PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EJERCICIO FISCAL 2010

Los suscritos Senadores Alfonso Sánchez Anaya, Javier Castellón Fonseca, Máximo García Zalvidea y Senadora Rosalinda López Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA LXI LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010, SE EVITE LA REDUCCIÓN DEL RECURSO ASIGNADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Y. POR EL CONTRARIO, SE CONSIDERE SU INCREMENTO EN EL MENCIONADO PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS ENVIADO POR EL EJECUTIVO FEDERAL, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los próximos días, a más tardar el 15 de noviembre, la colegisladora tendrá que aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, que constituye el acto de la política fiscal de gasto más importante del Estado Mexicano. Este acto legislativo, cuya potestad exclusiva le compete a la Cámara de Diputados, se encuentra enmarcado en un contexto en el que la crisis económico-financiera nacional no ha sido superada y en el que las divergencias, tanto de los representantes populares como de la sociedad, respecto al denominado paquete fiscal para el año 2010, si bien han intentado superarse mediante un ejercicio democrático, lo cierto es que se mantienen latentes.

Estamos en presencia de un acto legislativo, que necesita de toda la responsabilidad social que conlleva ser representante popular en nuestra democracia, pues por un lado, tenemos que ser consecuentes con las medidas de racionalidad de los recursos públicos, pero por otro lado, tenemos que seguir impulsando áreas prioritarias como la educación, tal y como la ha venido sugiriendo la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Sin embargo, hemos podido observar que el Ejecutivo Federal, parece no tener la misma visión, pues apenas en el pasado mes de agosto, el titular de la Secretaría de Educación Pública, anunció en una reunión de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) el recorte presupuestal de ochocientos millones de pesos en lo que resta del año a las Universidades, que representa aproximadamente el 1% del presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal del año 2009.

Por el contrario, el Ejecutivo Federal ha enfocado su atención presupuestaria en el tema de seguridad, que si bien es loable atender por las circunstancias y magnitudes alcanzadas por la delincuencia organizada en nuestro país, también es cierto que su perspectiva de seguridad, se encuentra encuadrada en una visión bastante estrecha y reduccionista. El tema de seguridad no debe ser abordado solamente desde la óptica del combate a la delincuencia organizada, sino que debe atenderse desde una visión más amplia que eleve los estándares de vida, tal y como lo ha venido sugiriendo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), abordando áreas de interés para la humanidad, como lo es, en particular, la SEGURIDAD DE LA EDUCACIÓN.

Por otra parte, no resulta congruente que el ejecutivo federal anuncie medidas de recorte presupuestario y austeridad para el ejercicio fiscal 2010, cuando en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, tal y como lo muestra un estudio realizado por el Centro de Análisis Multidisciplinarios (CAM) de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) las prestaciones a los altos funcionarios federales se elevan de $694,548 (seiscientos noventa y cuatro mil quinientos cuarenta y ocho pesos) promedio, a $715,755 (setecientos quince mil quinientos cincuenta y cinco pesos).
El impulso a la educación superior debe ser una de las improntas que caractericen el próximo gasto público que será aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en particular, con la máxima casa de estudios de nuestro país, la Universidad Nacional Autónoma de México.

Resulta incuestionable la calidad y el nivel educativo que se imparte en las aulas, laboratorios, talleres y auditorios de la UNAM, lo que se confirma con el lugar que ocupa, de acuerdo con el Ranking Mundial de Universidades, que realiza el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, que para el año 2009 la sitúa en el lugar 44 a nivel mundial y en 2° lugar de Latinoamérica.

Siendo de especial relevancia destacar, que todavía para el año 2007, se encontraba en la posición 81 a nivel mundial, lo que significa que en menos de dos años, ha logrado escalar 37 escaños ante las mejores universidades del mundo.

Ante tan loable esfuerzo realizado por sus investigadores, profesores, estudiantes, trabajadores y directivos, el pasado 10 de junio, la Fundación Príncipe de Asturias, cuyos objetivos son favorecer el bienestar social y cultural de la sociedad, galardonó a la UNAM con el premio “Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2009”, por ser a lo largo de sus casi cien años, el modelo académico y formativo para muchas generaciones de estudiantes de diversos países, y nutrir el ámbito iberoamericano de valiosísimos intelectuales y científicos.

El reconocimiento internacional a nuestra máxima casa de estudios, la ha llevado también a ser reconocida por la UNESCO, como Patrimonio Cultural de la Humanidad, cuya inscripción en el patrimonio mundial fue realizado con fecha 2 de julio de 2007.

No impulsar el desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Presupuesto de Egresos para el año 2010, resultaría ir en contra del propio desarrollo sostenible de nuestro país; pero disminuir su presupuesto en el gasto público, resultaría un retroceso histórico en el meritorio curso, que durante casi cien años ha realizada la máxima casa de estudios, y en general para el desarrollo educativo y cultural que tanto requiere nuestra sociedad.

Siguiendo la clasificación administrativa del gasto público, en el Ramo Administrativo 11 de “educación pública”, organismos públicos descentralizados, entidades de control indirecto, del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2010, encontramos la propuesta presupuestaria del Ejecutivo Federal para la UNAM, que asciende aproximadamente a 24 mil 600 millones de pesos, lo que aparentemente significa un aumento, también aproximado, de 2 mil 500 millones de pesos, respecto de la propuesta presupuestaria para el año 2009, misma que es importante destacar, tuvo que ser aumentada en su momento, con 700 millones de pesos por la Cámara de Diputados; sin embargo, de acuerdo con el mencionado estudio realizado por el Centro de Análisis Multidisciplinario, el presupuesto de la UNAM se reduce en términos reales en un 9%, mientras que las prestaciones de los altos funcionarios públicos federales aumentan en un 12%. Esto nos permite inferir, que el proyecto económico de la administración federal supone más funcionarios de alto nivel, a cambio de menos presupuesto para la educación superior.

Estamos entonces ante un doble discurso de moral pública por parte del Ejecutivo Federal, tal y como lo hizo comparando injustificadamente, el gasto que representa la UNAM con el gasto que representaba la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, argumentando una supuesta reducción del gasto público y austeridad, que en los hechos nos demuestra que sólo utilizó para golpear al sindicalismo mexicano, sin tener ninguna acción programática presupuestaria para impulsar la educación superior, que tanta falta requiere en nuestro país.
No resulta ocioso reiterar que por mandato constitucional, la educación es una responsabilidad del Estado mexicano, que debe promover y atender la educación superior mediante el impulso presupuestario, que contribuya al desarrollo educativo y cultural de la sociedad. Por eso, se vuelve indispensable exhortar a la Cámara de Diputados, para que en pleno uso de sus facultades exclusivas, evite la reducción presupuestaria a la Universidad Nacional Autónoma de México; corrija las deficiencias del Proyecto de Presupuesto de Egresos enviado por el Ejecutivo Federal, para dar mayor impulso a la educación superior; y atienda la solicitud presentada por la UNAM de ampliación presupuestaria de 715 millones de pesos.

Por todo lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de la H. Asamblea del Senado de la República el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República, respetuosamente exhorta a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, evite cualquier reducción a los recursos asignados a la Universidad Nacional Autónoma de México, e incremente dicho presupuesto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos enviado por el Ejecutivo Federal.

SUSCRIBEN
Sen. Alfonso Sánchez Anaya
Sen. Rosalinda López Hernández
Sen. Javier Castellón Fonseca
Sen. Máximo García Zalvidea

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADINIONAN LOS ARTÍCULOS 39, 90, 56, 57 Y 58

Los suscritos, José Luis Máximo García Zalvidea, Antonio Mejía Haro, Rubén Velázquez López, José Guadarrama Márquez, Tomás Torres Mercado y Francisco Javier Castellón Fonseca integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LA FRACCIÓN VII, NUMERAL 2, DEL ARTÍCULO 39, ASÍ COMO LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 90, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y SE REFORMA Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 56, 57 Y 58 DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Primera.- La Seguridad Nacional ha sido tema de discusión académica durante muchos años, sobretodo a partir de la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, su definición se moldeó desde un principio de acuerdo a los intereses particulares de los Estados, así como a su relación con respecto al escenario internacional.

En el caso de México, la definición de Seguridad Nacional se vio determinada por el contexto global de la Guerra Fría y los intereses de la clase política. Así, el avance del comunismo fue visto como la principal amenaza a la seguridad de la nación, pero no a la luz de una posible intervención extranjera, sino del surgimiento de movimientos de izquierda al interior del país. Esta tesis, que podemos llamar “el enemigo interno”, se consolidó por la naturaleza misma de nuestro sistema político, que no permitía la libre canalización de las ideas contrarias al sistema. Así, bajo el precepto de proteger la Seguridad Nacional, México experimentó la conformación de un sistema de instituciones y prácticas que velaron más por el mantenimiento del statu-quo político, que por la integridad de la nación.

De esta forma, se explica la necesidad de encontrar una definición adecuada, de manera que ello marque la pauta para las acciones del Estado en materia de Seguridad Nacional. No se trata únicamente de debatir el término desde la esfera académica, con el simple objetivo de llegar al ansiado consenso, sino de lograr que éste pueda permear en las estructuras de poder para que todo organismo encargado de velar por la seguridad de la nación, entienda perfectamente bien la esfera de su competencia y el límite de sus actos.
Segunda.- En la década de 1980, el mundo experimentó una serie de cambios que modificaron el panorama internacional de manera importante. El sistema bipolar comenzaba a mostrar indicios de decadencia, y la Guerra Fría se aproximaba a su fin. De esta forma, al desmoronarse poco a poco el antagonismo occidente-oriente, el debate sobre la naturaleza de la Seguridad Nacional y sus amenazas tomó nuevos rumbos.

En este sentido, a mediados de los ochentas diferentes pronunciamientos provenientes de la comunidad internacional, incluso desde la Unión Soviética, urgían a Estados Unidos y al resto del mundo a replantear el concepto de Seguridad Nacional.

De esta forma, y con la inauguración del llamado Nuevo Orden Mundial, las preocupaciones por el medio ambiente y la importancia de fortalecer los mecanismos de cooperación internacional obligaron a buscar otras definiciones de Seguridad Nacional. Así el concepto tuvo que ser enriquecido con enfoques derivado de los problemas ecológicos, el agotamiento de los recursos no renovables, la migración internacional ilegal o la acción nociva el narcotráfico.
Tercera.- La actual Ley de Seguridad Nacional dispone de un título dedicado al control legislativo de los servicios de inteligencia, particularmente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. El artículo 56 de la citada ley establece que: “Las políticas y acciones vinculadas con la seguridad nacional estarán sujetas al control y evaluación del Poder Legislativo Federal por conducto de una comisión bicameral integrada por 3 senadores y 3 diputados”.

