PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REFORZAR LAS MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LA PANDEMIA DENOMINADA INFLUENZA A H1N1

Los Suscritos, Senadores Antonio Mejía Haro, Claudia Sofía Corichi García, Rubén Fernando Velázquez López Y José Luis Máximo García Zalvidea, Legisladores de la LX Legislatura del congreso de la unión e integrantes del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del reglamento para el gobierno interior del congreso, sometemos a la consideración de esta comisión permanente del congreso de la unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ejecutivo federal a reforzar las medidas para hacer frente a la pandemia denominada influenza AH1N1; a informar sobre la situación actual de contagios en el país y a invertir en la formación y capacitación de profesionales, así como la construcción, equipamiento y certificación de laboratorios de diagnostico, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A la entrada de la época invernal, como era de esperarse por las condiciones de temperatura más propicias para aumentar la vida y la reproducción del virus de Influenza Humana A/H1N1, en México se han incrementado de manera preocupante los índices de morbilidad y mortalidad por esta pandemia.

De acuerdo a los informes de la Secretaría de Salud, en el último mes, a nivel nacional se han aumentado de 35, 838 casos confirmados de Influenza Humana A/H1N1 registrados el 6 de octubre a 59, 762 casos para el 9 de noviembre, es decir 23,924 eventos más, que representa un 40 por ciento de incremento de enfermos en ese periodo.

Estos mismos informes registraban 245 defunciones por esta epidemia el pasado 6 de octubre, mientras que para el 9 de noviembre el número de fallecimientos por esta enfermedad alcanzaba los 452, una diferencia de 207 muertes, que representan un incremento del 46 por ciento en el periodo referido.

Las defunciones han ocurrido principalmente en personas con 20 a 54 años de edad (70%) y la mayor parte de ellas (73%) con antecedentes de padecimientos metabólicos, cardiovasculares, tabaquismo y respiratorios.

Los principales síntomas presentados en los fallecidos han sido: fiebre alta, tos, respiración dificultosa, dolores musculares y de cabeza (cefaleas) y expectoración.

Los principales estados afectados, son: Distrito Federal, Chiapas, Estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí, Yucatán y Jalisco; estos estados concentran aproximadamente el 50 por ciento de los casos confirmados en el país.

Por otro lado, Estados Unidos está vacunando a 160 millones de ciudadanos con más riesgo, Canadá al 100 por ciento de su población, en México se contempla la aplicación de vacuna a 30 millones de personas, especialmente al personal de salud, a las mujeres embarazadas, a los ancianos y niños. Sin embargo, las vacunas estarán disponibles hasta el próximo mes de diciembre.

La Organización Mundial de Salud (OMS) recomendó a los países que para disminuir la propagación de la epidemia, los enfermos deberán usar cubrebocas, asistir al médico, permanecer en sus domicilios y no automedicarse. Asimismo, que todas las escuelas deberán contar con medidas apropiadas para lavarse las manos con agua, jabón y gel antibacterial.

No obstante, el rebrote de Influenza Humana A/H1N1, las medidas preventivas se han relajado por el gobierno y la ciudadanía, cuando se registraron los primeros casos en el mes de marzo pasado se decretó una alerta epidemiológica, en abril se suspendieron las actividades educativas y las actividades no esenciales, a mediados de mayo se regresó a clases, durante todo este tiempo se intensificaron las campañas de información preventivas en los diferentes medios de comunicación; así mismo, se reforzaron las acciones para evitar el contagio y propagación del virus.

Ahora con el rebrote de la epidemia, con más índices de morbilidad y mortalidad, y con la amenaza que se acentúen estos en los próximos meses de diciembre, enero y febrero; las medidas preventivas se han relajado por el Gobierno y la ciudadanía.

Sabemos que esta epidemia llegó para quedarse y que debemos aprender a convivir con ella sin entrar en pánico; esto no significa que relajemos las medidas de prevención; por el contrario, significa que debemos extremar las medidas preventivas que disminuyan el número de contagios y de propagación de la enfermedad y por ende la reducción de enfermos y muertos.
Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de este pleno, la

siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud, informe a esta Soberanía sobre la situación actual de la pandemia de influenza humana A/H1N1 en el país; las medidas que se están realizando para reducir su tranmición, la atención y seguimiento de enfermos y sobre la disponibilidad de vacunas y antivirales.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al ejecutivo federal a intensificar por diferentes medios de comunicación las campañas preventivas dirigidas a la ciudadania para evitar el contagio y la propagación de la influenza humana A/H1N1.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta al ejecutivo federal a invertir más recursos en la formación y capacitación de personal médico certificado; en la construcción, equipamiento y certificación de laboratorios de diagnóstico, realización de estudios epidemiológicos y en investigación para la producción de vacunas y drogas contra este tipo de epidemias.

SUSCRIBEN
SEN. ANTONIO MEJÍA HARO
SEN. CLAUDIA SOFÍA CORICHI GARCÍA
SEN. RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ
SEN. JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA

PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LAS INUNDACIONES EN EL ESTADO DE TABASCO Y VERACRUZ

Los sucritos senadores, José Luis García Zalvidea, Rosalinda López Hernández, Antonio Mejía Haro, Arturo Herviz Reyes, Francisco Javier Castellón Fonseca, Rubén Fernando Velázquez López, y Tomás Torres Mercado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea, con carácter de obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LAS INUNDACIONES EN EL ESTADO DE TABASCO Y VERACRUZ, de conformidad a las siguientes.

CONSIDERACIONES

Los reportes de los estados de Tabasco y Veracruz señalan que continúa creciendo el número de damnificados, a causa de las inundaciones que azotan esa región ribereña del Golfo de México.

Y es que demás de los efectos de la crisis económica, lo tabasqueños y veracruzanos padecen hoy, los efectos catastróficos de las lluvias.

A causa de las intensas lluvias, se calcula que más de 40 mil millones de pesos se han perdido por las constantes inundaciones que han lastimado a la mayor parte Tabasco.

Recordemos que de octubre de 2007 a noviembre de 2009, se han presentado tres inundaciones severas que han cubierto casi en su totalidad a la localidad.
Por ejemplo, en el 2007, el desbordamiento de los diversos ríos que cruzan a Tabasco dejaron un millón 200 mil damnificados en Villahermosa y en municipios colindantes. En 2008 fueron más de 250 mil personas en la zona de Los Ríos, y en el presente año el número de afectados sumó más de 200 mil en La Chontalpa.

Así, en tres años han sumado un millón 650,000 de personas que se han quedado sin hogar.

Ahora, además de tres personas ahogadas, en Tabasco se registraron grandes perdidas materiales en la agricultura, como son dos mil hectáreas de arroz que estaban a punto de se cosechadas.

Asimismo, unas 33 mil cabezas de ganado se quedaron sin pastizales, al mantenerse los potreros bajo el agua por crecida de ríos.

Hasta hoy, hay al menos unas 33 mil personas en albergues donde prevalecen niños, mujeres y personas de la tercera edad.

Haya que resaltar que las inundaciones también han paralizado la generación de empleos y alterado la calidad de vida en Tabasco, que año con año temen la llegada de la época de lluvias.

Por otro lado, la inundación que ha cubierto a Tabasco en días pasados, ha causado que PEMEX no pueda operar, debido al desbordamiento de los ríos en los municipios de Cárdenas y Huimanguillo, por lo que se ha dejado de producir diariamente más de 10,000 barriles de crudo.

Mientras tanto, en Veracruz, con frontera sur con Tabasco, suman 18 mil las personas afectados por las lluvias en 84 comunidades de 10 municipios de aquella zona meridional del estado.

Las mayores inundaciones de esa región veracruzana ocurrieron por desbordamientos de los ríos Uxpanapa, en localidades de la zona Minatitlán y el Aguadulcita, en áreas de Agua Dulce y Tancochapa.

Por ello, es necesario prestar ayuda económica al estado para su pronta recuperación y auxilio a los damnificados a la brevedad posible.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República hace respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo Federal, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, para que manera pronta y expedita se entreguen recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) y se apliquen recursos extraordinarios a los municipios de los estados de Tabasco y Veracruz, afectados por lluvias e inundaciones.

Segundo.- El Senado de la República solicita al Secretario de Salud, Dr. José Ángel Córdoba Villalobos, para que en coordinación con los gobiernos estatales de Tabasco y Veracruz, redoble los esfuerzos y recursos para combatir el dengue, la gripe “A" y otras enfermedades ocasionadas por el desastre natural.

SUSCRIBEN
Sen. José Luis García Zalvidea
Sen. Rosalinda López Hernández
Sen. Antonio Mejía Haro
Sen. Arturo Herviz Reyes
Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca
Sen. Rubén Fernando Velázquez López
Sen. Tomás Torres Mercado

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LOS ACONTECIMIENTOS CLIMATOLÓGICOS QUE HAN AFECTADO SEVERAMENTE A EL SALVADOR, NICARAGUA Y HONDURAS

El suscrito, Senador JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los últimos días, las lluvias generadas por el paso del Huracán Ida por Centroamérica han derivado en una verdadera tragedia regional. Cientos de vidas, decenas de desaparecidos, miles de damnificados e incuantificables daños materiales, son sólo algunos de los saldos más lamentables que ha tenido este nuevo fenómeno meteorológico en una nación hermana como El Salvador.
Según informes del Sistema de Protección Civil de El Salvador, las torrenciales lluvias han dejado 144 muertos y más de trece mil personas damnificadas distribuidas en 119 albergues acondicionados en los departamentos de San Salvador, La Libertad, Cuscatlán, San Vicente, La Paz, Cabañas y Usulután.

37 municipios salvadoreños quedaron aislados e incomunicados por los derrumbes. Los equipos de rescate aún remueven toneladas de escombros en busca de personas enterradas. Según las evaluaciones preliminares, 14 puentes colapsaron y otros diez presentan algún grado de afectación; asimismo, otras 167 obras viales, tales como túneles, pasos a desnivel e importantes tramos de carretera presentan severos daños.

De igual forma, más de dos mil viviendas quedaron dañadas y cientos de ellas fueron totalmente destruidas. Según estimaciones del Ministerio de Obras Públicas de El Salvador, la reparación o reconstrucción de la infraestructura costará más de 80 millones de dólares.

Como es normal en este tipo de desgracias, las autoridades del Ministerio de Salud han comenzado a adoptar medidas para garantizar la salud pública y prevenir eventuales brotes epidemiológicos en los albergues improvisados en escuelas, casas comunales e iglesias.

En este desafortunado contexto, estimo oportuno que esta soberanía externe su más sincero pesar y haga patente su solidaridad con el pueblo y el gobierno de El Salvador.

El gobierno mexicano, en el marco del Grupo de Río, ha hecho ya un pronunciamiento expresando sus condolencias a las decenas de familias que han sufrido la pérdida de seres queridos en las comunidades afectadas; anunciando al mismo tiempo su disposición para coadyuvar en los esfuerzos del Gobierno del Presidente Mauricio Funes para hacer frente a los devastadores efectos de la naturaleza.

Por lo tanto, el que esta soberanía emita un pronunciamiento solidario hacia una nación hermana en una situación de desgracia como la que hoy atraviesa El Salvador, sin duda representaría una muestra invaluable e inconfundible de nuestro respeto y aprecio por nuestros hermanos centroamericanos.

No debemos olvidar que es en la adversidad en donde los hombres y los pueblos conocen realmente a sus amigos. Ojalá que esta tragedia nos invite nuevamente a reflexionar sobre la importancia de redefinir nuestra interacción con el medio ambiente y nos impulse a avanzar en la construcción y consolidación de esquemas regionales de prevención y atención de desastres naturales.

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito poner a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República externa sus condolencias y su más profunda solidaridad al Pueblo y al Gobierno de El Salvador ante las sensibles pérdidas y los cuantiosos daños ocasionados por las intensas lluvias registradas en los últimos días a consecuencia del Huracán Ida.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010

Los suscritos, Senadores Francisco Javier Castellón Fonseca, José Luis Máximo García Zalvidea, Rubén, Fernando Velázquez López, José Guadarrama Márquez y Carlos Sotelo García, legisladores de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la H. Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, se consideren los recursos necesarios para la que Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), pueda continuar con los proyectos de construcción de sus Unidades Académicas en Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal, y Lerma de Villada, estado de México, al tenor de las siguientes:


CONSIDERACIONES
De acuerdo con un análisis comparativo de la cobertura en educación superior a nivel internacional, presentado por la Subsecretaría de Educación Superior (SES), México alcanzó para el año 2006 una cobertura del 25.8% que lo ubica por abajo de países con un Producto Interno Bruto (PIB) similar como son, España, Argentina, Chile, Tailandia, Bolivia, Perú, Colombia o Brasil.

0Según los estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en México, el 77% de la población en edad de trabajar, cuenta con el nivel educativo básico y tan sólo el 23% tiene estudios superiores, lo que contrasta significativamente con la media de este organismo internacional que, inversamente al resultado nacional, presenta un 30% de la población con estudios básicos y un 67% con estudios superiores.

Lo anterior no sólo ha incidido en que México haya disminuido sus índices de competitividad, pasando del lugar número 53 en el 2006, al lugar 60 en el 2008; sino que además mantiene al país en los niveles más reducidos de inversión en educación superior, donde el gasto por alumno es de los cuatro más bajos de los
países miembros de la OCDE.

En promedio, en nuestro país se destina el 99.6% de los recursos educativos a gasto corriente, mientras que el presupuesto destinado a infraestructura educativa sólo alcanza el 0.4%, lo cual difiere con los promedios internacionales, los cuales se sitúan en un 91.8% para gasto corriente y un 8.2% para inversión en investigación, infraestructura y equipamiento.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 se considera una inversión en el ramo educativo de poco más de 485 miles de millones de pesos, -equivalentes a 3.8% del PIB-, de los cuales se destinan para educación superior 71.9 miles de millones de pesos, los que resultan insuficientes en comparación con las necesidades de cambio cualitativo que requiere el sistema educativo en su conjunto.

Se debe destacar que en los últimos 50 años la población en México ha crecido cuatro veces (tan sólo en los últimos 5 años se incrementó en 5.8 millones más). Además, el estado de México ocupa el primer lugar de las entidades con mayor número de habitantes, seguido del Distrito Federal.

Según estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), la pirámide poblacional se ensanchará en su base para el 2013 con respecto al 2007, lo que significará un incremento en los grupos de edad que van de los 0 a los 19 años, apuntando una presión ascendente en la demanda de acceso a la educación media superior y superior para los próximos 25 años.

Si bien el país ha incrementado su matrícula en el nivel licenciatura durante los últimos cinco ciclos escolares, aún son muchos los jóvenes de entre 19 y 23 años de edad que quedan fuera del sistema educativo nacional.

Tan sólo en el ciclo escolar 2006-2007, el 74.2% de los más de 9 millones 800 mil jóvenes en edad de estudiar no accedieron a la matrícula, a pesar de la reducción de 6% de jóvenes no matriculados alcanzada en los últimos diez años.

Panorama presupuestal 2010
De acuerdo al análisis del Centro de Estudios en Finanzas Públicas (CEFP), el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 muestra un incremento en el gasto corriente de 2.7%, lo que contrasta con la reducción de 13.5% en el gasto de inversión, donde la función de desarrollo social
presenta una caída de 0.8% en el presupuesto destinado a la subfunción educativa. A su vez, el presupuesto destinado a Educación Superior y Posgrado muestra una disminución real del 6.9% que se acompaña de una reducción del 7.5% para ciencia y tecnología, así como de recortes del 28.7% para la cultura y de 16.8% para el deporte.

Lo anterior no sólo contrasta con el crecimiento real de 4.3% que muestra la educación media superior, sino que limita los esfuerzos para incrementar nuestro nivel educativo. Así, la inversión federal en educación superior y posgrado en proporción al PIB retrocede 0.06% con respecto a 2009, mientras que el gasto federal por alumno cae aproximadamente en un 10%.
Según los escenarios elaborados por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), es posible apreciar cómo el Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto para el año 2010 fractura la tendencia de inversión generada a partir de 2004, que tenía el propósito de alcanzar una inversión equivalente al 1% del PIB para el 2012, lo que significa un retroceso de dos años y ubicará el monto propuesto para 2010 en niveles similares a lo invertido en 2008 (0.60% del PIB).

En el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 considera una reducción del 9.5%, lo que equivale a 228.4 millones menos a lo aprobado en 2009, impactando negativamente a los proyectos de inversión de esta casa de estudios, particularmente aquellos vinculados a la construcción de las Unidades Académicas en Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal, y en Lerma de Villada, Estado de México.




Las Unidades Cuajimalpa y Lerma de la UAM no sólo permitirán acrecentar la oferta de esta casa de estudios en alrededor de 30 mil nuevos lugares -que se suman a los más de 45 mil ya existentes-, sino que también generarán una derrama económica que impactará tanto en la creación de empleos directos e indirectos, temporales y permanentes, como en la adquisición de materiales para la construcción y el equipamiento tan necesarios para impulsar a México a través de proyectos de inversión que estimulan la economía y resultan anti recesivos.

