PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA DENOSTACIÓN DE LA BANDERA NACIONAL EN LA PUBLICIDAD DE LA CADENA DE COMIDA RAPIDA, “BURGUER KING”

Los que suscriben, Senadores José Luis Máximo García Zalvidea, Rubén Fernando Velázquez López, Tomás Torres Mercado, Francisco Javier Castellón Fonseca, Minerva Hernández Ramos, Rosalinda López Hernández, Alfonso Sánchez Anaya y Lázaro Mazón Alonso, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD a la LX Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a consideración de esta Soberanía con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.-

En días pasados, la empresa de comida rápida llamada Burger King utiliza la bandera mexicana para promocionar una hamburguesa denominada Texican Whopper en Europa. En los promocionales emplea la imagen de un vaquero texano y un luchador mexicano que usa a la bandera nacional a modo de sarape.

Bajo el eslogan “Unidos por el destino”, la empresa de comida rápida pretende promocionar una
hamburguesa producto de mezcla de la cocina texana y mexicana.

Debo recordar que el recurso publicitario de la cadena de comida ha provocado un enorme malestar entre los mexicanos que se encuentran en las ciudades de España e Inglaterra.

Segunda.- La reciente campaña publicitaria de Burger King en Europa, donde se muestra a un supuesto americano, alto y rubio junto a un mexicano, de baja estatura y obeso, nos recuerda otras situaciones similares.

No olvidemos que en agosto de 2008 la Secretaría de Gobernación multó a la editorial de Paulo Coelho por la promoción de un libro a través de un video.

Gobernación precisó que la sanción a la editorial Random House Mondadori fue "como consecuencia de que en el mes de abril se difundió un video en el sitio de Internet http://es.youtube.com, en el que se observa que un joven portando la Bandera Nacional Mexicana, entra corriendo a un inmueble en donde al parecer se lleva a cabo la firma de libros de Paulo Coelho y al estar frente al escritor, el joven le arranca del bolsillo un objeto y sale corriendo a la calle, mostrando su euforia y festejando como si hubiera realizado una hazaña".

Así mismo, en junio del 2007, los concursantes del Big Brother en Australia usaron la bandera y escudo nacional como blanco en un juego llamado Los frijoles saltarines, en donde "dos charros australianos" trataron de impedir que se mojara nuestro lábaro patrio, con dos maracas en sus manos.

Esto motivó que la cancillería de nuestro país exigiera a los medios de comunicación australianos respetar nuestros emblemas nacionales.

En este sentido, la embajada mexicana envió cartas de protesta al director general de la Autoridad Australiana de Medios y Comunicaciones, Chris Chapman, y al director ejecutivo de Endemol Sothern, Kris Noble, por el uso ofensivo de la bandera nacional de México en un programa de televisión.

El arrepentimiento no tardó en llegar, el director ejecutivo de Endemol Southern Star, Kris Noble, ofreció una disculpa a México a nombre de los productores de Big Brother por cualquier ofensa causada en el programa transmitido en Australia, donde se hizo mal uso de la bandera mexicana.

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente
proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República externa su más profunda consternación por el desafortunado y desagradable uso que la cadena de comida rápida llamada Burguer King le da a la bandera nacional en la campaña publicitaria en Europa, y exhorta a dicha empresa a tomar las medidas adecuadas para evitar que esta clase de incidentes se repitan en el futuro.

Segundo.- El Senado de la República solicita a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República para que de conformidad con la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales y el Código Penal Federal, procedan para deslindar y fincar responsabilidades por tal hecho.

SUSCRIBEN
Sen. José Luis Máximo García Zalvidea
Sen. Rubén Fernando Velázquez López
Sen. Tomás Torres Mercado
Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca
Sen. Minerva Hernández Ramos
Sen. Rosalinda López Hernández
Sen. Alfonso Sánchez Anaya
Sen. Lázaro Mazón Alonso

PUNTO DE ACUERDO RELATIVA AL FUNCIONAMIENTO DE LOS ALBERGUES INFANTILES DENOMINADOS "LA CASITA DEL SUR, A. C."

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y Dictamen Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación informe sobre el funcionamiento de los albergues infantiles denominados "La Casita del Sur A. C.", auspiciados por la Asociación Religiosa denominada "Iglesia Cristiana Restaurada".

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el Artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Acuerdo Parlamentario aprobado por el Pleno de esta H. Cámara de Senadores de fecha 3 de octubre de 2006, relativo a la integración de las Comisiones, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

D I C T A M E N

La Comisión se dedicó al examen de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1.- En la sesión de fecha 12 de febrero de 2009, elSenador Felipe González González presentó ante el Pleno de la H. Cámara de Senadores la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se solicita a la Secretaría de Gobernación informe sobre el funcionamiento de los albergues infantiles denominados "La Casita del Sur A.C.", auspiciados por la Asociación Religiosa denominada "Iglesia Cristiana Restaurada".

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Proposición a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

3.- La Comisión instruyó a su Secretario Técnico para realizar el Proyecto de Dictamen, mismo que fue distribuido con fecha 19 de marzo de 2009.

4.- Con fecha 25 de marzo de 2009, los integrantes de la Comisión aprobaron el presente Dictamen.

C O N T E N I D O D E L A P R O P O S I C I Ó N

La propuesta que da origen al presente Dictamen tiene como objetivo que la Secretaría de Gobernación informe a la Cámara de Senadores y a la sociedad en general sobre las investigaciones que se han realizado y los resultados obtenidos respecto a los lamentables hechos ocurridos en el Albergue Infantil denominado "La Casita del Sur A.C."

C O N S I D E R A C I O N E S

1.- El Legislador proponente señala que en los últimos días hemos sido testigos de la información difundida por los medios nacionales de comunicación respecto a la recuperación de 116 menores de edad por la Procuraduría capitalina de los albergues denominados "La Casita del Sur", los cuales operan a través de la organización civil denominada Reintegración Social, auspiciadas por la Asociación Religiosa denominada "Iglesia Cristiana Restaurada" y que actualmente cuentan con diversos establecimientos en diferentes partes de la República como, Monterrey, Veracruz y Cancún.

Dicha asociación religiosa, aduce, se ha visto en problemas legales con las autoridades judiciales por retener a menores de dieciocho años de edad en circunstancias presumiblemente ilegales, impidiendo el contacto con sus familias y particularmente con sus padres.

Asimismo, el Senador menciona que el caso más conocido es la de la de niña Ilse Michel desaparecida en circunstancias aún no claras, al parecer con la intervención de autoridades del Gobierno del Distrito Federal que han mostrado negligencia y falta de controles administrativos en la atención de los menores de edad en el albergue temporal de dicha Procuraduría y además se han mostrado con poca transparencia y responsabilidad en tan delicada función.

De igual manera, el Proponente resalta que se presume la existencia de ocho casos más, en las mismas condiciones y con similares procesos de adoctrinamiento fundamentalista que implican la separación forzada de las familias y un aislamiento social que repercute en la formación emocional y afectiva de niñas, niños y adolescentes.

Recordemos, dice el Iniciante, que el propio Procurador Capitalino señaló a los medios de comunicación que los niños mostraban una conducta atípica para su edad, con exacerbado adoctrinamiento religioso y fatalista, mostrando además un comportamiento muy agresivo.
Pese a las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, lamenta el Legislador, no se ha logrado conocer su paradero, ni se han aprehendido a los responsables de la desaparición de Ilse Michel y de los demás infantes desaparecidos.

