PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA COMISIÓN DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Los que suscriben, José Luis Máximo García Zalvidea, Rubén Velázquez López, Lázaro Mazón Alonso y Francisco Javier Castellón Fonseca, Senadores de la República a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del H. Congreso de la Unión, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad a las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primera.- El 8 de junio de 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició una queja de oficio para investigar y determinar las violaciones a derechos fundamentales en que pudieron haber incurrido diversas autoridades en el incendio en la guardería ABC, entre ellas las del Instituto Mexicano del Seguro Social, el gobierno estatal de Sonora y municipal de Hermosillo.

Segunda.- Con fecha 15 de abril de 2009, el Pleno del Senado de la República aprobó un dictamen de la Comisión de Grupos Vulnerables por el que se solicita a dependencias públicas federales y del Distrito Federal para que investiguen sobre el funcionamiento de los albergues infantiles denominados "La Casita del Sur A. C.", auspiciados por la Asociación Religiosa denominada "Iglesia Cristiana Restaurada.

Asimismo, el Senado solicitó al titular de la CNDH iniciará a la brevedad una investigación sobre el caso.

Tercera.- Asimismo, recordemos que el 20 de mayo pasado, la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo de la Primera Comisión, por el que se convoca al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a sostener una reunión de trabajo con los legisladores que integran la Primera Comisión, con el propósito de tratar la situación que guardan los derechos humanos en México.

En este sentido, nos parece oportuno que en dicha reunión se informe sobre el estado de las investigaciones con relación a dos asuntos donde evidentemente existe una violación a los derechos de niñas y de los niños.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Dr. José Luis Soberanes Fernández, que en la reunión de trabajo con legisladores integrantes de la Primera Comisión informe sobre el avance de las investigaciones relacionadas con los albergues infantiles denominados "La Casita del Sur A. C.", auspiciados por la Asociación Religiosa denominada "Iglesia Cristiana Restaurada, así como del siniestro de la Estancia Infantil ABC de Hermosillo, Sonora.

SUSCRIBEN
SEN. JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA
SEN. RUBEN VELÁZQUEZ LÓPEZ
SEN. LÁZARO MAZÓN ALONSO

SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA

PROPOCISION CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MINORÍA ÉTNICA UIGUR EN LA PROVINCIA CHINA DE XINJIANG

Los suscritos, Senadores José Luis García Zalvidea, Carlos Sotelo García y Tomás Torres Mercado, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 5 de julio, tuvo lugar en Urumqi, capital de la provincia autónoma de Xinjiang, ubicada al noroeste de China, una multitudinaria manifestación de protesta por el asesinato de dos ciudadanos chinos pertenecientes a la etnia “uigur”, después de que estos sostuvieran una riña con otros ciudadanos chinos de la etnia “han” (grupo étnico mayoritario).

Ahora bien, para entender el trasfondo étnico y arribar a una idea de la verdadera dimensión del problema, es necesario tomar en cuenta que la etnia “uigur” es una de las 55 minorías nacionales de China, que en conjunto representan tan sólo el 9% de la población total de China. El 91% restante de los 1.350 millones de chinos corresponde a la etnia mayoritaria “han”.

Los uigures son de religión musulmana, su lengua es de origen túrquico y tienen como base el alfabeto árabe. Habitan fundamentalmente en Xinjiang, que oficialmente se denomina Región Autónoma Uigur, aunque en dicha región habitan también otras minorías musulmanas, además de representantes de la mayoría han.

La presencia de miembros de la mayoría “han”, sobre todo en la capital, Urumqi, se debe a los intentos del gobierno central de repoblar esta región mayoritariamente poblada por uigures con hanes.

En la actualidad, los uigures alcanzan casi la mitad de la población de Xinjiang (el 45%), mientras que los hanes apenas rebasan el 40% de la población provincial.

Sin embargo, más allá de la composición étnica de la región, destaca la política del gobierno central para favorecer a la étnia han, principalmente a través del reparto desigual del trabajo, reservando los puestos de mayor responsabilidad en el poder para los hanes, al igual que la mayoría de los espacios en la administración pública.

De esta forma, es posible afirmar que las manifestaciones de protesta y las acciones de violencia que han tenido lugar en esta provincia China, tienen como verdadero trasfondo la aplicación de una inaceptable política de segregación étnica.

Dicha política, además de generar protestas y movilizaciones de rechazo, ha derivado en una violenta represión por parte del gobierno chino que hasta el momento tiene un saldo oficial de 184 muertos y más de mil quinientos heridos. Y resaltamos las cifras oficiales porque, tal y como lo han denunciado diversas organizaciones civiles y organismos internacionales, el número real de víctimas podría ser de varios cientos (para nadie es un secreto la estricta política de censura que sobre los medios y la información ejerce el gobierno chino, no sólo al interior de China, sino también para la prensa internacional).

Ahora bien, después de los enfrentamientos, los bloqueos a vialidades, la quema de vehículos y el asesinato de ciudadanos chinos, el conflicto ha escalado y el gobierno ha decidido imponer el toque de queda y prohibir todo tipo de reuniones públicas en la región de Urumqi.

Como resultado, la mayoría de las empresas y los restaurantes están cerradas. Sólo circulan por las calles los vehículos del ejército y la policía. La situación se ha tornado tan compleja, que el Presidente chino, Hu Jintao, canceló su participación en la cumbre internacional del G-8 celebrada recientemente en Italia.

Por si esto no fuera poco, el domingo 12 de junio, un depósito de petróleo con capacidad para almacenar 10.000 metros cúbicos de combustible explotó precisamente en una planta química de Urumqi.

Dicho acontecimiento ha venido a tensar y a complicar aún más la situación, poniendo en verdadero riesgo la estabilidad y la vigencia del estado de derecho en esta región del mundo.
La crisis política en la Región Autónoma Uigur es un conflicto local que ha adquirido una dimensión internacional al poner una vez más en la mira de la opinión pública mundial, la vergonzosa actuación del gobierno chino frente a la pluralidad política y la diversidad étnica y religiosa.

De esta manera, el mundo vuelve a ser testigo del uso de la violencia y de la represión como políticas de Estado para mantener, a cualquier precio, el control de regiones y poblaciones consideradas rebeldes.

Frente a esta situación, y frente al genocidio silencioso aplicado por China de manera sistemática en contra de aquellas regiones y minorías que no se someten a los designios del gobierno central ni de la mayoría étnica, un país como el nuestro no puede mantener un silencio cómplice.

Y menos después de que el gobierno chino ha amenazado con ejecutar y aplicar la pena de muerte a todos aquellos disidentes políticos y actores sociales que participaron en las manifestaciones de la región de Xinjiang y se atrevieron a “desafiar” al gobierno.

En este contexto, la Unión Europea ha instado de manera enérgica y contundente a China a que se contenga y garantice el respeto de los derechos democráticos. Por su parte, los Estados Unidos han lamentado profundamente las muertes en la región china.

De igual forma, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, ha declarado que "las diferencias deben resolverse pacíficamente y mediante el diálogo". A su vez, el presidente del Parlamento Europeo, Hans-Gert Pöttering, ha pedido a todos los protagonistas calma y moderación; y ha instado a las autoridades chinas a actuar dentro del respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos fundamentales.

Por todo lo anteriormente expuesto, y porque esta soberanía está obligada a pronunciarse sobre cualquier violación a los derechos humanos, sin importar el país o la región del mundo, me permito poner a su consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión lamenta las acciones de violencia y represión de las que ha sido víctima la minoría étnica uigur en la provincia China de Xinjiang; y externa su solidaridad con las familias de las víctimas que han perdido la vida.

SEGUNDO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que:
1.- Exprese al gobierno de China la condena del Estado mexicano al uso de la fuerza en contra de población civil y reitere nuestro rechazo a la aplicación de la pena de muerte.
2.- Promueva que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU realice una investigación que contribuya a escalecer y sancionar las violaciones a los derechos humanos y los asesinatos que han tenido lugar en la provincia china de Xinjiang.
3.- Exhorte al gobierno de China a ajustar su actuación a los principios de solución pacífica de controversias, apego al estado de derecho, tolerancia a la diversidad étnica y religiosa; así como respeto pleno a los derechos humanos, especialmente aquellos que tienen que ver con la libertad de expresión, asociación y manifestación.