La realidad es que la información que reciba la Comisión Bicameral será que la que tenga a bien, y de conformidad a lo que establece la ley, proporcionarle el Centro de Investigación y Seguridad nacional (CISEN) según determina el artículo 59 de la Ley de Seguridad Nacional.

En todo caso, sólo podrán enviarse a la Comisión Bicameral, la información que no sea de carácter reservado y que no afecte la seguridad nacional, el desempeño del CISEN o la privacidad de los particulares. Es decir, la información a la que tienen acceso los legisladores de la Bicameral será la misma a la que puede accesar cualquier ciudadano si se toma en consideración lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

A nuestro juicio el modelo de control legislativo que contiene la Ley de Seguridad Nacional es bastante cenceño.

Recordemos que en los Estados Unidos con la National Security Act de 1947, y con los numerosos decretos y reformas legales, el Congreso de los Estados Unidos es un verdadero contrapeso a la influencia presidencial en la materia. Para ello existe el Comité Especial de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, asíc como el Comité Permanente de la Cámara de Representantes, ambos con poderes amplios para ejercer un escrupuloso escrutinio de las políticas públicas de organismos y dependencias que desarrollan labores de inteligencia.

Ahora bien, reconocemos que existe una evidente contradicción en la necesidad de servicios de inteligencia requieren de ciertas medidas de opacidad para ser efectivos. Igualmente, por su naturaleza del Poder Legislativo requiere un manto amplio de trasparencia, considerando que los asuntos que para su conocimiento en el ámbito de defensa y seguridad nacional deban publicitarse. Sin embargo, la defensa y la seguridad nacional, como cualquier política pública debe ser revisada, evaluada y controlada por el Poder Legislativo al amparo del principio constitucional de pesos y contrapesos.

En este sentido, los miembros del Congreso deben tener capacidad para acceder a información reservada, relacionada con la defensa y la seguridad nacional, para realizar sus funciones de control y escrutinio.

De este modo, el Congreso podrá garantizar que los servicios de inteligencia sean acordes a los fines del Estado mexicano, y no del gobierno en turno.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Primero.- Se reforma y adiciona la fracción VII, numeral 2, del artículo 39, así como la fracción VII del artículo 90, de la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 39.
1…
2…
I a VI..
VII. Defensa y Seguridad Nacional;
VIII a XL.
3…
ARTICULO 90.
1. Las comisiones ordinarias serán las de:
I a VI…
VII. Defensa y Seguridad Nacional;
VIII a XXX.
Artículo Segundo.- Se reforma y adicionan los artículos 56, 57 y 58 de la Ley de Seguridad Nacional, para quedar como sigue:

TÍTULO CUARTO
DEL CONTROL LEGISLATIVO
CAPITULO ÚNICO

Artículo 56.- Las políticas y acciones vinculadas con la Seguridad Nacional estarán sujetas al control y evaluación del Poder Legislativo Federal, por conducto de las comisiones de Defensa y Seguridad Nacional de las Cámaras del Congreso de la Unión. Para el cumplimiento de sus funciones de control y evaluación y control, los legisladores federales de dichas comisiones tendrán acceso a información reservada relacionada con la defensa y la seguridad nacional.

Artículo 57.- Las comisiones de Defensa y Seguridad Nacional de las Cámaras del Congreso de la Unión, tendrá las siguientes atribuciones:
I. Solicitar informes concretos al Centro, cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a su ramo o actividades;
II. Conocer el proyecto anual de la Agenda Nacional de Riesgos y emitir opinión al respecto;
III. Conocer el informe a que hace referencia el artículo 58 de esta Ley;
IV. Conocer los reportes de actividades que envíe el Director General del Centro al Secretario Ejecutivo;
V. Conocer los informes generales de cumplimiento de las directrices que dé por escrito el Secretario Ejecutivo al Director General del Centro;
VI. Conocer de los Acuerdos de Cooperación que establezca el Centro y las Acciones que realicen en cumplimiento de esos Acuerdos;
VII. Requerir al Centro y a las instancias correspondientes los resultados de las revisiones, auditorías y procedimientos que se practiquen a dicha institución;
VIII. Enviar al Consejo cualquier recomendación que considere apropiada, y
IX. Las demás que le otorgue otras disposiciones legales.

Artículo 58.- En los meses en que inicien los periodos ordinarios de sesiones del Congreso, el Secretario Técnico del Consejo deberá rendir a las comisiones de Defensa y Seguridad Nacional de las Cámaras del Congreso de la Unión un informe general de las actividades desarrolladas en el semestre inmediato anterior.

Las comisiones de Defensa y Seguridad Nacional de las Cámaras del Congreso de la Unión podrán citar al Secretario Técnico para que explique el contenido del informe.

Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SUSCRIBEN
Sen. José Luis Máximo García Zalvidea
Sen. Antonio Mejía Haro
Sen. Rubén Velázquez López
Sen. José Guadarrama Márquez
Sen. Tomás Torres Mercado
Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA QUE DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN

Los que suscriben, Antonio Mejía Haro, Claudia Corichi García, Rubén Velázquez y José Luis Máximo García Zalvidea, Senadores de la República de la LXI Legislatura, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se incrementen los recursos para el desarrollo de la juventud, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La prioridad de toda política de Estado, debe tomar en sus manos la adversa situación que vive la sociedad mexicana, poniendo énfasis en los jóvenes de nuestro país.

La sustracción temprana de la escuela, del trabajo y de la esfera productiva y ciudadana, es un enorme costo tanto a mediano, como a largo plazo para solidificar la cohesión social y la armonía de México.

El objetivo de toda política pública orientada a los jóvenes debe encontrar una articulación de desarrollo en los ambientes familiar, educacional, laboral y de condiciones de vida; sin lo cual se ven limitadas su posibilidad de desarrollo y, en el peor de los casos, frenada su integración plena a los beneficios sociales del desarrollo.

También deben considerarse las características propias de la actual condición juvenil, las cuales, han sido alteradas por la crisis económica que se está viviendo, teniendo que sortear, principalmente, cuatro elementos prevalecientes en la actualidad:

1) la difícil transición educación-mercado de trabajo que se produce a cualquier nivel educativo;

2) los deterioros de la condición de salud integral;

3) la ausencia de estrategias orientadas a la construcción de una ciudadanía juvenil, que les fortalezca sus derechos de acceso a contar con un empleo bien remunerado;

4) la carencia de espacios para la agregación y socialización de los jóvenes en condiciones de respeto de sus derechos y formas propias de manifestación cultural.

Ante esta problemática se tiene que apoyar la inserción paulatina y constante de este importante sector de la sociedad al trabajo y a la capacitación; contar con un sistema nacional de becas y apoyos, en todos los niveles educativos, para impulsar su permanencia en las instituciones educativas; e incorporarlos al mercado de trabajo en condiciones seguras y con amplias perspectivas de desarrollo personal y profesional.

México está viviendo una fuerte transición demográfica, ya que cuenta con una oferta de trabajo abundante: el 68 por ciento de la población se encuentra entre los 14 y los 64 años de edad; por lo tanto, en los próximos años tendremos un “bono demográfico”. Es en estas primeras dos décadas del siglo XXI que México tiene que aprovechar la favorable composición de su pirámide demográfica, en la que la condición indispensable será propiciar el empleo de tal manera que la población activa pueda aportar a la generación de riqueza en el país, sin embargo, de no ocurrir lo anterior, el bono demográfico se volverá un pasivo demográfico.

En la actualidad existe una incapacidad estructural para generar empleo, que afecta a México ya hace varias décadas y que se ha visto agravada por la crisis económica mundial, así como por el hecho de que el país no cuenta con sistemas públicos de protección al desempleo. Es por ello, que la crisis en México está siendo de forma severa, una crisis de empleo y, por tanto, de ingresos y de bienestar para las familias.

La pérdida de más de 800 mil empleos formales en lo que va de 2009, evidencia que tenemos un alto grado de flexibilidad laboral en términos de despido o conclusión de las relaciones de trabajo; pero se trata de una flexibilidad asimétrica, en tanto no se observan altas tasas de creación de puestos de trabajo formal en las fases expansivas del ciclo económico. En términos de generación de empleos, México debe aprovechar el bono demográfico incorporando a la población joven del país a la actividad productiva.
De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México es un país de gente joven, ya que este sector representa una cuarta parte de la población, “en el 2008 había cerca de 29.1 millones de personas con un rango entre 15 y 29 años de edad, lo que equivale al 27.4 por ciento del total”.
A pesar de ello, las oportunidades de integración al mercado laboral de los jóvenes son mínimas “y las acciones realizadas por el gobierno federal han sido insuficientes, por lo que se deriva la necesidad de atacar esta problemática desde diversos puntos”.

Necesitamos diseñar una estrategia integral de acceso a servicios de salud específicos y profesionalizados para los jóvenes, que abarquen áreas de sexualidad, alimentación, abuso de alcohol y drogas, además de temas de depresión, soledad, problemas afectivos y de relación social; asimismo, propiciar en las instituciones públicas y políticas del país, el fomento y defensa de los derechos juveniles, superando los prejuicios y estereotipos en torno a que los jóvenes, por su condición de pobreza y marginación, se vinculan a redes de violencia y delincuencia, para lo cual se requieren verdaderos programas de reinserción y desarrollo social.

Para fomentar el desarrollo de los jóvenes, se necesita una amplia reforma educativa que vaya desde el nivel básico hasta el medio, que permita superar las deficiencias en la formación de los niños y jóvenes mexicanos que afectan su desempeño escolar en niveles superiores y en el mercado laboral.

También se requiere ampliar la cobertura de la educación media superior y superior, para dar acceso a los jóvenes en los próximos diez años y así cumplir con la cobertura que debe alcanzar al 50 por ciento de la población en edad de cursar estudios universitarios.

Es tiempo de invertir en nuestros jóvenes, es tiempo de blindarlos contra la delincuencia, drogas y violencia, y la mejor manera es favoreciendo su participación activa en la vida económica, política y social del país, es cierto que los jóvenes representan el futuro, pero desde el presente deben labrarlo; por ello las políticas públicas, los planes y programas de los gobiernos, deben considerar acciones dirigidas a la juventud.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta a la H. Cámara de Diputados, para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 se incrementen los recursos públicos destinados al desarrollo integral de la juventud mexicana, mismos que deberán fortalecer los programas de becas para estudio, de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de Incubadoras de Negocios, proyectos productivos, becas para madres solteras y Jóvenes con Oportunidades, entre otros.