Igualmente, señala el Proponente, se ha mencionado una posible relación con el caso de "La Casita" de Cancún, donde se destapó una red de pornografía infantil, pedofilia y corrupción de menores de edad.

2.- El Senador, manifiesta que es necesario conocer la verdad y que se determinen las responsabilidades administrativas y penales correspondientes a fin de evitar que nuestra niñez esté expuesta a los graves males sociales que nos aquejan.

También, señala que es necesario que las autoridades realicen su trabajo de control y seguimiento de todo tipo de organizaciones sociales que ofrecen servicios asistenciales para evitar que bajo simulaciones con apariencia de legalidad, se cometan todo tipo de delitos.
El Legislador, recuerda que el Estado Mexicano ha firmado a través de su historia múltiples instrumentos internaciones en materia de protección de niñas, niños y adolescentes, se cita textualmente de la Proposición: "tales como la Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores del 30 de septiembre de 1921, el Protocolo que lo modifica de noviembre de 1947; la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su Resolución 1386 (XIV) de 20 de noviembre de 1959, la Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos, relativos a la protección y bienestar de los Niños con particular referencia a la Adopción y la Colocación en Hogares de Guarda, y la Convención de los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989, entre otros".

Como se ve, manifiesta el Proponente, proteger a la niñez es un aspecto primario que se refleja en los diferentes ordenamientos que el Congreso de la Unión ha aprobado y que están vigentes en el sistema jurídico mexicano como una estrategia para combatir la trata de mujeres y niños, la explotación de la prostitución y pornografía infantil y la venta de órganos; así como salvaguardar los principios sociales y jurídicos para la protección y bienestar de los niños, como lo son la Ley de Asistencia Social, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Por último, el Senador concluye asegurando que el mérito de lo expuesto debe ser del interés del Senado de la República por lo que es obligación de esta Cámara Legislativa conocer de manera puntual, veraz, oportuna y real, las incidencias que se presenten en la investigación que la Secretaría de Gobernación realice en los diferentes Estados de la República respecto al funcionamiento de los albergues conocidos como "La Casita del Sur" y en su caso tome las medidas correspondientes en el ámbito de sus atribuciones respecto a las asociaciones civiles relacionadas y la Asociación Religiosa denominada Iglesia Cristiana Restaurada.

3.- Esta Dictaminadora comparte el sentir del Senador proponente debido a que el maltrato ejercido en contra de niñas, niños y adolescentes y la inobservancia de sus derechos en cualquiera de sus modalidades son prácticas que no pueden seguir presentándose y mucho menos deben ser toleradas. Al contrario, estos hechos deben ser investigados exhaustivamente y sus actores castigados con todo el rigor de la Ley.

Asimismo, se proclama por que se esclarezca la situación de los albergues "Casitas del Sur A.C." y de la asociación religiosa "Iglesia Cristiana Restaurada".

Diversas investigaciones revelan los siguientes datos respecto a la constitución y desarrollo de la Organización Reintegración Social, A.C., encargada de la operación de Casitas del Sur:
Esta organización surgió con el objetivo de rehabilitar a alcohólicos, drogadictos, neuróticos, homosexuales, prostitutas, delincuentes y analfabetos, además de proteger y apoyar a jóvenes desadaptados y neuróticos.

El registro de la Iglesia Cristiana Restaurada ante la Secretaría de Gobernación es SGAR/2434/2000, y fue inscrito en marzo de 2000, cuyo domicilio legal es Eje 3 número 96, colonia San Pablo de las Salinas, en Tultitlán, Estado de México.

Hasta finales de febrero, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) mantenía siete averiguaciones previas por el extravío de ocho menores de edad que fueron canalizados por el albergue temporal de esta dependencia a Casitas del Sur y hasta el momento no han podido ser localizados.

El 29 de enero pasado, se realizó un operativo en el cual 126 niños fueron desalojados de dos refugios de Casitas del Sur y quedaron bajo resguardo de la PGJDF.

A los menores de edad desalojados de los refugios se les aplicaron exámenes de ADN para verificar si las identidades de algunos corresponden con los niños perdidos; sin embargo, hasta este momento la PGJDF no ha confirmado que alguno haya aparecido.

4.- Aspectos revelados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal señalan que desgraciadamente casos deleznables como el que da origen a la propuesta materia del presente Dictamen se han presentado en todo el mundo, por lo que en Europa se prohibieron los albergues desde hace treinta años como una medida de protección a niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, la Procuraduría ha manifestado en múltiples ocasiones que se están siguiendo muchas líneas de investigación a efecto de dar con el paradero de las niñas y niños que aún se encuentran desaparecidos, aunado a que se está en la construcción de estrategias tendientes a evitar que ocurran casos similares.

Lo anterior, debido a que es importante que se comience con el establecimiento de una nueva cultura en cuanto a la procuración de justicia en lo referente a la salvaguarda de los menores de dieciocho años de edad víctimas de violencia, ya que al día de hoy son trasladados inmediatamente a instituciones como orfanatos y casas de atención.

Ello, según especialistas, es la medida menos favorable, pues cuando una niña o niño que vive en un núcleo familiar es llevado de golpe a otro totalmente institucional, resulta seriamente afectado; siendo lo ideal como primera opción, hacer lo posible para que sea llevado a casa de algún familiar y como segunda alternativa establecerlo con personas del círculo social cercano como pueden ser vecinos, padrinos, amigos, etc., dejando así como última opción la institucionalización.

5.- En el mismo sentido y como una respuesta de la Cámara Alta del Congreso de la Unión a estos abominables hechos, el pasado 12 de marzo se llevó a cabo la "Mesa de diálogo sobre las causas y consecuencias de la violencia en contra de niñas y niños", que tuvo entre sus principales objetivos que tanto la sociedad civil como las instituciones, desde diversas aristas, expusieran experiencias y soluciones para combatir todo aquello que perturbe el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, foro en el cual se profundizó ampliamente sobre el caso de los albergues llamados "Casita del Sur".

Con base en las sugerencias de los de expertos participantes en este encuentro y con el objetivo de precisar y contribuir a la búsqueda de soluciones integrales al grave problema que motivó la Proposición, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables estima viable modificar la propuesta original y adicionar tres resolutivos con base en lo siguiente:
En primer lugar, esta Dictaminadora considera procedente dividir el resolutivo propuesto originalmente con la finalidad de dotar de mayor precisión y claridad a lo que se está solicitando, además de observar lo que dispone la legislación vigente, en particular lo que confiere a la Secretaría de Gobernación su Reglamento Interior, solicitando así a esta Secretaría que informe sobre el resultado de su investigación respecto al funcionamiento de la Asociación Religiosa denominada "Iglesia Cristiana Restaurada"; asimismo que refuerce, en el ámbito de su competencia, las acciones destinadas a verificar y orientar la operación de las organizaciones de la sociedad civil que tienen funciones similares.

En lo que concierne al resto del resolutivo original, concerniente a las Asociaciones Civiles "Reintegración Social A.C." y "Alas A.C", a los albergues denominados "La Casita del Sur", al Albergue Temporal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y en relación a las medidas que al efecto se impulsen ante las autoridades competentes, así como el castigo a los servidores públicos responsables, la competencia de informar y de supervisar estas acciones estaría a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Por otra parte, la Dictaminadora ve procedente adicionar un resolutivo más en el cual se exhorte a la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal a que con base en las funciones que le han sido otorgadas en la Ley, vigile a este tipo de organizaciones, toda vez que esta instancia es la encargada de vigilar a las organizaciones sociales y privadas que presten servicios a favor de niñas, niños y adolescentes, según lo señala la Fracción XII del Artículo 18 de la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, que establece como una obligación de la citada Secretaría:

XII. Vigilar que las organizaciones sociales y privadas que presten servicios o realicen actividades en su beneficio, lo hagan respetando en todo momento sus derechos; en caso de detectar irregularidades deberá hacerlas del conocimiento de las autoridades competentes, para lo cual se establecerán los sistemas de registro e información que se requieran.

Finalmente, como una conclusión de los especialistas en el foro citado con anterioridad, la Comisión consideró necesario que la Procuraduría General de la República (PGR) coadyuve con las Procuradurías de Justicia de los Estados de la República en donde se han presentado estos actos delictivos, ya que esta acción fortalecería el accionar de las instancias procuradoras de justicia locales y secundaría a la autoridad competente en la investigación y determinación de responsabilidades de estos deleznables hechos.

En el mismo sentido, cabe hacer mención que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal ha manifestado en diversas medios de comunicación que sería oportuno el apoyo de la Procuraduría General de la República en la indagatoria que se tiene en relación a los albergues denominados "Casitas del Sur", ya que la Asociación Religiosa denominada "Iglesia Cristiana Restaurada" cuenta con diversas filiales al interior de la República mexicana, pudiendo la PGR fungir como institución coadyuvante en las acciones y resultados obtenidos por las diversas procuradurías estatales.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, esta Dictaminadora considera que es de aprobarse la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta atenta y respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que informe a esta H. Cámara de Senadores y a la sociedad en general, el resultado de su investigación respecto al funcionamiento de la Asociación Religiosa denominada "Iglesia Cristiana Restaurada", atendiendo las modificaciones planteadas en el apartado 5 del presente Dictamen, quedando como sigue:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-

El Senado de la República exhorta atenta y respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que informe a esta H. Cámara de Senadores y a la sociedad el resultado de su investigación respecto al funcionamiento de la Asociación Religiosa denominada "Iglesia Cristiana Restaurada"; asimismo para que refuerce, en el ámbito de su competencia, las acciones destinadas a verificar y orientar la operación de las organizaciones de la sociedad civil que tienen funciones similares.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta atenta y respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que informe a este órgano legislativo y a la sociedad sobre las investigaciones realizadas respecto de las Asociaciones Civiles Reintegración Social A.C. y Alas A.C., así como en el Albergue Infantil denominado "La Casita del Sur"; de igual manera que informe sobre la intervención del Albergue Temporal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal respecto de los lamentables hechos ocurridos en el Albergue Infantil denominado "La Casita del Sur A.C." y las medidas que al efecto impulse ante las autoridades competentes del fuero común y federal para la localización de los menores de edad desaparecidos y sobre la sanción a los servidores públicos responsables que por vía de acción u omisión han incurrido en la comisión de delitos; además de las medidas de protección y atención física y emocional que les fueron brindados a niñas, niños y adolescentes rescatados de dicho albergue.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta atenta y respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal para que con base en lo que dispone la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal vigile que las organizaciones sociales y privadas que presten servicios o realicen actividades en beneficio de niñas, niños y adolescentes, lo hagan respetando en todo momento sus derechos, e informe a esta H. Cámara de Senadores y a la sociedad respecto de las acciones de supervisión que realiza.

CUARTO.- El Senado de la República exhorta atenta y respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que coadyuve, en las investigaciones respecto al funcionamiento de la Asociación Religiosa denominada "Iglesia Cristiana Restaurada", las Asociaciones Civiles "Reintegración Social, A. C." y "Alas A. C.", así como del albergue denominado "La Casita del Sur A.C.".

QINTO.- El senado de la República solicita al Titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Dr. Jospe Luis Soberanes Fernández, inicie a la brevedad posible, una profunda investigación con relación a la operación de las Asociaciones Civiles Reintegración Social A.C. y Alas A.C., así como en el Albergue Infantil deominado "La Casita del Sur" que operan en todo el país, por la flagrante violación de los derechos humanos de las niñas y niños en estos albergues.

PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN AL PAGO DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO POR PARTE DE LOS TRANSPORTISTAS

Los suscritos, José Luis García Zalvidea, Rubén Fernando Velázquez López y Antonio Mejía Haro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del H. Senado de la Republica, en ejercicio de la facultad que nos confiere el Art. 61 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía, con carácter urgente, la siguiente: Proposición con punto de acuerdo con relación al pago del IDE por parte de los transportistas, al tenor de las presente:

CONSIDERACIONES

El sector de transportistas en el país he realizado múltiples demandas en defensa de la economía de su sector, seriamente afectado tanto por la actual crisis, como por la falta de atención en diversos niveles de gobierno. Recientemente, fuimos testigos directos de su movilización, y su llamado de “auxilio”, frente a las alzas en el diesel, el incremento de sus costos de mantenimiento y otros gastos relacionados a su actividad.

De forma especial escuchamos la demanda respecto a la eliminación del Impuesto Especial a Tasa Única (IETU), así como del Impuesto a los depósitos en Efectivo (IDE), por lo imposición de modalidades a la propiedad, así como por los costos para su administración.

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca del Senado del la Republica se propuso como objetivo, emprender las reformas legislativas necesarias para fortalecer la certificación voluntaria de predios, la cual constituye un instrumento complementario a las áreas naturales protegidas establecidas mediante decreto, con los beneficios que representan menos carga administrativa, financiera, material y humana para la autoridad; cumplen eficazmente con sus objetivos al ser de naturaleza voluntaria, y estimulan a la sociedad en general para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

De esta forma, el pasado 16 de mayo de 2008, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, para fortalecer la certificación voluntaria de predios, con lo cual se abrió la puerta para que particulares, organizaciones sociales y, en general, cualquier persona interesada pueda participar en la protección del medio ambiente al destinar voluntariamente los terrenos de su propiedad a acciones de conservación, recibiendo a cambio un certificado que acredita a dichos predios como áreas naturales protegidas de competencia de la Federación, bajo la categoría de “áreas destinadas voluntariamente a la conservación”

No obstante que la entrada en vigor de esta decreto representó un paso importante para que la sociedad participe activamente en la gestión de los recursos naturales de nuestro país, mediante un instrumento flexible y sin costos para el Estado, como todo mecanismo jurídico, las áreas destinadas voluntariamente a la conversación requieren de una adecuada instrumentación para el cumplimiento de sus objetivos.

En tal sentido, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha realizado diversas acciones a fin de dar cabal cumplimiento a las disposiciones legales que entraron en vigor. Dentro de dichas acciones, destaca la aparición de esta figura jurídica en el portal electrónico de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en su calidad de órgano desconcentrado encargado de otorgar los certificados correspondientes, explicando el contenido y alcances de las reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente en materia de certificación voluntaria de predios, y poniendo a disposición de cualquier persona interesada información relacionada con el tema.

Dentro de dicha información, se destaca que “Este mecanismo de conservación ha sido bien aceptado por la sociedad civil, por lo que existe un importante número de reservas privadas y/o comunitarias que se han certificado en el lapso entre Junio de 2002 y septiembre de 2008. Actualmente se cuenta con un total de 177 áreas certificadas en 15 estados del país que significan más de 207, 887 hectáreas y en ellas participan, entre otros, 9 grupos étnicos que involucran a cerca de 70 000 ciudadanos mexicanos”. Entre dichos estados de la República, destacan Oaxaca, Guerrero, Nuevo León, Nayarit, Veracruz y Chiapas, por contar con la mayor cantidad de predios y superficie bajo la modalidad de áreas destinadas voluntariamente a la conservación.

