Los que suscriben, Senadores José Luís Máximo García Zalvidea, Rubén Fernando Velázquez López, Antonio Mejía Haro, Lázaro Mazón Alonso, Héctor Bautista López, Salomón Jara Cruz y Rosalinda López Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD a la LX Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a consideración de esta soberanía, con carácter de obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA "OPERACIÓN LIMPIEZA" EN LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO FEDERAL, de conformidad en las siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERA.-
Sin duda, la cuestión de la seguridad pública entraña diversos desafíos: los secuestros, el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, la corrupción y la impunidad. Se trata pues de acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.
Hoy prevalece una percepción generalizada de que en la guerra contra la delincuencia, las acciones del Estado son insuficientes.
Como secuela de la delincuencia organizada, la violencia se está convirtiendo en hecho cotidiano. No resulta extraño a los ciudadanos las balaceras a plena luz de día, las ejecuciones en lugares públicos, los tiros de gracia, los decapitados, los "encajuelados" o las narcomantas que aparecen en las primeras páginas de los diarios o en los noticieros estelares de televisión.
Sin duda, en el ascenso de violencia y criminalidad se ve afectada la capacidad del Estado para procurar y administrar justicia. Más aún cuando recientemente nos enteramos de las intricadas redes de corrupción, complicidad e infiltración que realiza el narcotráfico en todos los niveles de gobierno.
Continuando con una espiral de violencia así, en poco tiempo le será imposible al Gobierno Federal garantizar niveles mínimos de seguridad y bienestar. Ello, por supuesto, pone en evidente riesgo la viabilidad misma del Estado mexicano.
SEGUNDA.- Noé Ramírez Mandujano, ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), hace un par de días fue detenido y puesto a disposición del área que dirigió hasta el pasado 31 de julio.
El ex funcionario, quien había sido designado agregado de la Procuraduría General de la República (PGR) ante la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga, con sede en Viena, es investigado por sus presuntos vínculos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, dentro de la llamada Operación Limpieza.
Recordemos que Noé Ramírez Mandujano llegó a la PGR en 1995. Durante la gestión de los procuradores Rafael Macedo de la Concha y Daniel Cabeza de Vaca Hernández ocupó importantes cargos en la SIEDO, entre ellos el de jefe de las unidades especiales de combate al secuestro y delitos contra la salud.
Logró un cargo más alto en la actual administración, cuando el procurador Medina Mora lo designó titular de la SIEDO, en lugar del fallecido José Luis Santiago Vasconcelos, de quien siempre dependió Ramírez Mandujano.
Antes de que se pusiera al descubierto la llamada Operación Limpieza, pero cuando ya conocían los gobiernos de México y Estados Unidos que la subprocuraduría de Noé Ramírez Mandujano estaba infiltrada por al narcotráfico, éste renunció a su cargo y llegó en su lugar Marisela Morales.
Recordemos por otra parte, que el pasado 27 de octubre, en una conferencia de prensa conjunta, la actual titular de SIEDO, Marisela Morales, y el procurador Medina Mora señalaron que "se iniciaron investigaciones a partir de operativos frustrados y de una declaración formal en la que se manifestó que en la SIEDO había servidores públicos que, desde 2004, entregaban información al cártel de Sinaloa".
De la investigación se desprendió que por esa información clasificada recibían pagos que iban desde 150 mil hasta 450 mil dólares mensuales.
Presuntamente, la SIEDO obtuvo, mediante cateos documentación y otros objetos, así como diversos testimonios que implican a ex funcionarios en una red de corrupción, entre ellos Fernando Rivera Hernández, ex director general adjunto de Inteligencia en la coordinación técnica de la SIEDO; Miguel Colorado González, coordinador técnico de la subprocuraduría; Jorge Alberto Zavala y Antonio Mejía Robles, elementos de la AFI adscritos a aquella instancia.
Por otra parte, es importante resaltar que desde finales de octubre pasado se encuentra bajo investigación la tercera sección de la Policía Federal; se sospecha que más de 60 elementos protegían, de manera directa, las operaciones delictivas de Jesús El Rey Zambada García, en la Ciudad de México.
Así, el titular de la Subsecretaría de Inteligencia y Prevención del Delito, Luis Cárdenas Palomino, fue citado por un agente del Ministerio Público de la Federación para que diera detalles sobre la operación de sus subalternos.
Fuentes de alto nivel de la PGR informaron que no existe ninguna acusación contra el funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública Federal; sin embargo, podría ser requerido de nueva cuenta, ya que los principales sospechosos estaban bajo sus órdenes directas.
TECERA.- Las diferencias entre los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República mantienen al gobierno de Felipe Calderón prácticamente sumido en la falta de credibilidad y sin una estrategia eficaz en su lucha contra el crimen organizado.
En estos primeros años de administración calderonista, las filtraciones de información, la presunta protección a narcotraficantes, las pugnas de poder y los vicios en ambas dependencias se han exacerbado, lo que impide que la cruzada contra los cárteles de la droga sea exitosa.
Sumado a lo anterior, las noticias sobre la infiltración de la Delincuencia Organizada en mandos policíacos y de procuración de justicia resulta grave y pone en riesgo la viabilidad misma del Estado mexicano.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de
ACUERDO
Único.- El Senado de la República invita al Secretario de Seguridad Pública, Ing. Genaro García Luna, y al Procurador General de la República, Lic. Eduardo Medina Mora Icaza, para que asistan a una reunión de trabajo con senadores integrantes de las Comisiones de Justicia; Gobernación; y de Derechos Humanos, para que informen sobre la infiltración de la Delincuencia Organizada en las estructuras gubernamentales y la llamada "Operación Limpieza" que realiza el gobierno mexicano.
Suscriben
Sen. José Luís Máximo García Zalvidea
Sen. Rubén Fernando Velázquez López
Sen. Antonio Mejía Haro
Sen. Lázaro Mazón Alonso
Sen. Héctor Bautista López
Sen. Salomón Jara Cruz
Sen. Rosalinda López Hernández
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