TERCERO.- La Comisión Permanente hace votos para que la República Popular China logre arribar a un esquema de convivencia e integración pacífica entre sus distintas étnias y regiones. Comuníquese a la Asamblea Popular Nacional China.

Las lenguas túrquicas o túrcicas constituyen una familia de lenguas estrechamente emparentadas habladas desde Turquía y Europa oriental hasta el Asia central. El miembro más conocido de dicha familia es el turco que es la lengua oficial de Turquía. El uigur es una lengua que tiene más de 7.000.000 de hablantes en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (China)

SUSCRIBEN
Sen. José Luis García Zalvidea

Sen. Carlos Sotelo García
Sen. Tomás Torres Mercado

PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, RESPETO A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES

Los suscritos senadores, José Luis Máximo García Zalvidea, Carlos Sotelo García, Rubén Velázquez López, Lázaro Mazón Alonso, Tomás Torres Mercado y Francisco Javier Castellón Fonseca, así como los diputados Javier González Garza y Humberto Zazueta Aguilar, integrantes del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente Proposición Con Punto De Acuerdo Con Relación A La Participación De Las Fuerzas Armadas En Tareas De Seguridad Pública; Los Resultados En El Combate A La Delincuencia Organizada Y La Evaluación De Sus Acciones En El Respeto A Las Garantías Individuales Y Derechos Humanos, de conformidad a las siguientes

CONSIDERACIONES

La realidad mexicana es desoladora. Más allá de la creciente ola de violencia, México vive un drama cuyos ingredientes principales son la delincuencia cotidiana cada vez mas incontrolable, los múltiples secuestros perpetrados con violencia extrema, sangrientas guerras de los distintos cárteles de la droga, grupos paramilitares, encono político, debilidad de las instituciones, hartazgo de la sociedad y marginalidad componen un rompecabezas complejo al que no se le ve salida.

Así, el crecimiento de los índices delictivos, los ajustes de cuentas, así como las revelaciones de corrupción y complicidad de funcionarios públicos con el crimen organizado, fueron algunas de las estelas que heredamos desde hace tres décadas.

Pero además de ello, resulta particularmente preocupante el desarrollo del narcotráfico. Es imposible entender esta actividad sin conocer exactamente el papel que ha desempeñado el Estado en su evolución. Pero también es difícil de entender su poder y alcance sin protección de ciertos agentes del Estado al desarrollo del crimen organizado. Es obvio, que nos estamos refiriendo a una alianza perniciosa que tiene como base de entendimiento la corrupción misma. Y sin duda, es una relación que ha venido fortaleciéndose cada vez más en la medida en que este negocio tiene mejores dividendos y expande su mercado. Sin duda, esta relación perversa se gestó desde regímenes anteriores; pero es cierto que durante estos últimos años la guerra entre los cárteles de la droga no tiene precedentes, y es cierto también que tampoco tiene precedentes la incapacidad del Estado para contener al crimen organizado.

Ahora, el rostro más visible del narcotráfico en México es la violencia. Y es una violencia que está lejos de disminuir.

Ahora bien, hasta el mes de marzo pasado, la cifra de asesinatos ligados al narcotráfico en la presente administración rebasa por mucho el total de muertes ocurridas en el sexenio de Vicente Fox, periodo en el que se contabilizaron 8 mil 780 casos.

No debemos olvidar que la brutalidad de las acciones de la delincuencia organizada alimenta los encabezados de los periódicos y las editoriales de los noticieros. Así, en 40 minutos pueden batirse en batalla campal con armas de alto poder y granadas; en menos de 24 horas pueden lograr 10 ejecuciones en cuatro distintos estados, o bien como sucedió el fin de semana pasado, atacar cuarteles de la Policía Federal Preventiva en León, Celaya y Salamanca, Guanajuato; enfrentarse con miembros de la Marina en Lázaro Cárdenas, Michoacán y ejecutar de tres informantes de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Pero más allá de sus acciones violentas, es perceptible que el narco cuenta con una vasta y compleja estructura sostenida y auspiciada por las enormes ganancias que percibe. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto y cómo se distribuyen las riquezas que entran a sus arcas, pero nadie duda que son fortunas inimaginables.

El narco casi todo lo puede: corrompe a militares mexicanos y estadounidenses; intimida y asesina periodistas; soborna a policías municipales, estatales o federales; recluta a sicarios; compra favores de funcionarios públicos; adquiere armas y tecnología de punta.
Hoy prevalece la percepción de que en la guerra contra el crimen organizado, de es el Estado quien va perdiendo.

Y en el ascenso de violencia y criminalidad donde el mismo Gobierno se ve incapacitado siquiera para hacer efectiva la aplicación de la ley y mantener preservación de la paz pública.
Continuando con una espiral de violencia así, en poco tiempo le será imposible al Gobierno Federal garantizar niveles mínimos de seguridad y bienestar. Ello, por supuesto, pone en evidente riesgo la viabilidad misma del Estado mexicano.

Sin duda, es necesario evaluar la eficacia de la estrategia y el desarrollo de políticas públicas relacionadas con el aparato de seguridad-inteligencia, así como la incursión de la Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada.

Lamentablemente, los militares han tenido que ocupar un vacío donde los civiles han fracasado.
Por ello, es oportuno replantear el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, y es urgente a la vez, la necesidad de fortalecer a las instituciones civiles y a los cuerpos policíacos para que trabajen con integridad y profesionalismo y recuperen la confianza de los ciudadanos.
La sobreexposición de los cuerpos castrenses al realizar labores de seguridad pública trae consigo el riesgo permanente de que los militares también cometan abusos y violaciones a los derechos humanos.

En este sentido, es conveniente replantear la necesidad de comenzar con un proceso gradual de retorno del Ejército a sus cuarteles, e incluso reflexionar en el Poder legislativo sobre el fuero de guerra, ya que la conducta de los militares en funciones que le son ajenas debe ser sancionada por autoridades civiles.Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Único.-

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, General Guillermo Galván Galván, y de la Secretaría de Marina, Almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, a que comparezcan ante integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente para conocer sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública; los resultados en el combate a la delincuencia organizada y la evaluación de sus acciones en el respeto a las garantías individuales y derechos humanos.

SUSCRIBEN
SEN. JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA

SEN. CARLOS SOTELO GARCIA
SEN. RUBÉN VELÁZQUEZ LÓPEZ
SEN. LÁZARO MAZÓN ALONSO
SEN. TOMÁS TORRES MERCADO
SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA
DIP. JAVIER GONZÁLEZ GARZA
DIP. HUMBERTO ZAZUETA AGUILAR

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA SITUACIÓN DEL SECTOR LECHERO NACIONAL

Los suscritos, José Luis García Zalvidea, Rubén Fernando Velázquez López, Antonio Mejía Haro, Silvano Aureoles Conejo y Lázaro Mazón Alonso, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente: Proposición con Punto de Acuerdo con relación a la situación del Sector Lechero Nacional, al tenor de las presentes:

CONSIDERACIONES

El pasado 30 de abril, los suscritos presentamos ante el pleno del Senado de la República, un punto de acuerdo dirigido al Secretario de Desarrollo Social y al Consejo de Administración de Liconsa, para que en apoyo a la comercialización de leche producida por ganaderos nacionales, el Programa de Adquisición de Leche Nacional mantuviera como precio base para la compra de tal insumo, por lo menos, el de 4.20 pesos por litro; dotando de los mismos estímulos adicionales pagados durante 2008 por el enfriamiento y transporte de Leche Fresca Fría y Clarificada, lo que resultaba en un precio final de aproximadamente 5 pesos por litro.