Es pertinente recordar que de forma similar a 1973, cuando el Senado de la República discutió el proyecto de creación de la UAM para atender la demanda de acceso a educación pública superior, hoy en día el país requiere de la apertura de más y mejores espacios para que los jóvenes puedan hacer uso de su derecho a una educación de calidad, pública y gratuita.

Ello requiere aumentar los recursos destinados a la educación pública superior como la mejor inversión para enfrentar los retos del futuro, mediante la generación de nuevos conocimientos que den solución a problemas cada vez más complejos, aun más en un escenario de crisis como el que atraviesa México y el mundo. Es por ello que los Senadores que suscribimos esta Proposición con Punto de Acuerdo decidimos apoyar a instituciones como la UAM, que están en franca consolidación y crecimiento de su proyecto académico.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, incremente el presupuesto para la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en 695 millones adicionales a lo propuesto por el Ejecutivo Federal, no sólo para subsanar la reducción del 9.5% considerada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sino también para garantizar la viabilidad financiera de los proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de la Casa Abierta al Tiempo.

SUSCRIBEN
SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA
SEN. JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA
SEN. RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ
SEN. JOSÉ GUADARRAMA MÁRQUEZ
SEN. CARLOS SOTELO GARCÍA

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EJERCICIO FISCAL 2010

Los suscritos Senadores Alfonso Sánchez Anaya, Javier Castellón Fonseca, Máximo García Zalvidea y Senadora Rosalinda López Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA LXI LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010, SE EVITE LA REDUCCIÓN DEL RECURSO ASIGNADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Y. POR EL CONTRARIO, SE CONSIDERE SU INCREMENTO EN EL MENCIONADO PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS ENVIADO POR EL EJECUTIVO FEDERAL, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los próximos días, a más tardar el 15 de noviembre, la colegisladora tendrá que aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, que constituye el acto de la política fiscal de gasto más importante del Estado Mexicano. Este acto legislativo, cuya potestad exclusiva le compete a la Cámara de Diputados, se encuentra enmarcado en un contexto en el que la crisis económico-financiera nacional no ha sido superada y en el que las divergencias, tanto de los representantes populares como de la sociedad, respecto al denominado paquete fiscal para el año 2010, si bien han intentado superarse mediante un ejercicio democrático, lo cierto es que se mantienen latentes.

Estamos en presencia de un acto legislativo, que necesita de toda la responsabilidad social que conlleva ser representante popular en nuestra democracia, pues por un lado, tenemos que ser consecuentes con las medidas de racionalidad de los recursos públicos, pero por otro lado, tenemos que seguir impulsando áreas prioritarias como la educación, tal y como la ha venido sugiriendo la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Sin embargo, hemos podido observar que el Ejecutivo Federal, parece no tener la misma visión, pues apenas en el pasado mes de agosto, el titular de la Secretaría de Educación Pública, anunció en una reunión de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) el recorte presupuestal de ochocientos millones de pesos en lo que resta del año a las Universidades, que representa aproximadamente el 1% del presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal del año 2009.

Por el contrario, el Ejecutivo Federal ha enfocado su atención presupuestaria en el tema de seguridad, que si bien es loable atender por las circunstancias y magnitudes alcanzadas por la delincuencia organizada en nuestro país, también es cierto que su perspectiva de seguridad, se encuentra encuadrada en una visión bastante estrecha y reduccionista. El tema de seguridad no debe ser abordado solamente desde la óptica del combate a la delincuencia organizada, sino que debe atenderse desde una visión más amplia que eleve los estándares de vida, tal y como lo ha venido sugiriendo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), abordando áreas de interés para la humanidad, como lo es, en particular, la SEGURIDAD DE LA EDUCACIÓN.

Por otra parte, no resulta congruente que el ejecutivo federal anuncie medidas de recorte presupuestario y austeridad para el ejercicio fiscal 2010, cuando en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, tal y como lo muestra un estudio realizado por el Centro de Análisis Multidisciplinarios (CAM) de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) las prestaciones a los altos funcionarios federales se elevan de $694,548 (seiscientos noventa y cuatro mil quinientos cuarenta y ocho pesos) promedio, a $715,755 (setecientos quince mil quinientos cincuenta y cinco pesos).
El impulso a la educación superior debe ser una de las improntas que caractericen el próximo gasto público que será aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en particular, con la máxima casa de estudios de nuestro país, la Universidad Nacional Autónoma de México.

Resulta incuestionable la calidad y el nivel educativo que se imparte en las aulas, laboratorios, talleres y auditorios de la UNAM, lo que se confirma con el lugar que ocupa, de acuerdo con el Ranking Mundial de Universidades, que realiza el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, que para el año 2009 la sitúa en el lugar 44 a nivel mundial y en 2° lugar de Latinoamérica.

Siendo de especial relevancia destacar, que todavía para el año 2007, se encontraba en la posición 81 a nivel mundial, lo que significa que en menos de dos años, ha logrado escalar 37 escaños ante las mejores universidades del mundo.

Ante tan loable esfuerzo realizado por sus investigadores, profesores, estudiantes, trabajadores y directivos, el pasado 10 de junio, la Fundación Príncipe de Asturias, cuyos objetivos son favorecer el bienestar social y cultural de la sociedad, galardonó a la UNAM con el premio “Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2009”, por ser a lo largo de sus casi cien años, el modelo académico y formativo para muchas generaciones de estudiantes de diversos países, y nutrir el ámbito iberoamericano de valiosísimos intelectuales y científicos.

El reconocimiento internacional a nuestra máxima casa de estudios, la ha llevado también a ser reconocida por la UNESCO, como Patrimonio Cultural de la Humanidad, cuya inscripción en el patrimonio mundial fue realizado con fecha 2 de julio de 2007.

No impulsar el desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Presupuesto de Egresos para el año 2010, resultaría ir en contra del propio desarrollo sostenible de nuestro país; pero disminuir su presupuesto en el gasto público, resultaría un retroceso histórico en el meritorio curso, que durante casi cien años ha realizada la máxima casa de estudios, y en general para el desarrollo educativo y cultural que tanto requiere nuestra sociedad.

Siguiendo la clasificación administrativa del gasto público, en el Ramo Administrativo 11 de “educación pública”, organismos públicos descentralizados, entidades de control indirecto, del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2010, encontramos la propuesta presupuestaria del Ejecutivo Federal para la UNAM, que asciende aproximadamente a 24 mil 600 millones de pesos, lo que aparentemente significa un aumento, también aproximado, de 2 mil 500 millones de pesos, respecto de la propuesta presupuestaria para el año 2009, misma que es importante destacar, tuvo que ser aumentada en su momento, con 700 millones de pesos por la Cámara de Diputados; sin embargo, de acuerdo con el mencionado estudio realizado por el Centro de Análisis Multidisciplinario, el presupuesto de la UNAM se reduce en términos reales en un 9%, mientras que las prestaciones de los altos funcionarios públicos federales aumentan en un 12%. Esto nos permite inferir, que el proyecto económico de la administración federal supone más funcionarios de alto nivel, a cambio de menos presupuesto para la educación superior.

Estamos entonces ante un doble discurso de moral pública por parte del Ejecutivo Federal, tal y como lo hizo comparando injustificadamente, el gasto que representa la UNAM con el gasto que representaba la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, argumentando una supuesta reducción del gasto público y austeridad, que en los hechos nos demuestra que sólo utilizó para golpear al sindicalismo mexicano, sin tener ninguna acción programática presupuestaria para impulsar la educación superior, que tanta falta requiere en nuestro país.
No resulta ocioso reiterar que por mandato constitucional, la educación es una responsabilidad del Estado mexicano, que debe promover y atender la educación superior mediante el impulso presupuestario, que contribuya al desarrollo educativo y cultural de la sociedad. Por eso, se vuelve indispensable exhortar a la Cámara de Diputados, para que en pleno uso de sus facultades exclusivas, evite la reducción presupuestaria a la Universidad Nacional Autónoma de México; corrija las deficiencias del Proyecto de Presupuesto de Egresos enviado por el Ejecutivo Federal, para dar mayor impulso a la educación superior; y atienda la solicitud presentada por la UNAM de ampliación presupuestaria de 715 millones de pesos.

Por todo lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de la H. Asamblea del Senado de la República el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República, respetuosamente exhorta a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, evite cualquier reducción a los recursos asignados a la Universidad Nacional Autónoma de México, e incremente dicho presupuesto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos enviado por el Ejecutivo Federal.

