PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, RESPETO A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES

Los suscritos senadores, José Luis Máximo García Zalvidea, Carlos Sotelo García, Rubén Velázquez López, Lázaro Mazón Alonso, Tomás Torres Mercado y Francisco Javier Castellón Fonseca, así como los diputados Javier González Garza y Humberto Zazueta Aguilar, integrantes del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente Proposición Con Punto De Acuerdo Con Relación A La Participación De Las Fuerzas Armadas En Tareas De Seguridad Pública; Los Resultados En El Combate A La Delincuencia Organizada Y La Evaluación De Sus Acciones En El Respeto A Las Garantías Individuales Y Derechos Humanos, de conformidad a las siguientes

CONSIDERACIONES

La realidad mexicana es desoladora. Más allá de la creciente ola de violencia, México vive un drama cuyos ingredientes principales son la delincuencia cotidiana cada vez mas incontrolable, los múltiples secuestros perpetrados con violencia extrema, sangrientas guerras de los distintos cárteles de la droga, grupos paramilitares, encono político, debilidad de las instituciones, hartazgo de la sociedad y marginalidad componen un rompecabezas complejo al que no se le ve salida.

Así, el crecimiento de los índices delictivos, los ajustes de cuentas, así como las revelaciones de corrupción y complicidad de funcionarios públicos con el crimen organizado, fueron algunas de las estelas que heredamos desde hace tres décadas.

Pero además de ello, resulta particularmente preocupante el desarrollo del narcotráfico. Es imposible entender esta actividad sin conocer exactamente el papel que ha desempeñado el Estado en su evolución. Pero también es difícil de entender su poder y alcance sin protección de ciertos agentes del Estado al desarrollo del crimen organizado. Es obvio, que nos estamos refiriendo a una alianza perniciosa que tiene como base de entendimiento la corrupción misma. Y sin duda, es una relación que ha venido fortaleciéndose cada vez más en la medida en que este negocio tiene mejores dividendos y expande su mercado. Sin duda, esta relación perversa se gestó desde regímenes anteriores; pero es cierto que durante estos últimos años la guerra entre los cárteles de la droga no tiene precedentes, y es cierto también que tampoco tiene precedentes la incapacidad del Estado para contener al crimen organizado.

Ahora, el rostro más visible del narcotráfico en México es la violencia. Y es una violencia que está lejos de disminuir.

Ahora bien, hasta el mes de marzo pasado, la cifra de asesinatos ligados al narcotráfico en la presente administración rebasa por mucho el total de muertes ocurridas en el sexenio de Vicente Fox, periodo en el que se contabilizaron 8 mil 780 casos.

No debemos olvidar que la brutalidad de las acciones de la delincuencia organizada alimenta los encabezados de los periódicos y las editoriales de los noticieros. Así, en 40 minutos pueden batirse en batalla campal con armas de alto poder y granadas; en menos de 24 horas pueden lograr 10 ejecuciones en cuatro distintos estados, o bien como sucedió el fin de semana pasado, atacar cuarteles de la Policía Federal Preventiva en León, Celaya y Salamanca, Guanajuato; enfrentarse con miembros de la Marina en Lázaro Cárdenas, Michoacán y ejecutar de tres informantes de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Pero más allá de sus acciones violentas, es perceptible que el narco cuenta con una vasta y compleja estructura sostenida y auspiciada por las enormes ganancias que percibe. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto y cómo se distribuyen las riquezas que entran a sus arcas, pero nadie duda que son fortunas inimaginables.

El narco casi todo lo puede: corrompe a militares mexicanos y estadounidenses; intimida y asesina periodistas; soborna a policías municipales, estatales o federales; recluta a sicarios; compra favores de funcionarios públicos; adquiere armas y tecnología de punta.
Hoy prevalece la percepción de que en la guerra contra el crimen organizado, de es el Estado quien va perdiendo.

Y en el ascenso de violencia y criminalidad donde el mismo Gobierno se ve incapacitado siquiera para hacer efectiva la aplicación de la ley y mantener preservación de la paz pública.
Continuando con una espiral de violencia así, en poco tiempo le será imposible al Gobierno Federal garantizar niveles mínimos de seguridad y bienestar. Ello, por supuesto, pone en evidente riesgo la viabilidad misma del Estado mexicano.

Sin duda, es necesario evaluar la eficacia de la estrategia y el desarrollo de políticas públicas relacionadas con el aparato de seguridad-inteligencia, así como la incursión de la Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada.

Lamentablemente, los militares han tenido que ocupar un vacío donde los civiles han fracasado.
Por ello, es oportuno replantear el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, y es urgente a la vez, la necesidad de fortalecer a las instituciones civiles y a los cuerpos policíacos para que trabajen con integridad y profesionalismo y recuperen la confianza de los ciudadanos.
La sobreexposición de los cuerpos castrenses al realizar labores de seguridad pública trae consigo el riesgo permanente de que los militares también cometan abusos y violaciones a los derechos humanos.

En este sentido, es conveniente replantear la necesidad de comenzar con un proceso gradual de retorno del Ejército a sus cuarteles, e incluso reflexionar en el Poder legislativo sobre el fuero de guerra, ya que la conducta de los militares en funciones que le son ajenas debe ser sancionada por autoridades civiles.Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Único.-

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, General Guillermo Galván Galván, y de la Secretaría de Marina, Almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, a que comparezcan ante integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente para conocer sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública; los resultados en el combate a la delincuencia organizada y la evaluación de sus acciones en el respeto a las garantías individuales y derechos humanos.

SUSCRIBEN
SEN. JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA

SEN. CARLOS SOTELO GARCIA
SEN. RUBÉN VELÁZQUEZ LÓPEZ
SEN. LÁZARO MAZÓN ALONSO
SEN. TOMÁS TORRES MERCADO
SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA
DIP. JAVIER GONZÁLEZ GARZA
DIP. HUMBERTO ZAZUETA AGUILAR