adquisitivo. Así lo reconoce la OCDE, al advertir que en el caso de México la pensión que obtendrán los trabajadores será de apenas 35.8% de su último ingreso, bajo el sistema de capitalización individual. Incluso, la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro ha señalado que la pensión equivalente del trabajador sólo llegará al 28% de su último sueldo.

Por otra parte, los esquemas de seguridad social de acceso universal son prácticamente inexistentes en nuestro país, a pesar de que aproximadamente 12 millones de mexicanos laboran en el sector informal, más de la cuarta parte de la Población Económicamente Activa; sector que ha sido fundamental para amortiguar el impacto social de la progresiva crisis económica en que se ha sumido nuestro país desde los años 80; hombres y mujeres de la vida común que han trabajado para sostener una economía paralela, dañina para los tecnócratas, pero vital para una parte sumamente importante de la población, quienes al final de una vida productiva mucho más prolongada que la de un trabajador del sector formal, sólo cuentan con su propia creación para sobrevivir la vejez. Es esta una importante fuente de satisfactores básicos para la sobrevivencia cotidiana de millones de familias y un mecanismo que permite mantener capital en constante circulación.

Dramáticamente, un punto de confluencia entre la problemática que presentan los esquemas de seguridad social basados en cuentas individualizadas y la inexistencia de mecanismos del Estado para otorgar seguridad social de acceso universal, es el agudizamiento de una crisis mundial que impacta en forma grave a la clase trabajadora, tanto al sector formal, como al informal.
Por ello, a escala mundial, pero notablemente en Latinoamérica, las economías atraviesan por una paulatina, pero incontenible, contrarreforma para revertir los vestigios del neoliberalismo como paradigma de desarrollo, oponiendo a las libres fuerzas del mercado financiero un sano regreso del papel del Estado como regulador y promotor del desarrollo económico y social. Se trata de anteponer un paradigma de desarrollo eficiente, en contra de las fuerzas naturales del mercado financiero, que pugnan por restringir más el papel del Estado en aras al incremento de las ganancias.

La confianza en los beneficios de los mercados autorregulados, los equilibrios perfectos y el libre mercado enfrenta actualmente su etapa más grave de contradicción histórica. La crisis financiera se ha expandido con tal fuerza que emula a la gran depresión de 1929, fragmentando un paradigma de pensamiento tecnócrata que se opuso a la realización del ideal constituyente de 1917, fundante de la primera constitución social en el mundo, que garantiza como decisión jurídica fundamental las responsabilidades del Estado en el campo económico para el bienestar social de los mexicanos.

En nuestro país, en los últimos años se han dado pasos hacia la restitución de políticas de Estado en materia de protección de la clase trabajadora y de los sectores sociales desprotegidos.

Notoriamente desde los gobiernos estatales, y por obligado reconocimiento también desde la administración federal, se han implementado políticas públicas con el fin de garantizar derechos sociales mínimos para la subsistencia cotidiana, como son las pensiones alimenticias, las ayudas económicas a los estudiantes, así como los programas y recursos económicos a las microempresas de carácter social y los exiguos servicios gratuitos de salud, que se dirigen a solventar la incapacidad del modelo de producción predominante para atender las necesidades sociales más apremiantes.

Sin embargo, tales medidas asistenciales no son sino paliativos para enfrentar una crisis social de mayores dimensiones, en ciernes, que se nutre no sólo del descontento de la población hacia la ineficacia de su gobierno, sino de las inevitables consecuencias económicas del caduco esquema de acumulación voraz iniciado a mediados de los años 80, que contradice el pacto fundamental de 1917, plasmado en un texto constitucional que consagra el derecho de acceso a los beneficios del trabajo a todos los mexicanos, como la seguridad social, y la consecuente obligación del Estado para garantizarlo. Ese pacto dio nacimiento al Estado contemporáneo y sólo su irrestricto respeto puede asegurarle estabilidad.

Vista desde la perspectiva del constituyente originario, la función integradora de la Constitución mexicana exige en la materia específica de la seguridad social al menos:

a) la no intervención del lucro económico en la relación trabajo y beneficios sociales derivados de éste, y la obligación del Estado para garantizarlos

b) el predominio del concepto de solidaridad social y reconocimiento al trabajo como generador de la riqueza nacional, particularmente cuando el trabajador llega a las circunstancias de la maternidad o paternidad, la enfermedad, la vejez y la muerte.

En ese rubro es destacable la aportación social que el espíritu del Constituyente mexicano de 1917 realizó al mundo, visible, por ejemplo, en artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre promulgada por la ONU tres décadas después: "Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la Seguridad Social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad".

A casi 100 años del movimiento revolucionario, los promoventes de esta iniciativa estamos convencidos de la urgencia de retomar los principios básicos sobre los que se erigió el Estado social mexicano como rector del desarrollo nacional, incluyendo el crecimiento económico, el empleo y la justa distribución del ingreso y la riqueza, como formas indispensables para la equidad y el bienestar.

Sin embargo, en la década de los ochenta, se dio inicio a una serie de reformas que cambiaron el contenido de la política económica del Estado social por otra que fortaleció la preeminencia del mercado en el cumplimiento de los objetivos económicos plasmados en el artículo 28 constitucional y los objetivos sociales contenidos en los artículos 4 y 123 del mismo ordenamiento superior.

A más de 20 años de la implementación de políticas económicas neoliberales, además de un déficit crónico de crecimiento económico real, nos enfrentamos a un acelerado proceso de descomposición del tejido social causado por la alta concentración del ingreso nacional, el consecuente crecimiento de la pobreza y pobreza extrema, la emigración hacia los Estados Unidos de más de 11 millones de mexicanos, el envejecimiento de nuestra población, la caída de los salarios, la inseguridad pública y el exponencial crecimiento del sector informal, que en conjunto son la consecuencia del desmantelamiento de las responsabilidades del Estado en el campo económico, la seguridad y la justicia social.

La situación actual de la economía internacional requiere más que enmendar a través de reformas superficiales el actual modelo económico. En ese camino, es preciso reconocer y asumir la debilidad estructural del régimen de cuentas individualizadas de ahorro para el retiro en el actual esquema pensionario. El enorme monto de las minusvalías registradas al mes de noviembre es solo la primera muestra de su agotamiento. El tema de la regulación de comisiones que cobran las administradoras es sólo una parte del problema, porque el tema central es la falta de garantías para los trabajadores de que contarán con una pensión digna al final de su ciclo laboral, lo que fue el ofrecimiento fundamental de la reforma de 1996.

Los suscritos proponemos una reforma de fondo que devuelva y fortalezca las capacidades del Estado en materia de seguridad social, con el respaldo de todos los sectores involucrados, de carácter no discriminatoria y en igualdad de oportunidades, para que sea posible garantizar en el tiempo su viabilidad financiera y cobertura universal.

El planteamiento requiere imponerse sobre un polo de pensamiento que concibe al mercado, la ganancia y la utilidad individual como premisas para el diseño de las políticas públicas en la materia que nos ocupa. Por el contrario, es preciso regresar a las tesis originales de la responsabilidad solidaria del Estado ante la seguridad social como un derecho humano, que garantice el fortalecimiento del tejido social entre generaciones.

En este sentido, los que suscribimos esta iniciativa consideramos urgente abrir el debate en el Poder Legislativo para reintegrar como responsabilidad del Estado y como garantía universal de los mexicanos, el acceso a un sistema solidario de pensiones, fincado sobre las sólidas bases de un pacto intergeneracional, para que cada mexicano que finalice su vida productiva pueda acceder a una pensión suficiente para solventar sus necesidades vitales con dignidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad social, de conformidad con el siguiente

DECRETO:

ÚNICO.-

Se adiciona un párrafo VI al artículo 4, recorriéndose el actual y los subsecuentes; una fracción XXVIII al artículo 73; un párrafo segundo a la fracción XXIX del apartado A y los párrafos segundo y tercero a la fracción XI del apartado B del artículo 123. Se reforma la fracción XXIX del apartado A del artículo 123. Todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 4º El Estado garantizará a todos los mexicanos el acceso a la seguridad social y al disfrute de una pensión de retiro al concluir su vida productiva, que sea suficiente para cubrir sus necesidades básicas y servicios complementarios.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
I al XXVII.
XXVIII. Para establecer, organizar y sostener los sistemas de seguridad social que garanticen el acceso de todos los mexicanos, así como establecer las bases de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios en el ejercicio de esa responsabilidad y las aportaciones económicas necesarias para cubrirlo.
XXIX al XXX. ...
Artículo 123. ...
A. ...
I a XXVIII. ...
XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, la que comprenderá la prestación de servicios por el Estado destinados a cubrir los casos de invalidez, vejez, muerte, cesación involuntaria del trabajo, enfermedades y accidentes, así como de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. El sistema para la prestación de los servicios de seguridad social, incluyendo el esquema de pensiones, se constituirá bajo los principios de solidaridad, eficiencia, universalidad, integralidad, unidad y participación y se mantendrán bajo el control exclusivo del Estado.
La Ley definirá los medios para garantizar que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante en el tiempo y su pago oportuno.
XXX. y XXXI. ...
B. ...
I a X. ...
XI. ...
a) a f). ...
El sistema para la prestación de los servicios de seguridad social para los trabajadores a que se refiere este apartado, incluyendo el esquema de pensiones, se constituirá bajo los principios de solidaridad, eficiencia, integralidad, unidad y participación y se mantendrá bajo el control exclusivo del Estado.
La Ley definirá los medios para garantizar que los recursos destinados a pensiones de los trabajadores al servicio del Estado mantengan su poder adquisitivo constante en el tiempo y su pago oportuno.
XII a XIV. ...

Artículos Transitorios

Primero.-

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto.

Suscriben

Sen. José Luís Máximo García Zalvidea
Sen. Rosalinda López Hernández
Sen. Tomas Torres Mercado
Sen. Jesús Garibay García

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

Los suscritos, José Luis Máximo García Zalvidea, Rosalinda López Hernández, Jesús Garibay García y Salomón Jara Cruz, Senadores de la República a la LX Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, de conformidad con la siguiente:

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.-

Se reforman los artículos 1 y 2; así como las fracciones XIII y XIV del artículo 5; el artículo 7; las fracciones V y VIII del artículo 8; el artículo 10; el artículo 18; el artículo 37 y el artículo 58. Se adiciona una fracción III Ter y dos párrafos a la fracción V Bis, recorriéndose el actual párrafo segundo, al artículo 3; la fracción III Bis al artículo 5, y las fracciones V Bis y XII, recorriéndose la actual, al artículo 8. Y se derogan los artículos 26, 59, 60, 61, 62 y 63. Todos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue:
Artículo 1o.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto proteger las diversas aportaciones que constituyen los fondos de ahorro para el retiro de los trabajadores en el tiempo, así como regular el funcionamiento de los sistemas de ahorro para el retiro y sus participantes previstos en esta Ley y en las leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Artículo 2o.- La coordinación, regulación, supervisión y vigilancia de los sistemas de ahorro para el retiro están a cargo de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que será un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en el Distrito Federal, dotado de autonomía orgánica, técnica y de gestión, en los términos de la presente ley.
Artículo 3o.
I a III. Bis.
III. Ter. Cuenta individual inactiva: en singular o en plural, es aquélla que por un plazo de tres meses consecutivos no haya registrado aportación alguna por causa de la pérdida de empleo del trabajador titular de la cuenta o por su fallecimiento;
IV. y V.
V bis. Rendimiento Neto, en singular o en plural, a los indicadores que reflejan los rendimientos menos las comisiones, que hayan obtenido los trabajadores por la inversión de sus recursos en las Sociedades de Inversión.

Para los efectos de esta ley se entenderá por rendimiento de un Fondo, el porcentaje de variación del valor nominal promedio en un periodo de tiempo del Fondo de que se trate, respecto al valor promedio mensual del mismo Fondo en el periodo anterior.

Se entenderá por rendimiento real de un Fondo, el ajuste de la rentabilidad nominal establecida en el párrafo anterior, respecto a la variación que se registre en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, en el mismo período de cálculo.

La Junta de Gobierno de la Comisión deberá autorizar la metodología que se establezca para construir los indicadores de Rendimiento Neto, fijando en dicha metodología el periodo para su cálculo;
VI al XIV.
Artículo 5o.- La Comisión tendrá las facultades siguientes:
I a III.
III Bis.- Regular las comisiones y cuotas en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, así como de los márgenes de ganancia de los participantes en éstos en proporcionalidad directa con el beneficio otorgado a los trabajadores por la administración de sus ahorros;
IV a XII.
XIII. Rendir un informe trimestral al Congreso de la Unión sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en el que se deberá considerar un apartado específico en el que se mencionen las carteras de inversión de las sociedades de inversión;
XIV. Dar a conocer a la opinión pública reportes sobre comisiones, número de trabajadores registrados en las administradoras, estado de situación financiera, estado de resultados, composición de cartera y rentabilidad de las sociedades de inversión, cuando menos en forma mensual;
XV y XVI.
Artículo 7o.- La Junta de Gobierno será el órgano superior de dirección de la Comisión y se integrará por el Presidente de la Comisión y 6 vocales. Los vocales serán designados por el titular del Poder Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República o la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su caso. Durarán en el cargo seis años improrrogables y serán sustituidos en forma escalonada.

Para ser vocal se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Poseer título y cédula profesional de alguna carrera afín a la materia de seguridad social, financiera, económica o jurídica;
III. Contar con experiencia acreditada en materia de seguridad social, financiera, económica cuando menos por un término de cinco años inmediatos anteriores a su designación;
IV. No haber desempeñado puesto o función en o para las administradoras de fondos para el retiro, en los últimos tres años previos a su nombramiento;
V. No haber sido condenado por delito intencional de carácter patrimonial que merezca pena corporal, ni encontrarse inhabilitado para ejercer un cargo o comisión en el servicio público, y
VI. El Presidente y los vocales no podrán desempeñar otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación de la Junta de Gobierno y los no remunerados que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia.

A las sesiones de la Junta de Gobierno concurrirán, como invitados permanentes, con voz pero sin voto, un representante por cada una de las cámaras del Congreso de la Unión.

El órgano de gobierno y los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal profesional calificado necesario para el debido desarrollo de sus funciones.
Quienes hayan fungido como Presidente o vocales no podrán ocupar, dentro de los 4 años siguientes a la fecha de su retiro, cargos dentro de administradoras de fondos para el retiro o prestarles servicios profesionales relacionados con sus funciones.

El Presidente de la Comisión y los vocales de la Junta de Gobierno podrán ser destituidos y sujetos a responsabilidad por las causas y conforme a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudieren incurrir.

La Junta de Gobierno contará con un Secretario, el cual podrá expedir constancias de los acuerdos de los órganos colegiados de la propia Comisión.
Artículo 8o.- Corresponde a la Junta de Gobierno:
I. a IV. ...
V. Regular el régimen de las comisiones que los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro podrán cobrar por los servicios que presten, previa opinión favorable del Comité Consultivo y de Vigilancia.
La Junta de Gobierno de la Comisión, cuando observe condiciones que afecten la estabilidad del propio sistema, practicas de concentración, estructuras oligopólicas o se afecte el interés del trabajador, podrá fijar las comisiones máximas y mínimas correspondientes, los mecanismos de ajuste y periodos de vigencia.
La Comisión tomará las medidas regulatorias pertinentes, las que se mantendrán sólo mientras subsistan las condiciones que las motiven.
V Bis. Emitir la regulación necesaria para que los recursos destinados a pensiones preserven su poder adquisitivo en el tiempo.
VI. al VII. ...
VIII. Conocer y aprobar el informe trimestral sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro, que le sea presentado por el Presidente de la Comisión, a fin de remitirlo al Congreso de la Unión y solicitar informes generales o especiales al Presidente de la Comisión;
IX. a XI. ...
XII. Evaluar en coordinación con el Banco de México y la Comisión Federal de Competencia Económica constantemente el desempeño de los Sistemas de Ahorro para el Retiro en materia de competencia, estructura de costos, cobertura, estructura de riesgos, comisiones y opciones de inversión que reduzcan el grado de riesgo para garantizar el objetivo de preservar y elevar el rendimiento de los fondos de los trabajadores; y
XIII. Resolver sobre otros asuntos que el Presidente de la Comisión someta a su consideración.
Artículo 10.- El Presidente de la Comisión será nombrado por el Senado de la República o la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su caso, mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, de entre una terna que para el efecto envíe el titular del Poder Ejecutivo Federal. El Presidente durará en el cargo tres años y podrá ser ratificado para un segundo período.
Para ser Presidente de la Comisión se requiere:
I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
II. Gozar de reconocida experiencia en materia económica, financiera, jurídica o de seguridad social;
III. No tener nexos patrimoniales con los accionistas que formen el grupo de control de los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro sujetos a la supervisión de la Comisión, ni con los funcionarios de primer y segundo nivel de los mismos, así como no ser cónyuge ni tener relación de parentesco consanguíneo dentro del segundo grado con dichas personas;
IV. No haber sido inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano y gozar de reconocida solvencia moral, y
V. No desempeñar cargo de elección popular, ni ser accionista, consejero, funcionario, comisario, apoderado o agente de los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro.
La limitación consistente en no ser accionista de los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro no será aplicable tratándose de las acciones del capital variable emitidas por Sociedades de Inversión en las que participe como trabajador.
Artículo 18.- ...
Las administradoras corresponsablemente deberán efectuar todas las gestiones que sean necesarias, para la obtención de la mayor rentabilidad y seguridad en las inversiones de las sociedades de inversión que administren, garantizando la preservación del poder adquisitivo de los fondos de ahorro de los trabajadores, de tal manera que la pensión que se adquiera al término de la vida laboral, en ningún caso sea menor, proporcionalmente en términos reales al valor del momento de sus aportaciones. En cumplimiento de sus funciones, atenderán exclusivamente al interés de los trabajadores y asegurarán que todas las operaciones que efectúen para la inversión de los recursos de dichos trabajadores se realicen con ese objetivo.
Artículo 26.- (Derogado)
Artículo 37.- ...
Para promover un mayor Rendimiento Neto a favor de los trabajadores y la corresponsabilidad en la administración de los recursos, las comisiones por administración de las cuentas individuales sólo podrán cobrarse como un porcentaje sobre los rendimientos obtenidos. Las administradoras sólo podrán cobrar cuotas fijas por los servicios que se señalen en el reglamento de esta ley y en ningún caso por la administración de las cuentas.

