jueves, 27 de agosto de 2009

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN AL DESVANECIMIENTO DE DATOS RELATIVOS A LA DESINCORPORACIÓN BANCARIA


Los suscritos, José Luis García Zalvidea, Rubén Fernando Velázquez López y Lázaro Mazón Alonso, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente: Proposición con Punto de Acuerdo con relación al desvanecimiento de datos relativos a la desincorporación bancaria, al tenor de las presentes:

CONSIDERACIONES
En días pasados, diversos medios de comunicación dieron cuenta de una situación anómala y por demás preocupante, me refiero a la solicitud de información que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) hace a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre el proceso de desincorporación de 18 instituciones bancarias, que se llevó a cabo durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y a la respuesta de la dependencia federal, en el sentido de que no cuenta con ningún documento.

La inadmisible justificación presentada, fue que al realizar la búsqueda "no obtuvo resultados favorables en virtud del tiempo transcurrido desde su generación (18 años), motivo por el cual no está en posibilidad de proporcionar lo solicitado". Si bien es cierto que ha pasado un largo tiempo desde que se concretó la desprivatización de la banca, -y que por tal virtud, la información dejó de estar clasificada- ello no implica que no exista obligación legal de haber conservado tales documentos, sobretodo, por el valor histórico que dichos archivos representan.
Recordemos que antes de que se publicara la Ley de Instituciones de Crédito, en julio de 1990, las actuales instituciones de banca múltiple, estaban organizadas como "sociedades nacionales de crédito", cuya naturaleza era la de una entidad de la administración pública federal y que con la publicación de tal ley se convirtieron en sociedades de naturaleza privada; para tales efectos, la protagonista del proceso de transición, fue precisamente la SHCP, mediante el Comité de Desincorporación Bancaria.

En este sentido, el Comisionado del IFAI, Roberto Gómez-Robledo, es preciso, al señalar que "en México no olvidamos ese proceso, porque fue un parteaguas, porque tuvo una incidencia terrible en el sistema económico-monetario o hacendario de México. Y no sólo eso, a escala internacional fue algo que repercutió y posiblemente sigue repercutiendo".

Destacó que en las normas del pasado sería difícil que una información del año 90, cuya baja documental pudo haber sido anterior a la creación del instituto, se le aplique las actuales normas archivísticas.

Por lo anterior, pongo a consideración de esta Comisión Permanente el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, extiende un respetuoso exhorto al C. Secretario de la Función Pública, C.P. Salvador Vega Casillas, a efecto de que la dependencia a su cargo inicie las investigaciones conducentes a efecto de determinar las responsabilidades administrativas que resulten del desvanecimiento de los archivos relativos al proceso de desincorporación de dieciocho instituciones bancarias en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dando vista al ministerio Público, por la probable constitución de conductas delictivas, remitiendo un informe detallado a esta representación soberana.

SUSCRIBEN
Sen. José Luis García Zalvidea
Sen. Rubén Fernando Velázquez López
Sen. Lázaro Mazón Alonso

jueves, 20 de agosto de 2009

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CONVOCA AL CONGRESO DE LA UNIÓN A CELEBRAR UN PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES

Los que suscriben, senadores a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES
Sin duda una de las mayores preocupaciones de la población en estos momentos se relaciona con la crisis económica, el aumento del desempleo y la pérdida del poder adquisitivo del salario.

Sin embargo, existe otro tema que requiere de nuestra mayor atención pues amenaza la paz de nuestras familias y los cimientos del Estado, nos referimos al problema de la inseguridad pública y concretamente al flagelo de secuestro.

Conscientes de esta situación y para honrar nuestro compromiso de construir un país con instituciones capaces de garantizar la seguridad de los ciudadanos, los legisladores del PRD fuimos los primeros en presentar propuestas para dotar al Estado de las herramientas legales que le permitan combatir eficientemente el delito de secuestro, garantizando, a la vez, la atención y asistencia a las víctimas u ofendidos.

Tal es el caso de la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Publica y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, presentada por el senador Tomás Torres Mercado en el mes de agosto de 2008.

También es el caso de la Iniciativa por la que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar el Secuestro, que integra y armoniza las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República

Desafortunadamente el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura concluyó sin que se hubieran dictaminado y aprobado las distintas iniciativas en esta materia.