En el Estado de Chiapas existen dos áreas certificadas por pequeños propietarios, las cuales suman aproximadamente 350 hectáreas; pero, el potencial para el uso de este instrumento es enorme y la riqueza natural del Estado es evidente.

Sin embargo, en términos jurídicos resulta fundamental la expedición y/o modificación de la normatividad secundaria correspondiente, a fin de proveer en la esfera administrativaza exacta observancia de las disposiciones legales relativas a las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, por lo que el ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO del multicitado decreto prevé la realización de las reformas necesarias al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas.

Considerando que hasta la fecha no han sido publicadas dichas modificaciones a la legislación secundaria, y que, sin una adecuada reglamentación, la voluntad del legislador consagrada dentro de las leyes que éste emite no puede aplicarse de manera adecuada, los Senadores que suscribimos el presente punto de acuerdo estimamos conveniente que esta Soberanía se dirige respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de consultar el Estado que guarda la expedición de las modificaciones al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas, derivadas de las reformas publicadas el 16 de mayo de 2008 en el Diario Oficial de la Federación.

Sin duda alguna, quienes integramos el Congreso de la Unión tenemos la alta responsabilidad de expedir la legislación que atienda a las necesidades del país, pero también debemos dar el seguimiento correspondiente a nuestros trabajos, por lo que en atención a que la materia del presente punto de acuerdo se refiere a un tema impulsado en el Senado de la República, los Senadores que suscribimos la presente proposición, solicitamos el apoyo de esta Honorable Asamblea para que sea aprobada.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de ésta H. Asamblea, con carácter de urgente, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- El Senado de la República solicita al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quezada, el envío de un informe detallado y pormenorizado, respecto del estado que guardan las modificaciones al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de Áreas Naturales Protegidas, derivadas del ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para fortalecer la certificación voluntaria de predios, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2008.

SUSCRIBEN
Sen. José Luis García Zalvidea
Sen. Antonio Mejía Haro
Sen. Rubén Fernando Velázquez López

PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LOS BECARIOS MEXICANOS QUE HAYAN ESTUDIADO EN EL EXTRANJERO

El que suscribe, Senador Lázaro Mazón Alonso, a nombre de los senadores Rubén Fernando Velázquez López y José Luis Máximo García Zalvidea, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo en relación a los becarios mexicanos que hayan estudiado en el extranjero, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Nación ha demostrado continuamente contar con ciudadanos altamente preparados en diversos campos académicos, capaces de competir con países reconocidos por su alto desempeño educativo. El nivel de preparación de estos individuos les ha logrado conseguir el reconocimiento internacional y en algunos casos incluso ganar el tan codiciado Premio Nobel.

Es cuestión de orgullo nacional por lo tanto, saber que a pesar de la poca atención que se le da a este rubro, hasta el 2009 alrededor de 20 mil mexicanos, gracias a su propio desempeño académico, han conseguido sobresalir en diversos países, mejorando sus estudios y el nivel económico de sus familias.

Sin embargo preocupa precisamente que el cuidado a la educación en nuestro país tenga que verse rezagada ante cuestiones menos importantes. Los estudiantes que cada día demuestran su calidad intelectual autónoma tienen que enfrentarse al olvido en que la Secretaría de Educación y el Poder Ejecutivo mantienen a la Institución Educativa.

Tan solo 56 programas del CONACyT son de competencia internacional y ni siquiera cuentan con recursos que garanticen a los estudiantes $20 mil pesos mensuales mínimos, además de que aún persiste una grave presencia en diversos estados, en los que ninguna institución imparte estudios con reconocimiento en el extranjero.

México, a diferencia de otros países como Estados Unidos o incluso China y la India simplemente no cuenta con una verdadera estrategia que le permita garantizar el cuidado y el regreso de demasiados estudiantes que se han visto en la necesidad de conseguir sus propios recursos para continuar superándose, mejorando de esa manera el rostro de nuestro país ante la población internacional.

Además aquellos jóvenes que consiguen becarse, deciden al cabo de sus estudios permanecer en el país al que viajaron ante la lluvia de ofertas que les proponen y la desilusión de saber que en México no existe ninguna garantía que asegure su sustento.

Por su parte el área de sociología de la educación superior de la UAM Azcapotzalco además señala que son insuficientes los programas de repatriación emprendidos por el gobierno mexicano, ya que no se cuenta con un objetivo claro que proporcione las condiciones laborales necesarias para enrolar en las grandes industrias de desarrollo científico y tecnológico a estos profesionistas.

Debido a esta persistente carencia de una política social que se interese por recuperar y mantener a los becarios, nuestro país desaprovecha más que 2 mil 100 profesionistas que se han acumulado desde 1971, pues solo este año México registro una perdida mayor a los cien mil millones de pesos.

No se debe, como mencionó el propio subsecretario de la Secretaría de Educación Pública, elaborar propuestas imaginativas, sino responder de manera efectiva a personas que por no contar con elementos que le procuraran desarrollar su capacidad intelectual en nuestro país, permanezcan beneficiando a otras naciones.

De igual forma el estado mexicano necesita garantizar un mecanismo que ante el aumento de migrantes con estudios superiores, procure una cooperación internacional equitativa en el intercambio académico. En este rubro todas las capacidades estudiantiles han sido demostradas en igualdad de condiciones, por lo que no podemos permitir un trato diferente al que exigiría cualquier otro país.

Es sumamente necesario que el Gobierno comience a trabajar en conjunto, a fin de otorgarles a los becarios mayores oportunidades académicas y laborales, de esa manera se estará respondiendo al compromiso de desarrollo social.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.

El Senado de la República exhorta respetuosamente al Secretario de Educación Pública y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que, en el ámbito de sus propias facultades establezcan un programa de repatriación que garantice a los becarios mexicanos que hayan estudiado en el extranjero, su seguridad laboral en nuestro país, para que de esta manera se queden a contribuir con el desarrollo nacional.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Secretario de Relaciones Exteriores y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que, en el ámbito de sus propias facultades garanticen la reciprocidad de los programas referentes al intercambio estudiantil en los que México participe.

SUSCRIBEN
SEN. JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA

SEN. LÁZARO MAZÓN ALONSO
SEN. RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL PROCESO ELECTORAL REALIZADO EN EL SALVADOR EL PASADO 15 DE MARZO

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CÁMARA DE SENADORESPRESENTE


Quien suscribe, Senador José Luis Máximo García Zalvidea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República felicita al pueblo y al Presidente Electo de El Salvador, Mauricio Funes, candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, por el resultado y el desarrollo ejemplar del ejercicio democrático del pasado 15 de marzo.

SEGUNDO.- Las y los Senadores de la República, saludamos esta muestra contundente de la consolidación de la paz y la democracia en esta nación hermana; así como la civilidad y la normalidad democrática con la que los salvadoreños han procesado sus transformaciones políticas en los últimos años.

PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA FUMIGACIÓN DEL RÍO BRAVO

Los suscritos, Rubén Fernando Velázquez López y José Luis García Zalvidea, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía, con carácter de urgente la siguiente: Proposición con Punto de Acuerdo con relación , al tenor de las presentes:

CONSIDERACIONES

El pasado 18 de marzo, el gobierno municipal de Laredo, Texas, en el país vecino, aprobó la aplicación de un herbicida llamado Imazapyr, a los largo de aproximadamente dieciséis millas del río Bravo, del lado estadounidense, para eliminar el carrizo, especie invasiva que no obstante, es común en los sistemas de humedales y hasta cierto grado, contribuye al tratamiento natural de las aguas, favoreciendo su oxigenación, convirtiéndose además en albergue, comida o parte importante del ecosistema de cientos de especies animales.

Tal medida, proyectada inicialmente a realizarse el día de hoy, 24 de marzo, podría tener graves repercusiones en el ecosistema y peor aun, en la salud pública de miles de mexicanos.

Lo anterior, lo afirmamos, dado que el herbicida que se pretende rociar por helicóptero, no es selectivo y por tanto afectaría a todo el ecosistema, incluyendo especies animales; es bioacumulativo, es decir, tiene una gran capacidad de subsistencia a largo plazo en los organismos animales y vegetales que afecta; es persistente, dado que sus efectos contaminantes permanecen en la zona aplicada, afectando a las nuevas generaciones de especies que conforman el ecosistema; y tiene una muy alta movilidad, por lo que la posibilidad de contaminar el agua es muy alta.

Además, tal químico puede causar afectaciones a la salud humana, que van desde irritación de ojos y piel, afectaciones de moderadas a graves al sistema respiratorio, temblores, pérdida de coordinación o hasta desmayos y vómitos severos.

Cabe mencionar que la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) considera inaceptable su media de vida (persistencia) y toxicidad, por lo que se ha prohibido en actividades forestales sustentables.

Por ello, diversos especialistas, de entre los que destaca Johnson Castro, director de la organización ambientalista "Centro de Estudios Internacionales Río Grande", denunciaron que el herbicida pondría en peligro el hábitat de más de mil especies de aves y otro tanto de seres vivos acuáticos y vegetales.

Consideramos esto, un precio muy alto sólo por facilitar la labor de la patrulla fronteriza, pues a final de cuentas, la erradicación del carrizo se pretende principalmente por servir de escondite a los inmigrantes ilegales.

Así pues, tal intención de las autoridades norteamericanas, de aplicar dicho químico, resulta inaceptable, más aun, considerando que se rociaría a menos de 500 metros de la toma principal de agua potable de Nuevo Laredo, que abastece del ochenta por ciento del agua potable que consumen los habitantes de Tamaulipas.

Ante el amplio rechazo de los más diversos sectores en México y Estados Unidos y dada la negativa de la parte mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas para ratificar esta determinación; se agendó una reunión entre autoridades mexicanas y norteamericanas de la citada comisión, que se está desarrollando desde la mañana de hoy.

No obstante, las autoridades norteamericanas anunciaron solamente una suspensión de tal medida, sin que ello signifique abandonar dichos planes o buscar vías alternas para la eliminación del carrizo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de ésta H. Asamblea, con carácter de urgente, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.

El Senado de la República rechaza cualquier medida nacional o foránea que pueda afectar la salud de los mexicanos y el equilibrio ecológico, por lo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a instruir a la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, a rechazar de manera determinante la aplicación del herbicida Imazapyr o cualquier otro que tenga efectos negativos en la salud pública o el equilibrio ecológico, en la zona fronteriza del Río Bravo.

SUSCRIBEN
Sen. José Luis García Zalvidea

Sen. Rubén Velázquez López

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN AL SUMINISTRO DE AGUA EN EL VALLE DE MÉXICO

Los que suscriben, Senadores José Luis Máximo García Zalvidea, Silvano Aureoles Conejo, Rubén Fernando Velázquez López, Minerva Hernández Ramos y Lázaro Mazón Alonso, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD a la LX Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a consideración de esta Soberanía con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primera.-

Desde 2007 la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) subrayó que 2 mil 800 millones de personas carecen de agua, mil 200 millones de personas ya viven en zonas de déficit de agua y que 500 millones más están amenazadas de escasez a corto plazo.

La FAO advirtió que de aquí al 2025, dos tercios de la población mundial corren el riesgo de verse expuestos a condiciones de escasez de agua.

A todo esto, además se espera que la población mundial alcance los 8 mil 100 millones de personas en 2030 y que para mantener el ritmo de la creciente demanda de alimentos, durante los próximos 30 años será necesario destinar a uso agrícola un 14 por ciento más de agua dulce.
Así mismo, el cambio climático ha complicado la situación, y se le acusa de estar en el origen de sequías más frecuentes, además de que se han intensificado las tormentas e inundaciones que destruyen las cosechas, contaminan el agua dulce e inutilizan las infraestructuras que se usan para almacenarla y transportarla.

Segunda.- A finales de 2008 la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) advirtió que las siete presas que suministran agua potable al Distrito Federal y Estado de México se encontraban a un 60% de su capacidad, lo cual provocaría escasez del suministro de líquido para el año 2009.
Para entonces se señaló que las presas que suministran agua al Valle de México -entre ellas la de Valle de Bravo, Villa Victoria y del Bosque, ubicadas en el Estado de México y Michoacán- no tenían los niveles de agua que normalmente contenían.

Tercera.- Durante el segundo recorte de agua hecho a mediados de este mes (del 50% del agua proveniente del Sistema Cutzamala) afectó especialmente a colonias populares de 11 municipios metropolitanos donde habitan más de 5 millones de habitantes.

Tan sólo en Ecatepec un millón de personas de 280 colonias son afectados por el recorte del abasto del agua del Cutzamala, especialmente en la Sierra de Guadalupe y en la zona oriente del municipio.

Cuarta.- Los recortes al suministro del agua programados por la Comisión Nacional del Agua y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) han colocado en el debate público el tema de la disponibilidad del líquido en la zona metropolitana de la Ciudad de México y sus implicaciones económicas, políticas, sociales y ambientales.

Quinta.- Al respecto, y en el marco de celebración de una Mesa Redonda promovida por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el investigador Arsenio González, se pronunció a favor de que se hagan cortes y racionamientos de agua en el Distrito Federal ante una circunstancia de emergencia, pero demandó que sean equitativos.

Además destacó que en la capital hay una crisis permanente del recurso debido a su mal manejo. El investigador recordó que hay escasez pese a que nos ubicamos en un valle lacustre, que además tiene lluvias muy abundantes. El hecho de que el agua se tenga que traer desde muy lejos es consecuencia de un modelo equivocado, señaló González en su ponencia.

Por ello, afirmó que la respuesta tiene que venir de una toma de conciencia; ante esto es preciso racionar el agua de manera sustentable y sobre todo equitativa.

Destacó por otra parte, que hay expertos que sostienen que, aunque se cerrara el Sistema Cutzamala, si se eliminan las fugas y se capta el agua de lluvia, la situación puede corregirse; la idea no es aumentar la oferta sino cuestionar nuestros modelos de consumo.

Arsenio González dijo además que en el Distrito Federal cada habitante utiliza un promedio 300 litros de agua, mientras que en países de Europa el consumo es de 150 litros. Hay que agregar además, que de esos 300 litros se fugan 40.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Único.-

El Senado de la República solicita respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua, Ing. José Luis Luege Tamargo, para que presente a la brevedad posible, un informe con relación a la escasez de agua y los recortes al suministro del vital líquido en el Distrito Federal y el Estado de México, así como de los planes, programas y políticas públicas del suministro de agua para el Valle de México para los próximos años.

SUSCRIBEN
Sen. José Luis Máximo García Zalvidea
Sen. Silvano Aureoles Conejo
Sen. Rubén Fernando Velázquez López
Sen. Minerva Hernández Ramos
Sen. Lázaro Mazón Alonso

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA CANDIDATURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO AL PREMIO PRINCIPE DE ASTURIAS

Los sucritos senadores, José Luis García Zalvidea, Pablo Gómez Álvarez, Tomás Torres Mercado, Silvano Aureoles Conejo, Francisco Javier Castellón Fonseca, Rubén Fernando Velázquez López, Javier Orozco Gómez, Antonio Mejía Haro, Lázaro Mazón Alonso, Rosalinda López Hernández y Claudia Corichi García integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea, con carácter de obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA CANDIDATURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO AL PREMIO PRINCIPE DE ASTURIAS, de conformidad a las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.-

La Fundación Príncipe de Asturias es una institución que concede cada año, desde 1981, los Premios Príncipe de Asturias, que están destinados a galardonar la labor científica, técnica, cultural, social y humana realizada por personas, equipos de trabajo o instituciones en el ámbito internacional, en ocho categorías: Comunicación y Humanidades, Ciencias Sociales, Artes, Letras, Investigación Científica y Técnica, Cooperación Internacional, Concordia y Deportes.
Estos premios están destinados a reconocer la labor en muchas áreas de la actividad del conocimiento y la cultura humana realizada por personas, instituciones, o grupos cuyos logros constituyan un ejemplo en el ámbito internacional.

Los Premios se entregan anualmente por el Príncipe Felipe de Borbón y Grecia en un solemne acto académico que se celebra en Oviedo, capital del Principado de Asturias.

En su categoría de Comunicación y Humanidades busca galardonar aquellas labores creadoras o de investigación que representen una aportación relevante a la cultura universal en dichos campos.

El reglamento de los premios señala que pueden presentar una candidatura razonada las academias, centros culturales y de investigación, universidades o personalidades a quienes la Fundación invite.

También pueden hacerlo los integrantes de los distintos jurados, que designa la propia Fundación, siempre y cuando su candidatura no se proponga para la misma categoría de cuyo jurado forman parte.

Las candidaturas propuestas, de acuerdo con el texto de la Convocatoria de estos galardones, "han de acreditar entre sus méritos el de poseer la máxima ejemplaridad y demostrarán de modo fehaciente la trascendencia internacional de su obra".

El premio no podrá ser concedido a título póstumo, ni en favor de miembros de las altas instituciones del Estado español, altos cargos del Gobierno, miembros de los Patronatos de la Fundación, o del jurado en los tres años anteriores.

Cada Premio Príncipe de Asturias consta de un diploma, una escultura de Joan Miró como símbolo distintivo y representativo del galardón, una insignia con el escudo de la Fundación y una dotación en metálico de 50 mil euros (unos 65 mil dólares).

Por otra parte, hay que recordar que México ya fue distinguido en dos ocasiones en dicha categoría de los Premios Príncipe de Asturias. En 1989 recibió el premio el Fondo de Cultura Económica de México, y en 1993, el galardón fue para la revista "Vuelta", de Octavio Paz.

Segunda.- La Universidad Nacional Autónoma de México es candidata a la XXIX edición de los Premios Príncipe de Asturias en la categoría de Comunicación y Humanidades, por su aportación cultural y científica y su labor en Iberoamérica.

En la pasada edición, el galardonado con el premio príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades recayó en el motor de búsqueda Google.

A lo largo de su historia los premios distinguieron a escritores como Umberto Eco o María Zambrano, publicaciones como El País, National Geographic o Nature, o centros de estudios como la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en El Salvador.

Recordemos que la UNAM fue propuesta por el embajador de España en México, Carmelo Angulo Barturen, quien destacó la intensa labor de investigación, divulgación y difusión de la cultura de la institución, de la que dijo tener "presencia y liderazgo".

La propuesta se produjo en un acto celebrado en la residencia de la Embajada de España, donde el rector de la UNAM, José Narro Robles explicó que la universidad lleva desde hace 458 años haciendo lo necesario para merecer esta postulación.

Narro afirmó que las aportaciones del centro están presentes en la vida de muchas generaciones que pasaron por México o muchos otros países, y dijo que la candidatura es una muestra más de la gran relación que existe entre la UNAM y España.

Al acto asistieron los premios príncipes de Asturias, Marcos Moshinsky y Francisco Bolívar Zapata, así como Gabriel García Márquez, quien pidió a los presentes que impulsen la candidatura, y llamó a ser cuidadosos y respetuosos desde la UNAM.

La Universidad Nacional Autónoma de México es la mayor de todo Hispanoamérica, con cerca de 300 mil estudiantes y más de 35 mil profesores e investigadores, y su calidad académica y científica la confirman todos aquellos que estudiaron en ella.

Todos los mexicanos galardonados con el Premio Príncipe de Asturias son egresados de la UNAM, como José López Portillo, Emilio Rosenblueth, Pablo Rudomín, Marcos Moshinsky, Francisco Bolívar Zapata, Ricardo Miledi, Juan Rulfo y Carlos Fuentes.

Igualmente ocurre con los mexicanos reconocidos con el Premio Cervantes, considerado el más importante de la lengua castellana, que fueron Octavio Paz, Carlos Fuentes y Sergio Pitol.
La totalidad de los premiados mexicanos con el Nobel se graduaron en la UNAM: Octavio Paz (Literatura), Alfonso García Robles (Paz), Mario J. Molina (Química) e, indirectamente, Ana María Cetto, integrante de dos instituciones distinguidas con el de la Paz.

Hay que destacar que finalmente la Universidad Nacional ha educado a gran parte de los científicos, humanistas, académicos, artistas, escritores, profesores, investigadores, filósofos y políticos más influyentes en la construcción del México contemporáneo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Primero.-

El Senado de la República se une con exultación a la candidatura de la Universidad Nacional Autónoma de México a la XXIX edición de los Premios Príncipe de Asturias en la categoría de Comunicación y Humanidades, por su aportación cultural y científica y su labor en Iberoamérica, y agradece a la vez, la presentación de dicha candidatura al embajador de España en México, Carmelo Angulo Barturen.

Segundo.- El Senado de la República comunica su beneplácito y hace votos para que su Alteza Real, Príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón y Grecia, presidente de honor que de la Fundación Príncipe de Asturias, así como los miembros del Jurado de dicha Fundación, consideren la labor de nuestra Máxima Casa de Estudios para obtenga tan prestigioso premio.

SUSCRIBEN
Sen. José Luis García Zalvidea
Sen. Tomás Torres Mercado
Sen. Silvano Aureoles Conejo
Sen. Rubén Velázquez López
Sen. Lázaro Mazón Alonso
Sen. Francisco J. Castellón Fonseca
Sen. Rosalinda López Hernández
Sen. Antonio Mejía Haro
Sen. Javier Orozco Gómez
Sen. Claudia Corichi García
Pablo Gómez Álvarez

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN AL CASO DE LA INDÍGENA OTOMÍ JACINTA FRANCISCO MARCIAL

Los suscritos senadores, José Luis García Zalvidea, Francisco Javier Castellón Fonseca, Rubén Fernando Velázquez López y Lázaro Mazón Alonso, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea, con carácter de obvia resolución, la siguiente proposición, de conformidad a las siguientes

CONSIDERACIONES

Primero.-

El 26 de marzo de 2006, seis elementos de la AFI, sin identificarse como tales y sin portar uniforme, llegaron al tianguis de la plaza central de Santiago Mexquititlán. Despojaron a varios comerciantes de sus mercancías con lujo de violencia, alegando que se trataba de un operativo "anti-piratería". Los tianguistas afectados exigieron a los agentes su identificación y la exhibición de la orden que avalara su proceder; estos se negaron. La tensión aumentó y varios comerciantes afectados comenzaron a protestar.