Artículo 58.- ...
La prestación del servicio público a que se refiere este artículo se llevará a cabo por la Comisión y consistirá en:
I. a VIII. ...
Artículo 59.- Derogado
Artículo 60.- Derogado.
Artículo 61.- Derogado.
Artículo 63.- Derogado.

Artículos Transitorios
Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto.

Suscriben
Sen. José Luís Máximo García Zalvidea

Sen. Rosalinda López Hernández
Sen. Tomas Torres Mercado
Sen. Jesús Garibay García

PUNTO DE ACUERDO RELATIVA A LAS OBERVACIONES REALIZADAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN AL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA.

Los que suscriben, José Luis García Zalvidea, Francisco Javier Castellón Fonseca, Lázaro Mazón Alonso, Antonio Mejía Haro y Rubén Fernando Velázquez López, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del H. Senado de la Republica, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente Proposición con punto de acuerdo relativa a las observaciones realizadas por la auditosia superior de la federación al Instituto Nacional de Medicina Genómica, de conformidad con los siguientes

CONSIDERANDOS

PRIMERO.-

En el campo de la ciencia, el desarrollo de la medicina genómica constituye un aspecto estratégico para México. Esta disciplina ofrece grandes beneficios para el cuidado de la salud, porque permite identificar a los individuos con riesgo a desarrollar enfermedades comunes antes de que aparezcan los síntomas y de esta manera, evitar o retrasar sus manifestaciones, complicaciones y secuelas. De igual manera, permite nuevas estrategias de tratamiento como la farmacogenómica que resulta de la generación de medicamentos más efectivos y menos tóxicos con base en la estructura genómica de cada población.

Los retos que enfrenta la medicina genómica incluyen el conocimiento y análisis de las secuencias que incrementan el riesgo o la susceptibilidad para desarrollar enfermedades multifactoriales; así como, el estudio de su frecuencia dentro de las poblaciones. Con esto se pueden identificar a los miembros de la población cuya secuencia de ADN los hace de alto riesgo para presentar enfermedades comunes como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo II, el asma, el infarto agudo del miocardio y algunas enfermedades infecciosas, entre otras que están adquiriendo gran relevancia en México debido a la transición epidemiológica.

SEGUNDO.- El 20 de julio de 2004, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto por el cual se creó el INMEGEN. El objeto de este Instituto consiste en desarrollar una plataforma en la medicina genómica para vincular instituciones públicas y privadas, tanto en México como en el extranjero, la cual contribuiría a generar su desarrollo integral en todo el país, incidiendo en enfermedades comunes, con un alto impacto en la salud y la economía de los mexicanos. Se debe destacar que la creación del INMEGEN fue el resultado de un constante y arduo esfuerzo realizado tanto por la Secretaría de Salud, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, e Instituciones de Educación superior de entre las que destaca la Universidad Nacional Autónoma de México. Su creación representó un nuevo horizonte de opciones para el desarrollo permanente de conocimientos y tecnologías para enfrentar mejor los retos presentes y futuros del sistema de salud.

Sin embargo, a cuatro años de su creación, algunos sectores comienzan a percibir que el INMEGEN realiza actividades ajenas a sus atribuciones, y poca investigación; algunas fuentes internas han llamado la atención sobre la opacidad en el manejo de sus recursos, particularmente los destinados a la construcción de sus instalaciones definitivas.

TERCERO.- El 12 de septiembre de 2005 se inició la construcción de la primera etapa de las instalaciones del INMEGEN en un terreno de 40 mil metros cuadrados donado por la Secretaría de Salud, ubicado en Periférico Sur, en la Delegación Tlalpan, en el Distrito Federal.
En el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) consideró que, en términos generales, el INMEGEN no cumplió con las disposiciones normativas aplicadas a la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación y ejecución de las operaciones examinadas.

Algo que llama la atención entre la comunidad médica y científica, cercana al INMEGEN son las actividades de su director general, el doctor Gerardo Jiménez Sánchez, quién utiliza recursos públicos de ese Instituto para su promoción e imagen personal.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente Proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-

El Senado de la República exhorta al Dr. Gerardo Jiménez Sánchez, Director General del Instituto Nacional de Medicina Genómica, para que a la brevedad presente un reporte detallado sobre el cumplimiento de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación a ese Instituto, en elInforme de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006.

SUSCRIBEN
Sen. José Luis García Zalvidea

Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca

Sen. Lázaro Mazón Alonso

Sen. Rubén Fernando Velázquez López

Sen. Antonio Mejía Haro.

PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA PREVENCIÓN, COMBATE Y SANCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS

Los suscritos, José Luis García Zalvidea, Rubén Fernando Velázquez López, Antonio Mejía Haro, Lázaro Mazón Alonso, Salomón Jara Cruz y Héctor Miguel Bautista López senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía, con carácter de urgente la siguiente: Proposición con Punto de Acuerdo por el que se extienden respetuosos exhortosal Titular del Poder Ejecutivo Federal y a las Legislaturas de las Entidades Federativas, con relación a la prevención, combate y sanción de la Trata de Personas, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La trata de personas es uno de los delitos de mayor impacto en la sociedad mexicana, dada la naturaleza de nuestro país como sitio de álgido tránsito migratorio, su carácter de expulsor y receptor de migrantes y la fuerte vinculación de éste ilícito con tal fenómeno.

Sus víctimas, ven menos cabadas las cualidades que nos distinguen como humanos al asimilárseles a mercancías u objetos; bien han señalado los especialistas que ésta es una forma de esclavitud moderna, en la que un ser humano es sometido a condiciones de explotación sexual y comercial en detrimento de sus más elementales libertades personales.

Éste, es el tercer mayor negocio transfronterizo, aunque se calcula que sin mecanismos jurídicos y administrativos que le confronten efectivamente, tal actividad ocupará en menos de diez años, el primer lugar por su amplia rentabilidad -los traficantes ganan entre 4 mil y hasta 50 mil dólares por persona, dependiendo del lugar de origen y destino de la víctima- así como por la facilidad para explotar a las víctimas, aprovechando condiciones de vulnerabilidad tales como pobreza, género, minoría de edad o raza.

Es a la vez, un crimen base para establecer y afianzar de redes de pornografía infantil, prostitución, explotación laboral y tráfico de drogas.

En este sentido, México ha contraído sendos compromisos internacionales para su combate, de entre los que destacan los derivados de la "Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional", firmada en Palermo en el año 2000, y el "Protocolo para Prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas especialmente de mujeres y niños", complementario a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del mismo año.

Dichos compromisos, no han sido cumplidos cabalmente por nuestro Estado, lo que pone en evidencia la absurda negación de los derechos humanos de sus víctimas.
Cabe señalar, que el "Informe del Departamento de Estado sobre la Trata de Personas de 2008", elaborado por aquella dependencia de los Estados Unidos, señala que "de acuerdo con el gobierno mexicano, hasta veinte mil niños son víctimas de explotación sexual comercial en México cada año, especialmente en zonas turísticas y fronterizas", y puntualiza que el turismo sexual tiene una tendencia a la alza, hallándose como el destino de cada vez más pedófilos procedentes de Estados Unidos, Canadá y Europa, y siendo la mayoría de las víctimas, procedentes de Centroamérica. Asimismo, tal documento es contundente al apuntar que "No hubo esfuerzos por investigar o procesar crímenes de explotación laboral, a pesar de los reportes sobre mexicanos, centroamericanos y otros ciudadanos extranjeros que son sujetos de explotación laboral en México".

Lamentablemente el informe del país vecino no está alejado de la verdad, pues pese a que en febrero de 2008, la Procuraduría General de la República conformó una nueva unidad contra la trata, llamada "Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas", desde junio de 2007, el gobierno federal sólo ha arrestado a siete personas sospechosas de aquel delito, sin que a la fecha hayan sido sentenciadas éstas u otras personas acusadas del mismo delito.

Es necesario señalar que la inactividad del Ejecutivo en este caso, anula los logros obtenidos por el Congreso. Me refiero en específico al hecho de que luego de un amplio proceso de análisis y discusión con los diversos actores especialistas en la materia, el 27 de noviembre de 2007, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, dispositivo que pretendía dotar de nuevas herramientas para el combate a este ilícito, pero que no ha podido entrar en completa operatividad, dado que no ha sido publicado su reglamento, pese a que su artículo segundo transitorio, estableció un término de ciento veinte días hábiles para que el Ejecutivo Federal lo publicara; hecho que justifica el exhorto aquí contenido.

Asimismo, es necesario que las Entidades Federativas revisen la legislación local en la materia y la adecuen a la realidad actual, pues si bien es cierto que los 31 estados de México y el Distrito Federal prevén en sus códigos penales sendos aspectos de la trata de personas, también lo es el que sólo Chihuahua, Guerrero, el Estado de México, Sonora y Zacatecas han promulgado leyes especiales contra la trata, lo cual constituye la segunda parte de nuestro exhorto.
Es necesario que el Estado deje de delegar a organizaciones no gubernamentales e internacionales, parte de sus obligaciones de prevención, protección y asistencia a las víctimas de la trata, cuestiones que en gran parte se resolverían dando cumplimiento a los dos exhortos antes mencionados; lo que facilitaría castigar a los tratantes por sus crímenes, aumentar la asistencia a las víctimas, luchar contra la complicidad de funcionarios públicos, identificar a las víctimas (actuales o potenciales) en sectores vulnerables, entre otras cosas.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea, con carácter de urgente, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República extiende un respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal, a efecto de que se publique a la brevedad posible el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, para poder dar cumplimiento a los diversos instrumentos internacionales en la materia.

Segundo. El Senado de la República extiende un respetuoso exhorto a las Legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en el marco de sus competencias, revisen la legislación relativa a la prevención, combate y sanción de la trata de personas e incorporen reformas que permitan dar cumplimiento a los diversos instrumentos internacionales en la materia.

SUSCRIBEN
Sen. José Luis García Zalvidea

Sen. Rubén Velázquez López
Sen. Antonio Mejía Haro
Sen. Lázaro Mazón Alonso
Sen. Salomón Jara Cruz
Sen. Héctor Miguel Bautista López

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA PARA CREAR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL

Los suscritos, José Luis García Zalvidea, Rubén Fernando Velázquez López, Rosalinda López Hernández y Antonio Mejía Haro integrantes a la LX Legislatura del Congreso de la Unión con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma y Adiciona la fracción XV del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear la Unidad de Inteligencia Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERA.-

El tema de la corrupción en México es un tema tan complejo como delicado, y que urge abordar frontalmente para poder lidiar con ella de manera efectiva. La corrupción es compleja por la cantidad de facetas o aspectos que presenta y es delicado por que la vida nacional se ha visto profundamente afectada por su omnipresencia.

El tráfico de influencias, el contrabando, el soborno, el peculado, el uso particular de bienes públicos y la impunidad son modalidades de la corrupción.

Se trata, como puede apreciarse, de prácticas por todos conocidos y que lamentablemente nos resultan hasta familiares. Lo que, sin embargo, la gente resiente pero no comprende es que la corrupción significa, de manera gradual la destrucción de la vida institucional, el desprecio de la legalidad y el triunfo de la ilegitimidad. Una sociedad corrupta no puede ser sino ser una sociedad en un estado en descomposición y, por consiguiente, tiene necesariamente que ser una sociedad injusta.

SEGUNDA.- La corrupción no tiene especificaciones de tiempo o lugar. Es intemporal, y si bien es un problema de los individuos que muestran conductas ilícitas es también resultado de una sociedad que funciona con un sistema que no es el apropiado.
De ahí que la problemática que encierra la corrupción representa el mayor de los desafíos y es motivo de preocupación para el Estado moderno. Como antídoto, nada mejor que hacer efectiva la división de poderes como la forma adecuada del control, porque es el recurso que permite cumplir con uno de los supuestos básicos del Estado democrático: honesto, defensor de las libertades públicas, transparente en el funcionamiento, y dialogante con los ciudadanos.
Es una realidad que si bien en las naciones latinoamericanas sus regímenes republicanos contemplan una división formal de poderes, en los hechos no se ha ejercido a plenitud por cuestiones de sociología política y razones históricas. Estas sociedades, de alguna forma invertebradas, carecen por tanto de estructuras administrativas estables que le dan solidez y viabilidad a un estado moderno. Este estado embrionario de institucionalización en nuestro suelo impide la vigilancia pública del desempeño del aparato gubernamental, esto es, se cancelan los canales por donde la sociedad efectúa sus tareas de vigilancia. Desde esta óptica, podríamos decir que le falta vitalidad a la sociedad civil, entendida como diversidad y fortaleza organizacional.
Para lograr la transparencia también es importante tener como aliado el funcionamiento adecuado de instituciones democráticas, una prensa libre y acceso abierto del público a la información relacionada con el ejercicio del poder y las actividades gubernamentales. A toda esta estructura deben de sumarse los órganos de control y el afianzamiento del sistema de impartición de justicia, esto último es así porque el sistema institucional de una nación depende de la vigilancia del poder judicial.

TERCERA.- Recordemos que el narcotráfico ha utilizado su gran poder económico y la corrupción para infiltrarse en las estructuras del Estado. Es reciente la difusión de los sobornos y la corruptela que prevaleció en la Procuraduría General de la República o la Secretaría de Seguridad Pública.

La delincuencia organizada corrompe con dinero: se paga para no ser detenido, para en caso de serlo, no ser condenado y, en caso de serlo, poder escapar de la prisión.

Se paga también por información sobre posibles operativos policíacos, para poder eludirlos, y también por información sobre "traidores" y sobre las actividades de las bandas competidoras.
Incluso se paga para usar al Estado en contra de las bandas competidoras. Más aún, en ocasiones el Estado trabaja para los narcos: no sólo no los persigue sino que les da protección. De hecho, éste es el mejor escenario para los narcotraficantes: uno en el cual el Estado es relativamente eficiente en varias áreas salvo en perseguirlos.

CUARTA.- En este sentido, la creación de una Unidad de Inteligencia Patrimonial bajo el mando de la Secretaría de la Función Pública, permitirá al Estado contar con nuevas herramientas para identificar y castigar a los servidores públicos, que al amparo de su encargo pretendan enriquecerse a costa de la economía nacional o comprometiendo el buen ejercicio de sus funciones.

Es responsabilidad de todo Estado y más aún de aquellos que como el nuestro tienen aspiraciones democráticas, investigar y combatir el tráfico de influencias, procurar el fortalecimiento institucional y erradicar prácticas tan deleznables como la corrupción; para tales efectos es indispensable contar con mecanismos e instituciones eficaces, capaces no sólo de allegarse de la información patrimonial de los servidores públicos, sino también de procesarla y analizarla, con base en estrategias adecuadas de información, para identificar anomalías en el ejercicio de la función pública, siempre bajo criterios de responsabilidad, transparencia y protección a la confidencialidad de los datos recabados.

Cabe señalar, que si bien, el organismo aquí propuesto compartirá atribuciones con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; no se están creando estructuras paralelas, dado que las metodologías y criterios de investigación que usa aquella, no son ni han de ser, por cuestiones de límites competenciales, los idóneos para identificar comportamientos extraños en los servidores públicos, asunto que sí es de injerencia directa de la Secretaría de la Función Pública. Estamos hablando pues de una oficina que contará con información de primera mano para coadyuvar en el cumplimiento de la facultad primordial de dicho despacho.