En virtud de aquel y otros instrumentos similares, -pero principalmente- de las protestas y movilizaciones sociales de los productores, se logró comprometer a la empresa de participación estatal mayoritaria, a mantener al menos hasta diciembre próximo, el precio del litro de leche antes referido, conservando el mismo esquema por estímulos a la calidad y permanencia, que implica el pago de 50 centavos adicionales por litro.

No obstante, dicho logro se ve hoy eclipsado ante la determinación de la Secretaría de Economía de reducir el arancel de la leche en polvo, de 125.1 a 63 por ciento; así como por el aumento de los costos de producción, que hoy hace insuficiente el precio pagado a los productores.

Tenemos que enfrentar que la situación del sector lechero nacional, es más que delicada, en los últimos cinco años, alrededor de 200 mil de los 350 mil productores lecheros nacionales existentes entonces cerraron sus puertas, mientras que los 150 mil que sobreviven, enfrentan una situación de competencia desleal que los ha llevado al borde de la quiebra. Sólo este año, son cinco mil los productores que han quebrado, mientras que en 2008 fueron diez mil los lecheros que abandonaron el giro. Ello, provocó la pérdida de por lo menos 150 mil empleos directos e indirectos.

El consumo diario nacional de Leche, se estima en unos 45 millones de litros, mientras que la producción promedio es de 30 millones; es decir, somos un país deficitario, sin embargo, los productores han denunciado que por lo menos 3 millones de litros son tirados cada día, al no encontrar mercado para posicionarlos, en virtud de que la industria ha desplazado su compra al preferir polvos importados.

En este triste esquema, LICONSA tiene un rol fundamental. Recordemos que la empresa, fue creada con el doble objetivo de impulsar la adquisición de leche nacional y mantener una red de abasto social de leche, para los sectores más necesitados, reduciendo de manera paulatina y parcial, las necesidades de leche en polvo de importación.

Es lamentable, pero los hechos indican un abandono de aquella misión por parte de la empresa en comento, que año con año importa leche de diversos países, sin antes agotar el mercado interno, lo cual pone en riesgo la viabilidad de la producción nacional, al enfrentar a los productores-distribuidores a una situación competencia desleal impulsada por el Estado mismo.
Las políticas públicas implementadas hasta el momento, no han sido diseñadas para superar nuestra calidad de país deficitario y por tanto no han sido exitosas en proteger la producción nacional. Si en sólo cinco años, más de la mitad de los productores han quebrado, no cambiar de visión inmediatamente, es firmar prácticamente la condena a la quiebra a los miles de pequeños productores que dependen de LICONSA para posicionar su insumo.

Desde el Punto de Acuerdo anterior, advertíamos que la delicada situación del sector lechero, se acentúa aun más ante la crisis por la que atraviesa nuestro país. Por ello, hoy retomamos la demanda de los productores nacionales, que es, que el litro del líquido lácteo se adquiera a 5.50 pesos, precio que resulta justo, dados sus costos de producción, transporte, almacenamiento y refrigeración.

En este sentido, es necesario que el ejecutivo reconozca que la leche fresca nacional no tiene mercado por el exceso de importaciones de lácteos y subproductos lácteos. Cabe señalar que la problemática aquí planteada, ha sido reconocida ya por ciertos sectores del gobierno, basta citar las declaraciones del delegado de la SAGARPA en La Laguna, Ignacio Corona Rodríguez, quien sostiene que la crisis en la producción lechera regional amenaza 10 mil empleos directos e indirectos que genera en La Laguna, dada la preferencia a comprar polvos importados, señalando que los cupos de importaciones de estos sustitutos lácteos han dañado a los ganaderos de leche.

El ejecutivo debe de promover una competencia justa para los ganaderos mexicanos que se encuentran inmersos en un mercado globalizado, restituyendo el arancel de importación de leche en polvo o pastillas a 125.1% y haciendo que la leche fresca pasteurizada vendida por LICONSA y demás industriales tengan restricciones de calidad equiparables con los de los socios comerciales de México que se denomine a la leche pasteurizada como la secreción líquida de la glándula mamaria de las vacas sanas llevadas a un proceso de pasteurización y estandarización, y que esta misma sea la que se expenda al consumidor final. Esto hará que se reconsideren las compras de leche fresca a los productores nacionales para que puedan competir de manera medianamente justa y equitativa en precio dentro del mercado interno.

Los ganaderos lecheros nacionales están conscientes de que un aumento en el precio de compra a su leche, bajo el sistema de compra-venta que impera actualmente significaría un aumento en el precio de venta en el consumidor final, por lo que proponen que el precio de venta al consumidor final se mantenga igual. La diferencia reside en que se pague un porcentaje, del precio de la leche fresca pasteurizada (no subsidiada por el gobierno) pagado por el consumidor final, el productor primario. Esto beneficiará enormemente a los productores ganaderos nacionales, ya que esto permitirá que el ganadero mexicano tenga un margen de utilidad justo. Éste esquema ya está probado en Sonora y ha representado beneficios para ganaderos, consumidos finales, comercializadores e industrializadores que utilizan leche y no polvos y/o subproductos lácteos.

Para tal efecto se hace imprescindible la formación de un comité, compuesto por productores primarios, industrializadores, comercializadores, miembros del poder legislativo y miembros del poder ejecutivo relacionados con el tema, que analizará en forma periódica y cuantas veces sea requerido durante el transcurso del tiempo, el porcentaje destinado al productor, al industrializador y al comercializador. Cabe mencionar que en la actualidad el porcentaje del precio que se paga al productor primario fluctúa alrededor del 54% del precio al consumidor final en ese estado. Por ejemplo, si el consumidor final pagara 10 pesos por 1 litro de leche fresca pasteurizada, y el porcentaje del precio de la leche pagada al productor primario es del 54%, se le pagará al productor primario 5 pesos con 40 centavos por el litro de leche que él haya vendido.

Paralelo a esta acción se hace necesaria la modificación de la Norma Oficial Mexicana “NOM-155-SCFI-2003, Leche, fórmula láctea y producto lácteo combinado-Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba”, con la participación de los productores y demás actores involucrados; aunado a esto la elaboración de una nueva Norma Oficial Mexicana, exclusiva para leche fresca pasteurizada, ya que bajo la perspectiva de los productores, es perjudicial tanto para ellos como para los consumidores finales el hecho de que en una sola Norma se agrupen especificaciones de calidad tanto para leche como todos los demás subproductos, productos lácteos y análogos. La elaboración de esta otra Norma, permitirá que los productores nacionales puedan surtir su producto, puedan competir de manera más justa y que el consumidor final obtenga productos de mejor calidad. Las normas antes mencionadas tendrán que ser elaboradas con lineamientos similares a las de los socios comerciales de México en el extranjero, en las que por mencionar una parte, no se permite la rehidratación de leche en polvo para considerarla como leche apta para venderse como leche fresca pasteurizada.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta representación soberana, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, a integrar un Comité integrado por representantes del Sector lechero nacional, de las Secretarías de Desarrollo Social; Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y Economía, y de la Empresa de Participación estatal Mayoritaria Liconsa, S.A. de C. V.; que tenga como función Impulsar el desarrollo de la Industria Lechera, fijando precios de referencia de la Leche Fresca Pasteurizada, con base en los análisis de rentabilidad que al efecto se hagan en los sectores primario, comercial e industrial.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al C. Secretario de Economía Gerardo Ruiz Mateos, iniciar un proceso de modificación a la Norma Oficial Mexicana “NOM-155-SCFI-2003, Leche, fórmula láctea y producto lácteo combinado-Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba”, e iniciar un proceso de elaboración de una nueva Norma Oficial Mexicana exclusiva para la Leche Fresca Pasteurizada, invitando para los efectos a los representantes del Sector Lechero Nacional, así como a los asesores que aquellos juzguen necesarios.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al C. Secretario de Economía Gerardo Ruiz Mateos, a establecer un arancel de 125.1% cuando se haya rebasado el cupo mínimo establecido en los tratados de libre comercio que México haya suscrito, para la importación de leche en polvo o en pastillas comprendidas en las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