SUSCRIBEN
Sen. Alfonso Sánchez Anaya
Sen. Rosalinda López Hernández
Sen. Javier Castellón Fonseca
Sen. Máximo García Zalvidea

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADINIONAN LOS ARTÍCULOS 39, 90, 56, 57 Y 58

Los suscritos, José Luis Máximo García Zalvidea, Antonio Mejía Haro, Rubén Velázquez López, José Guadarrama Márquez, Tomás Torres Mercado y Francisco Javier Castellón Fonseca integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LA FRACCIÓN VII, NUMERAL 2, DEL ARTÍCULO 39, ASÍ COMO LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 90, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y SE REFORMA Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 56, 57 Y 58 DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Primera.- La Seguridad Nacional ha sido tema de discusión académica durante muchos años, sobretodo a partir de la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, su definición se moldeó desde un principio de acuerdo a los intereses particulares de los Estados, así como a su relación con respecto al escenario internacional.

En el caso de México, la definición de Seguridad Nacional se vio determinada por el contexto global de la Guerra Fría y los intereses de la clase política. Así, el avance del comunismo fue visto como la principal amenaza a la seguridad de la nación, pero no a la luz de una posible intervención extranjera, sino del surgimiento de movimientos de izquierda al interior del país. Esta tesis, que podemos llamar “el enemigo interno”, se consolidó por la naturaleza misma de nuestro sistema político, que no permitía la libre canalización de las ideas contrarias al sistema. Así, bajo el precepto de proteger la Seguridad Nacional, México experimentó la conformación de un sistema de instituciones y prácticas que velaron más por el mantenimiento del statu-quo político, que por la integridad de la nación.

De esta forma, se explica la necesidad de encontrar una definición adecuada, de manera que ello marque la pauta para las acciones del Estado en materia de Seguridad Nacional. No se trata únicamente de debatir el término desde la esfera académica, con el simple objetivo de llegar al ansiado consenso, sino de lograr que éste pueda permear en las estructuras de poder para que todo organismo encargado de velar por la seguridad de la nación, entienda perfectamente bien la esfera de su competencia y el límite de sus actos.
Segunda.- En la década de 1980, el mundo experimentó una serie de cambios que modificaron el panorama internacional de manera importante. El sistema bipolar comenzaba a mostrar indicios de decadencia, y la Guerra Fría se aproximaba a su fin. De esta forma, al desmoronarse poco a poco el antagonismo occidente-oriente, el debate sobre la naturaleza de la Seguridad Nacional y sus amenazas tomó nuevos rumbos.

En este sentido, a mediados de los ochentas diferentes pronunciamientos provenientes de la comunidad internacional, incluso desde la Unión Soviética, urgían a Estados Unidos y al resto del mundo a replantear el concepto de Seguridad Nacional.

De esta forma, y con la inauguración del llamado Nuevo Orden Mundial, las preocupaciones por el medio ambiente y la importancia de fortalecer los mecanismos de cooperación internacional obligaron a buscar otras definiciones de Seguridad Nacional. Así el concepto tuvo que ser enriquecido con enfoques derivado de los problemas ecológicos, el agotamiento de los recursos no renovables, la migración internacional ilegal o la acción nociva el narcotráfico.
Tercera.- La actual Ley de Seguridad Nacional dispone de un título dedicado al control legislativo de los servicios de inteligencia, particularmente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. El artículo 56 de la citada ley establece que: “Las políticas y acciones vinculadas con la seguridad nacional estarán sujetas al control y evaluación del Poder Legislativo Federal por conducto de una comisión bicameral integrada por 3 senadores y 3 diputados”.

La realidad es que la información que reciba la Comisión Bicameral será que la que tenga a bien, y de conformidad a lo que establece la ley, proporcionarle el Centro de Investigación y Seguridad nacional (CISEN) según determina el artículo 59 de la Ley de Seguridad Nacional.

En todo caso, sólo podrán enviarse a la Comisión Bicameral, la información que no sea de carácter reservado y que no afecte la seguridad nacional, el desempeño del CISEN o la privacidad de los particulares. Es decir, la información a la que tienen acceso los legisladores de la Bicameral será la misma a la que puede accesar cualquier ciudadano si se toma en consideración lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

A nuestro juicio el modelo de control legislativo que contiene la Ley de Seguridad Nacional es bastante cenceño.

Recordemos que en los Estados Unidos con la National Security Act de 1947, y con los numerosos decretos y reformas legales, el Congreso de los Estados Unidos es un verdadero contrapeso a la influencia presidencial en la materia. Para ello existe el Comité Especial de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, asíc como el Comité Permanente de la Cámara de Representantes, ambos con poderes amplios para ejercer un escrupuloso escrutinio de las políticas públicas de organismos y dependencias que desarrollan labores de inteligencia.

Ahora bien, reconocemos que existe una evidente contradicción en la necesidad de servicios de inteligencia requieren de ciertas medidas de opacidad para ser efectivos. Igualmente, por su naturaleza del Poder Legislativo requiere un manto amplio de trasparencia, considerando que los asuntos que para su conocimiento en el ámbito de defensa y seguridad nacional deban publicitarse. Sin embargo, la defensa y la seguridad nacional, como cualquier política pública debe ser revisada, evaluada y controlada por el Poder Legislativo al amparo del principio constitucional de pesos y contrapesos.

En este sentido, los miembros del Congreso deben tener capacidad para acceder a información reservada, relacionada con la defensa y la seguridad nacional, para realizar sus funciones de control y escrutinio.

De este modo, el Congreso podrá garantizar que los servicios de inteligencia sean acordes a los fines del Estado mexicano, y no del gobierno en turno.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Primero.- Se reforma y adiciona la fracción VII, numeral 2, del artículo 39, así como la fracción VII del artículo 90, de la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 39.
1…
2…
I a VI..
VII. Defensa y Seguridad Nacional;
VIII a XL.
3…
ARTICULO 90.
1. Las comisiones ordinarias serán las de:
I a VI…
VII. Defensa y Seguridad Nacional;
VIII a XXX.
Artículo Segundo.- Se reforma y adicionan los artículos 56, 57 y 58 de la Ley de Seguridad Nacional, para quedar como sigue:

TÍTULO CUARTO
DEL CONTROL LEGISLATIVO
CAPITULO ÚNICO

Artículo 56.- Las políticas y acciones vinculadas con la Seguridad Nacional estarán sujetas al control y evaluación del Poder Legislativo Federal, por conducto de las comisiones de Defensa y Seguridad Nacional de las Cámaras del Congreso de la Unión. Para el cumplimiento de sus funciones de control y evaluación y control, los legisladores federales de dichas comisiones tendrán acceso a información reservada relacionada con la defensa y la seguridad nacional.

Artículo 57.- Las comisiones de Defensa y Seguridad Nacional de las Cámaras del Congreso de la Unión, tendrá las siguientes atribuciones:
I. Solicitar informes concretos al Centro, cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a su ramo o actividades;
II. Conocer el proyecto anual de la Agenda Nacional de Riesgos y emitir opinión al respecto;
III. Conocer el informe a que hace referencia el artículo 58 de esta Ley;
IV. Conocer los reportes de actividades que envíe el Director General del Centro al Secretario Ejecutivo;
V. Conocer los informes generales de cumplimiento de las directrices que dé por escrito el Secretario Ejecutivo al Director General del Centro;
VI. Conocer de los Acuerdos de Cooperación que establezca el Centro y las Acciones que realicen en cumplimiento de esos Acuerdos;
VII. Requerir al Centro y a las instancias correspondientes los resultados de las revisiones, auditorías y procedimientos que se practiquen a dicha institución;
VIII. Enviar al Consejo cualquier recomendación que considere apropiada, y
IX. Las demás que le otorgue otras disposiciones legales.

Artículo 58.- En los meses en que inicien los periodos ordinarios de sesiones del Congreso, el Secretario Técnico del Consejo deberá rendir a las comisiones de Defensa y Seguridad Nacional de las Cámaras del Congreso de la Unión un informe general de las actividades desarrolladas en el semestre inmediato anterior.

Las comisiones de Defensa y Seguridad Nacional de las Cámaras del Congreso de la Unión podrán citar al Secretario Técnico para que explique el contenido del informe.

Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SUSCRIBEN
Sen. José Luis Máximo García Zalvidea
Sen. Antonio Mejía Haro
Sen. Rubén Velázquez López
Sen. José Guadarrama Márquez
Sen. Tomás Torres Mercado
Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA QUE DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN

Los que suscriben, Antonio Mejía Haro, Claudia Corichi García, Rubén Velázquez y José Luis Máximo García Zalvidea, Senadores de la República de la LXI Legislatura, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se incrementen los recursos para el desarrollo de la juventud, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La prioridad de toda política de Estado, debe tomar en sus manos la adversa situación que vive la sociedad mexicana, poniendo énfasis en los jóvenes de nuestro país.