SUSCRIBEN
Sen. Antonio Mejía Haro
Sen. Claudia Corichi García
Sen. Rubén Velázquez
Sen. José Luis Máximo García Zalvidea

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA DETENCIÓN EN EL PAÍS VASCO DEL ABOGADO JOSEBA AGUDO MANCISIDOR

Los suscritos, senadores ante la LXI Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El pasado 28 de octubre fue detenido por elementos de la policía francesa el abogado Joseba Agudo Mancisidor, el fundamento para ello es que se relaciona con los vascos que están en el exterior y esto lo hace sospechoso de "fungir como enlace entre la organización vasca ETA y algunos de sus miembros que han huido al extranjero", también lo señalan de "gestionar el regreso de éstos para incorporarlos de nueva cuenta a dicha organización" (sic).

2. La detención del abogado defensor Joseba Agudo fue ordenada por el Magistrado de la Audiencia Nacional Española, Fernando Grande-Marlaska y efectuada en la localidad de Hendaia, al norte del País Vasco, territorio que se encuentra bajo administración francesa. El Magistrado dispuso también el cateo del despacho jurídico en el que labora Joseba Agudo, ubicado en Oiartzun (Gipuzkoa), parte sur del País Vasco que se encuentra bajo administración española, así como de la vivienda de sus padres, localizada en la localidad de Rentería.

3. En un hecho que ha llamado la atención de la comunidad internacional e incluso provocado ya el rechazo a la detención, los medios de comunicación españoles informaron del arresto de litigante Joseba Agudo el día 28 de octubre por la mañana, a pesar de que su detención no se efectuó sino hasta la noche, situación que ha generado una gran cantidad de suspicacias en torno a la actuación de las autoridades judiciales francesas y españolas, y confirmado este hecho como actuación represiva por parte del gobierno español.

4. Tras su aprehensión, Agudo Mancisidor fue trasladado a la comisaría de la policía francesa en Baiona (Lapurdi) donde pasó toda la noche, para posteriormente ser trasladado por la mañana al Tribunal de Pau, donde se le notificó la euro orden de arresto emitida por el tribunal especial, tras lo cual el fiscal decretó su ingreso en prisión. El martes 3 de noviembre se celebrará la audiencia para decidir lo correspondiente en relación a la euro orden de arresto.

5. El trabajo jurídico de Joseba Agudo está plenamente acreditado y ha sido siempre público, así como su labor de defensa de los presos y exiliados políticos vascos con el objetivo de garantizar el derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica de quienes enfrentan extradiciones o procesos judiciales. Joseba Agudo es un abogado defensor y su detención es un mensaje autoritario de que los vascos, por ser vascos, no tienen derecho ni a la defensa ni al debido proceso.

6. Joseba Agudo Mancisidor ha estado en México como abogado defensor de ciudadanos vascos detenidos por la policía mexicana con ayuda de agentes españoles encubiertos. Durante su estancia en nuestro país, se reunió con ministros, jueces, magistrados, abogados, intelectuales, artistas, periodistas y legisladores con el fin de exponer la situación jurídica de sus defendidos, así como sus argumentos constitucionales y legales en relación a la presunción de su inocencia.

7. Conscientes de la importancia que reviste el derecho internacional a la certeza y seguridad jurídicas de todos y todas, deseamos llamar la atención sobre la necesidad de garantizar la vida, la seguridad y la integridad física del abogado Joseba Agudo Mancisidor, así como el pleno respeto a sus garantías procesales establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y demás instrumentos internacionales en la materia de los que España forma parte.

8. El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Unión Europea y México, en su artículo 1°, expresa que “El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del presente Acuerdo”. En este marco, los Estados partes del Acuerdo Global tienen la obligación de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos en su universalidad, y la cláusula democrática debe ser utilizada como una herramienta para proteger, promover y respetar los derechos humanos en el contexto de las relaciones entre los Estados parte del Acuerdo y no debe ser un instrumento unilateral que sirva sólo para que las naciones europeas juzguen o se pronuncien en torno a la situación de los derechos humano, sino que la clausula democrática y de protección a los derechos humanos debe ser aplicable en términos recíprocos a cualquiera de las naciones parte.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de este Pleno, la siguiente

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República manifiesta al gobierno español su preocupación por la seguridad personal del abogado Joseba Agudo Mancisidor y hace votos por que se garanticen y salvaguarden su vida e integridad física durante el tiempo que dure la privación de su libertad, así como también las de sus familiares y colaboradores abogados.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que solicite al gobierno español que se respeten plenamente los derechos procesales que asisten al abogado Joseba Agudo Mancisidor, garantizando para él un proceso justo e imparcial, así como su derecho a una defensa adecuada, en consonancia con lo establecido por el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y demás instrumentos internacionales de los que España forma parte.

SENADORES
JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA
ROSARIO YBARRA DE LA GARZA
SALOMÓN JARA CRUZ
YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ

PUNTO DE ACUERDO

Los suscritos, Rubén Fernando Velázquez López, Lázaro Mazón Alonso, José Luis García Zalvidea y Antonio Mejía Haro senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrantes de LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Comisión Federal de Electricidad, C. Alfredo Elías Ayub rinda un informe detallado sobre la anunciada compra-venta de energía eléctrica entre México y Guatemala.