El jefe regional de la AFI y el agente del Ministerio Público de la Federación en San Juan del Río, Querétaro, que acudieron al pueblo para dialogar con la gente afectada, ante la imposibilidad de justificar el proceder de los agentes, ofrecieron pagar en efectivo los daños ocasionados por los elementos de la AFI. Para esto argumentaron que debían trasladarse a la ciudad de San Juan del Río para conseguir el pago, por lo que ordenaron a uno de los agentes que permaneciera en el pueblo, como "garantía" de que regresarían. Éste, según testimonios, durante el tiempo que se quedó en el pueblo estuvo comunicado y jamás fue violentado en su integridad física.

El incidente terminó cuando, el mismo día alrededor de las siete de la tarde, todos los elementos de la PGR que habían participado en los hechos dejaron la comunidad, después de haber acordado con los comerciantes la entrega de una cantidad correspondiente a los daños causados.
Entonces el 3 de agosto de 2006, la señora Jacinta Francisco Marcial fue llevada, con engaños, a la ciudad de Querétaro. Allí, al ser presentada ante los medios de comunicación, se enteró de que la acusaban, con otras dos mujeres de nombres, Alberta Alcántara y Teresa González, de haber secuestrado a los agentes de la AFI durante los hechos ocurridos en marzo del mismo año.

Cabe mencionar que algunos medios exhibieron algunos videos donde se observa a Jacinta el día de lo hechos como mera espectadora pues se encontraba vendiendo agua y nunca se le ve participando en la protesta.

También es de resaltar que el 8 de marzo de 2007, durante la visita de Margarita Zavala a esta comunidad, para celebrar el Día de la Mujer, se expuso el caso pero la primera dama no hizo nada a l respecto.

El asunto ha cobrado tal interés público, que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han evidenciado una serie de irregularidades en el proceso penal que se le siguió a la indígena otomí.

Segundo.- El caso de Jacinta Francisco Marcial muestra una vez más las deficiencias del sistema de justicia, las cuales tienen efectos que son sufridos con mayor intensidad por las mujeres indígenas debido a la triple discriminación de que son objeto: por ser indígenas, por ser mujeres y por ser pobres. Doña Jacinta ha sido víctima de violaciones a sus derechos humanos debido a que los órganos encargados de impartir justicia han vulnerado sus garantías procesales. Jacinta Francisco Marcial nunca tuvo acceso a un intérprete o traductor y se le negó el derecho de presunción de inocencia. En su caso, salen a relucir también las deficiencias de un modelo de justicia en el que subsisten elementos inquisitivos, como la preponderancia de las pruebas desahogadas por el propio Ministerio Público, que generan desigualdad procesal.

Su caso pone también de relieve la aplicación de tipos penales como el secuestro para procesar a quienes tienen alguna participación en manifestaciones en la vía pública. La señora Jacinta no participó en las acciones de los comerciantes, sin embargo es claro que la respuesta punitiva del Estado constituye una represalia a la manera en que los tianguistas se defendieron de los abusos de los agentes de la AFI, como ha sucedido en casos similares de protesta.

En el actual contexto de temor e inseguridad, dominado por las voces que exigen endurecer las sanciones para disminuir la delincuencia, el caso de doña Jacinta muestra la proclividad del sistema de justicia a imputar a personas inocentes, cuya situación es agravada por su condición étnica o de género, delitos que despiertan el mayor repudio social.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Único.-

El Senado de la República solicita al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Dr. José Luis Soberanes Fernández, inicie una investigación sobre el proceso penal en el que fue sentenciada, Jacinta Francisco Marcial, indígena otomí del poblado de Santiago Mexquititlán, del municipio de Amealco, Querétaro, a quien se le acusa de secuestro de seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) durante hechos ocurridos el 26 de marzo de 2006 en Santiago Mexquititlán.

SUSCRIBEN
Sen. José Luis García Zalvidea
Sen. Francisco J. Castellón Fonseca
Sen. Rubén Velázquez López
Sen. Claudia Sofía Corichi García
Sen. Antonio Mejía Haro
Sen. Lázaro Mazón Alonso
Sen. Salomón Jara Cruz

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL

SUSCRIBEN LOS SENADORES JOSÉ LUÍS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA, JAVIER OROZCO GÓMEZ, JOSÉ ISABEL TREJO REYES, RAFAEL ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, MARTHA LETICIA RIVERA CISNEROS, GUILLERMO ENRIQUE MARCOS TAMBORREL SUÁREZ, ALFREDO RODRÍGUEZ Y PACHECO, LÁZARO MAZÓN ALONSO, ÁNGEL ALONSO DÍAZ CANEJA

Los días 23 y 24 del pasado mes de febrero se llevó a cabo el Primer Encuentro Iberoamericano y del Caribe sobre Seguridad Vial, organizado por la Secretaría General Iberoamericana; con el objeto de introducir el tema de la Seguridad Vial en las agendas políticas tanto de los países como de las organizaciones internacionales y multilaterales con la finalidad de aumentar la implicación de los ministros y jefes de estado de la región.

El Tema de la Seguridad Vial se encuentra de manera constante en la preocupación de la sociedad, ya sea a través de reclamos y manifestaciones como la que se realizó el sábado 7 de febrero en la Ciudad de Guadalajara, en la cual los ciudadanos jaliscienses demandaron y exigieron al gobierno del Estado, mayor seguridad vial y mejores condiciones para transitar y vivir. O bien, a través de propuestas y actividades tendientes a la participación y concientización de la ciudadanía, tal es el caso del Primer Parlamento por la Seguridad Vial, celebrado el pasado mes de octubre, en el que participaron organizaciones sociales y civiles, universidades, medios de comunicación e instituciones públicas y privadas.

Cabe también señalar, que este tema, ya había sido materia de preocupación, por parte del Senador Guillermo Tamborrell Suárez, quién el día 3 de marzo, presentó un Punto de Acuerdo en relación a la Seguridad Vial, el mismo día que el Senador Ángel Alonso Díaz Caneja, presentó una iniciativa de Ley del Seguro de Responsabilidad Vehicular, motivada por el alto índice de accidentalidad en nuestro país.

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La preocupación nacional e internacional en el tema, lo ha puesto en la agenda de las organizaciones civiles y gubernamentales. Los datos con relación a los accidentes vehiculares, no pueden ser concebidos únicamente como cifras y números estadísticos, dado que dichos eventos se han convertido en un serio problema de salud pública, en virtud de su alto índice de mortalidad y morbilidad al grado que la Organización Mundial de la Salud ha calificado el problema de los accidentes de tránsito de epidemia.

Aunado a lo anterior, encontramos que los accidentes de tráfico vehicular dañan no solo a quienes los ocasionan de manera directa, sino que indirectamente vulneran al núcleo familiar, dejando a un gran número de éstos sin la cabeza de manutención y en la orfandad; lesionando y repercutiendo gravemente en el futuro y porvenir de niños y jóvenes.

Nos hemos acostumbrado, a que en el transcurrir diario y el transitar de un lugar a otro, lo hagamos sin respetar los señalamientos viales, sin el uso del cinturón de seguridad de todos los ocupantes, a exceso de velocidad, sin el uso de implementos o sillas de seguridad para los menores, vemos con indiferencia el hecho de conducir con cordialidad y de ser conscientes de cuidar nuestras vidas y la de los demás.

Durante el desarrollo del Primer Parlamento por la Seguridad Vial, se destacan los datos y cifras que arrojaron las diversas ponencias de quienes ahí participaron.

El Dr. Arturo Cervantes Trejo, Director General del Centro Nacional de Prevención de Accidentes (CENAPRA), señalo que a nivel nacional, cada año mueren alrededor de 20 mil personas por accidentes de tránsito, 750 mil son hospitalizadas , entre 25 y 40 mil personas resultan con discapacidad y el costo anual promedio de los accidentes asciende a 120 millones de pesos.

Señaló además que los accidentes de tránsito constituyen la cuarta causa de muerte en nuestro país, siendo la primera entre niños y jóvenes y la segunda causa de orfandad.

Las principales causas que provocan los accidentes de tránsito, pueden ser evitadas en un 90 %., tal es el caso de, el exceso de velocidad, el consumo de alcohol o drogas, el no respetar los señalamientos, el no usar el cinturón de seguridad, así como el portar algún objeto en las manos.
Para el Dr. Valente Aguilar Zinser, Director General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), existe un incremento en el riesgo de muerte en relación al número de accidentes, pasando de 76.97 por cada 1000 accidentes en 1990 a 165.5 por cada 1000 en 2005, observándose además un rápido incremento en la tasa de lesionados en relación al número de accidentes durante el mismo período.

Los Datos que presentó el Dr. Luís Chías Becerril, del Instituto de Geografía de la UNAM, nos revelan que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), "Cada año mueren 1,2 millones de personas y 50 millones resultan heridas por accidentes de tránsito en el mundo. Sin acciones preventivas exitosas los accidentes de tránsito aumentarán 65 % en los próximos 20 años." "Entre 2000 y 2020, las muertes por accidentes de tránsito descenderán 30% en países de ingresos altos, pero aumentarán considerablemente en los ingresos bajos y medianos. En 2020, las lesiones causadas por el tránsito serán el tercer responsable de la carga mundial de morbilidad y lesiones". Costo 1.5% del PIB.

Destacó que los accidentes de tránsito no son un problema reciente, pero que al no ser enfrentados de manera sistemática ni sistémica, se incrementan de manera alarmante. En número, las muertes y lesiones ocasionadas por los accidentes de tránsito superan a las causadas por delitos y sin embargo, se les presta muy poca atención.

La participación de la Maestra Claudia Romero de la Asociación Civil Muévete por tu Ciudad, es un ejemplo del deseo de la sociedad civil, por contribuir a la sensibilización ciudadana, promoviendo actitudes de respeto, tolerancia y cordialidad como principios de la seguridad y educación vial.

Resulta igualmente importante destacar la ponencia "Jóvenes y riesgo, ¿Cuántos más?" de la Dra. Sandra Treviño Siller, quien mencionó que México es uno de los países en donde los jóvenes aprenden a conducir a menor edad; por tanto, el primer año de conducción implica un riesgo mayor. Los jóvenes experimentan un mayor riesgo, porque tienen menos experiencia y son objeto de la presión social de otros jóvenes. Perciben el riesgo de manera distinta que los adultos y por lo tanto desarrollan conductas de mayor exposición a este.

Los accidentes viales son la primera causa de muerte en jóvenes de 15 a 19 años y la segunda entre los 20 y los 24 años, el 27 % de los jóvenes han estado en un accidente vial.

La Educación Vial debe contribuir con los medios que le son propios en el cumplimiento de la misión formativa de los niños, de acuerdo con el Lic. Francisco de Anda, de Movilidad y Desarrollo México, para abatir el número de muertes de niños por atropellamiento, el cual cada año asciende a 800.

Otros de los temas tratados durante el citado Parlamento Vial, fueron el relacionado al consumo de alcohol y la conducción de vehículos, de la Maestra Leticia Arguelles de la Fundación de Investigaciones Sociales, A.C.; así como los temas de accesibilidad y discapacidad en el trasporte, autocontrol para una ciudad sustentable. Todos ellos de la mayor importancia y relevancia en la problemática sobre seguridad vial.

De todo lo anterior, podemos concluir, exigiendo de las autoridades una mayor y mejor aplicación de los ordenamientos viales, pero también mayor toma de conciencia de la ciudadanía por lo que se vuelve indispensable implementar, revisar y fortalecer el tema de la Educación Vial.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, dicte el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.-

El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de los Gobiernos Estatales y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a tomar las medidas necesarias para garantizar el debido cumplimiento y fortalecimiento de las acciones y programas en materia de seguridad y educación vial.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías, de Comunicaciones y Transportes; Seguridad Pública Federal, y Salud, a implementar programas y campañas permanentes en materia de seguridad y educación vial.

Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Congresos de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a revisar y actualizar todos los ordenamientos legales en materia de seguridad y educación vial.

SUSCRIBEN
SEN. JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ
SEN. JOSÉ ISABEL TREJO REYES
SEN. R. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS
SEN. MARTHA L. RIVERA CISNEROS
SEN. GUILLERMO TAMBORREL SUÁREZ
SEN. ALFREDO RODRÍGUEZ Y PACHECO
SEN. LÁZARO MAZÓN ALONSO
SEN. ÁNGEL ALONSO DÍAZ CANEJA

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Turismo.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE TURISMO; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.Sinopsis:

Propone incorporar disposiciones que permitan elevar la competitividad de los servicios turísticos; incorpora como servicios turísticos los que prestan los transportes turísticos, arrendadoras de medios de transporte habitualmente usados por el turista, centros deportivos, culturales y educativos, parques ecológicos que oferten servicios turísticos ambientalmente sustentables; dispone que los guías de turistas deberán estar debidamente acreditados por la federación, las entidades federativas o los municipios, de acuerdo con su ámbito competencial; en materia de planeación turística dispone que la Secretaría, en coordinación con los órganos competentes de las entidades federativas y los municipios y con coadyuvancia del sector privado y social, elabore el programa sectorial turístico, atendiendo que la planeación turística, sea regional, estatal y municipal, atendiendo a las particularidades de las diversas zonas, así como a su oferta y potencial turístico; atendiendo en todo momento a los principios de sustentabilidad y competitividad. Propone que la Secretaría, integre a las entidades federativas y municipios involucrados, en la promoción, constitución y operación de empresas de miembros del sector social, que tengan por objeto la prestación de servicios turísticos accesibles a la población, promoviendo el desarrollo estatal y municipal, mediante la conjunción de esfuerzos.

Asimismo establece que la Secretaría, promueva con los órganos competentes de las entidades federativas y los municipios, la suscripción de acuerdos con prestadores de servicios turísticos.En materia de Zonas de Desarrollo Turístico prioritario, propone que la formulación de las mismas considere su expedición conforme a los planes locales de desarrollo urbano, las declaratorias de uso del suelo turístico, para crear o ampliar centros de desarrollo turístico prioritario, así como para la creación de centros dedicados al turismo social, en los términos de las leyes respectivas, y se establezcan los beneficios legales y administrativos conducentes a efecto de potencializar el desarrollo turístico sustentable, atraer inversión privada y dar certeza jurídica a las actuaciones de inversionistas y prestadores de servicios turísticos.Por otra parte reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objeto de que la Secretaría de Turismo formule en coadyuvancia con las entidades federativas los municipios y el sector social, políticas multisectoriales y transversales de desarrollo de la actividad turística nacional; así como incluir a los municipios turísticos en la promoción de las zonas de desarrollo turístico nacional.Asimismo faculta a la Secretaría de Turismo para que emita opinión técnica respecto de los proyectos privados que impacten el turismo; y le asigna la tarea de apoyar permanentemente en la gestión de trámites administrativos de carácter federal, estatal o municipal, necesarios para la prestación de servicios turísticos.