PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN AL ESTADO QUE GUARDAN LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO

Los que suscriben, Senadores José Luis Máximo García Zalvidea, Silvano Aureoles Conejo, Rubén Fernando Velázquez López, Lázaro Mazón Alonso, Antonio Mejía Haro, Francisco Javier Castellón Fonseca, Rosalinda López Hernández, Salomón Jara Cruz y Claudia Corichi García integrantes del Grupo Parlamentario del PRD a la LX Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO.-

Los valores de libertad, la justicia y la paz tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos.
Los derechos humanos deben ser siempre un asunto fundamental de la agenda política, otorgándoles la más alta prioridad, como nunca antes en la historia. Por ello, el respeto a las garantías de las personas debe convertirse en una política de Estado.

Sin duda, el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad y sus derechos plenos.

En este sentido, es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen auténtico de Derecho, a fin de que mujeres y hombres no vean conculcados sus garantías fundamentales.

SEGUNDO.- Sin embargo, en materia de derechos humanos aún queda mucho por hacer. Por ejemplo, hasta el momento, México no ha reconocido explícitamente en su Constitución la categoría de los tratados internacionales de derechos humanos.

Así mismo, los agentes de la policía federal, estatal y municipal de México implicados en violaciones graves de derechos humanos -como tortura y abuso sexual- especialmente las cometidas durante los disturbios en San Salvador Atenco y la ciudad de Oaxaca en 2006, no se han esclarecido completamente. Mientras a agentes policíacos y funcionarios se les exonera de sus responsabilidades penales, a sus contrapartes se les aplica abusivamente el peso de la ley.

Por otro lado, el sistema de justicia militar sigue juzgando casos de violaciones de derechos humanos pese a que las normas internacionales de derechos humanos insisten en que estos casos deben ser juzgados por tribunales civiles.

Reconocemos la enorme responsabilidad de las instituciones encargadas de la seguridad pública en el combate al crimen, pero no olvidemos que se siguen reportando un buen número de abusos tales como detención ilegales, tortura, malos tratos, a manos de agentes de seguridad ha aumentado durante las operaciones emprendidas para combatir a las bandas criminales violentas;

Los migrantes irregulares que atraviesan México son sometidos sistemáticamente a malos tratos por agentes del Estado, y a violencia sexual y de otro tipo por bandas criminales.
Debemos de reconocer que pese a los avances en la legislación para proteger a las mujeres frente a la violencia, su aplicación es tenue. Los índices de denuncia, procesamiento y condena de los responsables de violencia intrafamiliar, violación e incluso homicidios de mujeres siguen siendo extremadamente bajos.

Pero sobre todo, y en el contexto de una crisis económica de magnitudes inconmensurables, la pobreza y marginación siguen privando a muchas comunidades rurales, especialmente indígenas, del derecho a un nivel de vida adecuado y del derecho al desarrollo de acuerdo con sus propias necesidades e intereses.

TERCERO.- Debo recordar que en enero pasado, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó su último informe de labores ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. En él señaló que la CNDH emitió 67 recomendaciones y los principales destinatarios fueron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con 14; el Instituto Nacional de Migración (INM) con siete; y la Secretaría de Seguridad Pública federal con cinco.

Hay que resaltar que al rendir su informe, el Dr. Soberanes los "claroscuros" en el tema de las garantías individuales y alertó sobre la violencia en el país.

Entre los temas de relevancia preciso el caso del entrenamiento para la tortura a policías en León Guanajuato; la urgente necesidad de poner un alto a las bandas criminales que retan al Estado; las iniciativas contrarias a los derechos humanos, que proponen abierta permisividad a cateos sin orden judicial, aprehensión de personas "que parecen sospechosos" y arraigo domiciliario, así como el debate de la pena de muerte.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Único.-

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace una cordial invitación al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos, Dr. José Luis Soberanes Fernández, para celebrar una reunión de trabajo con integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente para conocer el estado que guardan los derechos humanos, con el objeto de revisar de los avances en la materia, particularmente en lo que corresponde a la seguridad pública, migración, sistema penitenciario, violencia contra mujeres y desaparición forzosa.

SUSCRIBEN
Sen. José Luis Máximo García Zalvidea
Sen. Silvano Aureoles Conejo
Sen. Rubén Fernando Velázquez López
Sen. Lázaro Mazón Alonso
Sen. Antonio Mejía Haro
Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca
Sen. Rosalinda López Hernández
Sen. Salomón Jara Cruz
Sen. Claudia Corichi García