La sustracción temprana de la escuela, del trabajo y de la esfera productiva y ciudadana, es un enorme costo tanto a mediano, como a largo plazo para solidificar la cohesión social y la armonía de México.

El objetivo de toda política pública orientada a los jóvenes debe encontrar una articulación de desarrollo en los ambientes familiar, educacional, laboral y de condiciones de vida; sin lo cual se ven limitadas su posibilidad de desarrollo y, en el peor de los casos, frenada su integración plena a los beneficios sociales del desarrollo.

También deben considerarse las características propias de la actual condición juvenil, las cuales, han sido alteradas por la crisis económica que se está viviendo, teniendo que sortear, principalmente, cuatro elementos prevalecientes en la actualidad:

1) la difícil transición educación-mercado de trabajo que se produce a cualquier nivel educativo;

2) los deterioros de la condición de salud integral;

3) la ausencia de estrategias orientadas a la construcción de una ciudadanía juvenil, que les fortalezca sus derechos de acceso a contar con un empleo bien remunerado;

4) la carencia de espacios para la agregación y socialización de los jóvenes en condiciones de respeto de sus derechos y formas propias de manifestación cultural.

Ante esta problemática se tiene que apoyar la inserción paulatina y constante de este importante sector de la sociedad al trabajo y a la capacitación; contar con un sistema nacional de becas y apoyos, en todos los niveles educativos, para impulsar su permanencia en las instituciones educativas; e incorporarlos al mercado de trabajo en condiciones seguras y con amplias perspectivas de desarrollo personal y profesional.

México está viviendo una fuerte transición demográfica, ya que cuenta con una oferta de trabajo abundante: el 68 por ciento de la población se encuentra entre los 14 y los 64 años de edad; por lo tanto, en los próximos años tendremos un “bono demográfico”. Es en estas primeras dos décadas del siglo XXI que México tiene que aprovechar la favorable composición de su pirámide demográfica, en la que la condición indispensable será propiciar el empleo de tal manera que la población activa pueda aportar a la generación de riqueza en el país, sin embargo, de no ocurrir lo anterior, el bono demográfico se volverá un pasivo demográfico.

En la actualidad existe una incapacidad estructural para generar empleo, que afecta a México ya hace varias décadas y que se ha visto agravada por la crisis económica mundial, así como por el hecho de que el país no cuenta con sistemas públicos de protección al desempleo. Es por ello, que la crisis en México está siendo de forma severa, una crisis de empleo y, por tanto, de ingresos y de bienestar para las familias.

La pérdida de más de 800 mil empleos formales en lo que va de 2009, evidencia que tenemos un alto grado de flexibilidad laboral en términos de despido o conclusión de las relaciones de trabajo; pero se trata de una flexibilidad asimétrica, en tanto no se observan altas tasas de creación de puestos de trabajo formal en las fases expansivas del ciclo económico. En términos de generación de empleos, México debe aprovechar el bono demográfico incorporando a la población joven del país a la actividad productiva.
De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México es un país de gente joven, ya que este sector representa una cuarta parte de la población, “en el 2008 había cerca de 29.1 millones de personas con un rango entre 15 y 29 años de edad, lo que equivale al 27.4 por ciento del total”.
A pesar de ello, las oportunidades de integración al mercado laboral de los jóvenes son mínimas “y las acciones realizadas por el gobierno federal han sido insuficientes, por lo que se deriva la necesidad de atacar esta problemática desde diversos puntos”.

Necesitamos diseñar una estrategia integral de acceso a servicios de salud específicos y profesionalizados para los jóvenes, que abarquen áreas de sexualidad, alimentación, abuso de alcohol y drogas, además de temas de depresión, soledad, problemas afectivos y de relación social; asimismo, propiciar en las instituciones públicas y políticas del país, el fomento y defensa de los derechos juveniles, superando los prejuicios y estereotipos en torno a que los jóvenes, por su condición de pobreza y marginación, se vinculan a redes de violencia y delincuencia, para lo cual se requieren verdaderos programas de reinserción y desarrollo social.

Para fomentar el desarrollo de los jóvenes, se necesita una amplia reforma educativa que vaya desde el nivel básico hasta el medio, que permita superar las deficiencias en la formación de los niños y jóvenes mexicanos que afectan su desempeño escolar en niveles superiores y en el mercado laboral.

También se requiere ampliar la cobertura de la educación media superior y superior, para dar acceso a los jóvenes en los próximos diez años y así cumplir con la cobertura que debe alcanzar al 50 por ciento de la población en edad de cursar estudios universitarios.

Es tiempo de invertir en nuestros jóvenes, es tiempo de blindarlos contra la delincuencia, drogas y violencia, y la mejor manera es favoreciendo su participación activa en la vida económica, política y social del país, es cierto que los jóvenes representan el futuro, pero desde el presente deben labrarlo; por ello las políticas públicas, los planes y programas de los gobiernos, deben considerar acciones dirigidas a la juventud.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta a la H. Cámara de Diputados, para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 se incrementen los recursos públicos destinados al desarrollo integral de la juventud mexicana, mismos que deberán fortalecer los programas de becas para estudio, de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de Incubadoras de Negocios, proyectos productivos, becas para madres solteras y Jóvenes con Oportunidades, entre otros.

SUSCRIBEN
Sen. Antonio Mejía Haro
Sen. Claudia Corichi García
Sen. Rubén Velázquez
Sen. José Luis Máximo García Zalvidea

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA DETENCIÓN EN EL PAÍS VASCO DEL ABOGADO JOSEBA AGUDO MANCISIDOR

Los suscritos, senadores ante la LXI Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El pasado 28 de octubre fue detenido por elementos de la policía francesa el abogado Joseba Agudo Mancisidor, el fundamento para ello es que se relaciona con los vascos que están en el exterior y esto lo hace sospechoso de "fungir como enlace entre la organización vasca ETA y algunos de sus miembros que han huido al extranjero", también lo señalan de "gestionar el regreso de éstos para incorporarlos de nueva cuenta a dicha organización" (sic).

2. La detención del abogado defensor Joseba Agudo fue ordenada por el Magistrado de la Audiencia Nacional Española, Fernando Grande-Marlaska y efectuada en la localidad de Hendaia, al norte del País Vasco, territorio que se encuentra bajo administración francesa. El Magistrado dispuso también el cateo del despacho jurídico en el que labora Joseba Agudo, ubicado en Oiartzun (Gipuzkoa), parte sur del País Vasco que se encuentra bajo administración española, así como de la vivienda de sus padres, localizada en la localidad de Rentería.

3. En un hecho que ha llamado la atención de la comunidad internacional e incluso provocado ya el rechazo a la detención, los medios de comunicación españoles informaron del arresto de litigante Joseba Agudo el día 28 de octubre por la mañana, a pesar de que su detención no se efectuó sino hasta la noche, situación que ha generado una gran cantidad de suspicacias en torno a la actuación de las autoridades judiciales francesas y españolas, y confirmado este hecho como actuación represiva por parte del gobierno español.

4. Tras su aprehensión, Agudo Mancisidor fue trasladado a la comisaría de la policía francesa en Baiona (Lapurdi) donde pasó toda la noche, para posteriormente ser trasladado por la mañana al Tribunal de Pau, donde se le notificó la euro orden de arresto emitida por el tribunal especial, tras lo cual el fiscal decretó su ingreso en prisión. El martes 3 de noviembre se celebrará la audiencia para decidir lo correspondiente en relación a la euro orden de arresto.

5. El trabajo jurídico de Joseba Agudo está plenamente acreditado y ha sido siempre público, así como su labor de defensa de los presos y exiliados políticos vascos con el objetivo de garantizar el derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica de quienes enfrentan extradiciones o procesos judiciales. Joseba Agudo es un abogado defensor y su detención es un mensaje autoritario de que los vascos, por ser vascos, no tienen derecho ni a la defensa ni al debido proceso.

6. Joseba Agudo Mancisidor ha estado en México como abogado defensor de ciudadanos vascos detenidos por la policía mexicana con ayuda de agentes españoles encubiertos. Durante su estancia en nuestro país, se reunió con ministros, jueces, magistrados, abogados, intelectuales, artistas, periodistas y legisladores con el fin de exponer la situación jurídica de sus defendidos, así como sus argumentos constitucionales y legales en relación a la presunción de su inocencia.

7. Conscientes de la importancia que reviste el derecho internacional a la certeza y seguridad jurídicas de todos y todas, deseamos llamar la atención sobre la necesidad de garantizar la vida, la seguridad y la integridad física del abogado Joseba Agudo Mancisidor, así como el pleno respeto a sus garantías procesales establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y demás instrumentos internacionales en la materia de los que España forma parte.

