LEY GENERAL DE SALUD Y EL ARTICULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El suscrito, Senador José Luis Máximo García Zalvidea, Lázaro Mazón Alonso y Rubén Fernando Velázquez López, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Honorable Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforman diversos artículos de la Ley General de Salud y el artículo 7 de la Ley General de Educación, de conformidad con la siguiente:EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los avances tecnológicos, científicos y médicos en materia de trasplantes, constituyen el logro terapéutico más importante que haya surgido en los últimos 50 años y además del que orgullosamente México ha formado parte diariamente desde hace más de tres décadas.

En los últimos años, por ejemplo, nuestro país se ha caracterizado por reforzar y acrecentar una cultura de trasplante de órganos y donación por medio de foros, conferencias y movimientos a favor de éste altruismo, por cual las cifras de donantes y receptores se han elevado, beneficiando con una mayor esperanza de vida a personas que habían agotado todos sus recursos médicos.
Sin embargo, México aún se encuentra muy por debajo de las metas planteadas para la obtención de órganos, pues una gran parte de la sociedad no desea participar como donadores potenciales o permitir y respetar el deseo de quienes ya han hecho el compromiso. Este problema nos ha dificultado competir con otros países pues sólo contamos con alrededor de siete donadores por millón de habitantes, cuando España registra más de 35 y Estados Unidos más de 26. Incluso, en el resto de América Latina el promedio alcanza los 10 donadores por millones de habitantes.

Ante estas situaciones es necesario implementar medidas que posibiliten a nuevas generaciones incrementar los niveles de trasplantes y consolidar una conducta de solidaridad y responsabilidad social, pues la solución necesariamente involucrará la participación de cada uno de los miembros de la sociedad.
Cabe mencionar que algunos especialistas aseguran que el incremento de los trasplantes no necesita solamente de un proceso de agilización o de mayor infraestructura, sino de una sólida cultura de la donación, impulsada desde los niveles básicos de enseñanza. Incluso, diversas investigaciones han llegado a la conclusión de que este tema requiere que la información se proporcione a los infantes y adolescentes para crear una conciencia social.
Para algunos investigadores la educación debería fortalecerse con datos históricos y muestras comparativas sobre la situación actual de México y el mundo, además de que la información sea compartida con los familiares.

El propósito de involucrar a la familia en la educación prodonanción, es encontrar la solución a un problema común que imposibilita el trasplante de órganos y la negatividad a respetar las decisiones tomadas por cada individuo como donante y ser independiente.

Actualmente, la ley no contempla la obligatoriedad de respetar la autonomía de las personas que en vida han manifestado o han firmado un carnet de donante. Por lo mismo los órganos no son extraídos sin el consentimiento de los familiares, que en la mayoría de los casos se niegan a la donación a pesar de tener el conocimiento de que el potencial donante estaba completamente en serlo.

En este sentido, es sumamente importante que la educación constituya el factor principal para promover la autonomía de las personas. En el caso de la donación y trasplante de órganos, existe un gran desconocimiento social acerca del proceso de procuración e implante.

En otros países, como Canadá, por ejemplo, pero también en diversos estados de la República Mexicana se promueve que al momento de obtener o renovar una licencia de conducir que se firme un documento de aceptación sobre donación. Además, en el extremo, España declaró a cualquier persona como donante.

El propósito de la labor deberá estar guiado para consolidar nuestras perspectivas sobre la donación de órganos, concientes de que ello representa una mejor calidad de vida a 11 mil personas en espera de un órgano y resuelve un problema urgente de salud permitiendo que alrededor de 380 mil personas fallecidas anualmente sean candidatas para donar, fortaleciendo nuestros lazos sociales y la protección de la salud.

Sin embargo, como contraparte, creemos necesario enfrentar también el problema de la desconfianza ciudadana respecto de este tipo de iniciativas que les produce el crecimiento del delito de tráfico de órganos, el cual consiste en la ilegal extracción, venta y compra clandestina de partes o de todo el cuerpo humano, especialmente en lo que respecta al trasplante de riñones. Y es aún más preocupante el hecho de que los las autoridades no parecen enfrentar el problema mediante acciones eficientes de persecución y sanción.

Inclusive, algunas instituciones mencionan el delito como aislado y a su persecución como algo sin urgencia, cuando en realidad engloba redes amplias de corrupción.

Ante la grave situación de corrupción y delincuencia que continúa atacando la dignidad humana, resulta fácil comprender la razón de una baja cultura de la donación. Es por ello, que debemos trabajar sobre estos cuestionamientos para erradicar los temores que genera un delito que obtiene 32 mil millones de dólares anuales y pone serias trabas a una actividad solidaria, legalmente protegida y alentada como es la donación altruista.

Es sumamente importante proteger el carácter social de la donación de órganos a fin de sustentar y mejorar las condiciones de salud o el acceso universal a los servicios y con mayor razón cuando nos encontramos ante un rápido crecimiento científico que no se había experimentado antes.

En suma, la propuesta que someto al pleno tiene el propósito de reposicionar y mejorar la cultura de la donación y trasplante de órganos, pero también asegurar la confianza en la protección a los donantes y receptores, en el campo de la salud existen ya las condiciones para cambiar la política y cumplir el derecho universal a la protección de la salud.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea