CONSIDERACIONES
Recientemente se denunció en una red de prostitución y de trata de personas que opera en Mérida, Yucatán. Las dos mujeres costarricenses que la interpusieron señalaron que supieron que el delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Yucatán, Hernán Vega Burgos, cobraba 15 mil pesos mensuales por proteger a quienes operaban esa red de prostitución con inmigrantes ilegales, además de que fueron obligadas a mantener relaciones sexuales con él, con deportistas, con empresarios y con otros altos funcionarios.
Aparentemente hay datos para afirmar que Vega Burgos operaba con la anuencia de otras autoridades y a niveles más altos en esta red de corrupción, de explotación sexual y de trata de personas. Tras descubrirse la red, Vega Burgos fue relevado de su cargo para permitir las investigaciones.
Keisy Johann González Corrales, la mujer que operaba la red de prostitución denunciada por las mujeres costarricenses, está desaparecida y se sabe que era la encargada de traficar mujeres de Costa Rica a Yucatán, de acuerdo con las investigaciones realizadas por la prensa.
La trata de personas y la explotación sexual de mujeres son delitos serios, más aún si se realizan con la complicidad y el auspicio de servidores públicos federales.
Cabe recordar que esta LX Legislatura del H. Congreso de la Unión aprobó en 2007 la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que tiene por objeto, entre otros, la protección, atención y asistencia a las víctimas de estas conductas con la finalidad de garantizar el respeto al libre desarrollo de la personalidad de las víctimas y posibles víctimas que sean nacionales o trasladadas al territorio nacional.
Además, en 2008 se creó la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, dependiente de la Procuraduría General de la República y que tiene por objeto la investigación y sanción de los ilícitos mencionados en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión invita a la C. Cecilia Romero Castillo, Comisionada del Instituto Nacional de Migración a una reunión de trabajo con legisladores integrantes de la Primera Comisión, con el objeto de informar sobre el desempeño de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración en respeto a los derechos humanos, particularmente a los servidores públicos adscritos a la delegación en Yucatán, donde se evidenció una red dedicada a la trata de personas y explotación sexual de mujeres.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente, para que de conformidad a la materia de su competencia, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas atraiga y actúe sobre el caso de trata de personas y explotación sexual por parte de funcionarios de la Delegación Estatal del Instituto Nacional de Migración en Yucatán.
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente para que el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Dr. José Luis Soberanes Fernández, abra una investigación sobre el caso, y asista a las ciudadanas extranjeras que presentaron la denuncia penal.
SUSCRIBEN
SEN. JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA
SEN. RUBEN VELÁZQUEZ LÓPEZ
SEN. LÁZARO MAZÓN ALONSO
SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA
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