8. El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Unión Europea y México, en su artículo 1°, expresa que “El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del presente Acuerdo”. En este marco, los Estados partes del Acuerdo Global tienen la obligación de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos en su universalidad, y la cláusula democrática debe ser utilizada como una herramienta para proteger, promover y respetar los derechos humanos en el contexto de las relaciones entre los Estados parte del Acuerdo y no debe ser un instrumento unilateral que sirva sólo para que las naciones europeas juzguen o se pronuncien en torno a la situación de los derechos humano, sino que la clausula democrática y de protección a los derechos humanos debe ser aplicable en términos recíprocos a cualquiera de las naciones parte.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de este Pleno, la siguiente

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República manifiesta al gobierno español su preocupación por la seguridad personal del abogado Joseba Agudo Mancisidor y hace votos por que se garanticen y salvaguarden su vida e integridad física durante el tiempo que dure la privación de su libertad, así como también las de sus familiares y colaboradores abogados.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que solicite al gobierno español que se respeten plenamente los derechos procesales que asisten al abogado Joseba Agudo Mancisidor, garantizando para él un proceso justo e imparcial, así como su derecho a una defensa adecuada, en consonancia con lo establecido por el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y demás instrumentos internacionales de los que España forma parte.

SENADORES
JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA
ROSARIO YBARRA DE LA GARZA
SALOMÓN JARA CRUZ
YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ

PUNTO DE ACUERDO

Los suscritos, Rubén Fernando Velázquez López, Lázaro Mazón Alonso, José Luis García Zalvidea y Antonio Mejía Haro senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrantes de LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Comisión Federal de Electricidad, C. Alfredo Elías Ayub rinda un informe detallado sobre la anunciada compra-venta de energía eléctrica entre México y Guatemala.

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República solicita al titular de la Comisión Federal de Electricidad, C. Alfredo Elías Ayub remita a esta Soberanía un informe detallado sobre:
1. Las bases y criterios que motivaron la suscripción del acuerdo para la compra-venta de energía eléctrica, signado el pasado 22 de mayo de 2008 por México y Guatemala en el marco del Proyecto Mesoamérica.

2. La situación financiera que guarda el proyecto de interconexión eléctrica México-Guatemala; los recursos económicos destinados por México para tal proyecto, así como los pretendidos para el año 2010; los recursos recibidos por tal concepto y los que se pretendan recibir por dicho acuerdo.

3. La demanda de capacidad adicional a la actualmente instalada que genera el proyecto, así como los esquemas por los que se pretende la construcción de la infraestructura requerida para solventarla.

4. Los efectos en materia de abasto energético a los que se encuentra expuesto nuestro país ante la realización del proyecto de interconexión eléctrica México-Guatemala; en congruencia con la capacidad que tiene la Comisión Federal de Electricidad para generar energía y la demanda interna que tiene que cubrir en el país.

5. Los riesgos que la interconexión pueda implicar para la estabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional.

6. La tecnología que será destinada a la generación de la energía que se compromete por el acuerdo; el impacto ambiental que ocasionará la generación adicional de energía; las regiones que se verán afectadas, así como los efectos en materia de desarrollo regional.

SUSCRIBEN
Sen. Rubén Fernando Velázquez López

Sen. Lázaro Mazón Alonso
Sen. José Luis García Zalvidea

Sen. Antonio Mejía Haro

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARÍCULO 118 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN

Los suscritos, Rubén Fernando Velázquez López, Lázaro Mazón Alonso, José Luis García Zalvidea y Antonio Mejía Haro senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXI legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta Honorable Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 118 de la Ley General de Población, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestro país, la descriminalización del fenómeno migratorio inició en el año 2007 con la presentación de un proyecto de decreto que reformaba diversas disposiciones a la Ley General de Población1. Dichas reformas tenían por objeto eliminar la pena privativa de libertad como sanción a las personas que no cumplían con los requisitos exigidos en materia migratoria.

Si bien, el Congreso de la Unión ha contribuido de manera significativa a superar el paradigma ante al fenómeno migratorio, asumiendo una perspectiva de Derechos Humanos como vía para la protección de migrantes, la dimensión que en un futuro demandaría éste proceso poblacional ha superado todas las expectativas. Las intenciones de los legisladores fueron las mejores, sin embargo dichas reformas a la Ley resultan aun insuficientes.

Un ejemplo de ello, es la existencia de la multa administrativa impulsada como sanción a los migrantes por no cumplir con los requerimientos necesarios para su internamiento legal en el país, consistente en imponer una pena económica de veinte a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (entre 1080 y 5400 pesos aproximadamente), la cual no considera que en la mayoría de los casos, los migrantes que se internan de manera ilegal –como tránsito o destino- en territorio nacional, no cuentan con recursos económicos suficientes, sino que van en busca de los mismos.

El citado acto administrativo se encuentra regulado en el artículo 21, párrafo cuarto de nuestra Carta Magna; estableciendo que si el infractor no pagaré la multa que se le hubiese impuesto, ésta se permutará por el arresto correspondiente, no excediendo en ningún caso de 36 hrs.

Es claro el párrafo quinto de dicho precepto constitucional, considerando que si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Asimismo, tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

Por tanto, la multa administrativa impuesta a los migrantes que se internan en territorio nacional sin la documentación requerida, no cumple con su función, ya que dicha sanción lo que realmente castiga –en la mayoría de las situaciones- es la pobreza, las necesidades económicas, sociales y familiares de los individuos.

En correlación, el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos manifiesta la prohibición de imponer multas excesivas2, así como otras penas inusitadas y trascendentales; considerando además, que toda pena será proporcional al delito3 de que sancione y al bien jurídico afectado.

Resultado de la interpretación4 al precepto constitucional de mérito, es por mencionar que la Suprema Corte de Justicia ha resuelto que las leyes, al establecer multas, deben contener las reglas adecuadas para que las autoridades impositoras tengan la posibilidad de fijar su monto y cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste en la causa que lo motiva, y en fin, todas aquellas circunstancias que tiendan a individualizar dicha sanción.

Reconociendo vagamente la magnitud del problema migratorio y atendiendo minúsculamente las disposiciones constitucionales, el artículo 121 del Reglamento de la Ley General de Población dispone que tratándose de las sanciones administrativas previstas en la Ley, la autoridad administrativa al momento de fundar y motivar su resolución, considerará los daños que se hubieren producido o puedan producirse; el carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; la naturaleza y gravedad de los hechos; la conducta reiterada y la situación económica del infractor.

En el mismo contexto, el párrafo primero del artículo 118 de la Ley General de Población no establece una penalidad proporcional; primordialmente porque no atiende a las circunstancias personales de los individuos infractores, menester que en la mayoría de las ocasiones -como ya se ha mencionado- éstos tienen una limitada solvencia económica. Por ello, es conveniente disminuir el monto mínimo y máximo de la multa administrativa, permitiendo constituir multas administrativas congruentes con la norma constitucional e indirectamente combatiendo ejercicios de corrupción ofrecidos a las autoridades impositoras.

Es notorio, que diversas disposiciones legales ya regulan lo propuesto, no obstante la Ley General de Población no específica los lineamientos generales de la materia -establecidos desde el texto constitucional- siendo el instrumento legal idóneo para contemplar los criterios necesarios para la imposición de una multa administrativa y en su caso, eximir el pago de la sanción económica.
Por ello, es urgente derogar del texto de la Ley General de Población las disposiciones de mérito, a efecto de no aplicar multa administrativa a aquellos migrantes que se internen ilegalmente en el país; en consideración a los precedentes legislativos que han despenalizado la migración en nuestro país.

Asimismo, debe reducirse el monto mínimo y máximo de la multa administrativa en cumplimiento a las disposiciones constitucionales.
La inobservancia a las anteriores medidas, fundamentan la injustificación de seguir sancionando a éste grupo vulnerable, sea con multa pecuniaria, arresto, o cualquier otra sanción. Hecho que implica un retroceso en las políticas de Estado para enfrentar la problemática migratoria.

Dicha propuesta responde de manera indubitable a las necesidades de los migrantes, ya que éstos carecen a menudo de recursos económicos para hacer efectivos sus derechos; situación que los publicita en mayor medida como víctimas potenciales del delito.