Finalmente, es importante mencionar que la creación de ésta unidad, responde a una de las más fuertes demandas de la sociedad civil, en el sentido de dotar al Estado de mejores atribuciones para la investigación y pesquisa de funcionarios que han abandonado los criterios éticos que deben regir su comportamiento público.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

Artículo Único.-

Se reforma y adiciona la fracción XV del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, para quedar como sigue:

Artículo 37.- A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I a XIV...
XV. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores públicos de la Administración Pública Federal, y verificar su contenido a través de la Unidad de Inteligencia Patrimonial, la cual procesará y realizará análisis de datos y llevará a cabo investigaciones y pesquisas que fueren pertinentes para cumplir con la legislación aplicable;
XVI a XXVII...
Transitorio

Único.-

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suscriben
Sen. José Luis Máximo García Zalvidea
Sen. Rubén Fernando Velázquez López
Sen. Rosalinda López Hernández
Sen. Antonio Mejía Haro

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DESENPLEO

Los suscritos, José Luis García Zalvidea, Rubén Fernando Velázquez López, Antonio Mejía Haro y Claudia Corichi García, Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente: Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desempleo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos.

Uno de los dispositivos que definieron el enfoque social de nuestra Constitución, fue precisamente el establecimiento de un artículo que desarrollara los derechos, prerrogativas y obligaciones del Estado, el patrón y el trabajador; en este sentido, en 1943 se reformó tal precepto, para establecer un organismo encargado de cumplir con la seguridad social, en protección de los derechos de los trabajadores. De la misma forma, fue incluido un organismo similar que vela por los derechos más elementales de los trabajadores del Estado.
En efecto, el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, señala que es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, en la que se consigna la existencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que si bien no es la propia Constitución la que prevé la existencia de dicho Instituto, la ley reglamentaria de este apartado sí lo hace; por su parte, el artículo 123 apartado B, fracción XI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la existencia de un "organismo encargado de la seguridad social", cuya existencia se consagra en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo que en este caso sí es la propia Constitución la que prevé la existencia del citado organismo.

El establecimiento de éstos institutos fue, a mediados del siglo pasado, un encomiable avance que mereció la atención y aliento de la comunidad internacional; en ellos se consignaron seguros que hasta hoy, protegen de manera efectiva a las clases productoras; sin embargo, las circunstancias actuales de crisis y las alarmantes cifras de desempleo, hacen urgente otorgar una mayor protección al trabajador.

En este sentido, se propone ampliar la cobertura que actualmente tienen el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado; ello con el objeto de incorporar un seguro de desempleo.

Cabe señalar, que esta es una de las demandas más antiguas de la clase obrera y que incluso es uno de los pilares en que se soporta la actual concepción de los derechos fundamentales del trabajador. En este sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones

Unidas de 1948, señala en su artículo 25:
"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene, asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad..."

Como puede verse, nuestra legislación vigente incumple un compromiso contraído hace más de medio siglo, pero que no por eso ha perdido vigencia, muy por el contrario, considerando que tener un trabajo es un derecho humano de carácter laboral y social, que el Estado y sus Gobiernos están obligados a fomentar, crear y proteger para que se brinde en condiciones dignas y estables; y que sin empleo son nulos e inaplicables los derechos laborales y de la seguridad social, al ser jurídicamente irrealizables, porque el establecimiento de condiciones de trabajo, cualesquiera que fueren éstas, dependen de una ocupación previa, sea asalariada, empresarial, cooperativa, o sin salario patronal; es claro que ésta es una necesidad.

Es oportuno señalar que en la sesión del jueves 21 de diciembre de 1989 el diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán, del grupo parlamentario del PAN, presentó una iniciativa de reforma al precepto en comento, para reclamar la inclusión de un nuevo seguro para la protección de la clase laborante: el seguro a la jubilación. Así pues, habiendo prosperado esta iniciativa, se estableció en el texto constitucional el seguro "de cesación involuntaria del trabajo" según la terminología de dicho ordenamiento, mismo que pudiera interpretarse como una protección al desempleo, pero que según interpretación de la Suprema Corte, no es así.

Abundemos en ello, en marzo de 2001, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una tesis jurisprudencial que establece que el seguro por cesación involuntaria del trabajo no podrá otorgarse al derechohabiente por despido, pues -explican- aunque el desempleo es una causa involuntaria al igual que la edad, el legislador no está obligado a considerarla, pues con otorgarla por edad avanzada se cumple lo establecido en la Carta Magna, que hasta hoy no se especifica qué tipo de cesantía se debía proteger.

En este sentido, parece conveniente hacer la mención expresa en la constitución, otorgándonos como legisladores, un plazo razonable para plasmar este principio en la legislación secundaria.
Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asi como 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente Proyecto de Decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desempleo.

Artículo Único. Se adiciona la fracción XXIX del apartado A, así como el inciso a) de la fracción IX del apartado B; ambas del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"Artículo 123. (...)
(...)
A. (...)
I. a XXVIII. (...)
XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de desempleo por causa injustificada y cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.
XXX. a XXXI. (...)
B. (...)
I. a X. (...)
XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:
a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; la pérdida involuntaria de empleo, la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.
b) a f) (...)
(...)
XII. a XIV. (...)

Transitorios.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones que correspondan a la legislación secundaria en un plazo máximo de sesenta días hábiles contados a partir del inicio de la vigencia de este Decreto.

SUSCRIBEN
Sen. José Luis García Zalvidea

Sen. Rubén Fernando Velázquez López
Sen. Antonio Mejía Haro
Sen. Claudia Corichi García

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA "OPERACIÓN LIMPIEZA" EN LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO FEDERAL

Los que suscriben, Senadores José Luís Máximo García Zalvidea, Rubén Fernando Velázquez López, Antonio Mejía Haro, Lázaro Mazón Alonso, Héctor Bautista López, Salomón Jara Cruz y Rosalinda López Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD a la LX Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a consideración de esta soberanía, con carácter de obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA "OPERACIÓN LIMPIEZA" EN LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO FEDERAL, de conformidad en las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.-

Los grandes procesos de transformación y de cambio que en años recientes ha experimentado nuestro país hacen imperativa la adecuación del marco legal que regula algunos de los más importantes campos de acción del Estado. Entre estos, resulta de principal interés e importancia la seguridad pública y la justicia.