La realidad es que el secuestro sigue siendo una industria delictiva en pleno auge y no podemos permitirlo. El PRD no ha modificado su compromiso de combatir de manera frontal al secuestro y hará todo lo que esté a su alcance para responder al clamor generalizado de seguridad y justicia de los ciudadanos.

En este sentido, consideramos que es urgente convocar a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión a realizar un Periodo Extraordinario de Sesiones en el que se dictaminen y se voten la Ley para prevenir y sancionar el secuestro, así como reformas a diversos ordenamientos en la materia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la Consideración de esta Comisión Permanente del Congreso el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Segundo Receso del Tercer año de Ejercicio de la LX Legislatura, con fundamento en el artículo 78 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, convoca a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión a realizar un Periodo Extraordinario de Sesiones.

SEGUNDO.- En la convocatoria al Periodo Extraordinario de Sesiones motivada por el presente acuerdo, las cámaras del Congreso se ocuparán de los siguientes asuntos:
1) Ley para prevenir y sancionar el secuestro y reformas a diversos ordenamientos en la materia.2) Reformas económicas para enfrentar la crisis actual.3) Reformas para fortalecer el sistema nacional de ciencia y tecnología.

SUSCRIBEN
Sen. José Luis García Zalvidea
Sen. Tomás Torres Mercado

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LOS ENSAYOS NUCLEARES REALIZADOS POR COREA DEL NORTE



C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVAH. COMISIÓN PERMANENTEPRESENTE
El suscrito, Senador José Luis García Zalvidea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura , con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con:


PUNTO DE ACUERDO


PRIMERO.-
La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal que incluya entre las prioridades de la agenda de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, el promover la ratificación del Tratado para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares como la única solución de fondo y permanente a la amenaza nuclear.

SEGUNDO.- Se acuerda dirigir una comunicación oficial a los parlamentos de Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Colombia, República Democrática Popular de Corea, República Democrática del Congo, Egipto, India, Indonesia, Irán, Israel, Pakistán, Vietnam y los Estados Unidos de América, a efecto de invitarlos a considerar la importancia para la paz y la seguridad internacionales de la entrada en vigor del Tratado para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RESPECTO A LA DESERCIÓN NACIONAL



Los que suscriben, Senador José Luis Máximo García Zalvidea, Lázaro Mazón Alonso y Rubén Fernando Velázquez López del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo respecto a la deserción escolar, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES
El abandono escolar en México se ha vuelto sumamente preocupante y es resultado principalmente de una disminución en la eficacia del sistema educativo nacional que tan solo el año pasado presentó penosas cifras internacionales que nos colocaban en último lugar en habilidades científicas, matemáticas y de lectura.

En el 2007 un millón 300 mil jóvenes de entre 19 y 23 años se vieron en la necesidad de abandonar sus estudios al concluir el bachillerato o en alguna etapa del nivel superior por motivos económicos.

El nivel medio superior ha demostrado ser uno de los niveles con mayor población de estudiantes en situación de deserción, el 8 por ciento de los jóvenes pobres entre 15 y 19 años tiene que estudiar y trabajar, 28 por ciento no trabaja ni estudia y sólo 37 por ciento recibe sólo instrucción académica.

La Secretaría de Educación Pública por su parte ya ha revelado este año que solo seis de cada 10 estudiantes de educación media superior concluyen este nivel y 2 terminan la Licenciatura. Así mismo la SEP estimó que para el ciclo escolar en agosto de 2009 8 mil alumnos desertarán de instituciones de educación superior privadas para buscar ingresar a un centro educativo público.
Cabe mencionar que 20,000 alumnos, de una matrícula que rebasa los 4 millones en el nivel básico, abandonaron ya las escuelas privadas como resultado de los efectos de la crisis económica.

Además como parte de este embate de la crisis económica y de acuerdo con autoridades universitarias e investigadores, a nivel nacional las escuelas privadas alertan de una "desbandada" de alumnos que va hasta en un 50 por ciento, así mismo dirigentes magisteriales de 15 entidades del país denunciaron que se han incrementado las tasas de deserción y abandono escolar.

Esta dispersión que parece venirse incrementando desde hace tres años ha perjudicado significativos avances en el nivel educativo nacional y principalmente ha impactado negativamente en el nivel económico de las familias mexicanas que dependen directamente del resultado de una inversión de más de 645 pesos mensuales en un joven.

Incluso docentes expertos como la Mtra. Alicia Rodríguez Ruiz ya ha declarado la importancia de que el gobierno centre su atención en la educación básica para evitar que nuestros niños interrumpan su educación y con ello la posibilidad de insertarse en un futuro en los niveles claves del desarrollo económico del país, este problema, afirma que traerá menores niveles de producción.

La situación económica que enfrenta en estos momentos el país, requiere de futuros expertos con una excelente calidad educativa. El descuido de nuestros estudiantes y de la inversión que todos los ciudadanos aportan cada mes para que ellos continúen sus estudios, puede resultar en un rezago económico y tecnológico importante.

La deserción escolar es un fenómeno social previsto y condicionado a un gran número de situaciones, sin embargo está claro que no podemos descuidar de ninguna manera que la impartición de educación básica sea protegida por el Estado Mexicano a través del Gobierno correspondiente y en cumplimiento de los derechos fundados en el artículo 3 de la Constitución, a fin de combatir los factores sociales o económicos que traban el desarrollo educativo de la población y por tanto genera el incremento de la deserción escolar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
Único.
La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que intensifique los programas para otorgar becas a mayores estudiantes a nivel básico y medio, como una medida de acción para evitar la deserción escolar.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que informe a esta Comisión sobre los avances y resultados del Programa Acciones de Apoyo de Planteles de Educación Media Superior a la Economía Familiar.

SUSCRIBEN
Sen. José Luis Máximo García Zalvidea
Sen. Lázaro Mazón Alonso
Sen. Rubén Fernando Velázquez López

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL OBJETO A DAR FIN A LA HUEGA QUE AFECTA AL COLEGIO DE POSTGRADUADOS


Los que suscriben, José Luis Máximo García Zalvidea, Francisco Javier Castellón Fonseca, Arturo Herviz Reyes, Silvano Aureoles Conejo, Rubén Fernando Velázquez López y Lázaro Mazón Alonso, Senadores de la República de la LX Legislatura, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con fundamento en el artículo 67, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al C. Alberto Cárdenas Jiménez, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de que informe sobre las acciones que la secretaría a su cargo realiza con el objeto de dar fin a la huelga que afecta al colegio de postgraduados, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES
PRIMERA.-
El Colegio de Postgraduados (CP) es una institución de enseñanza, investigación y servicios en Ciencias Agrícolas que fue creado hace 50 años; iniciando sus actividades en la entonces Escuela Nacional de Agricultura, el 22 de febrero de 1959, con base en el Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de ese mismo año. El propósito del Colegio era impartir cursos de perfeccionamiento para obtener los grados de Maestría y Doctorado en Ciencias en Agronomía.

SEGUNDA.- Por Decreto Presidencial, el 4 de enero de 1979, el CP se convirtió en Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), lo que implicó su separación física de la Universidad Autónoma Chapingo y la expansión institucional mediante la creación de los Centros Regionales de Puebla (que desde 1967 había iniciado actividades), Veracruz (1979), San Luis Potosí (1980), Tabasco (1986), Córdoba (1992) y Campeche (2001).

Dicho Decreto también le confirió al CP el mandato de impartir enseñanza de postgrado, realizar investigaciones y prestar servicios de asistencia técnica en materia agropecuaria y forestal. En este sentido, el Colegio de Postgraduados enseña a investigar e investiga para enseñar en un contexto de vinculación integral con su entorno bajo un sistema de Campus localizados en Campeche, Campeche; Montecillo, estado de México; Puebla, Puebla; Salinas, San Luis Potosí; Córdoba y Tepetates, Veracruz, y Cárdenas, Tabasco.

TERCERA.- Sin perder su estatus jurídico, el 23 de julio de 2001, el CP fue reconocido como Centro Público de Investigación (CPI) por la SAGARPA y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), con lo que se abrió una nueva etapa de mayores posibilidades de desarrollo para la institución dentro del sector, con la expectativa de obtener mayor flexibilidad en el manejo de los recursos, otorgando mejores salarios y condiciones de trabajo al cuerpo académico y al personal de apoyo de la institución.
CUARTA.- Entre los principales objetivos del Colegio de Postgraduados se encuentran: preparar personal al más alto nivel científico y técnico, con una orientación humanística, para las labores de investigación y docencia en las diferentes áreas de las ciencias que demanda el desarrollo agrícola y rural de México; generar y probar estrategias que hagan más viable y eficiente el proceso de desarrollo agrícola y rural del país; sistematizar y hacer disponible el conocimiento generado por sus actividades a fin de fortalecer tanto a las instituciones de enseñanza e investigación, como a los productores e instituciones relacionadas, y prestar servicios a las instituciones relacionadas con el desarrollo agrícola y aquellas que así lo soliciten.

QUINTA.- Actualmente, el CP cuenta con 616 académicos, de los cuales 390 son doctores en ciencias, 179 maestros en ciencias y 47 poseen el grado de licenciatura. De los académicos con grado doctoral, 235 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), y en las evaluaciones del Convenio de Desempeño realizadas por lo Comités de Evaluación Externa ha sido calificado siempre con niveles de excelencia.

Además, brinda 20 postgrados de investigación distribuidos en 5 Campus, de los cuales 19 están reconocidos por el Programa Nacional de Postgrado de Calidad (PNPC); 16 de ellos consolidados, dos en desarrollo y uno a nivel internacional; así como 5 maestrías tecnológicas.

SEXTA.- En el año 2004, los sueldos de los académicos de los Centros Públicos de Investigación del Sistema CONACYT fueron homologados, independientemente de los bonos, becas y primas a la productividad que también poseen. Sin embargo, en los CPI's que dependen de la SAGARPA, como es el caso del Colegio de Postgraduados y del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), los sueldos de los académicos no fueron homologados con los de sus similares del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV).

SÉPTIMA.- Desde ese entonces, el Sindicato Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados (SIACOP) solicitó a las autoridades del CP la homologación de salarios de los trabajadores académicos con sus similares de los demás Centros Públicos de Investigación, y en especial con los del CINVESTAV, pues en este último por ejemplo, un Investigador categoría 3F recibe un salario base mensual de 28, 780 pesos, mientras que un Profesor Investigador Titular del Colegio de Postgraduados (categoría equivalente) percibe un salario mensual de 18, 700 pesos, es decir, 33% menos.

OCTAVA.- En febrero de 2008, y por primera vez en la historia del Colegio de Postgraduados, el personal académico estalló una huelga ante el incumplimiento reiterado de los convenios laborales firmados ante la autoridad desde 2004 y ratificados año con año hasta el 2008, entre ellos el de la homologación de salarios.

Después de 14 días, el SIACOP levantó la huelga, obteniendo el compromiso del Director General, el Dr. Félix Valerio González Cossio, de realizar, en coadyuvancia con la SAGARPA y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las gestiones necesarias para alcanzar la homologación salarial del personal académico.

NOVENA.- Posteriormente, el 21 de abril de 2008, el Director General del CP tramitó ante la SAGARPA una propuesta para gestionar la homologación de los sueldos de los académicos con los del CINVESTAV, sin necesidad de mostrar su productividad y sólo por el hecho de ser un Centro Público de Investigación. Pero a casi un año de esta petición, el salario del personal académico del Colegio de Postgraduados sigue sin ser homologado.

DÉCIMA.- Desafortunadamente, el pasado 15 de febrero del año en curso, el SIACOP se vio obligado a estallar la huelga por el incumplimiento de los convenios firmados entre las partes, específicamente el de homologar los salarios del personal académico con sus similares del CINVESTAV. En ese sentido, el SIACOP pide que todos los fondos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (hasta ahora 24.3 millones de pesos) se apliquen directamente al salario y que se especifique el tiempo en que se completará la homologación. Cabe destacar, que el SIACOP solicita que sea en un periodo de tres años a partir de esta fecha.

DÉCIMA PRIMERA.- Ante las peticiones del SIACOP, las autoridades del Colegio de Postgraduados propusieron comenzar la homologación de los salarios para el año 2009 con una bolsa de 12 millones 300 mil pesos. Adicionalmente, ofrecieron otorgar otra bolsa de 12 millones de pesos para aquellos profesores que contribuyan a la consecución de metas establecidas en el Convenio de Desempeño, cuyos criterios serán definidos por la máxima autoridad del Colegio.

Lo anterior ha provocado el reclamo justificado de los académicos del CP, pues consideran que los 12 millones adicionales, al otorgarse bajo criterios de productividad y según criterios definidos por las autoridades -lo cual se podría prestar a manejos discrecionales-, pueden convertirse en recursos poco transparentes. Además, consideran que ese dinero debería ser destinado en su totalidad a la homologación de sus salarios, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 123 constitucional, que en su fracción VII señala que para trabajo igual debe corresponder salario igual.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente Proposición con

PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.-
La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, respetuosamente cita a comparecer con carácter de urgente al C: ALBERTO CÁRDENAS JIMÉNEZ, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en el ámbito de sus responsabilidades, informe a detalle las acciones que la Secretaría a su cargo realiza con el objeto de poner fin mediante una solución equitatitva y pronta a la huelga que afecta al Colegio de Posgraduados desde el pasado 15 de febrero del presente año.

SUSCRIBEN
SEN. JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA
SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA
SEN. ARTURO HERVIZ REYES
SEN. SILVANO AUREOLES CONEJO
SEN. RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ
SEN. LÁZARO MAZÓN ALONSO

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA QIEMA DE BOSQUES Y SELVAS CON FINES ESPECULATIVOS


Los suscritos, José Luis García Zalvidea, Rubén Fernando Velázquez López, Antonio Mejía Haro y Lázaro Mazón Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática Senadores integrantes de la LX Legislatura del H. Senado de la República en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente: Proposición con Punto de Acuerdo con relación a la quema de bosques y selvas con fines especulativos, al tenor de las presentes:

CONSIDERACIONES
En sendas ocasiones, los integrantes de mi grupo parlamentario, hemos presentado instrumentos legislativos relacionados con la prevención y control de incendios forestales, señalando que si bien las causas inmediatas que dan lugar a aquellos pueden ser muy variadas, en casi todos ellos se dan los mismos presupuestos, esto es, la existencia de grandes masas de vegetación en concurrencia con periodos más o menos prolongados de sequía, la acción negligente del hombre, ya sea mediante la tala inmoderada de árboles, la quema incontrolada de cultivos, el uso inconsciente de combustibles y hasta la quema intencional de tierras en algunos conflictos, sobretodo de carácter agrario.

En esta ocasión, nos referiremos a éste último y lamentable supuesto: la quema intencional. En días pasados, el Ing. Juan Rafael Elvira Quezada, informó sobre las acciones de detección, prevención y combate que la dependencia a su cargo ha implementado para evitar que se atente contra el medio ambiente con fines especulativos, pues a efecto de poder cambiar el uso de suelo u obtener autorizaciones en materia de impacto ambiental de bosques y selvas, han surgido incendiarios que apuestan por acabar con los recursos naturales de terrenos que urbanizados adquirirían mayor valor económico.

En particular, se destacó el caso de Quintana Roo, donde se ha comprobado fehacientemente que 14 de los 26 incendios activos en la zona norte de la entidad están vinculados al crecimiento de la mancha urbana.

En este contexto y a efecto de desincentivar tales ilícitos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, anunció acciones específicas, que consideramos plausibles, tal como levantar el polígono del área afectada, para -a través del Diario Oficial de la Federación- dar aviso de que dicha superficie fue quemada de manera “accidental o dolosa”, dejando constancia en el Registro Nacional Forestal; lo cual anula de plano cualquier posibilidad de cambio de uso de suelo o autorización de impacto ambiental al imponer una veda por 20 años a dicho terreno a efecto de que quede destinado a su vocación original, situación que quedará inscrita como gravamen en el Registro Público de la Propiedad.

Asimismo, se señaló que la SEMARNAT actuará de manera coordinada con los municipios que correspondan, para que estos no otorguen licencias de construcción en tales áreas.

Lo anterior es de reconocerse, pues si bien, los incendios son un mecanismo natural de control que renueva la población vegetal y fertiliza el bosque, en éstos casos de especulación se rompe el frágil equilibrio ecológico, por lo que su recuperación se vuelve difícil y tardía, en detrimento de nuestra riqueza forestal.

En este contexto es ilustrativo el caso de Quintana Roo, donde entre el 1 de enero y el 14 de abril del presente año se han combatido y liquidado 43 incendios forestales que afectaron 634 hectáreas, correspondientes en su mayor parte a vegetación arbustiva. A diferencia de la estadística nacional, que arroja un 7% menos de incendios y un 23% menos de hectáreas afectadas, con respecto al 2008, la superficie afectada en la entidad, ha tenido un incremento de 60 por ciento, mientras que el número de incendios es prácticamente igual al del año pasado, siendo quizá la principal causa, la deliberada especulación ya reseñada.