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República solicita al titular de la Comisión Federal de Electricidad, C. Alfredo Elías Ayub remita a esta Soberanía un informe detallado sobre:
1. Las bases y criterios que motivaron la suscripción del acuerdo para la compra-venta de energía eléctrica, signado el pasado 22 de mayo de 2008 por México y Guatemala en el marco del Proyecto Mesoamérica.

2. La situación financiera que guarda el proyecto de interconexión eléctrica México-Guatemala; los recursos económicos destinados por México para tal proyecto, así como los pretendidos para el año 2010; los recursos recibidos por tal concepto y los que se pretendan recibir por dicho acuerdo.

3. La demanda de capacidad adicional a la actualmente instalada que genera el proyecto, así como los esquemas por los que se pretende la construcción de la infraestructura requerida para solventarla.

4. Los efectos en materia de abasto energético a los que se encuentra expuesto nuestro país ante la realización del proyecto de interconexión eléctrica México-Guatemala; en congruencia con la capacidad que tiene la Comisión Federal de Electricidad para generar energía y la demanda interna que tiene que cubrir en el país.

5. Los riesgos que la interconexión pueda implicar para la estabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional.

6. La tecnología que será destinada a la generación de la energía que se compromete por el acuerdo; el impacto ambiental que ocasionará la generación adicional de energía; las regiones que se verán afectadas, así como los efectos en materia de desarrollo regional.

SUSCRIBEN
Sen. Rubén Fernando Velázquez López

Sen. Lázaro Mazón Alonso
Sen. José Luis García Zalvidea

Sen. Antonio Mejía Haro

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARÍCULO 118 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN

Los suscritos, Rubén Fernando Velázquez López, Lázaro Mazón Alonso, José Luis García Zalvidea y Antonio Mejía Haro senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXI legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta Honorable Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 118 de la Ley General de Población, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestro país, la descriminalización del fenómeno migratorio inició en el año 2007 con la presentación de un proyecto de decreto que reformaba diversas disposiciones a la Ley General de Población1. Dichas reformas tenían por objeto eliminar la pena privativa de libertad como sanción a las personas que no cumplían con los requisitos exigidos en materia migratoria.

Si bien, el Congreso de la Unión ha contribuido de manera significativa a superar el paradigma ante al fenómeno migratorio, asumiendo una perspectiva de Derechos Humanos como vía para la protección de migrantes, la dimensión que en un futuro demandaría éste proceso poblacional ha superado todas las expectativas. Las intenciones de los legisladores fueron las mejores, sin embargo dichas reformas a la Ley resultan aun insuficientes.

Un ejemplo de ello, es la existencia de la multa administrativa impulsada como sanción a los migrantes por no cumplir con los requerimientos necesarios para su internamiento legal en el país, consistente en imponer una pena económica de veinte a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (entre 1080 y 5400 pesos aproximadamente), la cual no considera que en la mayoría de los casos, los migrantes que se internan de manera ilegal –como tránsito o destino- en territorio nacional, no cuentan con recursos económicos suficientes, sino que van en busca de los mismos.

El citado acto administrativo se encuentra regulado en el artículo 21, párrafo cuarto de nuestra Carta Magna; estableciendo que si el infractor no pagaré la multa que se le hubiese impuesto, ésta se permutará por el arresto correspondiente, no excediendo en ningún caso de 36 hrs.

Es claro el párrafo quinto de dicho precepto constitucional, considerando que si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Asimismo, tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

Por tanto, la multa administrativa impuesta a los migrantes que se internan en territorio nacional sin la documentación requerida, no cumple con su función, ya que dicha sanción lo que realmente castiga –en la mayoría de las situaciones- es la pobreza, las necesidades económicas, sociales y familiares de los individuos.

En correlación, el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos manifiesta la prohibición de imponer multas excesivas2, así como otras penas inusitadas y trascendentales; considerando además, que toda pena será proporcional al delito3 de que sancione y al bien jurídico afectado.

Resultado de la interpretación4 al precepto constitucional de mérito, es por mencionar que la Suprema Corte de Justicia ha resuelto que las leyes, al establecer multas, deben contener las reglas adecuadas para que las autoridades impositoras tengan la posibilidad de fijar su monto y cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste en la causa que lo motiva, y en fin, todas aquellas circunstancias que tiendan a individualizar dicha sanción.

Reconociendo vagamente la magnitud del problema migratorio y atendiendo minúsculamente las disposiciones constitucionales, el artículo 121 del Reglamento de la Ley General de Población dispone que tratándose de las sanciones administrativas previstas en la Ley, la autoridad administrativa al momento de fundar y motivar su resolución, considerará los daños que se hubieren producido o puedan producirse; el carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; la naturaleza y gravedad de los hechos; la conducta reiterada y la situación económica del infractor.

En el mismo contexto, el párrafo primero del artículo 118 de la Ley General de Población no establece una penalidad proporcional; primordialmente porque no atiende a las circunstancias personales de los individuos infractores, menester que en la mayoría de las ocasiones -como ya se ha mencionado- éstos tienen una limitada solvencia económica. Por ello, es conveniente disminuir el monto mínimo y máximo de la multa administrativa, permitiendo constituir multas administrativas congruentes con la norma constitucional e indirectamente combatiendo ejercicios de corrupción ofrecidos a las autoridades impositoras.

Es notorio, que diversas disposiciones legales ya regulan lo propuesto, no obstante la Ley General de Población no específica los lineamientos generales de la materia -establecidos desde el texto constitucional- siendo el instrumento legal idóneo para contemplar los criterios necesarios para la imposición de una multa administrativa y en su caso, eximir el pago de la sanción económica.
Por ello, es urgente derogar del texto de la Ley General de Población las disposiciones de mérito, a efecto de no aplicar multa administrativa a aquellos migrantes que se internen ilegalmente en el país; en consideración a los precedentes legislativos que han despenalizado la migración en nuestro país.

Asimismo, debe reducirse el monto mínimo y máximo de la multa administrativa en cumplimiento a las disposiciones constitucionales.
La inobservancia a las anteriores medidas, fundamentan la injustificación de seguir sancionando a éste grupo vulnerable, sea con multa pecuniaria, arresto, o cualquier otra sanción. Hecho que implica un retroceso en las políticas de Estado para enfrentar la problemática migratoria.

Dicha propuesta responde de manera indubitable a las necesidades de los migrantes, ya que éstos carecen a menudo de recursos económicos para hacer efectivos sus derechos; situación que los publicita en mayor medida como víctimas potenciales del delito.

Somos conscientes que está medida legislativa no cumple a plenitud las exigencias de los miles de migrantes que a diario arriesgan su vida por mejorar su situación económica y la de sus familias, pero no debemos olvidar que esto es sólo una herramienta más del gran trabajo pendiente para la reforma integral y de fondo, que tanto se requiere en México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Primero. Se reforma el párrafo primero del artículo 118 de la Ley General de Población para quedar como sigue:
Artículo 118.- Se impondrá multa de diez a cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al extranjero que:
…
Artículo Segundo. Se deroga el inciso a) y f) del artículo 118 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:
Artículo 118. …
1. Derogado;
b) a e) …
f) Derogado;
g) …
…
…

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SUSCRIBEN
Sen. Rubén Fernando Velázquez López
Sen. Lázaro Mazón Alonso
Sen. José Luis García Zalvidea
Sen. Antonio Mejía Haro

PUNTO DE ACUERDO PARA INSCRIBIR EN EL RECINTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA LA FRASE “POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITÚ”

Los que suscriben, José Luis Máximo García Zalvidea, Rubén Velázquez López, Lázaro Mazón Alonso, Tomas Torres Mercado, Rosalinda López Hernández, José Guadarrama Márquez, Jesús Garibay García, Minerva Hernández Ramos, Francisco Javier Castellón Fonseca, Claudia Corichi García y Antonio Mejía Haro senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA INSCRIBIR EN EL RECINTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA LA FRASE “POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITÚ” COMO UN HOMENAJE PERMANENTE A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO, LA MAXIMA CASA DE ESTUDIOS DE MÉXICO, de conformidad con las siguientes.

CONSIDERACIONES

Primera.- Iniciando bajo el nombre de Real y Pontificia Universidad de México el 21 de septiembre de 1551, la UNAM empieza sus actividades en la Ciudad de México. Ya para ese tiempo es una de las más importantes y de mayor tamaño, no sólo de México sino de Iberoamérica.
La filosofía que nutre a la máxima casa de estudios le ha correspondido siempre a un sentido de desarrollo, de estar al servicio del país y de la humanidad formando profesionales que sean útiles a la sociedad, poder organizar y realizar investigaciones, las cuales sean preferentemente acerca de las situaciones y dificultades sociales y extender ampliamente los beneficios culturales.

Segunda.- Además de ser una de las universidades con mayor reconocimiento académico en Iberoamérica, es también una de las más grandes y bellas por la dedicación artística que se ha realizado al considerarla parte indisoluble del proyecto de nación. La construcción de su campus principal al sur de la Ciudad de México, conocido como Ciudad Universitaria (CU), fue llevada a cabo por varios de los mejores arquitectos de México del siglo XX y por grandes artistas como Siqueiros, Francisco Eppens y Diego Rivera. En 2007, fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Tercera.- En sus inicios como Universidad Real y Pontificia de México, comenzó sus cursos el 25 de enero de 1553 y fue el virrey de la entonces Nueva España, Don Luís de Velasco, en las calle de San Ildefonso, la cual se ubica en el centro de la ciudad y fue clausurada por los liberares en la mitad del siglo XIX.
Durante la gubernatura de Porfirio Díaz, y expresamente el 22 de septiembre de 1910, se inauguró la Universidad Nacional de México, aun sin poseer el carácter de autónoma, tras la presentación de su Ley Constitutiva por Justo Sierra Méndez. Y fue Joaquín Eguía Lis su primer rector.

“Por mi raza hablará el espíritu” lema de la universidad trata de hacer referente a los escritos de José Vasconcelos que hacen referencia a lo que nombre “La raza cósmica” que es la raza latinoamericana nacida de la unión de dos diferentes culturas.

En los años setenta se inició un ambicioso programa de expansión, donde se crearon las cinco sedes del colegio de Ciencias y Humanidades, igualmente las cinco sedes multidisciplinarias o F:E:S (Facultades de Estudios Superiores) las cuales son: Acatlán, Aragón, Cuautitlán, Iztacala y Zaragoza.

Ya en 1921, José Vasconcelos, rector de la Universidad Nacional de México en ese momento, ideó y creó el escudo y el lema de la UNAM que hoy en día provocan sublimación en la población. El escudo se posee la característica de contener un mapa de América Latina con la leyenda “Por mi raza hablará el espíritu” el cual es sostenido por una águila y un cóndor los cuales descansan en una alusión de los volcanes y el nopal de los aztecas.

“Por mi raza hablará el espíritu” evidencia la vocación humanística con que se engendró. José Vasconcelos, autor de la frase, asumió la rectoría en 1920 cuando se inició la Reforma Universitaria latinoamericana, en tiempos en los cuales las esperanzas de la revolución en México estaban latentes, existía una enorme fe en el país y en el ánimo de redención que se propagaban en el ambiente, en palabras del propio José Vasconcelos “significa en este lema la convicción de que la raza nuestra elaborará una cultura de tendencias nuevas, de esencia espiritual y libérrima” posteriormente concluiría “imaginé así el escudo universitario que presenté al Consejo, toscamente y con una leyenda: “Por mi raza hablará el espíritu”, pretendiendo significar que despertábamos de una larga noche de opresión. Es entonces que en el año de 1929 cuando obtiene su carácter de Autónoma y en 1954 se dirige a sus nuevas instalaciones en el sur de la Cuidad de México.

Cuarta.- La UNAM es una noble institución la altura de los tiempos. Recordemos que al final de los cuarenta apenas tenía unos 22 mil estudiantes. Pasó de la elite a la masa en un abrir y cerrar de ojos. La matrícula creció muy rápido. Algunos años después se había triplicado y apenas entrados los ochenta se le había definido en un máximo de 270 mil alumnos. Aún si se resta el bachillerato, la UNAM es una de las universidades más grandes del mundo. Pero lo satisfactorio no es su tamaño sino la forma cómo se renueva continuamente el ethos, la voluntad y el compromiso de avanzar, sin importar las adversidades. Y la perspectiva de que la lucha continué por legitimar el terreno de las ideas, las bondades de la universidad pública y la necesidad de que se comprenda que producir y transmitir conocimiento requiere de autonomía y libertad.

Al mismo tiempo que se construía la ciudad Universitaria se crearon nuevos planteles de bachillerato, después el Colegio de Ciencias y Humanidades, que iba a tener enseñanza media, licenciatura y posgrado y el Sistema de Universidad Abierta. La UNAM se extendió a cinco campus más con las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales, en el norte del área metropolitana, los más dentro del estado de México. En los últimos veinte años se establecieron campus foráneos en Morelos, Michoacán y Querétaro. Y por su vocación nacional, la UNAM se ha extendido, conectado y contribuido al desarrollo de la educación superior en todas las entidades del país.

A lo largo de más de medio siglo, la institución ha refrendado una y otra vez lo siguiente: servir al país creando profesionistas útiles a la sociedad, ser una institución en la que se mezclan en sus aulas estudiantes provenientes de todos los orígenes sin distingos. Finalmente, ha sido una institución vanguardista en la producción de conocimiento, parte fundamental para renovar a México en la era de la globalización.

También, y esto es de suma importancia, la UNAM se consolida como una universidad de investigación. La más importante del país. Así, se han creado un buen número de institutos y centros en humanidades y ciencias. Tal ha sido la importancia del desarrollo de la investigación y del posgrado que actualmente son su torre de fuerza. A la fecha, no hay ninguna institución de educación superior en la República que cubra tantos campos de conocimiento y que tenga tanta capacidad de combinarlos.

Con sus cerca de 300 mil estudiantes y más de 34 mil profesores e investigadores, la UNAM es la mayor universidad de toda Iberoamérica. A lo largo de sus casi cien años de historia, se ha convertido en un centro de referencia, aunando la calidad y variedad de su oferta académica y de investigación con su firme compromiso con la difusión cultural, el humanismo y las nuevas tecnologías.

Quinta.- A fines del año 2005 la UNAM recibió el reconocimiento como la mejor universidad de Latinoamérica, España y Portugal y como la número 95 en el ranking a nivel mundial. Su campus principal ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Universidad. La UNAM enmarca una diversidad ideológica, cultural, y académica que pretende representar la misma pluralidad con la surge y se desarrolla el país, buscando en torno a ella, la excelencia académica.

Recordemos además que la UNAM fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2009, de acuerdo con el fallo del jurado de la fundación que otorga esta distinción.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta Honorable Asamblea, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Como un homenaje permanente a la Universidad Autónoma de México, la máxima casa de estudios del país, el Senado de la República acuerda celebrar una sesión solemne en ocasión de la inscripción de la frase “Por mi raza hablará el espíritu”, en el edificio que alberga a la Cámara Alta.

SUSCRIBEN
Sen. José Luis Máximo García Zalvidea

Sen. Rubén Velázquez López
Sen. Lázaro Mazón Alonso

Sen. Tomas Torres Mercado
Sen. Rosalinda López Hernández

Sen. José Guadarrama Márquez
Sen. Jesús Garibay García

Sen. Minerva Hernández Ramos
Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca

Sen. Claudia Corichi García
Sen. Antonio Mejía Haro