Sin duda, la cuestión de la seguridad pública entraña diversos desafíos: los secuestros, el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, la corrupción y la impunidad. Se trata pues de acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.

Hoy prevalece una percepción generalizada de que en la guerra contra la delincuencia, las acciones del Estado son insuficientes.

Como secuela de la delincuencia organizada, la violencia se está convirtiendo en hecho cotidiano. No resulta extraño a los ciudadanos las balaceras a plena luz de día, las ejecuciones en lugares públicos, los tiros de gracia, los decapitados, los "encajuelados" o las narcomantas que aparecen en las primeras páginas de los diarios o en los noticieros estelares de televisión.

Sin duda, en el ascenso de violencia y criminalidad se ve afectada la capacidad del Estado para procurar y administrar justicia. Más aún cuando recientemente nos enteramos de las intricadas redes de corrupción, complicidad e infiltración que realiza el narcotráfico en todos los niveles de gobierno.

Continuando con una espiral de violencia así, en poco tiempo le será imposible al Gobierno Federal garantizar niveles mínimos de seguridad y bienestar. Ello, por supuesto, pone en evidente riesgo la viabilidad misma del Estado mexicano.

SEGUNDA.- Noé Ramírez Mandujano, ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), hace un par de días fue detenido y puesto a disposición del área que dirigió hasta el pasado 31 de julio.

El ex funcionario, quien había sido designado agregado de la Procuraduría General de la República (PGR) ante la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga, con sede en Viena, es investigado por sus presuntos vínculos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, dentro de la llamada Operación Limpieza.

Recordemos que Noé Ramírez Mandujano llegó a la PGR en 1995. Durante la gestión de los procuradores Rafael Macedo de la Concha y Daniel Cabeza de Vaca Hernández ocupó importantes cargos en la SIEDO, entre ellos el de jefe de las unidades especiales de combate al secuestro y delitos contra la salud.

Logró un cargo más alto en la actual administración, cuando el procurador Medina Mora lo designó titular de la SIEDO, en lugar del fallecido José Luis Santiago Vasconcelos, de quien siempre dependió Ramírez Mandujano.

Antes de que se pusiera al descubierto la llamada Operación Limpieza, pero cuando ya conocían los gobiernos de México y Estados Unidos que la subprocuraduría de Noé Ramírez Mandujano estaba infiltrada por al narcotráfico, éste renunció a su cargo y llegó en su lugar Marisela Morales.

Recordemos por otra parte, que el pasado 27 de octubre, en una conferencia de prensa conjunta, la actual titular de SIEDO, Marisela Morales, y el procurador Medina Mora señalaron que "se iniciaron investigaciones a partir de operativos frustrados y de una declaración formal en la que se manifestó que en la SIEDO había servidores públicos que, desde 2004, entregaban información al cártel de Sinaloa".

De la investigación se desprendió que por esa información clasificada recibían pagos que iban desde 150 mil hasta 450 mil dólares mensuales.

Presuntamente, la SIEDO obtuvo, mediante cateos documentación y otros objetos, así como diversos testimonios que implican a ex funcionarios en una red de corrupción, entre ellos Fernando Rivera Hernández, ex director general adjunto de Inteligencia en la coordinación técnica de la SIEDO; Miguel Colorado González, coordinador técnico de la subprocuraduría; Jorge Alberto Zavala y Antonio Mejía Robles, elementos de la AFI adscritos a aquella instancia.
Por otra parte, es importante resaltar que desde finales de octubre pasado se encuentra bajo investigación la tercera sección de la Policía Federal; se sospecha que más de 60 elementos protegían, de manera directa, las operaciones delictivas de Jesús El Rey Zambada García, en la Ciudad de México.

Así, el titular de la Subsecretaría de Inteligencia y Prevención del Delito, Luis Cárdenas Palomino, fue citado por un agente del Ministerio Público de la Federación para que diera detalles sobre la operación de sus subalternos.

Fuentes de alto nivel de la PGR informaron que no existe ninguna acusación contra el funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública Federal; sin embargo, podría ser requerido de nueva cuenta, ya que los principales sospechosos estaban bajo sus órdenes directas.

TECERA.- Las diferencias entre los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República mantienen al gobierno de Felipe Calderón prácticamente sumido en la falta de credibilidad y sin una estrategia eficaz en su lucha contra el crimen organizado.

En estos primeros años de administración calderonista, las filtraciones de información, la presunta protección a narcotraficantes, las pugnas de poder y los vicios en ambas dependencias se han exacerbado, lo que impide que la cruzada contra los cárteles de la droga sea exitosa.
Sumado a lo anterior, las noticias sobre la infiltración de la Delincuencia Organizada en mandos policíacos y de procuración de justicia resulta grave y pone en riesgo la viabilidad misma del Estado mexicano.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de
ACUERDO

Único.- El Senado de la República invita al Secretario de Seguridad Pública, Ing. Genaro García Luna, y al Procurador General de la República, Lic. Eduardo Medina Mora Icaza, para que asistan a una reunión de trabajo con senadores integrantes de las Comisiones de Justicia; Gobernación; y de Derechos Humanos, para que informen sobre la infiltración de la Delincuencia Organizada en las estructuras gubernamentales y la llamada "Operación Limpieza" que realiza el gobierno mexicano.

Suscriben
Sen. José Luís Máximo García Zalvidea
Sen. Rubén Fernando Velázquez López
Sen. Antonio Mejía Haro
Sen. Lázaro Mazón Alonso
Sen. Héctor Bautista López
Sen. Salomón Jara Cruz
Sen. Rosalinda López Hernández