En el artículo 28 de la LGEEPA, se señalan los casos en los que se requerirá previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría, destacando los siguientes:
V.- Aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil regeneración;
VII.- Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas;
IX.- Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros;
X.- Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales;
XI.- Obras en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación;
En este sentido, es fundamental la rápida actuación de la SEMARNAT, en virtud de que el párrafo tercero del artículo antes invocado, establece una afirmativa ficta, al señalar que: “Una vez recibida la documentación de los interesados, la Secretaría, en un plazo no mayor a treinta días, les comunicará si procede o no la presentación de una manifestación de impacto ambiental, así como la modalidad y el plazo para hacerlo. Transcurrido el plazo señalado, sin que la Secretaría emita la comunicación correspondiente, se entenderá que no es necesaria la presentación de una manifestación de impacto ambiental”.

Cabe señalar, que los bosques tropicales del estado de Quintana Roo requieren especial protección, pues son una de las principales zonas de extracción comercial de caoba y cedro rojo en nuestro país, siendo entonces obligado preguntarnos ¿Cómo utilizamos de manera responsable y sostenible éstos recursos? y ¿A qué se debe su acelerada pérdida?
Estudios recientes1 señalan que la riqueza de especies de árboles no está amenazada por la explotación forestal comunitaria de Quintana Roo, como se efectúa actualmente, en particular debido a que la mayor parte de las especies endémicas se encuentran en tipos de vegetación no utilizados para dicha actividad; sino a la sobreexplotación ilegal y a la deliberada destrucción –sin aprovechamiento siquiera- de los bosques y selvas. Por ello, destacan como oportunas las medidas anunciadas e implementadas por la SEMARNAT.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de ésta Comisión Permanente, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.
La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión reconoce como adecuadas las medidas implementadas por el C. Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ing. Juan Rafael Elvira Quesada, a efecto de evitar que mediante quemas provocadas se cambie el uso de suelo o se otorguen autorizaciones en materia de impacto ambiental de bosques y selvas, y lo exhorta a mantener la estricta vigilancia que en materia de incendios forestales se ha implementado; solicitándose un informe detallado y pormenorizado al respecto.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al C. Procurador Federal de Protección al Ambiente, Patricio Patrón Laviada, a continuar investigando de manera exhaustiva los casos de quema de bosques y selvas con fines especulativos, a efecto de aplicar las sanciones administrativas conducentes y dar vista al Ministerio Público Federal por la comisión de conductas constitutivas de delito; solicitándose un informe detallado y pormenorizado al respecto.

SUSCRIBEN
Sen. José Luis García Zalvidea
Sen. Rubén Fernando Velázquez López
Sen. Antonio Mejía Haro
Sen. Lázaro Mazón Alonso

martes, 11 de agosto de 2009

PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LOS APOYOS ECONÓMICOS EMERGENTES DEL GOBIERNO FEDERAL PARA ENFRENTAR EL BROTE DE INFLUENZA HUMANA, EN MATERIA TURISMO


Los suscritos, José Luis García Zalvidea, Rubén Fernando Velázquez López y Lázaro Mazón Alonso, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente: Proposición con Punto de Acuerdo con relación a los apoyos económicos emergentes del Gobierno Federal para enfrentar el brote de Influenza Humana, en materia de turismo; al tenor de las presentes:

CONSIDERACIONES
El turismo en México representa el 8% en del Producto Interno Bruto. Sólo en 2007 México recibió a 92.2 millones de visitantes internacionales por motivo de negocios o estudios, y 21.4 millones de turistas internacionales, por viajes de placer.Según el programa sectorial de turismo 2007-2012, se obtiene un ingreso anual de divisas por visitantes internacionales de 17 mil millones de dólares. La importancia es mayúscula, dada la conocida crisis económica mundial y nacional.De por sí, hemos hablado de la urgencia de una gran reforma en la materia, que impulsen nuevas políticas turísticas, que incluyan acciones coordinadas de los sectores públicos y privados. A partir de la emergencia sanitaria, por la llamada influenza humana (A/H1N1) el turismo ha entrado en una crisis que afecta principalmente a más de 2 millones de personas empleadas en el sector. Cifras de la Secretaría de Turismo federal hablan, sólo en 2008, de 9 millones de llegadas a hotel de turistas residentes en nuestro país, 10 por ciento más que en el mismo lapso del 2007; en lo que se refiere a pasajeros por vía aérea viajaron 7.3 millones de personas, 15 por ciento más que en el año 2007. Este año, 2009, las cifras van en picada.Fue plausible para muchos la decisión federal de apostar a la inversión al inicio de la crisis económica que aún vivimos. Como reacción a la crisis turística, que mantiene ocupaciones a la baja del 60 al 10 por ciento en los principales destinos turísticos, se anuncian una serie de medidas fiscales y de promoción turística, más bien tibias, que no alcanzan a responder a una situación realmente grave.No sólo se requieren medidas de promoción turística, que aún deja en desventaja al país respecto a otros destinos internacionales, sino de apoyos reales a toda la cadena productiva del turismo, desde hoteleros, transportistas, prestadores de servicio, y de forma especial a las pequeñas agencias, que han apostado por la capacitación y la micro inversión en este rubro, y que hoy están en riesgo de desaparecer.Además, el gobierno mexicano debe hacer las gestiones con las grandes empresas de cruceros a nivel internacional, para hacerles llegar información sobre la realidad del problema sanitario, que se ha contenido, y las medidas de seguridad, a fin de hacer el mejor esfuerzo en reactivar las escalas en puertos mexicanos, como Cozumel, que vive del turismo que llega por este medio.De no darse las medidas adecuadas, se estará condenando a muerte a un sector clave para la economía nacional, en materia de divisas y empleo. La crisis debe ser oportunidad para dar los apoyos necesarios al turismo, así como para abrir el tema para la gran reforma a nivel legislativo.Es necesario un amplio esfuerzo, si desde la federación, pero que incluya la participación real y organizada de los estados y los municipios, para no hacer un doble esfuerzo en determinados rubros de impulso al turismo.Diversos estudios señalaban, desde antes de la crisis sanitaria, y sus consecuencias en el sector, las perspectivas de crecimiento año con año, hasta la oportunidad de llegar en el año 2020 a una derrama económica superior a 2 mil billones de dólares por turismo internacional. Sin duda la emergencia sanitaria, que ha derivado en una crisis en varios sectores, incluyendo el turismo, mueve negativamente estas perspectivas.
Para dentro de 10 años, la previsión es que el 7% de la población realizará viajes turísticos, el doble de la población que hoy viaja por turismo. Viajarán por el mundo mil 600 millones de personas. No dejemos a México fuera de estos beneficios, en el futuro cercano, y a largo plazo.Los objetivos para el turismo en nuestro país, debe ser apuntalar al sector como un generador de empleo, posicionar al país como un destino de calidad a nivel nacional e internacional, y como un destino de inversiones, que beneficien a quienes viven y trabajan en las zonas visitadas.En tanto trabajamos la gran reforma legislativa en este sentido, es necesario que la federación ponga en marcha un programa de rescate de fondo y de alto impacto, que rescate al sector turístico mexicano.

Cabe mencionar, que si bien es cierto que el Ejecutivo Federal, ha anunciado ya una serie de medidas que se implementarán a efecto de aminorar el impacto negativo que este brote viral ha tenido, también lo es, el hecho de que dichas medidas por positivas que resulten, son insuficientes, ya que se limitan a evitar mayores pérdidas, más no incluyen mecanismos de aliento, específicamente en el sector turístico. En este tenor, es imperioso hacer adecuaciones a dicho programa, así como lograr una coordinación entre Entidades Federativas, Municipios y sector privado, con el fin de evitar pérdidas de empleo y re apuntalar su actividad. Para ello, es necesario contar con un diagnóstico claro y objetivo que permita identificar necesidades y oportunidades y así establecer compromisos claros y equitativos para cada uno de los actores.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta representación soberana, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a que con miras a lograr la reactivación económica del sector turístico, se realicen las medidas siguientes:

La elaboración de un diagnóstico del impacto de la emergencia sanitaria en el sector turístico del país; la inclusión de medidas de apoyo a mediano plazo y no sólo inmediatas en el programa de "Apoyos económicos emergentes del Gobierno Federal para enfrentar el brote de Influenza A (H1N1)", y convocar a las entidades federativas y los municipios turísticos, a efecto de celebrar un pacto nacional para la reactivación y la protección al empleo del sector turístico, que establezca medidas coordinadas y equitativas e incluya beneficios a las pequeñas y medianas empresas de tal sector.

SUSCRIBEN
Sen. José Luis García Zalvidea
Sen. Rubén Fernando Velázquez López
Sen. Lázaro Mazón Alonso