Somos conscientes que está medida legislativa no cumple a plenitud las exigencias de los miles de migrantes que a diario arriesgan su vida por mejorar su situación económica y la de sus familias, pero no debemos olvidar que esto es sólo una herramienta más del gran trabajo pendiente para la reforma integral y de fondo, que tanto se requiere en México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Primero. Se reforma el párrafo primero del artículo 118 de la Ley General de Población para quedar como sigue:
Artículo 118.- Se impondrá multa de diez a cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al extranjero que:
…
Artículo Segundo. Se deroga el inciso a) y f) del artículo 118 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:
Artículo 118. …
1. Derogado;
b) a e) …
f) Derogado;
g) …
…
…

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SUSCRIBEN
Sen. Rubén Fernando Velázquez López
Sen. Lázaro Mazón Alonso
Sen. José Luis García Zalvidea
Sen. Antonio Mejía Haro

PUNTO DE ACUERDO PARA INSCRIBIR EN EL RECINTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA LA FRASE “POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITÚ”

Los que suscriben, José Luis Máximo García Zalvidea, Rubén Velázquez López, Lázaro Mazón Alonso, Tomas Torres Mercado, Rosalinda López Hernández, José Guadarrama Márquez, Jesús Garibay García, Minerva Hernández Ramos, Francisco Javier Castellón Fonseca, Claudia Corichi García y Antonio Mejía Haro senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA INSCRIBIR EN EL RECINTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA LA FRASE “POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITÚ” COMO UN HOMENAJE PERMANENTE A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO, LA MAXIMA CASA DE ESTUDIOS DE MÉXICO, de conformidad con las siguientes.

CONSIDERACIONES

Primera.- Iniciando bajo el nombre de Real y Pontificia Universidad de México el 21 de septiembre de 1551, la UNAM empieza sus actividades en la Ciudad de México. Ya para ese tiempo es una de las más importantes y de mayor tamaño, no sólo de México sino de Iberoamérica.
La filosofía que nutre a la máxima casa de estudios le ha correspondido siempre a un sentido de desarrollo, de estar al servicio del país y de la humanidad formando profesionales que sean útiles a la sociedad, poder organizar y realizar investigaciones, las cuales sean preferentemente acerca de las situaciones y dificultades sociales y extender ampliamente los beneficios culturales.

Segunda.- Además de ser una de las universidades con mayor reconocimiento académico en Iberoamérica, es también una de las más grandes y bellas por la dedicación artística que se ha realizado al considerarla parte indisoluble del proyecto de nación. La construcción de su campus principal al sur de la Ciudad de México, conocido como Ciudad Universitaria (CU), fue llevada a cabo por varios de los mejores arquitectos de México del siglo XX y por grandes artistas como Siqueiros, Francisco Eppens y Diego Rivera. En 2007, fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Tercera.- En sus inicios como Universidad Real y Pontificia de México, comenzó sus cursos el 25 de enero de 1553 y fue el virrey de la entonces Nueva España, Don Luís de Velasco, en las calle de San Ildefonso, la cual se ubica en el centro de la ciudad y fue clausurada por los liberares en la mitad del siglo XIX.
Durante la gubernatura de Porfirio Díaz, y expresamente el 22 de septiembre de 1910, se inauguró la Universidad Nacional de México, aun sin poseer el carácter de autónoma, tras la presentación de su Ley Constitutiva por Justo Sierra Méndez. Y fue Joaquín Eguía Lis su primer rector.

“Por mi raza hablará el espíritu” lema de la universidad trata de hacer referente a los escritos de José Vasconcelos que hacen referencia a lo que nombre “La raza cósmica” que es la raza latinoamericana nacida de la unión de dos diferentes culturas.

En los años setenta se inició un ambicioso programa de expansión, donde se crearon las cinco sedes del colegio de Ciencias y Humanidades, igualmente las cinco sedes multidisciplinarias o F:E:S (Facultades de Estudios Superiores) las cuales son: Acatlán, Aragón, Cuautitlán, Iztacala y Zaragoza.

Ya en 1921, José Vasconcelos, rector de la Universidad Nacional de México en ese momento, ideó y creó el escudo y el lema de la UNAM que hoy en día provocan sublimación en la población. El escudo se posee la característica de contener un mapa de América Latina con la leyenda “Por mi raza hablará el espíritu” el cual es sostenido por una águila y un cóndor los cuales descansan en una alusión de los volcanes y el nopal de los aztecas.

“Por mi raza hablará el espíritu” evidencia la vocación humanística con que se engendró. José Vasconcelos, autor de la frase, asumió la rectoría en 1920 cuando se inició la Reforma Universitaria latinoamericana, en tiempos en los cuales las esperanzas de la revolución en México estaban latentes, existía una enorme fe en el país y en el ánimo de redención que se propagaban en el ambiente, en palabras del propio José Vasconcelos “significa en este lema la convicción de que la raza nuestra elaborará una cultura de tendencias nuevas, de esencia espiritual y libérrima” posteriormente concluiría “imaginé así el escudo universitario que presenté al Consejo, toscamente y con una leyenda: “Por mi raza hablará el espíritu”, pretendiendo significar que despertábamos de una larga noche de opresión. Es entonces que en el año de 1929 cuando obtiene su carácter de Autónoma y en 1954 se dirige a sus nuevas instalaciones en el sur de la Cuidad de México.

Cuarta.- La UNAM es una noble institución la altura de los tiempos. Recordemos que al final de los cuarenta apenas tenía unos 22 mil estudiantes. Pasó de la elite a la masa en un abrir y cerrar de ojos. La matrícula creció muy rápido. Algunos años después se había triplicado y apenas entrados los ochenta se le había definido en un máximo de 270 mil alumnos. Aún si se resta el bachillerato, la UNAM es una de las universidades más grandes del mundo. Pero lo satisfactorio no es su tamaño sino la forma cómo se renueva continuamente el ethos, la voluntad y el compromiso de avanzar, sin importar las adversidades. Y la perspectiva de que la lucha continué por legitimar el terreno de las ideas, las bondades de la universidad pública y la necesidad de que se comprenda que producir y transmitir conocimiento requiere de autonomía y libertad.

Al mismo tiempo que se construía la ciudad Universitaria se crearon nuevos planteles de bachillerato, después el Colegio de Ciencias y Humanidades, que iba a tener enseñanza media, licenciatura y posgrado y el Sistema de Universidad Abierta. La UNAM se extendió a cinco campus más con las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales, en el norte del área metropolitana, los más dentro del estado de México. En los últimos veinte años se establecieron campus foráneos en Morelos, Michoacán y Querétaro. Y por su vocación nacional, la UNAM se ha extendido, conectado y contribuido al desarrollo de la educación superior en todas las entidades del país.

A lo largo de más de medio siglo, la institución ha refrendado una y otra vez lo siguiente: servir al país creando profesionistas útiles a la sociedad, ser una institución en la que se mezclan en sus aulas estudiantes provenientes de todos los orígenes sin distingos. Finalmente, ha sido una institución vanguardista en la producción de conocimiento, parte fundamental para renovar a México en la era de la globalización.

También, y esto es de suma importancia, la UNAM se consolida como una universidad de investigación. La más importante del país. Así, se han creado un buen número de institutos y centros en humanidades y ciencias. Tal ha sido la importancia del desarrollo de la investigación y del posgrado que actualmente son su torre de fuerza. A la fecha, no hay ninguna institución de educación superior en la República que cubra tantos campos de conocimiento y que tenga tanta capacidad de combinarlos.

Con sus cerca de 300 mil estudiantes y más de 34 mil profesores e investigadores, la UNAM es la mayor universidad de toda Iberoamérica. A lo largo de sus casi cien años de historia, se ha convertido en un centro de referencia, aunando la calidad y variedad de su oferta académica y de investigación con su firme compromiso con la difusión cultural, el humanismo y las nuevas tecnologías.

Quinta.- A fines del año 2005 la UNAM recibió el reconocimiento como la mejor universidad de Latinoamérica, España y Portugal y como la número 95 en el ranking a nivel mundial. Su campus principal ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Universidad. La UNAM enmarca una diversidad ideológica, cultural, y académica que pretende representar la misma pluralidad con la surge y se desarrolla el país, buscando en torno a ella, la excelencia académica.

Recordemos además que la UNAM fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2009, de acuerdo con el fallo del jurado de la fundación que otorga esta distinción.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta Honorable Asamblea, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Como un homenaje permanente a la Universidad Autónoma de México, la máxima casa de estudios del país, el Senado de la República acuerda celebrar una sesión solemne en ocasión de la inscripción de la frase “Por mi raza hablará el espíritu”, en el edificio que alberga a la Cámara Alta.