SUSCRIBEN
Sen. José Luis García Zalvidea

Sen. Rubén Velázquez López
Sen. Antonio Mejía Haro
Sen. Silvano Aureoles Conejo

Sen. Lázaro Mazón Alonso

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LAS DISPOSICIONES ANTIINMIGRANTES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD APROBADAS RECIENTEMENTE POR EL PARLAMENTO ITALIANO

Los suscritos, senadores José Luis Máximo García Zalvidea, Tomás Torres Mercado, José Guadarrama Márquez y Pablo Gómez Álvarez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión manifiesta su más enérgico rechazo a las disposiciones en materia de seguridad pública aprobadas el pasado 2 de julio por el Parlamento Italiano, por considerar que se trata de una legislación que criminaliza la migración, vulnera los derechos y las garantías procesales de los inmigrantes; y niega todo reconocimiento a la valiosa aportación cultural y económica de los trabajadores sin papeles.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que, en el marco de la reunión de Líderes del Grupo de los Cinco (G5) y de la Cumbre del Grupo de los Ocho (G8), a celebrarse en la ciudad de L´Aquila, Italia, entre el 7 y el 10 de julio de 2009, exprese al Primer Ministro de la República Italiana , Silvio Berlusconi, el enérgico rechazo del Estado Mexicano a todas aquellas políticas públicas y medidas legislativas que criminalizan la migración, discriminan y restringen los derechos elementales de las personas en función de su condición o status migratorio.

TERCERO.- Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de que solicite oficial y respetuosamente al presidente de Italia, Giorgio Napolitano, haga valer la facultad que le confiere el artículo 74 de la constitución de la República italiana, y devuelva a las Cámaras el proyecto de decreto para que sea sometido a una nueva deliberación antes de su eventual promulgación.

CUARTO.- Se instruye a la Comisión Parlamentaria Mixta México – Unión Europea a que remita al Parlamento Italiano y al Parlamento Europeo una comunicación que transmita:

1.- El contenido del presente Punto de Acuerdo.

2.- La preocupación de esta soberanía ante el sensible incremento de las tendencias racistas y xenófobas al interior de varios países miembros de la Unión Europea.

3.- Un respetuoso llamado a reconsiderar sus posiciones y a avanzar en la construcción de una legislación local y regional que salvaguarde la dignidad de los inmigrantes y reconozca su aportación al proceso de desarrollo e integración, tanto de Italia como de la Unión Europea en su conjunto.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO PARA LA PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR EL CRIMEN ORGANIZADO

Los que suscriben, Senador José Luis Máximo García Zalvidea, Lázaro Mazón Alonso y Rubén Fernando Velázquez López del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta Gobierno del Estado de Guerrero para que, en el ámbito de sus propias facultades, gestione la sustitución de los miembros de las Fuerzas Armadas por una acción conjunta entre la Policía Federal y la Estatal en los operativos para la prevención y persecución de delitos cometidos por el crimen organizado, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado sábado 20 de junio, aproximadamente a las 10:30 de la noche, nuevamente se llevó a cabo un terrible atentado en contra de civiles inocentes en un retén militar con más de 30 soldados. Estos hechos indignantes sucedieron en la carretera federal que comunica a Tlapa con Puebla, a menos de dos kilómetros de Huamuxtitlán, los reportes indican que un chofer de autobús de la línea Sur fue detenido por los militares por más de 15 minutos.

La inspección es detenida abruptamente cuando uno de los soldados nota que un indígena está usando botas tipo militar. El jefe del retén permite que el autobús siga pero siempre que el pasajero de las botas se quede, ya que su calzado no es de uso civil y constituye un delito.

En un acto de común decisión y solidaridad, el conductor, Francisco Pizano, y otros pasajeros, increpan la decisión de los soldados y piden al jefe militar que firme un documento en el cual deje constancia que el Ejército tiene al indígena, para justificar su ausencia ante la empresa.

Alrededor de las 10:50 de la noche, después de una larga discusión en la que al conductor del autobús se le ordena retirarse, con un silbido, un militar le ordena detener siendo obviamente ignorado, sin embargo a más de 100 metros el grupo armado dispara metralletas, los disparos dieron en la carrocería del autobús y en el cuello de Porfirio Rubio Villegas, un indígena de Tlapa, quien murió al instante.

No obstante de este evidente atropello a las libertades civiles y derechos humanos básicos consagrados en nuestra Constitución, los militares ordenan detener a Francisco Pizano Y Porfirio Rubio y no se les explica el motivo de su detención y las pocas versiones oficiales se contradicen.
Lo más sorprendente es que días después al volver a revisarse el camión, estando en la terminal de Huamuxtitlán, un soldado, un agente del MP y uno de la PFP encuentran unos paquetes envueltos en cinta canela a simple vista, como se describe en la averiguación ZAR/02038/2009.
Estos hechos se suman a una larga serie de acciones militares emprendidas últimamente en el Estado de Guerrero que solo perjudican el Estado de Derecho y la libertad de la población civil. En estos momentos la situación del Estado es sumamente preocupante y delicada, de permitir que estos hechos sigan incrementándose y además no encuentren justicia, pronto estallaran mayores violaciones a los derechos humanos.

Es indispensable que no permitamos que se produzca nuevamente un atentado de esta naturaleza y principalmente que las que ya hayan ocurrido se continúen por vías civiles lo antes posible. Ya he explicado con anterioridad que Guerrero necesita de un gobierno eficaz, más preocupado por las necesidades de la sociedad y no por las armas.

Incluso la sesión pasada promoví una proposición para que se redefinieran las estrategias de seguridad pública en el Estado a fin de restableciera la tranquilidad ciudadana. Tristemente aún no se han cumplido estas demandas y toda vía se ejerce temor sobre la población en Guerrero.
Por estas razones solicito que el Gobernador del Estado gestione con el Gobierno Federal la salida inmediata de las tropas en los operativos para la persecución y prevención de los delitos cometidos por el crimen organizado, solo de esa manera prevalecerá la justicia y la seguridad de la comunidad en el Estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta Gobierno del Estado de Guerrero para que, en el ámbito de sus propias facultades, gestione la sustitución de los miembros de las Fuerzas Armadas por una acción conjunta entre la Policía Federal y la Estatal en los operativos para la prevención y persecución de delitos cometidos por el crimen organizado, a fin de que se restablezca la tranquilidad ciudadana estatal lo más pronto posible.

SUSCRIBEN
SEN. JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA

SEN. LÁZARO MAZÓN ALONSO
SEN. RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIP. JESÚS HUMBERTO ZAZUETA AGUILAR, RESPECTO DEL GOLPE DE ESTADO EN LA REPÚBLICA DE HONDURAS

Los que suscriben, Diputado Humberto Zazueta Aguilar, a nombre propio y de los senadores José Luis Máximo García Zalvidea, Rubén Velázquez López, Lázaro Mazón Alonso, Francisco Javier Castellón Fonseca y Carlos Sotelo García, integrantes de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado domingo la cúpula militar hondureña dio un golpe de Estado contra el presidente constitucional de aquella nación, Manuel Zelaya. Lo anterior ha generado una crisis institucional profunda que amenaza con agravarse de no tomarse medidas concretas por parte de la comunidad regional.

El presidente Zelaya promovió la realización de una encuesta nacional en favor de la colocación de una cuarta urna en las elecciones generales del 29 de noviembre -junto a las urnas para elegir presidente, diputados y alcaldes- para que la gente decidiera si se convocaba a una asamblea constituyente que aprobara una nueva Constitución para Honduras. Esta propuesta no es vinculatoria para ningún órgano del Estado hondureño.

Debido a lo anterior, el presidente Zelaya fue centro de una serie de ataques y de una fuerte oposición de los sectores vinculados a la derecha hondureña, incluidos los grandes empresarios, la iglesia católica y el sector militar. Los opositores y algunos tribunales han buscado interpretar la propuesta de Zelaya como una “abierta provocación y un gran desafío a la Constitución” y han tratado de hacer creer a la población de un intervencionismo extranjero de los presidentes Hugo Chávez, de Venezuela y Daniel Ortega de Nicaragua. Uno de los más furiosos impugnadores de la medida de Zelaya fue el hasta entonces presidente del Congreso hondureño, Roberto Micheletti, perteneciente al mismo Partido Liberal y que perdiera las elecciones internas para obtener la candidatura presidencial de Honduras.

El pasado miércoles 26 de junio, Zelaya destituyó de su cargo al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vásquez y aceptó la renuncia al ministro de Defensa, Edmundo Orellana. Vásquez fue destituido tras la decisión de la cúpula militar de negarse a trasladar las urnas para la realización de la consulta popular del domingo.

Al día siguiente, la Corte Suprema de Justicia de Honduras ordenó la restitución en su cargo del jefe del Estado Mayor Conjunto. La magistrada de la máxima instancia judicial aceptó los recursos de amparo a favor del jefe de la cúpula militar. Por su parte, el Congreso Nacional también rechazó mediante un decreto este jueves la decisión de Zelaya. La Fiscalía también rechazó apoyar la consulta, la cual fue calificada como ilegal.

El pasado domingo, en horas de la madrugada, el presidente Zelaya fue detenido por soldados encapuchados, quienes lo condujeron al aeropuerto y lo trasladaron a Costa Rica, decretándose así el golpe de Estado que ya se avecinaba. Todos los canales de televisión salieron del aire. Se suspendió el suministro de energía eléctrica.

Horas después, fue instalado en sesión extraordinaria el Congreso hondureño; se dio a conocer una comunicación supuestamente firmada por el presidente Zelaya en la que renunciaba al cargo. Momentos después se invistió a Roberto Micheletti, presidente del Congreso, como presidente interino de Honduras. Los diputados que asistieron a la sesión acusaron a Zelaya de violar la Constitución y alabaron la actuación de los militares. Tanto la Corte Suprema como el Tribunal Supremo Electoral manifestaban su respaldo a los militares.

El golpe de Estado ha sido ampliamente condenado por la comunidad internacional. Elgobierno mexicano expresó su “profunda preocupación por la detención del presidente Zelaya y su traslado por la fuerza a Costa Rica” y manifestó su disposición a colaborar para construir vías de diálogo. Además, pidió “que se permita el regreso del presidente Manuel Zelaya a Honduras” e instó “a todas las partes involucradas para que se restablezcan a la brevedad el estado de derecho, la institucionalidad y los valores democráticos”.

En el mismo sentido, el presidente estadounidense Barack Obama manifestó su profunda preocupación por la detención y expulsión del presidente Zelaya. En un comunicado solicitó que “todas las tensiones y disputas existentes sean resueltas pacíficamente, mediante el diálogo libre de toda interferencia del exterior”. Por su parte, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, emitió una declaración más firme, al aseverar que la acción realizada contra Zelaya viola los preceptos de la Carta Democrática Interamericana, y por lo que debería ser condenada por todos.

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-Moon, expresó su firme respaldo a las instituciones democráticas de Honduras y exigió la restitución de los representantes democráticamente electos del país y el total respeto a los derechos humanos, incluyendo garantías para la seguridad del presidente Zelaya, miembros de su familia y su gobierno. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) celebró hoy una sesión de urgencia para condenar en forma unánime el golpe de Estado en Honduras, y llamó a la comunidad internacional a no reconocer otro gobierno en el país centroamericano que no sea el del presidente Manuel Zelaya.

El presidente Zelaya ha recibido el apoyo de todos los organismos y foros latinoamericanos, que denunciaron el golpe de Estado en la nación centroamericana. La Organización de Estados Americanos (OEA) también repudió al gobierno golpista y demandó la restitución inmediata del gobierno constitucional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigió aclarar el paradero de varios miembros del gabinete del mandatario constitucional quienes se encuentran desaparecidos. La Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, condenó el secuestro de Zelaya, y afirmó que no reconocerá a ningún gobierno que no sea el legal y legítimamente elegido, al exigir el restablecimiento de la democracia.

El Grupo de Río también condenó enérgicamente el golpe de Estado que “ha interrumpido el orden constitucional y democrático en Honduras”. El mecanismo de concertación política “rechaza el uso de la fuerza armada en la detención arbitraria del jefe del Ejecutivo y demanda la restitución inmediata e incondicional de Zelaya.”

El proclamado presidente de Honduras interino, Roberto Micheletti, ha señalado que “gobernará pese a la oposición internacional” y que espera que la comunidad internacional “comprenda por qué los militares y el Congreso se unieron para destituirlo del cargo”. Asimismo, ha manifestado que de regresar Zelaya será apresado. Ha negado que se trate de un golpe de Estado, “es una sucesión constitucional por las intenciones del ex presidente Manuel Zelaya de llevar al país a situaciones críticas con una enorme irresponsabilidad”, afirmó Micheletti, quien además nombró ayer a los primeros miembros de su gabinete.

Los representantes de los 19 países que integran el Grupo de Río, cuya presidencia temporal recae en México, instaron a la OEA a adoptar “soluciones drásticas” para restablecer la vida democrática de Honduras y reinstalar a Zelaya en la presidencia. Además pidieron a las Fuerzas Armadas Hondureñas subordinarse a su comandante en jefe y presidente.

El Sistema de Integración de Centroamérica, presidido por el nicaragüense Daniel Ortega logró un consenso entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Belice, Nicaragua y República Dominicana para presionar por distintas vías a los golpistas, llamando a consulta a sus embajadores, así como pedirle al Banco Centroamericano de Integración suspender los préstamos y todo tipo de desembolsos, además de cualquier relación con el gobierno de facto en lo político, financiero, cultural y de cooperación.

Dichos países adoptaron una medida similar a la acordada por la Alianza Bolivariana de las Américas, integrada por Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba, Antigua y San Vicente —grupo que además anunció el retiro de sus embajadores— dado que Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua decidieron bloquear fronteras comerciales por 48 horas
El gobierno de México resolvió ayer retirar a su embajador de Honduras en consonancia con las medidas de presión anunciadas por los países de Centroamérica, la ALBA y el Grupo de Río para revertir el golpe militar contra el presidente Manuel Zelaya el pasado domingo.

Por su parte, Zelaya ha anunciado que el próximo jueves regresará a Honduras para recuperar el poder.

América Latina no se puede permitir caer de nuevo en la tentación autoritaria de la derecha golpista que tanta sangre ha derramado en el continente y debe redoblar esfuerzos para garantizar el retorno de Zelaya como presidente constitucional.

México, por su parte, debe jugar un papel relevante en la resolución de la crisis en Honduras debido a su posición estratégica y al liderazgo que juega en la región de Centroamérica.
Por las consideraciones previamente expuestas someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena energéticamente el golpe de Estado llevado a cabo en la República de Honduras el pasado domingo 29 de junio.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace votos para que las tensiones y disputas que existen entre los hondureños se resuelvan por vías institucionales y pacíficas, deseando a la vez, que cesen las represalias en contra de la sociedad civil, y se restablezca la paz y la normalidad democrática lo antes posible.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores remita a la brevedad a esta soberanía un informe detallado acerca de las medidas que ha tomado y tomará el gobierno mexicano para dar cumplimiento a la resolución sobre la situación actual en Honduras (953 - 1700/09), aprobada por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en sesión celebrada el 28 de junio de 2009; así como para garantizar la participación de México en la instrumentación de los acuerdos alcanzados durante las reuniones privadas de mandatarios que han tenido lugar en el marco de los trabajos previos a la 34 reunión del Sistema de Integración Centroamericano (SICA).

CUARTO. Hace una respetuosa solicitud al presidente Felipe Calderón para acompañar físicamente al presidente Manuel Zelaya de regreso a Honduras con el fin de retomar la presidencia constitucional de aquella nación, como una muestra de amistad y solidaridad de nuestro país con las naciones de la región.

SUSCRIBEN
Dip. Jesús Humberto Zazueta Aguilar

Sen. José Luis Máximo García Zalvidea

Sen. Rubén Velázquez López

Sen. Lázaro Mazón Alonso

Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca

Sen. Carlos Sotelo García

INICIATIVA QUE REFORMAN LA LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN, EN MATERIA DE DEFENSORÍA PÚBLICA A EXTRANJEROS ASEGURADOS

Los suscritos, Rubén Fernando Velázquez López, José Luis García Zalvidea y Lázaro Mazón Alonso, Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente: Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley Federal de Defensoría Pública y la Ley General de Población, en materia de defensoría pública a extranjeros asegurados, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos.

La Ley Federal de Defensoría Pública, es un ordenamiento que goza de una vida relativamente corta en nuestro sistema jurídico, surgió en 1998 con el propósito de establecer nuevas y mejores normas respecto de la prestación del servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal, a fin de garantizar el derecho a la defensaen materia penal de todo individuo.

No obstante la naturaleza de representación eminentemente penal que en principio dio razón a la existencia de la institución de defensoría de oficio, la ley en comento incorpora cuestiones novedosas, como lo es la figura de asesoría jurídica, para asuntos del orden civil –entendido en un sentido amplio-, para la defensa de sus intereses y la correcta impartición de justicia; sin embargo, consideramos que aun existen casos en que las restricciones legales, así como las lagunas que prevalecen en todo orden jurídico, causan un estado de indefensión, en este particular, a los extranjeros que son asegurados por la autoridad migratoria.

Así pues, es un hecho cotidiano la indefensión a la que es sometido el inmigrante, pues aun cuando su libertad se ve restringida, al permanecer en secuestro legal en una estación migratoria, por tratarse de un caso de naturaleza administrativa y no penal, no tiene derecho el extranjero a una defensa jurídica adecuada, aun cuando sufre, o enfrenta la posibilidad de sufrir, graves vulneraciones en su esfera jurídica.

En este sentido, diversas organizaciones no gubernamentales y agrupaciones ciudadanas, han denunciado restricciones irracionales en las estaciones migratorias, como lo es el imposibilitar de facto a los migrantes asegurados el ejercicio de su derecho a contar con orientación y asesoría jurídica, o peor aun de verse legalmente representado.

Es evidente que ello, si bien no imposibilita, si dificulta en sobremanera el ejercicio de derechos básicos como lo es la asistencia consular, la interposición de recursos o la solicitud del amparo y protección de la Justicia Federal; lo cual agrava la situación de vulnerabilidad que, principalmente por la lejanía del Estado de origen, suelen enfrentar los migrantes, situación que se halla en clara contravención a lo dispuesto por Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y niega el más básico de los derechos constitucionales, que es precisamente el consagrado en el artículo 1 de nuestra carta magna, según el cual, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

Asimismo, el clima de incomunicación que aun prevalece en muchas de las estaciones migratorias –o los centros de detención, que ilegalmente han sido habilitados como tales- es otro de los factores que contribuyen al clima de permanente violación a los derechos de los migrantes que ha sido ampliamente documentado por sinnúmero de organizaciones, gobiernos y dependencias.
Cuando una persona es asegurada, el gobierno mexicano, a través de las autoridades migratorias, es responsable de vigilar se garanticen sus derechos, cuestión que en la práctica no sucede, subraya Arias.

Según la Ley Federal para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, y las recomendaciones recibidas por el gobierno mexicano de las Relatorías Especiales para Migrantes de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades migratorias deben facilitar el acceso a las organizaciones civiles a las estaciones migratorias y los lugares habilitados para visitas de monitoreo y el ofrecimiento de servicios de atención a la población migrante asegurada.

En sus visitas periódicas, una vez a la semana, en la estación migratoria del Distrito Federal, Sin Fronteras ha podido confirmar, además de las violaciones detectadas por los visitadores de la CNDH, otras como tomar declaraciones a las y los asegurados sin que puedan leerlas o sin que les entreguen una copia; no hay intérpretes; carecen del acceso a un abogado y de mecanismos para una asesoría legal, y no les informan bajo qué proceso están ahí ni el tiempo que va a durar.
En este contexto, es urgente contar con mayores protecciones, tal como la que en este instrumento se propone.

Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la facultad específica para legislar en materia de turismo, sometemos a la consideración de esta representación soberana el siguiente: Proyecto de Decreto que reforma la Ley Federal de Defensoría Pública y la Ley General de Población, en materia de defensoría pública a extranjeros asegurados.

ARTÍCULO PRIMERO. Se modifica la fracción I del artículo 4, así como el párrafo primero del artículo 10, adicionando un párrafo segundo al mismo, todo ello, de la Ley Federal de Defensoría Pública, para quedar como sigue:

“Artículo 4. Los servicios de defensoría pública se prestarán a través de:
I. Defensores públicos, en los asuntos del orden penal federal, desde la averiguación previa hasta la ejecución de las penas, así como en los asuntos de aseguramiento, expulsión y repatriación de extranjeros, y
II. (…)
Artículo 10. Los defensores públicos serán asignados inmediatamente por el Instituto Federal de Defensoría Pública, sin más requisitos que la solicitud formulada por el indiciado en la averiguación previa, el inculpado en el proceso penal, el sentenciado y el Agente del Ministerio Público o el órgano jurisdiccional, o el extranjero asegurado por autoridad migratoria según sea el caso.

Para el caso de extranjeros asegurados por autoridad migratoria, el defensor público deberá vigilar el respeto a los derechos humanos de su representado, y formular las demandas de amparo respectivas, cuando las garantías individuales se estimen violadas, mientras no cuente con asistencia de su embajada.”
Transitorio.

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 152 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:
“Artículo 152.- (…)
Durante los procedimientos que al efecto se lleven a cabo, se asignará de manera inmediata un defensor público por parte del Instituto Federal de Defensoría Pública, el cual deberá vigilar el respeto a los derechos humanos de su representado, y formular las demandas de amparo respectivas, cuando las garantías individuales se estimen violadas, mientras no cuente con asistencia de su embajada.”

Transitorio.

Único.

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SUSCRIBEN

Sen. José Luis García Zalvidea

Sen. Rubén Fernando Velázquez López

Sen. Lázaro Mazón Alonso

PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE LOS PROPIETARIOS DE LAS GUARDERÍAS SUBROGADAS DEL IMSS

Los sucritos senadores, José Luis García Zalvidea, Rubén Fernando Velázquez López y Lázaro Mazón Alonso, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE LOS PROPIETARIOS DE LAS GUARDERÍAS SUBROGADAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, de conformidad a las siguientes

CONSIDERACIONES

Con motivo del lamentable incidente en la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, donde varias decenas de niños han perdido la vida o se encuentran en estado lamentable a causa de la incendio, el 16 de junio pasado el director del Instituto Mexicano del Seguro Social Daniel Karam, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, se comprometió a difundir, a más tardar esta semana, los nombres de los propietarios de las guarderías subrogadas por esa institución.
En los medios de comunicación se señaló con relación a la difusión de los nombres de quienes administran y operan las guarderías subrogadas por el IMSS, el Lic. Karmam respondió que hay un compromiso con la rendición de cuentas y la transparencia.

En este sentido declaró que: “Estamos juntando toda esa información y en esta misma semana estará en el portal de internet la lista de todas las personas a quienes se les han adjudicado de manera directa, como aquéllas que han sido resultado de un proceso de licitación”
Más aún, el titular del IMSS señaló además: “Ha sido la prioridad de esta administración. Y vamos a seguir haciendo los cambios que sean necesarios para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas”.

Así, y ante las desafortunadas redes familiares y políticas que operan las guarderías del IMSS tras el incidente en Sonora, resulta imprescindible que la sociedad conozca los nombres de los propietarios de tales guarderías en todo el país. La publicidad de los nombres de los propietarios abonará a la rendición de cuentas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Único.-

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, LicDaniel Karam Toumeh, para que a la brevedad posible, y con el objeto de cumplir con el principio de transparencia y rendición de cuentas, haga pública la lista de los propietarios de las guarderías subrogadas por esa Institución.

SUSCRIBEN
Sen. José Luis García Zalvidea
Sen. Rubén Velázquez López
Sen. Lázaro Mazón Alonso

PUNTO DE ACUERDO QUE SE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE), ATENDER Y DAR RESPUESTA AL PROBLEMA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

Los que suscriben, José Luis Máximo García Zalvidea, Senador Lázaro Mazón Alonso y Rubén Fernando Velázquez López del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que solicita a la Administración y Enajenación de Bienes (SAE), atender y dar respuesta al problema de jubilados y pensionados de Banrural, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Actualmente es innegable que el sector de jubilados y pensionados de nuestro país se encuentra en una crítica situación económica que le ha prohibido a los extrabajadores, continuar con un mejor desarrollo personal y mejores condiciones de vida para ellos y para quienes dependen directamente de sus ingresos.

Este serio panorama, junto al acelerado proceso de envejecimiento que está viviendo el país y el aumento de precios en diversos productos, requiere soluciones efectivas que protejan de manera prioritaria en la implementación de nuevas políticas económicas, la seguridad del jubilado y la de sus ingresos ganados con años de sacrificio.

Además, al proteger a este sector en situación de vulnerabilidad, estaremos asegurando la protección y respeto a los beneficios básicos laborales a los que los jubilados y pensionados tienen derecho.

Es necesario por lo tanto no omitir los viejos problemas que aún no han podido ser resueltos por las autoridades correspondientes y que han mantenido a demasiados jubilados sin la oportunidad de recibir los beneficios que por ley y por contrato se merecen.

Este es el caso actual de los jubilados del extinto Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), cuya situación aún no han obtenido una solución real, a pesar de que se encuentran exigiendo respuesta desde el 2002 y de que se designó a la Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para dar cumplimiento al proceso de liquidación de los extrabajadores.

Actualmente el principal motivo de los jubilados del Banrural continúa siendo no solo el respeto al derecho de Jubilación y Pensiones en México, sino en particular el otorgamiento de diversas prestaciones contenidas en las Condiciones Generales de Trabajo y en la Ley Orgánica de la Financiera Rural.

Estos beneficios han dejado a un lado mayores salarios y únicamente se concentran en exigir el servicio médico para las viudas, beneficios al fallecimiento y otras prestaciones como lo es el acceso a deportivos. Estas solicitudes a las que tienen derecho no son más que herramientas nobles que les permitirán obtener una vida más digna y con mayores propósitos.

Resulta preocupante que a más de seis años su situación pareciera encontrarse en absoluto abandono y desconocimiento por parte de la autoridad encargada, lo que amenaza con dejar a más de 9 mil y Pensionados del Fideicomiso Fondo de pensiones del Sistema Banrural en completo abandono.

Incluso se han presentado una serie de irregularidades en estos años que preocupan aún más y que necesitan de una pronta solución, como es la omisión constante a la obligación del SAE para presentar informes mensuales de su avance ante las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Estos hechos, junto con una negativa por parte de la Administración y Enajenación de Bienes para dar solución al conflicto, fueron determinantes para que los jubilados comenzaran una serie de movilizaciones institucionales para intentar obtener y respetar derechos laborales.

El 10 de octubre de 2007, con ayuda de diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentaron una proposición para que se integrara un grupo de trabajo plural encargado de investigar el fideicomiso del fondo de pensiones del sistema Banrural.

El resultado de este grupo derivó en dos respetuosos resolutivos que exhortaban al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para reincorporar todas las prestaciones de los jubilados, así como el envío de un informe sobre los requerimientos presupuestales aunales para el pago de las jubilaciones.

Además, debido a que la Ley Orgánica de la Financiera Rural, por la que se rige el banco en liquidación, establece que “los jubilados y pensionados de las sociedades nacionales de crédito que se liquidan continuarán recibiendo sus pensiones y jubilaciones conforme a las condiciones generales de trabajo y convenios jubilatorios respectivos” y gracias a más de 3800 demandas, finalmente se presentó la Tesis Jurisprudencial número 2ª/J.113/204, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuya resolución exigía que los pensionados y jubilados del sistema Banrural recibieran todas sus prestaciones de la misma manera y bajo las mismas circunstancias en que lo hacían cuando aquellas se encontraban vigentes.

Sin embargo, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes continúa manteniendo permanentemente una estrategia de desatención a las solicitudes emitidas por el Poder Legislativo y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Jurisprudencia mencionada, informando que es imposible dar respuesta debido a la falta de demanda jurídica que las respalde.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al C. del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para que de manera pronta, de respuesta a las solicitudes realizadas por la Cámara de Diputados y por la propia Asociación Nacional de Empleados Jubilados de la Banca Rural A.C., con el fin de que cesen las violaciones a los derechos laborales de los jubilados y pensionados de Banrural.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al C. del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para que remita un informe a esta Comisión sobre el avance de las acciones emprendidas para acelerar los procesos de liquidación de los jubilados y pensionados de Banrural.

SUSCRIBEN
SEN. JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA

SEN. LÁZARO MAZÓN ALONSO
SEN. RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN AL ESTADO QUE GUARDAN LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CERESO DE CHETUMAL, QUINTANA ROO

Los suscritos, José Luis Máximo García Zalvidea, Tomás Torres Mercado, Rubén Fernando Velázquez López, Lázaro Mazón Alonso y Francisco Javier Castellón Fonseca, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del H. Senado de la República , en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión , la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN AL ESTADO QUE GUARDAN LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CERESO DE CHETUMAL, QUINTANA ROO, de conformidad a las siguientes

CONSIDERACIONES

Primero.-

En los primeros días de junio de este año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo, descubrió celdas de lujo al interior del Centro de Readaptación Social del Estado (Cereso) de Chetumal, por lo que se investiga una posible corrupción de funcionarios penitenciarios.

Según el Ombudsman local, señaló que hay 12 celdas de lujo dentro del área de segregados.
Las celdas de lujo están ocupadas por un solo interno, en tanto que en el resto del penal, hay entre cinco y 8 internos por celda.

Estas celdas cuentan con aire acondicionado, baño propio, televisión satelital, reproductor de DVD, y ventiladores. Además de encuentran equipadas con guardarropas elaborados de maderas finas como caoba y cedro.

Asimismo, esta Comisión de Derechos Humanos documentó que las rejas están forradas también de madera para darles un toque de “distinción” a los internos que gozan de estos privilegios.

Ante ello, el Ombudsman de Quintana Roo anunció que prepara una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, a efecto de que la dependencia deslinde, y en su caso, finque responsabilidades.

Segundo.- Ahora, después de un gran escándalo por las irregularidades detectadas al interior del Centro de Readaptación Social, reos y autoridades de esa cárcel, se encuentran bajo investigación por homicidio, luego de que la Procuraduría General de Justicia de la entidad, determinará que el reo Félix Licona fue asesinado a golpes en su celda de castigo

Según las versiones preliminares de la investigación ministerial, se concluyó que un golpe fulminante fue el que fracturó el cráneo de Felix Licona de 29 años
Y es que como resultado de la necropsia realizada se determinó que la causa de su muerte fue un fuerte golpe en la cabeza, que le provocó la fractura craneoencefálica, lo que contradice las primeras versiones de las propias autoridades del centro penitenciario que afirmaban el reo había muerto a consecuencia de una cirrosis hepática.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Primero.-

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Lic. Gaspar Armando García Torres, para que en el ámbito de su competencia, proceda a una investigación en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chetumal, Quintana Roo, con relación a:

1. El estado que guardan los derechos humanos de los reclusos en dicho Centro Penal, particularmente las relacionadas con los castigos o mediadas correctivas que se inflingen a los internos.

2. A las circunstancias relacionadas con la muerte del interno Félix Licona Nautat.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, para que una vez comunicada la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, se acate por dicha dependencia a efecto de terminar con la red de corrupción que permite que ciertos internos tengan celdas con aires acondicionados, teléfonos celulares, acceso a internet, frigobares, entre otros artículos

SUSCRIBEN

SEN. JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA

SEN. TOMÁS TORRES MERCADO

SEN. RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ

SEN. LÁZARO MAZÓN ALONSO

SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA

PUNTO DE ACUERDO PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CON LEGISLADORES DE LA COMISIÓN PERMANENTE

Los que suscriben, José Luis Máximo García Zalvidea, Ruben Velázquez López, Lázaro Mazón Alonso y Francisco Javier Castellón Fonseca, Senadores de la República a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del H. Congreso de la Unión, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo Con Relación A La Reunión De Trabajo Del Titular De La Comisión Nacional De Los Derechos Humanos Con Legisladores De La Comisión Permanente Del H. Congreso De La Unión, de conformidad a las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primera.-

El 8 de junio de 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició una queja de oficio para investigar y determinar las violaciones a derechos fundamentales en que pudieron haber incurrido diversas autoridades en el incendio en la guardería ABC, entre ellas las del Instituto Mexicano del Seguro Social, el gobierno estatal de Sonora y municipal de Hermosillo.

Segunda.- Con fecha 15 de abril de 2009, el Pleno del Senado de la República aprobó un dictamen de la Comisión de Grupos Vulnerables por el que se solicita a dependencias públicas federales y del Distrito Federal para que investiguen sobre el funcionamiento de los albergues infantiles denominados "La Casita del Sur A. C.", auspiciados por la Asociación Religiosa denominada "Iglesia Cristiana Restaurada.

Asimismo, el Senado solicitó al titular de la CNDH iniciará a la brevedad una investigación sobre el caso.

Tercera.- Asimismo, recordemos que el 20 de mayo pasado, la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo de la Primera Comisión, por el que se convoca al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a sostener una reunión de trabajo con los legisladores que integran la Primera Comisión, con el propósito de tratar la situación que guardan los derechos humanos en México.

En este sentido, nos parece oportuno que en dicha reunión se informe sobre el estado de las investigaciones con relación a dos asuntos donde evidentemente existe una violación a los derechos de niñas y de los niños.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Único.-

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Dr. José Luis Soberanes Fernández, que en la reunión de trabajo con legisladores integrantes de la Primera Comisión informe sobre el avance de las investigaciones relacionadas con los albergues infantiles denominados "La Casita del Sur A. C.", auspiciados por la Asociación Religiosa denominada "Iglesia Cristiana Restaurada, así como del siniestro de la Estancia Infantil ABC de Hermosillo, Sonora.

SUSCRIBEN
SEN. JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA
SEN. RUBEN VELÁZQUEZ LÓPEZ
SEN. LÁZARO MAZÓN ALONSOSEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA

PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA TRATA DE PERSONAS Y EXPLOTACIÓN SEXUAL POR PARTE DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

Los que suscriben, José Luis Máximo García Zalvidea, Ruben Velázquez López, Lázaro Mazón Alonso y Francisco Javier Castellón Fonseca, Senadores de la República a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del H. Congreso de la Unión, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad a las siguientes:

CONSIDERACIONES

Recientemente se denunció en una red de prostitución y de trata de personas que opera en Mérida, Yucatán. Las dos mujeres costarricenses que la interpusieron señalaron que supieron que el delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Yucatán, Hernán Vega Burgos, cobraba 15 mil pesos mensuales por proteger a quienes operaban esa red de prostitución con inmigrantes ilegales, además de que fueron obligadas a mantener relaciones sexuales con él, con deportistas, con empresarios y con otros altos funcionarios.

Aparentemente hay datos para afirmar que Vega Burgos operaba con la anuencia de otras autoridades y a niveles más altos en esta red de corrupción, de explotación sexual y de trata de personas. Tras descubrirse la red, Vega Burgos fue relevado de su cargo para permitir las investigaciones.

Keisy Johann González Corrales, la mujer que operaba la red de prostitución denunciada por las mujeres costarricenses, está desaparecida y se sabe que era la encargada de traficar mujeres de Costa Rica a Yucatán, de acuerdo con las investigaciones realizadas por la prensa.

La trata de personas y la explotación sexual de mujeres son delitos serios, más aún si se realizan con la complicidad y el auspicio de servidores públicos federales.

Cabe recordar que esta LX Legislatura del H. Congreso de la Unión aprobó en 2007 la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que tiene por objeto, entre otros, la protección, atención y asistencia a las víctimas de estas conductas con la finalidad de garantizar el respeto al libre desarrollo de la personalidad de las víctimas y posibles víctimas que sean nacionales o trasladadas al territorio nacional.

Además, en 2008 se creó la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, dependiente de la Procuraduría General de la República y que tiene por objeto la investigación y sanción de los ilícitos mencionados en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión invita a la C. Cecilia Romero Castillo, Comisionada del Instituto Nacional de Migración a una reunión de trabajo con legisladores integrantes de la Primera Comisión, con el objeto de informar sobre el desempeño de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración en respeto a los derechos humanos, particularmente a los servidores públicos adscritos a la delegación en Yucatán, donde se evidenció una red dedicada a la trata de personas y explotación sexual de mujeres.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente, para que de conformidad a la materia de su competencia, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas atraiga y actúe sobre el caso de trata de personas y explotación sexual por parte de funcionarios de la Delegación Estatal del Instituto Nacional de Migración en Yucatán.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente para que el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Dr. José Luis Soberanes Fernández, abra una investigación sobre el caso, y asista a las ciudadanas extranjeras que presentaron la denuncia penal.

SUSCRIBEN
SEN. JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA
SEN. RUBEN VELÁZQUEZ LÓPEZ
SEN. LÁZARO MAZÓN ALONSO
SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA

PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE CONVOCA A LOS TRES PODERES DE LA UNIÓN Y A LOS DIRIGENTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS A FIRMAR UN ACUERDO

Proposición con Punto de Acuerdo por la que se convoca a los tres poderes de la unión y a los dirigentes de los partidos políticos a frimar un acuerdo de civilidad política

Los suscritos, José Luis García Zalvidea y Tomás Torres Mercado, Senadores de la República a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El proceso electoral que habrá de concluir el próximo 5 de julio se desarrolla en medio de un clima de polarización y encono que, lejos de contribuir a una competencia electoral sana, atenta contra la consolidación de la incipiente democracia mexicana.

Tal situación es particularmente grave si consideramos que en esta elección intermedia se renovará en su totalidad a la Cámara de Diputados y que serán precisamente a los nuevos diputados a quienes corresponderá resolver asuntos de gran trascendencia para la viabilidad y el futuro de nuestro país. Este es el caso de reformas como la fiscal o la económica, entre otras.

La LX Legislatura del Congreso de la Unión ha aprobado la gran mayoría de las iniciativas presentadas por el titular del Poder Ejecutivo. Tal es el caso del conjunto de herramientas legales para el combate del crimen organizado que le hemos otorgado. Herramientas, con las que no había contado ningún presidente en la historia de nuestro país.

Pero ¿qué sucederá en la próxima legislatura? ¿Podremos avanzar en las reformas y enfrentar con oportunidad los grandes desafíos de nuestro país? La realidad es que si los diferentes actores políticos siguen abonando el terreno de las campañas basadas en el desprestigio, la difamación y la calumnia, estaremos cancelando los objetivos de la política y la posibilidad de discutir e impulsar las grandes reformas que le urgen a nuestro país.

Este es un momento decisivo en la historia de México y no podemos darnos el lujo de desperdiciarlo en confrontaciones estériles, que en nada contribuyen a nuestro futuro y que no responden a los reclamos de bienestar y justicia de los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se convoca a los tres poderes de la Unión y a los dirigentes de los partidos políticos a firmar un acuerdo de civilidad política, en el que se refrende el compromiso de respetar el marco legal y constitucional de nuestro país y en el que se sienten las bases para consolidar los avances democráticos alcanzados por los mexicanos.

SUSCRIBEN
Sen. José Luis García Zalvidea

Sen. Tomás Torres Mercado