SUSCRIBEN
Sen. José Luis Máximo García Zalvidea

Sen. Rubén Velázquez López
Sen. Lázaro Mazón Alonso

Sen. Tomas Torres Mercado
Sen. Rosalinda López Hernández

Sen. José Guadarrama Márquez
Sen. Jesús Garibay García

Sen. Minerva Hernández Ramos
Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca

Sen. Claudia Corichi García
Sen. Antonio Mejía Haro

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y EL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN

Los suscritos, RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ, LÁZARO MAZÓN ALONSO, JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA y ANTONIO MEJÍA HARO senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrantes de LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 67 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y EL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al titular del Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remita a esta Soberanía a la brevedad posible un informe detallado sobre los recursos presupuestarios aprobados, ejercidos y por ejercer con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al titular Ejecutivo Federal, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa para que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, fracción III del Decreto por el que se declara al año 2010 como Año del Bicentenario del inicio del movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana y se crea la Comisión Organizadora de dicha conmemoración, en la ejecución de cualquier obra o evento con motivo de dicha conmemoración, se contrate a personas físicas o morales mexicanas como las encargadas de su realización.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, los recursos que ha solicitado el Ejecutivo Federal para la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, se establezcan con base en los principios de austeridad y transparencia, y que las economías resultantes privilegien la ejecución de programas sociales y proyectos de infraestructura que beneficien a los mexicanos.

SUSCRIBEN
Sen. Rubén Fernando Velázquez López
Sen. Lázaro Mazón Alonso
Sen. José Luis García Zalvidea

Sen. Antonio Mejía Haro

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIERO

CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS

DE LA CÁMARA DE SENADORES

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

P r e s e n t e s.
Los Senadores Antonio Mejía Haro, Minerva Hernández Ramos, Claudia Sofía Corichi García, Francisco Javier Castellón Fonseca, Rubén Fernando Velázquez López, José Luis Máximo García Zalvidea, Senadores de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los niveles de morosidad en créditos bancarios como por ejemplo en tarjetas, siguen aumentando, los vencimientos en el pago de créditos al consumo de igual forma, la situación económica del país y la pérdida de empleos son factores que tienen un impacto mayor en estos índices.

El nivel de impago de los créditos al consumo continua con una tendencia a la alza, alcanzando un 9.6 por ciento en el mes de mayo de acuerdo con el reporte sobre el Sistema Financiero, que presentó el banco central en el mes de julio; los bancos están prestando menos y su cartera vencida cada vez aumenta más.

La cartera vencida en el llamado “dinero plástico” aumentó 50.3 por ciento al cierre del año pasado en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con informes preliminares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señalan que el índice de morosidad en tarjetas de crédito a nivel nacional, a abril del presente año, fue de 11.75 por ciento, lo que equivale a 31 mil 662 millones de pesos, lo que se traduce en que las familias tienen muchos problemas para poder cumplir con el pago de los créditos que adquirieron.

Podemos pensar que el endeudamiento y por consecuente la morosidad de los pagos son producto de los malos manejos de las tarjetas y la mala administración que tenemos con nuestros ingresos, aunque no siempre sea el caso, en la actualidad el disponer de un crédito através de la tarjeta puede significar un gran apoyo para salir de situaciones imprevistas como por ejemplo, un problema de salud, en el que tengas que disponer de una cantidad de dinero y que en el momento no se cuente con ella, por medio de la tarjeta se soluciona el problema pero se contrae la deuda.

La crisis económica por la que atraviesa el país, el frecuente aumento en los precios de los bienes y servicios, el desempleo; el mal uso de las tarjetas bancarias, compras compulsivas, adquirir artículos que no son de primera necesidad y la poca cultura bancaria de gran parte de la población, son factores que ocasionan que las personas se encuentren en condiciones de impago de sus deudas con las instituciones de crédito.

Ante tal situación las instituciones bancarias se vean en la necesidad de contratar despachos de cobranza o agencias de recuperación de créditos, comenzando todo un proceso, mediante el cual se trata de recuperar el adeudo a través del envío de cartas y oficios en los que se avisa a los deudores que si no cubren los créditos se procederá al embargo de bienes muebles o inmuebles dependiendo del monto de la deuda, prácticas de intimidación de cobro extra judicial, que no cuentan con el respaldo legal de una autoridad.

Otro medio que manejan estos despachos de recuperación de créditos, son las llamadas telefónicas frecuentes e intimidatorias, a través de las cuales escuchamos amenazas de embargo, de ser boletinados al buro de crédito, entre otras cosas.

Estas llamadas son realizadas en días festivos, fines de semana, en horario nocturno o a muy temprana hora y no sólo al titular de la deuda sino también a su aval o a las referencias que haya proporcionado en la solicitud y en general de quien se cuente con su número telefónico.

El fin de este tipo de llamadas es hostigar al deudor, intimidarlo por medio de amenazas, exhibirlo con sus familiares y con las personas que dio como referencias. Se tiene conocimiento de que los efectos causados por las llamadas realizadas con tono agresivo y en un horario inusual que, incluso, van contra las reglas sociales de urbanidad, provocan en los sujetos crisis nerviosas, depresión, daño psicológico, entre otros no menos graves.

Se estima que un 90 por ciento de la población, ha recibido llamadas o cartas de parte de una agencia de cobro, situación que además del tener que pensar en las deudas adquiridas y tratar de reorganizar el gasto de los ingresos para poder cumplir con el pago de las mismas; actualmente estas empresas de cobranza se encargan de recordarnos durante todo el día y parte de la noche la deuda contraída y el termino fenecido del plazo.

Sabemos que cobrar una deuda es hacer valer un derecho legítimo, previamente estipulado en un contrato, aceptado por las partes, las cuales están conscientes que si no se cumple con las cláusulas que menciona el mismo traerá consecuencias, como por ejemplo, el cobro de lo adeudado, de la misma forma se pretende que haya reciprocidad en el respeto con los deudores y sus familiares.

Dichas prácticas son motivo de infinidad de quejas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), y como respuesta a este problema, en coordinación con las empresas de cobranza esta comisión publicó un Código de Ética de las Obligaciones para con los Deudores y Público en General, el cual regula el procedimiento de cobro, para que se haga bajo estricto apego a derecho y basado en principios profesionales, tecnológicos y éticos en beneficio de la población que tenga adeudos con dichas instituciones.

Desafortunadamente al no ser un instrumento con carácter de Ley muchas empresas de cobranza no lo aplican ya que no tienen la coerción que esta lleva implícita, es por ello que a través de la presente iniciativa de reforma a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros se pretende regular la práctica de estas empresas de cobranza, en la forma de requerir el pago de los adeudos, fijar los horarios y las personas a las cuales les podrán realizar las llamadas y las condiciones en que se efectuarán estas así como las demás prácticas de cobranza.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRTO

PRIMERO.- Se adiciona la fracción XLII al artículo 11 y se recorre la actual para quedar como XLIII; y un párrafo segundo a la fracción XII del artículo 94 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para quedar como sigue:

Artículo 11.- La Comisión Nacional está facultada para:
I. a XLI. …
XLII. Vigilar y en su caso sancionar a las Instituciones Financieras, así como a las empresas de cobro que estas contraten o a las que hayan comprado cartera vencida de dichas instituciones cuando:
Exijan el cobro de los pagos vencidos al deudor mediante requerimientos de presuntas demandas o notificaciones judiciales u ostentarse como representantes del órgano jurisdiccional u otra autoridad.
Realicen llamadas telefónicas fuera de los días y horas hábiles que comprenden de lunes a viernes de 8:00 a las 21:00 horas, con el objeto de negociar el cobro de los adeudos vencidos. Queda prohibido realizar el requerimiento de los pagos vencidos a menores o personas de la tercera edad y familiares del acreedor.
Incrementen el saldo de la deuda con cargos no autorizados por la legislación correspondiente o el contrato celebrado por las partes;
Establezcan registros especiales, distintos a los previstos en las leyes competentes para hacer del conocimiento general de la situación en que se encuentran los deudores;
XLIII.- Las demás que le sean conferidas por esta Ley o cualquier otro ordenamiento.

Artículo 94.- La Comisión Nacional estará facultada para imponer las siguientes sanciones:
I. a XI. …
XII.-…
La misma multa se aplicará a quién transgreda las disposiciones de los incisos contenidos en la fracción XLII del artículo 11 de esta Ley.
XIII.-…

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se reforma la fracción V del artículo 11 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para quedar como sigue:
Artículo 11.-…
…
...
I. …
II. …
II Bis. …a)b)c)d)
III. ...
IV. ...
V. El procedimiento a seguirse para la cancelación del servicio. El convenio que celebren ambas partes con motivo de la cancelación del servicio o liquidación del adeudo correspondiente deberá estipular los términos y condiciones a los que se sujetaran ambas partes.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SUSCRIBEN

SEN. ANTONIO MEJÍA HARO
SEN. MINERVA HERNÁNDEZ RAMOS
SEN. CLAUDIA SOFÍA CORICHI GARCÍA
SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA
SEN. RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ
SEN. JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA