INICIATIVA POR LA QUE SE ADICIONA UNA NUEVA FRACCIÓN XV AL ARTICULO 7° DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

Con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56, 60, 63 y 135 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, los que suscriben, Senadores JAVIER OROZCO GÓMEZ, JOSÉ ISABEL TREJO REYES, RAFAEL ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, MARTHA LETICIA RIVERA CISNEROS, JOSÉ LUÍS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA, GUILLERMO ENRIQUE MARCOS TAMBORREL SUÁREZ, ALFREDO RODRÍGUEZ Y PACHECO, LÁZARO MAZÓN ALONSO, ÁNGEL ALONSO DÍAZ CANEJA, sometemos a consideración de ésta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa por la que se adiciona una nueva fracción XV al artículo 7° de la Ley General de Educación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el presente siglo, la seguridad vial constituye una de las mayores preocupaciones de la sociedad, muchos países del mundo, especialmente en Europa, América del Norte, regiones de Asia y Oceanía llevan varios años trabajando para reducir sus cifras de accidentalidad y han conseguido resultados muy significativos, sin embargo otros países se encuentran en una situación alarmante a la que es preciso poner freno por medio de estrategias coordinadas que involucren a los organismos públicos y privados, así como a toda la sociedad.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones causadas por el tránsito constituyen un importante problema de salud pública, según estimaciones, cada año mueren en el mundo 1,2 millones de personas a causa de choques en la vía pública y 50 millones resultan heridas.

Por lo anterior, es considerado ya un problema de salud pública desatendido, cuya prevención eficaz y sostenible exige esfuerzos concertados. Sin acciones preventivas exitosas los accidentes de tránsito aumentarán 65 % en los próximos 20 años.

Se estima que en los países en vías de desarrollo, dado que el número de vehículos está creciendo rápidamente, de no tomar medidas que puedan revertir la situación, para el año 2020, las lesiones causadas por el tránsito serán el tercer responsable de la carga mundial de morbilidad y lesiones.

Los costos sociales y económicos producto de los accidentes y las lesiones causadas por el tránsito ascienden al 1% del Producto Nacional Bruto de los países de ingresos bajos, al 1.5% en los ingresos medianos y hasta el 5% en los de ingresos altos.

El problema de seguridad vial y sus consecuencias a nivel mundial ha ido cobrando importancia en los últimos años, ejemplo de ello. En 2004, el Día Mundial de la Salud se enfoca por primera vez en el tema de la Seguridad Vial, lo que motivó que la OMS y el Banco Mundial publicaron lo que hasta hoy ha constituido la primera contribución global y sistemática para la construcción de un acervo de conocimientos sobre la seguridad vial, denominado el “Informe Mundial sobre prevención de traumatismos causados por el tránsito”.

Ese mismo año, la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió la Resolución 58/289 sobre el “Mejoramiento de la Seguridad Vial en el Mundo”.

En 2005, respondiendo al mandato de las Naciones Unidas y la OMS de actuar de manera global sobre esta problemática, en el plano internacional, se toman dos medidas sin precedente, se lanzó oficialmente la Global Road Safety Facility (GRSF) (Facilidad Global sobre Seguridad Vial), del mismo modo que la CEPAL publicó su primer informe regional “La Seguridad Vial en la Región de América Latina y el Caribe. Situación actual y desafíos”.

De igual forma al mandato de las Naciones Unidas, en 2006 se celebra en Costa Rica el Primer Foro de Actores para la Seguridad Vial en América Latina y el Caribe, organizado con el apoyo de la CEPAL, la OPS, la Fundación FIA, el Banco Mundial y el Foro Global de Seguridad Vial (GRSF).

En el plano Iberoamericano, la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Santiago de Chile en noviembre 2007 marcó su compromiso en su Plan de Acción para trabajar conjuntamente sobre la situación de la seguridad vial en Iberoamérica.

En respuesta a este mandato, los Ministros de Transportes Iberoamericanos se reunieron en septiembre del 2008 bajo el lema “Juventud y Fortalecimiento del Espacio Iberoamericano de Seguridad Vial” y firmaron una declaración oficial respaldando la creación de una Asociación y un Observatorio Iberoamericanos de Seguridad Vial. Esta declaración es ratificada por los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la XVII Cumbre Iberoamericana de San Salvador en octubre del 2008.

Los siniestros viales en Iberoamérica y en el Caribe constituyen un problema de primera magnitud, la principal causa de mortalidad en los jóvenes de la región, con más de cien mil muertos anuales. De acuerdo con cifras de fallecidos por cada 100,000 habitantes en 2000 y estimaciones para el año 2020; América Latina y el Caribe pasará del 26.1 a 31.0.
En este contexto y en cumplimiento de estos mandatos, los días 23 y 24 del pasado mes de febrero se llevó a cabo el Primer Encuentro Iberoamericano y del Caribe sobre Seguridad Vial “Protegiendo Vidas” (EISEVI), organizado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB); con el objeto de introducir el tema de la Seguridad Vial en las agendas políticas tanto de los países como de las organizaciones internacionales y multilaterales con la finalidad de aumentar la implicación de los ministros y jefes de estado de la región.

Este encuentro, organizado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), junto con la Dirección General de Trafico de España (DGT), el Banco Mundial, a través de la Facilidad Global para la Seguridad Vial (GFRS), la Fundación Internacional del Automóvil (FIA) y la Fundación MAPFRE; y con el apoyo de la Comisión Transitoria de Seguridad Vial para América Latina y El Caribe y del Real Automóvil Club de Cataluña (RACC); permitirá avanzar en la formación de consensos sobre principios, criterios y buenas prácticas en materia de seguridad vial, mediante planes estratégicos conducentes a la implementación de las recomendaciones del Informe Mundial para la Prevención de Lesiones por Siniestros de Tránsito de la Organización Mundial de la Salud y del Banco Mundial.

Cabe señalar, que en este encuentro participó el Dr. José Ángel Córdova Villalobos, Secretario de Salud, quién propuso que México sea la sede para la celebración de una segunda edición en 2011.
La participación del Dr. José Ángel Córdova Villalobos en dicho encuentro, pone de manifiesto la preocupación de México en el tema, ya que de acuerdo con el Dr. Arturo Cervantes Trejo, Director General del Centro Nacional de Prevención de Accidentes (CENAPRA), en nuestro país cada año mueren alrededor de 20 mil personas por accidentes de tránsito, 750 mil son hospitalizadas, entre 25 y 40 mil personas resultan con discapacidad y el costo anual promedio de los accidentes asciende a 110 millones de pesos, en daños materiales, pérdidas de la productividad, atención médica y rehabilitación; equivalente al 1,3% del PIB.

Los accidentes de tránsito constituyen la cuarta causa de muerte en nuestro país, siendo la primera entre niños y jóvenes y la segunda causa de orfandad.

Sin duda, debemos tomar en cuenta la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas A/RES/62/244, de abril de 2008, respecto a la mejora de la seguridad vial en el mundo, la cual:
“expresa preocupación porque sigue aumentando el número de muertos y heridos como consecuencia de accidentes de tránsito en todo el mundo, en particular en países en desarrollo” y “reafirma la importancia de ocuparse de las cuestiones relativas a la seguridad vial en el mundo y la necesidad de seguir fortaleciendo la cooperación internacional, teniendo en cuenta las necesidades de los países en desarrollo, en los ámbitos de la creación de capacidad en materia de seguridad vial y la prestación de apoyo financiero y técnico a sus actividades”.

Como se puede apreciar, el Tema de la Seguridad Vial se encuentra de manera constante en la preocupación de la Comunidad Internacional y de la sociedad, por ello se hace necesario reclamar la participación de los órganos del Estado.

En nuestro país, cada día se hace mayor la demanda de seguridad vial y mejores condiciones para transitar y vivir, en la que participan de manera activa las organizaciones de la sociedad civil, tal es el caso del Primer Parlamento por la Seguridad Vial, celebrado el pasado mes de octubre, en el que participaron organizaciones sociales y civiles, universidades, medios de comunicación e instituciones públicas y privadas.

Dentro de las propuestas y actividades tendientes a la participación y concientización de la ciudadanía, de este Primer Parlamento por la Seguridad Vial, se llegó a la conclusión de la necesidad de incorporar al sistema educativo a nivel primaria la Educación Vial.

Debemos comprender con amplitud, la contribución de la Educación Vial en el desarrollo integral de los educandos, que dote de las herramientas propias de la seguridad vial a la sociedad en su conjunto y contribuya con esto a conservar y garantizar su salud y seguridad.

Por último solamente señalar que algunos de los ordenamientos que regulan la seguridad vial en las Entidades Federativas, tal es el caso del Distrito Federal y Guanajuato, contemplan la incorporación de la educación vial en los planes y programas de estudio.

De ahí la importancia de que el tema de la educación vial se incorpore de manera definitiva y clara dentro de los fines de la Educación que imparta el Estado, en la Ley General de Educación.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA NUEVA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 7° DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una nueva la fracción XV al artículo 7°; de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 7°.- …
I a XIV.- …
XV.- Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la educación y seguridad vial, promoviendo y fomentando la armonía, concientización, cordialidad, solidaridad y convivencia social.

TRANSITORIOS
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEN. JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ

SEN. JOSÉ ISABEL TREJO REYES

SEN. R. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS
SEN. MARTHA L. RIVERA CISNEROS
SEN. GUILLERMO TAMBORREL SUÁREZ
SEN. ALFREDO RODRÍGUEZ Y PACHECO
SEN. LÁZARO MAZÓN ALONSO
SEN. ÁNGEL ALONSO DÍAZ CANEJA

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA INSTALAR UNA MESA DE DIÁLOGO SECCIÓN IX DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LOS SECRETARIOS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE GOBERNACIÓN, PARA QUE A LA BREVEDAD INSTALEN UNA MESA DE DIÁLOGO PARA ATENDER LAS DEMANDAS DEL COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL DEMOCRÁTICO SECCIÓN IX DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Los que suscriben, Francisco Javier Castellón Fonseca, José Luis Máximo García Zalvidea, Rubén Fernando Velázquez López y Lázaro Mazón Alonso, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del H. Senado de la Republica, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LOS SECRETARIOS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE GOBERNACIÓN, PARA QUE A LA BREVEDAD INSTALEN UNA MESA DE DIALOGO PARA ATENDER LAS DEMANDAS DEL COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL DEMOCRÁTICO SECCIÓN IX DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, de conformidad con los siguientes

CONSIDERANDOS

Actualmente la educación en México adolece de un rezago, producto de décadas de abandono por parte de los gobiernos. La indiferencia, desatención y burocratismo en el sistema educativo nacional se ha reflejado en el deterioro del mismo. Esta misma política se ha materializado en la pérdida paulatina de las conquistas laborales, sociales y económicas del magisterio y en general del conjunto de trabajadores del país.

El pasado primero de julio del año 2008, debió realizarse legalmente el XXIII Congreso Seccional Extraordinario para efectuar el cambio del Comité Ejecutivo de la Sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Este Comité es elegido por alrededor de 630 delegados, que a su vez son electos en asambleas delegacionales realizadas en todo el Distrito Federal. Del número total de delegados, el Movimiento Democrático Magisterial, ganó 500, en asambleas realizadas el día 30 de junio de 2008, logrando con esto un importante triunfo y representación, pese a las diversas acciones facciosas realizadas por el Comité Ejecutivo Nacional, como fueron la utilización de sobornos, desayunos, comidas, cenas, ofrecimiento de basificaciones, créditos para vivienda, créditos complementarios, etc.

Para la realización del Congreso Seccional Extraordinario, en un principio a los 500 delegados ganados por el Movimiento Democrático Magisterial se les dieron diversas sedes y, horas más tarde, miembros del Comité Ejecutivo Nacional acudieron al edificio del Sindicato para notificar que finalmente la sede oficial del Congreso sería el Hotel Holliday Inn, situado en calzada de Tlalpan. Es de resaltar que el lugar de la sede fue corroborado por Bernardo Quezada, representante del PANAL en el Distrito Federal.

Sin embargo al acudir al Hotel Holliday Inn para la realización del Congreso, tal y como se les fue notificado, resulta que en un local alterno situado en Santa Isabel Tola, se realizó un supuesto Congreso con una minoría de delegados, violando flagrantemente lo dispuesto en la ley y en los estatutos. En este "congreso" se eligió a un Comité Ejecutivo Seccional, que a toda luz carece de legalidad y legitimidad.

Los integrantes del Movimiento Democrático Magisterial ante tal escenario, presentaron una demanda a fin de que se nulificara el supuesto "Congreso", proceso que sigue en trámite. Sin embargo, pese a las múltiples pruebas, el Tribunal emitió en días pasados la toma de nota al Comité constituido en la ilegalidad.

Es preocupante que este tipo de acciones ejecutadas desde la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, se sigan realizando en pleno siglo XXI, la existencia de estas camarillas sindicales constituyen un verdadero obstáculo para el mejoramiento de la calidad educativa del país.

Es de interés nacional y de suma importancia que el Gobierno Federal coadyuve en la búsqueda de soluciones a este conflicto, y que en su caso, se realice un nuevo congreso para la elección de Comité Ejecutivo Seccional.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente Proposición con

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-

La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión solicita al Lic. Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social, y al Lic. Francisco Gómez Mont, Secretario de Gobernación, para que en el marco de sus atribuciones y con estricto apego a la ley, instalen a la brevedad una mesa de diálogo con integrantes del Comité Ejecutivo Seccional Democrático Sección IX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a fin de atender sus demandas y por tanto subsanar las irregularidades realizadas en el marco del XXIII Congreso Seccional Extraordinario.

SUSCRIBEN
SEN. JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA

SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA
SEN. RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ
SEN. LÁZARO MAZÓN ALONSO

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A LOS SECRETARIOS DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A LOS SECRETARIOS DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN; DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ASÍ COMO A LAS AUTORIDADES Y AL SINDICATO INDEPENDIENTE DE ACADÉMICOS DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS (SIACOP), A QUE REALICEN UN ESFUERZO PARA ALCANZAR LOS ACUERDOS NECESARIOS CON LA FINALIDAD DE PONER FIN A LA HUELGA POR LA QUE ATRAVIESA EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS

Los que suscriben, Francisco Javier Castellón Fonseca, Arturo Herviz Reyes, Silvano Aureoles Conejo, José Luis Máximo García Zalvidea, Rubén Fernando Velázquez López y Lázaro Mazón Alonso, Senadores de la República de la LX Legislatura, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con fundamento en el artículo 67, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a los Secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; del Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público, así como a las autoridades y al Sindicato Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados (SIACOP), a que realicen un esfuerzo para alcanzar los acuerdos necesarios con la finalidad de poner fin a la huelga por la que atraviesa el Colegio de Postgraduados, con base en las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERA.-

El Colegio de Postgraduados (CP) es una institución de enseñanza, investigación y servicios en Ciencias Agrícolas que fue creado hace 50 años; iniciando sus actividades en la entonces Escuela Nacional de Agricultura, el 22 de febrero de 1959, con base en el Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de ese mismo año. El propósito del Colegio era impartir cursos de perfeccionamiento para obtener los grados de Maestría y Doctorado en Ciencias en Agronomía.

SEGUNDA.- Por Decreto Presidencial, el 4 de enero de 1979, el CP se convirtió en Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), lo que implicó su separación física de la Universidad Autónoma Chapingo y la expansión institucional mediante la creación de los Centros Regionales de Puebla (que desde 1967 había iniciado actividades), Veracruz (1979), San Luis Potosí (1980), Tabasco (1986), Córdoba (1992) y Campeche (2001).

Dicho Decreto también le confirió al CP el mandato de impartir enseñanza de postgrado, realizar investigaciones y prestar servicios de asistencia técnica en materia agropecuaria y forestal. En este sentido, el Colegio de Postgraduados enseña a investigar e investiga para enseñar en un contexto de vinculación integral con su entorno bajo un sistema de Campus localizados en Campeche, Campeche; Montecillo, estado de México; Puebla, Puebla; Salinas, San Luis Potosí; Córdoba y Tepetates, Veracruz, y Cárdenas, Tabasco.

TERCERA.- Sin perder su estatus jurídico, el 23 de julio de 2001, el CP fue reconocido como Centro Público de Investigación (CPI) por la SAGARPA y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), con lo que se abrió una nueva etapa de mayores posibilidades de desarrollo para la institución dentro del sector, con la expectativa de obtener mayor flexibilidad en el manejo de los recursos, otorgando mejores salarios y condiciones de trabajo al cuerpo académico y al personal de apoyo de la institución.

CUARTA.- Entre los principales objetivos del Colegio de Postgraduados se encuentran: preparar personal al más alto nivel científico y técnico, con una orientación humanística, para las labores de investigación y docencia en las diferentes áreas de las ciencias que demanda el desarrollo agrícola y rural de México; generar y probar estrategias que hagan más viable y eficiente el proceso de desarrollo agrícola y rural del país; sistematizar y hacer disponible el conocimiento generado por sus actividades a fin de fortalecer tanto a las instituciones de enseñanza e investigación, como a los productores e instituciones relacionadas, y prestar servicios a las instituciones relacionadas con el desarrollo agrícola y aquellas que así lo soliciten.
QUINTA.- Actualmente, el CP cuenta con 616 académicos, de los cuales 390 son doctores en ciencias, 179 maestros en ciencias y 47 poseen el grado de licenciatura. De los académicos con grado doctoral, 235 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), y en las evaluaciones del Convenio de Desempeño realizadas por lo Comités de Evaluación Externa ha sido calificado siempre con niveles de excelencia.

Además, brinda 20 postgrados de investigación distribuidos en 5 Campus, de los cuales 19 están reconocidos por el Programa Nacional de Postgrado de Calidad (PNPC); 16 de ellos consolidados, dos en desarrollo y uno a nivel internacional; así como 5 maestrías tecnológicas.
SEXTA.- En el año 2004, los sueldos de los académicos de los Centros Públicos de Investigación del Sistema CONACYT fueron homologados, independientemente de los bonos, becas y primas a la productividad que también poseen. Sin embargo, en los CPI's que dependen de la SAGARPA, como es el caso del Colegio de Postgraduados y del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), los sueldos de los académicos no fueron homologados con los de sus similares del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV).

SÉPTIMA.- Desde ese entonces, el Sindicato Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados (SIACOP) solicitó a las autoridades del CP la homologación de salarios de los trabajadores académicos con sus similares de los demás Centros Públicos de Investigación, y en especial con los del CINVESTAV, pues en este último por ejemplo, un Investigador categoría 3F recibe un salario base mensual de 28, 780 pesos, mientras que un Profesor Investigador Titular del Colegio de Postgraduados (categoría equivalente) percibe un salario mensual de 18, 700 pesos, es decir, 33% menos.

OCTAVA.- En febrero de 2008, y por primera vez en la historia del Colegio de Postgraduados, el personal académico estalló una huelga ante el incumplimiento reiterado de los convenios laborales firmados ante la autoridad desde 2004 y ratificados año con año hasta el 2008, entre ellos el de la homologación de salarios.

Después de 14 días, el SIACOP levantó la huelga, obteniendo el compromiso del Director General, el Dr. Félix Valerio González Cossio, de realizar, en coadyuvancia con la SAGARPA y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las gestiones necesarias para alcanzar la homologación salarial del personal académico.

NOVENA.- Posteriormente, el 21 de abril de 2008, el Director General del CP tramitó ante la SAGARPA una propuesta para gestionar la homologación de los sueldos de los académicos con los del CINVESTAV, sin necesidad de mostrar su productividad y sólo por el hecho de ser un Centro Público de Investigación. Pero a casi un año de esta petición, el salario del personal académico del Colegio de Postgraduados sigue sin ser homologado.

DÉCIMA.- Desafortunadamente, el pasado 15 de febrero del año en curso, el SIACOP se vio obligado a estallar la huelga por el incumplimiento de los convenios firmados entre las partes, específicamente el de homologar los salarios del personal académico con sus similares del CINVESTAV. En ese sentido, el SIACOP pide que todos los fondos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (hasta ahora 24.3 millones de pesos) se apliquen directamente al salario y que se especifique el tiempo en que se completará la homologación. Cabe destacar, que el SIACOP solicita que sea en un periodo de tres años a partir de esta fecha.

DÉCIMA PRIMERA.- Ante las peticiones del SIACOP, las autoridades del Colegio de Postgraduados propusieron comenzar la homologación de los salarios para el año 2009 con una bolsa de 12 millones 300 mil pesos. Adicionalmente, ofrecieron otorgar otra bolsa de 12 millones de pesos para aquellos profesores que contribuyan a la consecución de metas establecidas en el Convenio de Desempeño, cuyos criterios serán definidos por la máxima autoridad del Colegio.
Lo anterior ha provocado el reclamo justificado de los académicos del CP, pues consideran que los 12 millones adicionales, al otorgarse bajo criterios de productividad y según criterios definidos por las autoridades -lo cual se podría prestar a manejos discrecionales-, pueden convertirse en recursos poco transparentes. Además, consideran que ese dinero debería ser destinado en su totalidad a la homologación de sus salarios, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 123 constitucional, que en su fracción VII señala que para trabajo igual debe corresponder salario igual.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente Proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-

El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a los Secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y del Trabajo y Previsión Social; así como a las autoridades del Colegio de Postgraduados y al Sindicato Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados (SIACOP), a realizar un esfuerzo parar alcanzar los acuerdos necesarios con la finalidad de poner fin a la huelga por la que atraviesa dicha institución desde el pasado 15 de febrero del presente año.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Hacienda y Crédito Público, el Ing. Alberto Cárdenas Jiménez y el Dr. Agustín Guillermo Cartens Cartens, respectivamente, así como al Director General del Colegio de Postgraduados, el Dr. Félix Valerio González Cossio, a que concluyan los trámites correspondientes para la homologación de sueldos de los académicos del Colegio de Postgraduados con sus pares del CINVESTAV.

SUSCRIBEN
SEN. JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA

SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA

SEN. ARTURO HERVIZ REYES

SEN. SILVANO AUREOLES CONEJO

SEN. RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ

SEN. LÁZARO MAZÓN ALONSO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEMIENTO PENALES

Los suscritos, José Luis Máximo García Zalvidea, Minerva Hernández Ramos Rubén Velazquez Lópezy Silvano Aureoles Conejo integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEMIENTO PENALES, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A través del derecho de acceso a la información consagrado en el artículo 6º de la Constitución Federal y regulado por la Ley Federal de TransparenciaAcceso a la Información Pública Gubernamental, específicamente por el artículo 14 del propio ordenamiento, los solicitantes de información han tenido acceso a las averiguaciones previas concluidas en versión pública, protegiendo la información clasificada contenida en las mismas.

Debo resaltar que el criterio que sostenía el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) para determinar el acceso a la información relacionada con indagatorias llevadas a cabo por el Ministerio Público, consistía en considerar como información reservada aquella vinculada a averiguaciones previas no concluidas, es decir, en trámite o en reserva, con el propósito de salvaguardar el buen curso de las investigaciones a cargo de la Procuraduría General de la República.

Al respecto debo advertir, que tratándose de solicitudes de acceso a averiguaciones previas concluidas, esto es, en los casos donde se emiten dictámenes de no ejercicio de la acción penal, o bien, en los que ha determinado consignar penalmente a una persona ante los tribunales judiciales, se había considerado procedente otorgar acceso a través de una versión pública a dichas averiguaciones previas, a sus dictámenes o a los pliegos de consignación.

Ahora bien, la reciente reforma al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, clasifica como reservadas todas las averiguaciones previas, sin distinguir entre las que se encuentran en trámite y las concluidas, y establece un periodo de reserva de tres a doce años contado a partir de que las determinaciones de no ejercicio de la acción penal han quedado firme, para permitir el acceso a esas indagatorias, lo que se estima una limitación al derecho a la información que no tiene justificación constitucional alguna.

Lo anterior, en virtud de que el texto del artículo 6º constitucional consagra como uno de los principios que deben regir en el derecho fundamental de acceso a la información, el de máxima publicidad según el cual, toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente y por razones de interés público. La reserva impuesta a las averiguaciones no cumple con ese principio constitucional, pues se impide tener acceso a ellas aún cuando estén concluidas y la única excepción que se contempla, es el caso de aquellas en las que se determinó el no ejercicio de la acción penal, siempre y cuando ya haya transcurrido un periodo de reserva que va de tres a doce años, sin que existiera una motivación razonada del legislador.

En este sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró que la reforma al artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, publicada el pasado 23 de enero en el Diario Oficial de la Federación, al considerar su inconstitucional por determinar que todas las averiguaciones previas tengan carácter estrictamente reservado y únicamente se permita el acceso a aquéllas en que se determinó el no ejercicio de la acción penal, después de pasados cuando menos tres años y hasta el plazo de doce, contados a partir de que han quedado

concluidas.

En este sentido dicho precepto limita el derecho al acceso a la información, debido a que obstaculiza el conocimiento de las indagatorias concluidas, sin que exista justificación constitucional para tal restricción.

Debo recordar quela CNDH presentó, el6 de febrero pasado, una demanda de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que dicha reforma, al calificar como estrictamente reservada la información relacionada con las averiguaciones previas, excluye de su acceso a la CNDH, con lo cual se vulnera el Título Primero y el artículo 102, Apartado B, ambos, de la Constitución Federal, al hacerse nugatorio el medio de protección no jurisdiccional de los derechos humanos previsto por la Constitución a nivel federal y, con ello, restringir la eficacia de estos derechos.

Y todo ello, tiene sentido, ya que al no tener acceso a las averiguaciones previas, la CNDH no podrá realizar su labor sustantiva de protección a los derechos humanos, pues estará imposibilitada para determinar si los diversos derechos que otorga nuestra Constitución son respetados por las autoridades administrativas relacionadas con el trámite de una averiguación previa, lo cual disminuye drásticamente las posibilidades de defensa de los gobernados, aumentando las de una conducta arbitraria de las autoridades administrativas, quienes por virtud de la reforma se liberan de un medio de control constitucional.

Hasta antes de la reforma, únicamente tenía carácter reservado la información vinculada a averiguaciones previas no concluidas, es decir, en trámite o en reserva, con el propósito de salvaguardar el buen curso de las investigaciones a cargo de la Procuraduría General de la República.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único.- Se reforma el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
Artículo 16.- El Juez...
Al expediente de averiguación previa tendrán acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido o su representante legal, así como los organismos de protección de los derechos humanos a que se refiere el apartado B, del artículo 102 constitucional, y los previstos en los tratados internacionales suscritos y ratificados por México. La averiguación previa así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, y los objetos, registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son reservados de conformidad a lo que establece la ley.
Para efectos...
Si la resolución...
Al Ministerio Público...
Al servidor público...
Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SUSCRIBEN
SEN. JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA

SEN. MINERVA HERNÁNDEZ RAMOS

SEN. RUBÉN VELAZQUEZ LÓPEZ

SEN. SILVANO AUREOLES CONEJO

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN AL AUMENTO DE LAS PERCEPCIONES DE LOS CONSEJEROS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Los suscritos, Rubén Fernando Velázquez López, José Luis García Zalvidea, Silvano Aureoles Conejo y Lázaro Mazón Alonso, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía, con carácter de urgente, la siguiente: Proposición con Punto de Acuerdo con relación al aumento de las percepciones de los Consejeros del Instituto Federal Electoral, al tenor de las presentes:

CONSIDERACIONES

En noviembre de 2006, el senador Pablo Gómez Álvarez, y en enero de 2007, el Ejecutivo Federal, presentaron sendas iniciativas con el objeto fijar un sueldo neto máximo para todos los servidores públicos del país, incluidos los funcionarios de organismos, empresas e instituciones de cualquier género. Sobre dichas iniciativas, en marzo de 2007 se presentó a discusión el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, que contiene Proyecto de Decreto que reforma los artículos 75, 115, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.En tal dictamen, se expuso: "que se atiende la demanda de los mexicanos en cuanto a que la función de los servidores públicos ha de cumplir con uno de los principios de Benito Juárez: "...bajo el sistema federativo no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley les señala".Las comisiones dictaminadoras señalaron que: "el tema de los ingresos excesivamente elevados y desproporcionados que se asignan a ciertos servidores públicos en algunos ámbitos de gobierno, es uno de los asuntos de mayor sensibilidad y que provoca indignación en la población; particularmente, en regiones donde se vive en condiciones precarias y de verdadera miseria".Recordemos que el dictamen fue aprobado por 106 votos y turnado a la Cámara de Diputados el 13 marzo de 2007, quedando pendiente su aprobación en la colegisladora. Con relación a lo anterior, viene al caso el copioso aumento a sus percepciones, que de manera unánime aprobó la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, y que quedó expresada en el "Manual de percepciones de Servidores Públicos de mando del Instituto federal Electoral para el ejercicio Fiscal 2009" según el cual, sus percepciones reales pasarán de 172 mil 379, a poco más de 330 mil pesos mensuales, es decir, un aumento de casi cien por ciento.

Lo anterior, deriva ciertamente, de una disposición constitucional, que si bien, a todas luces ha de ser revisada por éste poder legislativo; no se da en el momento más saludable para la economía mexicana, de hecho, viene a contrastar de manera por demás desafortunada con la situación de crisis que afecta a nuestra Nación.

Consideramos que un aumento de tales magnitudes, enviaría un mensaje negativo a los millones de mexicanos que viviendo al día, sostienen a un gobierno opulento. Basta señalar que mientras el salario mínimo de 2008 a 2009 observó un incremento porcentual de 4.5 por ciento, que en términos reales y dada la inflación observada al cierre de 2008, es más bien un decremento de dos por ciento; el manual en comento otorga a los consejeros del IFE percepciones por más de doscientos dos salarios mínimos mensuales.

Reconocemos que el asunto no tiene aristas jurídicas, sino implicaciones éticas, ya que las condiciones económicas, internacionales y nacionales, nos orillan a considerar medidas de austeridad y de optimización de los recursos en el ejercicio de la función pública, en todos los niveles, por lo que instamos a los consejeros de ese órgano constitucional autónomo, para que en un ánimo de sensibilidad, y ante la evidente recesión económica, ajusten sus percepciones a la realidad que vive el país.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, con carácter de urgente, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a los Consejeros del Instituto Federal Electoral a que, en una actitud ética, de austeridad y de sensibilidad frente a la situación económica nacional, mantengan sus percepciones vigentes durante el ejercicio presupuestal de 2008.

SUSCRIBEN
Sen. José Luis García Zalvidea

Sen. Rubén Velázquez López
Sen. Lázaro Mazón Alonso

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

Los suscritos, Rubén Fernando Velázquez López, Silvano Aureoles Conejo, José Luis García Zalvidea y Antonio Mejía Haro, Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente: Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de Gases de Efecto Invernadero, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos.

En diciembre de 2008, durante la reunión internacional de Poznan, Polonia, El titular del Ejecutivo Federal, Felipe Calderón, comprometió a México a disminuir en un cincuenta por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 2050. No obstante, y pese a lo noble que resulten estas intenciones, lo cierto es que en el país no se conoce a ciencia cierta cuál es el volumen de esas emisiones, ni se cuenta con herramientas adecuadas para hacer efectivo su dicho.

En este sentido y siendo México de los países con más emisiones GEI del mundo, resulta premioso dotarnos de mecanismos de instrumentación que permitan alcanzar el objetivo antes señalado, pues si bien es cierto que desde el ámbito privado se comienzan a impulsar programas destinados a reducir la emisión de GEI -tales como el programa GEI México, donde empresas miden y publican, de manera voluntaria, sus emisiones de gases de efecto invernadero, con base en una metodología que desarrollaron el World Resources Institute y el World Business Council for Sustainable Development y que ya emplean unas 1,000 compañías del mundo-, también lo es, el hecho de que el rol del gobierno en tales iniciativas, no ha sido ni por mucho el de protagonista.

En este contexto, es importante resaltar que sin estímulos u obligaciones impuestas por el gobierno, varias de las compañías que reportan GEI en México redujeron sus emisiones más de 30%, lo que pone en evidencia la posibilidad real de reducir de manera drástica la emisión de GEI por parte de la industria.

Asimismo y considerando que en diciembre de este año, en Copenhague, se comenzarán las negociaciones del protocolo que suplirá al de Kioto -que vence en 2012-, y que muy probablemente nuestro país adquirirá mayores obligaciones a las contraídas actualmente por virtud de aquel instrumento, incluyendo el reporte y reducción de emisiones de GEI; es innegable la necesidad de actualizar la normativa en la materia a efecto de poder, en un primer momento, cuantificar nuestro nivel de emisiones como país y posteriormente, establecer metas de reducción y aplicar herramientas modernas y racionalmente ecológicas.
En este sentido, la presente propuesta pretende ser un instrumento de recepción de los compromisos internacionales vigentes y venideros en materia de control, reducción de emisión de dichos agentes, estableciendo un programa permanente para la reducción y eliminación progresiva de emisiones de gases de efecto invernadero, el cual contendrá cuando menos, el inventario de emisiones en el ámbito nacional, las fuentes de emisión, los niveles de contaminación por aquellos gases, la metodología, los objetivos y mecanismos de instrumentación de las medidas control y remediación, y el cronograma para la reducción y eliminación de Gases de Efecto Invernadero.

Asimismo, proponemos que a partir de tal inventario de Emisiones, la secretaría certifique los procesos, productos y servicios que cumplan con los objetivos del programa, por lo que los responsables de la operación de fuentes fijas que emiten gases de efecto invernadero, estarán obligados a reportar semestralmente a la Secretaría sus niveles de emisión, demostrando entre cada informe una reducción de cuando menos dos por ciento respecto del reporte anterior.
Actualmente, México ocupa el lugar 14 en emisiones de gas efecto invernadero a nivel mundial, aportando el 1.5 por ciento de las emisiones globales, según cifras proporcionadas por el Investigador del Centro de Investigaciones en Ecosistemas (CIEco) de la UNAM, Omar Masera Cerutti.

Confiamos en que la aprobación de esta propuesta, junto con las normas administrativas que en consecuencia deberán ser implementadas, permitirán a México reducir de manera gradual y sostenida la emisión de tan perjudiciales gases.

Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente: Proyecto de Decreto que reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de Gases de Efecto Invernadero

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un párrafo al artículo 113 y se crean los artículos 113 bis, 113 bis 1, 113 bis 2, 113 bis 3 y 113 bis 4 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

CAPÍTULO IIPrevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera
Artículo 113.- No deberán emitirse...

La Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes de los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios establecerá un Programa Permanente para la reducción y eliminación progresiva de emisiones de gases de efecto invernadero.
Artículo 113 Bis. Los Gases de Efecto Invernadero a que se refiere esta ley, son enumerados en el anexo A, el anexo C y el anexoE del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, así como en el anexo A del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático; de conformidad con lo establecido en el texto de dichos instrumentos internacionales y las normas oficiales mexicanas relativas.
Artículo 113 Bis 1. El Programa Permanente para la reducción y eliminación progresiva de emisiones de gases de efecto invernadero, contendrá cuando menos, el inventario de emisiones en el ámbito nacional, las fuentes de emisión, los niveles de contaminación por aquellos gases, la metodología, los objetivos y mecanismos de instrumentación de las medidas control y remediación, y el cronograma para la reducción y eliminación de Gases de Efecto Invernadero.
Artículo 113 Bis 2. A partir del inventario de Emisiones señalado en el artículo anterior, la secretaría certificará los procesos, productos y servicios que cumplan con lo dispuesto en el presente capítulo.
Artículo 113 Bis 3. Los responsables de la operación de fuentes fijas que emiten gases de efecto invernadero, estarán obligados a reportar semestralmente a la Secretaría sus niveles de emisión, demostrando entre cada informe una reducción de emisiones de cuando menos dos por ciento respecto del inmediato anterior.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la secretaría promoverá y apoyará técnicamente a los responsables de la operación de fuentes fijas de jurisdicción federal, en la implementación de tecnologías ecológicamente racionales que limiten o reduzcan las emisiones de los gases de efecto invernadero.

Artículo 113 Bis 4. No podrán otorgarse o mantenerse los estímulos fiscales señalados en el artículo 116, a los responsables de la operación de fuentes fijas que emiten gases de efecto invernadero, que no acrediten el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.

Transitorio.
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suscriben
Sen. José Luis García Zalvidea

Sen. Rubén Fernando Velázquez López

Sen. Silvano Aureoles Conejo

Sen. Antonio Mejía Haro

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 4 BIS A LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La iniciativa que en este acto sometemos a su consideración, encuentra su justificación en dos premisas; primera, procurar el crecimiento económico y el bienestar social, y segunda, preservar el contenido teleológico del marco constitucional, ambas en el ámbito del comercio internacional.
En materia de comercio exterior, México se ha abierto al mundo de manera acelerada, unilateral y en muchos casos de manera desventajosa y en perjuicio de sus sectores. Bajo el síndrome de trataditis, actualmente se están negociando a espaldas de los sectores y sus actores nuevos acuerdos de libre comercio con Panamá, Perú y Corea.

La segunda premisa referida, es en el orden jurídico constitucional. El segundo párrafo del artículo 131 de nuestra Carta Magna constitucionaliza una práctica parlamentaria ancestral del Estado mexicano: que el Congreso de la Unión tenga la posibilidad de delegar al Presidente de la República, cuando así lo estime conveniente, facultades para regular situaciones referentes al comercio exterior. Cabe hacer hincapié en que la facultad originaria de regular el comercio exterior, por disposición constitucional, es del Congreso de la Unión.; el precepto en comento regula la posibilidad de otorgar al Poder Ejecutivo una facultad extraordinaria para legislar en materia comercial.

La propia Constitución dispone al menos dos condicionantes legales que se adquieren para, así, preservar la constitucionalidad de la facultad extraordinaria en comento: 1) el Presidente de la República, para hacer uso de la facultad delegada, debe referir las razones de urgencia, para preservar los objetivos que establece el propio precepto, mismos que determinan la adopción o modificación de una medida, y 2) el Congreso de la Unión, debe aprobar, o desaprobar, el uso que el Poder Ejecutivo hubiere hecho de tal facultad de forma anual. En consecuencia la delegación de tal facultad es anual y su renovación está condicionada a una calificación por parte del Congreso de la Unión del uso que hubiere hecho de la facultad delegada, y por ende, las medidas adoptadas por el Ejecutivo Federal son provisionales hasta en tanto no se convaliden por el acto de aprobación del Congreso de la Unión.

La práctica administrativa ha dejado de prestar cabal cumplimiento a los requisitos señalados. Como ejemplo, en los Decretos por los cuales se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, si a caso, sólo se refieren justificaciones políticas o de política económica general y abstracta, pero no razones de urgencia. Por tal razón, consideramos acertado, incorporar a la Ley de Comercio Exterior las disposiciones pertinentes a fin de dotar de mayor eficacia y certidumbre al precepto constitucional aludido. Para lo cual, exponemos las siguientes consideraciones, histórico-jurídicas, económicas y políticas que justifican nuestra propuesta.

Exponemos de forma sucinta, el referente histórico de la adición del segundo párrafo al artículo 131 constitucional. Las facultades para regular el comercio exterior, establecer y modificar aranceles y celebrar acuerdos con potencias extranjeras, han sido reservadas al poder Legislativo, y no así, al Poder Ejecutivo Federal.

Desde la Constitución de Cádiz de 1812 hasta la Constitución de Venustiano Carranza de 1917, sin dejar de lado las diferentes versiones de Norma Fundamental, como el Decreto de Apatzingán de 1814, la Constitución de 1824, la versión de 1836, los proyectos de 1842, las Bases Orgánicas de 1843, las de 1857 y, finalmente, la vigente de 1917; dejando al Ejecutivo la función recaudatoria de dichos impuestos. Tradición la anterior, que quedó plasmada por el Constituyente de 1917 en el artículo 131.

En el año de 1951 se adicionó al referido precepto constitucional el segundo párrafo, -que hasta el día de hoy forma parte de su texto-, con la finalidad de dotar de un mayor dinamismo e impulsar eficientemente la entonces política de sustitución de importaciones.

Si consultamos el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, correspondiente al 5 de diciembre de 1950, puede abundarse en el contenido teleológico de la reforma: i) se autoriza al Congreso a delegar la facultad de regular el comercio exterior en el Ejecutivo Federal por un principio de colaboración, respetando siempre la división de poderes, ii) la facultad delegada es de carácter extraordinario, puesto que solo puede hacer uso de la misma en casos de urgencia, y iii) con ello, se dota de un mayor dinamismo la regulación de las medidas que pueden adoptarse a la importación, exportación, tránsito de toda clase de efectos, o de lo contrario se afectaría negativamente la estabilidad económica del país, los sectores productivos o el consumo nacional.

Como referente económico de nuestra propuesta, tenemos que, en los últimos años los resultados en México no han sido favorables. El ingreso per cápita sólo ha crecido a una tasa modesta, y la reducción de la pobreza sigue constituyendo un desafío. Parecería necesario, por tanto, acelerar el crecimiento de la eficiencia, buscar en lo particular, mejorar la competitividad de los sectores productivos a partir de su especialización y el fomento industrial. Tal política debe basarse en atender pertinentemente los principios de la ventaja comparativa, así como la oferta y la demanda.La liberalización de los mercados, en el caso de México, no debe ser a partir del receso de la planeación o de la intervención total del Estado. Para procurar, primeramente el sostenimiento, y después el crecimiento del empleo, en los sectores productivos, debe hacerse a partir de una política económica óptima en el intercambio de mercancías. La cual debe, por un lado, proteger las cadenas productivas y por el otro, dotar a las mismas y al consumidor de aquellos bienes que se requieren para complementar la oferta.

En los meses recientes, en el que México como muchos otros países, se enfrentan a una crisis económica, las políticas arancelarias divergen. Mientras el resto de los países han mantenido sus aranceles a la importación o los han modificado para aumentarlos, México los ha eliminado o disminuido considerablemente, pese a la inconformidad de los sectores productivos, lo cual no se ha reflejado en beneficio en los consumidores y si ha afectado al empleo. Evidentemente nos referimos a los aranceles de la Nación Más Favorecida, es decir, aquellos que se aplican a las importaciones de los países con quienes no tenemos un Tratado de integración económica.
Las más recientes reducciones arancelarias, no distinguen en la desgravación de insumos y bienes terminados; los primeros, pueden promover la competitividad de la cadena productiva y fortalecer el empleo, pero los segundos, llevan a resultados negativos en los mismos ámbitos.
Los aranceles a la importación son un instrumento legal de carácter económico, entendidos como una barrera al comercio a fin de regular la entrada de mercancías, que se establecen para proteger a la industria nacional, mediante la fijación de impuestos. Debe, pues, entenderse y explotarse la eficacia de tal instrumento.

Como factor político, mencionamos que la pertinencia de esta reforma deviene en el momento en que pareciera que se ha incurrido en un exceso por parte del Poder Ejecutivo en el uso de la facultad delegada por el Congreso de la Unión de manera temporal.

La reforma que se propone a la Ley de Comercio Exterior es importante, en virtud de que es necesario dotar de una mayor eficacia al precepto constitucional multicitado, y por supuesto, al principio de colaboración que en materia de comercio exterior es el factor detonante del segundo párrafo del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ende, la reforma tiene la finalidad de precisar y dar mayores lineamientos a lo establecido en la Carta

Magna.

Por las razones expuestas, es pertinente que los dos Poderes de la Unión que se ven involucrados en éste ámbito, profundicen en el cumplimiento de sus obligaciones, así como en el grado de cooperación que guardan. Los fines que se pretenden son los siguientes:
Primero: aclarar que la Facultad que se delega en el Ejecutivo Federal, solo debe ser para aquellos casos en que lo estime urgente, y no así para cumplir con compromisos internacionales o negociaciones con otros Estados, cuya finalidad sea otra que atender la estabilidad de la producción nacional y el consumo.

Segundo: cuando el Ejecutivo someta a la aprobación del Congreso de la Unión el uso que hubiere hecho de la facultad delegada, lo hará a través de un informe que contenga un listado de las medidas arancelarias y no arancelarias que haya decretado, exponiendo cuáles fueron las consecuencias y los fines logrados. Toda la anterior, información es necesaria para que el Congreso de la Unión pueda evaluar la conveniencia de convalidar los actos del Ejecutivo. Que se eleve a obligación jurídica la evaluación del comportamiento de los sectores productivos del país en función del impacto de intercambio comercial. Igualmente, la posibilidad de no ratificar la permanencia de medidas que en lugar de beneficiar a la economía nacional, obstaculicen la libre circulación de las mercancías en las que no seamos autosuficientes en su producción, o por el contrario, sigan permitiendo su libre tránsito una vez que ya se ha superado la situación de emergencia que la motivó, afectando a los sectores productivos nacionales.

Tercero: que el Congreso de la Unión asuma con mayor fuerza la función de evaluar pertinentemente el uso de una facultad que le es originaria. De gran trascendencia consideramos aclarar las consecuencias de que el Congreso de la Unión no apruebe el uso que el Ejecutivo Federal hubiere hecho de la facultad delegada, las cuales son de dos ámbitos: i) dejar sin efectos las medidas que haya adoptado el Poder Ejecutivo de considerarse que no fueron motivadas por razones de urgencia, y ii) reafirmar que la autorización al Ejecutivo Federal queda sujeta a renovación anual.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.-

Se adiciona el artículo 4bis a la Ley de Comercio Exterior, para quedar como sigue:
Artículo 4 Bis.- El Ejecutivo Federal, al hacer uso de la facultad, que en su caso le sea delegada por el Congreso de la Unión, conforme a lo establecido por el segundo párrafo del artículo 131 Constitucional, deberá:

Notificar al Congreso de la Unión las medidas arancelarias y no arancelarias, que en uso de su facultad establezca, en el momento en que la adopte;
Exponer, en el Decreto que para tal efecto expida, las razones de urgencia que justifican el establecimiento de las medidas; y

Presentar un informe anual al Congreso de la Unión que deberá incluir los resultados que se obtuvieron del establecimiento de las medidas y en qué magnitud se preservaron los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 131 constitucional.

TRANSITORIO

ÚNICO.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sen. José Luis Máximo García Zalvidea

Sen. Antonio Mejía Haro
Sen. Claudia Corichi García
Sen. Rubén Velázquez

PUNTO DE ACUERDO PARA QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE CHICHÉN ITZÁ SEA INCORPORADA AL PATRIMONIO DE LA NACIÓN.

Los suscritos, Senadores de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente proposición con Punto de Acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

Es preocupante que continuamente nos veamos orillados a referirnos a las amenazas constantes que padece nuestro patrimonio arqueológico. Sin embargo, tales amenazas no nos dan otra opción que dirigirnos de nuevo a esta soberanía para llegar a un punto de acuerdo y exhortar respetuosamente, como debe ser en nuestro régimen de separación de poderes, al Titular del Ejecutivo Federal para que en ejercicio de sus atribuciones, como lo indica la Ley Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, propicie la salvaguarda de los monumentos arqueológicos ubicados en el sitio denominado Chichén Itzá, actualmente propiedad de particulares.

Es pertinente recordar que Chichén Itzá es uno de los principales sitios arqueológicos vestigio de una de las civilizaciones prehispánicas más importantes: la cultura maya, aunque en el caso de estos monumentos, se percibe una influencia de la cultura del Valle de México.

Se ha discutido esta noción de la fundación de Chichén-Itzá por los Chanes, ya que hay autores que en un pasado se la atribuyeron a los Xiues. Sin embargo, prevaleció la corriente que considera a estos últimos como extranjeros en Yucatán, es decir invasores, de donde se explica su condición de tenaces adversarios de los Itzáes descendientes de los Chanes, y de los Cocomes, descendientes a su vez de los Itzáes.

Habiendo establecido los Chanes la capital de su gobierno en Chichén Itzá precisamente en la época señalada, provenientes de Bacalar, continuaron su trayecto de oriente a poniente en la península de Yucatán, al cabo del cual fundarían también otras ciudades importantes como Ek balam, Izamal, Motul, y T-hó, la actual Mérida de Yucatán y Champotón.5
Ya hacia el final del Clásico tardío (600-900d.C. siglo IX), Chichén se convirtió en uno de los más importantes centros políticos de las tierras bajas del Mayab. Para el principio del Posclásico (desde el año 900 hasta el 1527), la ciudad se había consolidado como principal centro de poder en la península yucateca. Las edificaciones de Chichén Itzá muestran un gran número de elementos arquitectónicos e iconográficos que algunos historiadores han querido llamar mexicanizados mezclados con reminiscencias del estilo Puuc de la arquitectura clásica maya. La presencia de estos elementos procedentes de las culturas del Altiplano Central fueron concebidas hasta hace algunos años como producto de una migración masiva o conquista de la ciudad maya por parte de grupos toltecas. Sin embargo, estudios más recientes sugieren que pudieron haber sido la expresión cultural de un sistema político muy extendido y prestigioso durante el Posclásico temprano en toda Mesoamérica.

De acuerdo con la evidencia disponible, es posible que muchas de las construcciones principales de la ciudad fueran incendiadas hacia el final del siglo XIII. Por lo tanto, se puede decir que el declive de Chichén Itzá se dio en un contexto de violencia, que conllevó a la pérdida de la hegemonía en el Mayab. En el año 987 d.C. se formó la Liga de Mayapán, que fue una unión de casas sacerdotales de la península, entre las más importantes, estaban: Uxmal, Mayapán y Chichén Itzá, sin embargo esta liga fue destruida debido a la declaración de guerra realizada por Hunac Ceel, quién se proclamó Halach Uinik de Mayapán, originando así la huída de los itzáes al Petén guatemalteco en el año 1194 d.C.

Guerreros, sacerdotes y comerciantes constituían la élite gobernante en Chichén Itzá. Introdujeron el culto al dios Kukulcán, el equivalente al Quetzalcóatl (serpiente emplumada) del Altiplano. Levantaron construcciones con taludes y muros verticales y representaciones del dios pájaro-serpiente. El militarismo fue el fundamento indudable de esta cultura. Esto se hace evidente en el monumento llamado Plataforma de las Calaveras donde exhibían, clavados en estacas, los cráneos de cientos de enemigos.

Hacia el año 325, la ciudad, que en un principio fue un pequeño poblado de chozas, madera y paja, floreció y sus habitantes comenzaron a erigir edificaciones monumentales cerca del cenote llamado Xtoloc. Al parecer, creció de manera dispersa en los primeros tiempos, para posteriormente ser diseñada cuidadosamente dejando grandes espacios entre los templos. Las distancias entre los edificios se cubrían de amplias calzadas o vías principales, elevadas sobre el suelo, llamadas Sacbés (caminos blancos, en maya).

Los monumentales edificios de la Gran Explanada de Chichén Itzá están presididos por la Pirámide de Kukulcán, uno de los edificios más altos y notables de la arquitectura maya. Es una pirámide de cuatro lados que culmina en un templo rectangular. Se asienta sobre una plataforma rectangular de 55.5 metros de ancho y tiene una altura de 24 metros. Cada lado de la pirámide tiene una gran escalinata que conduce al templo superior. Balaustradas de piedra flanquean cada escalera, y en la base de la escalinata norte se asientan dos colosales cabezas de serpientes emplumadas, efigies del dios Kukulcán.

En el siglo XVI el conquistador español Francisco de Montejo y el franciscano Diego de Landa realizaron las primeras visitas a la zona y dieron cuenta de la existencia de la ciudad.8 En 1840 John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood visitaron la zona arqueológica de Chichén Itzá, en ese tiempo el área se encontraba dentro de la hacienda del mismo nombre que pertenecía a Juan Sosa.9 En 1894, el mayista Edward Herbert Thompson adquirió la Hacienda de Chichén-Itzá, realizó algunos estudios en la zona, en especial dentro del cenote sagrado, al mismo tiempo saqueó objetos encontrados en sus exploraciones que envió al Museo de Arqueología y Etnología afiliado a la Universidad de Harvard (Peabody Museum of Archaeology and Ethnology), posteriormente y debido a la petición del gobierno mexicano, los objetos fueron devueltos. Al morir Thompson en 1935 la propiedad pasó a sus herederos y, en la actualidad el predio donde se encuentran estos magníficos tesoros arqueológicos es propiedad de la familia Barbachano.

Que un grupo de monumentos arqueológicos se encuentra en una propiedad privada es algo que reconoce la Ley de la materia, pero a dichos propietarios le impone una serie de obligaciones, destacándose entre ellas las de mantener y conservar los monumentos. Dado que esto significa una carga para los propietarios, la propia Ley señala que se les podrá dar facilidades para cumplir con sus obligaciones, pero es una realidad que a pesar de ello, las mismas resultan gravosas.

En algunos casos, ha sucedido que para aligerar esas cargas, los propietarios hacen uso del dominio que tienen sobre el predio para permitir o establecer recintos y establecimientos que les permiten realizar actos de comercio, pero el efecto de esto es que se genera un deterioro constante y con frecuencia irreparable en el entorno, afectándose así la integridad de los monumentos arqueológicos que ahí se encuentran. Esto lo puede constatar cualquiera que haya visitado Chichén Itzá.

Es de hacerse notar que la zona arqueológica de Chichén Itzá fue inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1988 y el 7 de julio de 2007, fue reconocida como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo, por una iniciativa privada sin el apoyo de la Unesco, pero con el reconocimiento de millones de votantes alrededor del mundo.
Debemos preguntarnos si tales reconocimientos no son motivo suficiente para movernos a la reflexión y tomar medidas eficaces para que dicha zona y sus monumentos pasen a formar parte del régimen patrimonial de la Nación mexicana.

Es decir, ya que la Ley Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos Históricos en su artículo 27 señala que son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles, ya que en el caso que nos ocupa los monumentos se encuentran en un predio de propiedad privada, el razonamiento natural nos lleva a concluir que es necesario que, de acuerdo con lo que establece la legislación en materia de expropiaciones, se proceda en consecuencia por parte del Gobierno Federal y se incorpore dicho predio al patrimonio de la Nación.

Consideramos que no hay lugar a duda en cuanto al motivo de utilidad pública que significa la expropiación del predio de referencia. Es urgente que la autoridad federal tome acciones decisivas en el caso de Chichén Itzá; no dudamos que la propiedad privada es un derecho consagrado en nuestra carta magna, pero no titubeamos al señalar que el mismo dispositivo constitucional apunta las salvedades y limitaciones de ese derecho, como ocurre en el presente caso.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de este Honorable Pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente:

Punto de Acuerdo

PRIMERO.- El Senado de la República, LX Legislatura, exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a que en el ámbito de sus atribuciones realice los actos necesarios para que la Zona Arqueológica de Chichén Itzá sea incorporada al patrimonio de la Nación.

SEGUNDO.- Que el Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia informe detalladamente y paso a paso al Senado de la República, por conducto de la Comisión de Cultura, las gestiones realizadas y por efectuar para que la Zona Arqueológica de Chichén Itzá sea incorporada al patrimonio de la Nación.

SUSCRIBEN
Sen. José Luís Máximo García Zalvidea

Sen. María de Lourdes Rojo e Incháustegui

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LAS ADICCIONES ENTRE LOS JÓVENES MEXICANOS

Los que suscriben, Senadores José Luis Máximo García Zalvidea,Silvano Aureoles Conejo, Guadalupe Francisco Javier Castellón Fonseca, Lázaro Mazón Alonso y Rubén Fernando Velázquez López, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD a la LX Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El año pasado el secretario de Salud, José Angel Córdova Villalobos, presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones.Los resultados no son nada alentadores. Se consume más droga y los adictos son más jóvenes, lo que amplía sustancialmente la franja del mercado ilícito de las drogas.

En sólo seis años creció 50 por ciento el número de personas adictas a las drogas ilegales y en 30 por ciento el número de quienes alguna vez las han consumido, pero la cifra de mujeres entre 12 y 25 años de edad, dependientes de cocaína y drogas de diseño aumentó seis veces en el mismo periodo, revela la Encuesta Nacional de Adicciones 2008.

Sin embargo, alrededor de 500 mil en el país-, sólo 16 por ciento ha acudido o acude a tratamiento, además de que 20 por ciento de la población general los ve como delincuentes.
Al presentar los resultados del estudio, el funcionario resaltó que lo más preocupante es la alta disponibilidad de las drogas para los jóvenes. .

Hasta 43 por ciento de los jóvenes de entre 12 y 25 años de edad está expuesto a ellas.
De éstos, la mitad llega a consumir la sustancia de manera experimental, 13 por ciento pasa al uso frecuente y dos por ciento de los hombres y 1.2 por ciento de las mujeres llegan a niveles de dependencia.

Respecto a las mujeres, la encuesta destaca que si bien para ellas es menor la exposición, cuando consumen, lo hacen igual que los varones, y en los pasados seis años el uso de drogas aumentó a mayor velocidad entre la población femenina con respecto a los hombres y, de hecho se duplicó, al pasar de 0.9 a 2 por ciento.

Significa que existen aproximadamente 800 mil mujeres que alguna vez en la vida han consumido enervantes.

En tanto, en la población masculina el incremento fue de 15 por ciento, al pasar de 7.99 a 9.2 puntos porcentuales.

Así, todavía son más los hombres consumidores. Por cada 4.6 de ellos hay una mujer.
La encuesta aplicada en más de 50 mil hogares encontró que entre 2002 y 2008 el número de personas que alguna vez han probado una droga pasó de 3.5 millones a 4.5 millones, equivalente a un aumento de 29 por ciento.

En el mismo lapso, la cantidad de adictos subió de 307 mil a 465 mil. En cuanto al tipo de sustancia, sobresale que el consumo de cocaína se duplicó y de 1.3 por ciento subió a 2.5 por ciento, aunque la de mayor preferencia sigue siendo la marihuana con 4.4 por ciento de usuarios.
En 2002 el porcentaje era de 3.8 por ciento.

Le siguen los inhalables con 0.7 por ciento y las metanfetaminas con 0.5 por ciento.
Después están los alucinógenos preferidos por 0.4 por ciento de los consumidores y la heroína elegida por 0.2 por ciento de las personas.

No olvidemos que el incremento de consumo de drogas se debe principalmente a la gran oferta la oferta, el fácil acceso y al abaratamiento en los precios.

De ahí que también exista una gran disponibilidad y exposición, principalmente entre los jóvenes, que son la población más vulnerable a caer en las adicciones.

En 82 por ciento de los casos, la exposición se da en las escuelas y en la población de 12 a 25 años de edad.

Todavía más grave es el hecho de que a 17 por ciento de los adolescentes que decidieron consumir la droga, la obtuvieron regalada.

En la comunidad el grupo de 26 a 34 años tiene 28 por ciento de exposición y en el lugar de trabajo 34 por ciento del grupo de 35 a 65 años es el que tiene más contacto.

Otros datos arrojados por la investigación realizada por los institutos nacionales de Salud Pública y de Psiquiatría indican que 71 por ciento de las personas que viven en familia -así sea uniparental- no les han ofrecido drogas regaladas, lo que sí le ha ocurrido a la mitad de los jóvenes que no viven con ella.

Además, es menos probable la progresión hacia la experimentación y el uso re-gular cuando se es parte de un núcleo familiar.

Los adolescentes entre 12 y 17 años tienen 68 veces más probabilidad de usar marihuana cuando están expuestos a ella que aquellos que ya han alcanzado la mayoría de edad.

La investigación también encontró que los adolescentes están más propensos a alcanzar un nivel de dependencia de las drogas.

Una vez que han usado alguna de ellas, 39 por ciento de los adolescentes, 24 por ciento de los adultos jóvenes (18 a 35 años) y 15 por ciento de los mayores de 18 años, caen en esa situación.
Al abordar la importancia que tiene el contexto en el que se encuentran las personas con relación al riesgo de consumir estupefacientes, se detectó que cuando el padre de familia usa drogas es 4.4 veces más probable que su hijo también lo haga.

La probabilidad sube a 4.6 si se trata del hermano y hasta 10 veces si es un amigo.

Sobre la edad de quienes utilizan drogas, la información presentada en la Secretaría de Salud (SSA) se limita a señalar que 90 por ciento de los usuarios inició su consumo antes de cumplir 26 años.

La mitad de quienes consumen marihuana lo hizo por primera vez antes de los 18 y en el caso de la cocaína 32 por ciento de los entrevistados señalaron que se iniciaron con ella antes de esa edad.

A partir de la encuesta también se confirmó que el consumo de tabaco y alcohol favorece el consumo de drogas ilegales, igual que los problemas emocionales de los jóvenes.

En la encuesta también se encontró que 10 por ciento de los adolescentes había intentado suicidarse.

Hoy, en los tiempos en que el crimen organizado controla buena parte del territorio nacional; amplía su influencia en los países consumidores; adquiere recursos humanos, tecnología y armas para enriquecerse y ganar más poder aún, es necesario tener información y construir diagnósticos para prevenir, paliar y combatir las adicciones en mercado potencialmente integrado por niños, adolescentes y jóvenes mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-

El Senado de la República, a través de la Comisión de Juventud y Deporte, acuerda celebrar un coloquio de alto nivel sobre el problema de las adicciones de los jóvenes mexicanos a efecto de que esta soberanía construya instrumentos legislativos para la mejorar las políticas públicas en la materia.

SUSCRIBEN
SEN. JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA
SEN. SILVANO AUREOLES CONEJO
SEN. RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ
SEN. LÁZARO MAZÓN ALONSO
SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 213-BIS I, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

Los suscritos, Lázaro Mazón Alonso, Rubén Fernando Velázquez López y José Luis Máximo García Zalvidea, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 213-Bis I, del Código Penal Federal, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El cuidado al medio ambiente es un tema sumamente importante y ahora prioritario para proteger nuestro desarrollo social y económico. La política ambiental de México precisamente ha intentado frenar el deterioro del medio ambiente y de los recursos naturales, que de no cumplirse, podrían afectar los recursos forestales de propiedad social y patrimonio de 12 millones de mexicanos, la mayoría en condiciones de pobreza y marginación. Esta política se ha enfocado principalmente en crear herramientas necesarias para enfrentar los nuevos desafíos ambientales, tales como el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono o la degradación ambiental de cuencas.

Sin embargo es necesario mencionar que estas políticas primordiales para proteger el hábitat en el que vivimos tiene además un enorme desafío a vencer por la actual disociación entre las políticas públicas y principalmente, también enfocar esfuerzos contra la forma creciente de nuevos delitos y delincuentes.

No cabe duda que existen diversos efectos industriales negativos que han impedido en la última década mantener una mejoría respecto a las cuestiones ambientales, que fundamentan la calidad de vida junto con la noción de distribución equitativa de costos y beneficios ambientales, pero han quedado rezagadas las acciones ilícitas contra el mantenimiento de políticas ecológicas, que ya están adquiriendo mayor relevancia.

El abuso indiscriminado o simplemente el mal uso de los recursos naturales que se obtienen del medio ambiente, es un delito que afecta directamente al resto de la población mexicana, el agua y el aire están contaminándose, los bosques están desapareciendo y a la explotación excesiva de los animales van deteriorando nuestro balance ecológico.

Nuestro país tiene el gran reconocimiento de ser uno de los territorios con mayor diversidad biológica en el mundo, la amplitud de nuestra biodiversidad se refleja que se en el alto número de especies diferentes que conviven en nuestra área geográfica. Tan solo México cuenta 55.3 millones de hectáreas de bosques en las que habitan 50% de todas las especies de pino que hay en el mundo, 37% de nuestro país es desierto, seguido por bosques de coníferas y encino con el 19.34% y selvas tropicales con el 14.14%. México además se encuentra en los primeros lugares de las listas de riqueza de especies animales al tener 707 reptiles, 491 mamíferos y 282 anfibios.
Estas ventajas que se nos ha otorgado naturalmente, corren el gran peligro de perderse ante el descuido por parte de todas las autoridades federales, actualmente los recursos naturales con lo que cuenta nuestro país, han sufrido un descenso significativo a causa del constante saqueo indiscriminado, la introducción no ponderada de especies exóticas, el tráfico ilegal, la contaminación del suelo, aire y agua. Es por lo tanto necesario atender de manera urgente la conservación y principalmente la protección ambiental, amenazada y deteriorada por el incremento de delitos ecológicos.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) incluso ya ha señalado que estos delitos van en aumento y se concentran principalmente en la tala clandestina, los asentamientos en áreas de conservación e irregularidades en el uso de suelo. Sin embargo estos delitos que abarcan alrededor del 70% de las denuncias no contemplan la contaminación al aire y al agua o la extinción de animales a causa de la caza y de la pesca indiscriminada.

El delito ambiental afecta de manera importante la sociedad en la que vivimos y la manera en que nos desarrollamos, ya que es un delito social que afecta principalmente las bases de la existencia social económico, pone en peligro las formas de vida autóctonas, aumenta la temperatura atmosférica debido a la acumulación de gases de efecto invernadero, especialmente bióxido de carbono y daña nuestra identidad cultural profundamente arraigada en nuestro entorno biológico.

En respuesta a este incremento, el gobierno ha venido implementando nuevos métodos para evitar dichos delitos y preservar al mismo tiempo el artículo 4º de nuestra Constitución. La primera moción del derecho a un medio ambiente sano llegó a través del principio 1º de la Declaración de Estocolmo, producto de la cumbre sobre el medio humano, en la cual nuestro país tomo parte y la Declaración de Río de Janeiro, en su principio 1º, que ratifica este precepto.Sin embargo el riesgo ambiental exige una mayor atención por parte de todas las autoridades con el fin de erradicar las actividades ilícitas altamente riesgosas, antes de que sucedan impactos de mayor gravedad a la población, los bienes o al ambiente mismo y los ecosistemas.

La importancia del cuidado a nuestro medio ambiente depositada en diversos servidores públicos debe ser respondida por lo tanto, con acciones claras y con estricto apego a la ley. No podemos permitir que bajo el cobijo y una posición privilegiada se trabaje en contra de nuestros recursos más valiosos.

Se plantea en este proyecto de decreto, con el fin de prevenir o inhibir aquellas conductas que pudieran ocasionar daños a los recursos naturales, el castigo con mayor fuerza a las personas que bajo el cargo, actúen ilegalmente, dañando el ecosistema en el territorio nacional. Es necesario pues contar con un sistema inhibitorio que impida el daño al ecosistema por parte de personas que deben protegerlo.

Ahora bien, cabe mencionar que, este no es evidentemente el único recurso con que cuenta el ordenamiento jurídico, sin embargo representa un instrumento que permite establecer las sanciones penales necesarias.

El propósito de esta iniciativa es precisamente valerse de nuestro Derecho Penal, en cuanto instrumento protector del ambiente y auxiliar de las prevenciones administrativas, para implementar un instrumento que le permita establecer las sanciones penales necesarias para prevenir el saqueo indiscriminado por parte de servidores públicos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Primero.

Se adiciona un artículo 213-Bis I al Código Penal Federal.
Articulo 213-Bis I. Cuando los delitos a que se refieren el Título Vigésimo Quinto del presente Código, sean cometidos por Servidores Públicos, las penas previstas serán aumentadas hasta en una mitad y, además, se impondrá destitución e inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Transitorio
Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 26 de febrero de 2008.

SEN. JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA

SEN. LÁZARO MAZÓN ALONSO
SEN. RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN MATERIA DE SEGURO DE DESEMPLEO

Información completa (www.senado.gob.mx)

Propone que todo trabajador que haya cotizado cuando menos ciento cuatro semanas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, de las cuales por lo menos cincuenta y dos deberán haber sido continuas, podrá acceder a una renta de desempleo de hasta tres salarios mínimos mensuales, de acuerdo con sus cotizaciones, por un plazo de tiempo que no excederá los seis meses. Dicho plazo estará determinado por la cantidad de cotizaciones semanales que haya aportado, correspondiendo un mes por cada año. El asegurado que tenga menos de ciento cuatro cotizaciones semanales pero por lo menos cincuenta y dos, podrá acceder a la renta hasta por un mes.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN AL ESTADO QUE GUARDAN LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO

Los que suscriben, Senadores José Luis Máximo García Zalvidea, Silvano Aureoles Conejo, Rubén Fernando Velázquez López, Lázaro Mazón Alonso, Antonio Mejía Haro, Francisco Javier Castellón Fonseca, Rosalinda López Hernández, Salomón Jara Cruz y Claudia Corichi García integrantes del Grupo Parlamentario del PRD a la LX Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a consideración de esta Soberanía con carácter de urgente resolución, la siguienteproposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO.-

Los valores de libertad, la justicia y la paz tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos.
Los derechos humanos deben ser siempre un asunto fundamental de la agenda política, otorgándoles la más alta prioridad, como nunca antes en la historia. Por ello, el respeto a las garantías de las personas debe convertirse en una política de Estado.

Sin duda, el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad y sus derechos plenos.

En este sentido, es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen auténtico de Derecho, a fin de que mujeres y hombres no vean conculcados sus garantías fundamentales.
SEGUNDO.- Sin embargo, en materia de derechos humanos aún queda mucho por hacer. Por ejemplo, hasta el momento, México no ha reconocido explícitamente en su Constitución la categoría de los tratados internacionales de derechos humanos.

Así mismo, los agentes de la policía federal, estatal y municipal de México implicados en violaciones graves de derechos humanos -como tortura y abuso sexual- especialmente las cometidas durante los disturbios en San Salvador Atenco y la ciudad de Oaxaca en 2006, no se han esclarecido completamente.Mientras a agentes policíacos y funcionarios se les exonera de sus responsabilidades penales, a sus contrapartes se les aplica abusivamente el peso de la ley.

Por otro lado, el sistema de justicia militar sigue juzgando casos de violaciones de derechos humanos pese a que las normas internacionales de derechos humanos insisten en que estos casos deben ser juzgados por tribunales civiles.

Reconocemos la enorme responsabilidad de las instituciones encargadas de la seguridad pública en el combate al crimen, pero no olvidemos quese siguen reportando un buen número de abusos tales como detención ilegales, tortura, malos tratos, a manos de agentes de seguridad ha aumentado durante las operaciones emprendidas para combatir a las bandas criminales violentas;

Los migrantes irregulares que atraviesan México son sometidos sistemáticamente a malos tratos por agentes del Estado, y a violencia sexual y de otro tipo por bandas criminales.

Debemos de reconocer que pese a los avances en la legislación para proteger a las mujeres frente a la violencia, su aplicación es tenue. Los índices de denuncia, procesamiento y condena de los responsables de violencia intrafamiliar, violación e incluso homicidios de mujeres siguen siendo extremadamente bajos.

Pero sobre todo, y en el contexto de una crisis económica de magnitudes inconmensurables,la pobreza y marginación siguen privando a muchas comunidades rurales, especialmente indígenas, del derecho a un nivel de vida adecuado y del derecho al desarrollo de acuerdo con sus propias necesidades e intereses.

TERCERO.- Debo recordar que en enero pasado, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó su último informe de labores ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unipon. En él señaló que la CNDH emitió 67 recomendaciones y los principales destinatarios fueron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con 14; el Instituto Nacional de Migración (INM) con siete; y la Secretaría de Seguridad Pública federal con cinco.

Hay que resaltar que al rendir su informe, el Dr. Soberanes los "claroscuros" en el tema de las garantías individuales y alertó sobre la violencia en el país.

Entre los temas de relevancia preciso el caso del entrenamiento para la tortura a policías en León Guanajuato; la urgente necesidad de poner un alto a las bandas criminales que retan al Estado; las iniciativas contrarias a los derechos humanos, que proponen abierta permisividad a cateos sin orden judicial, aprehensión de personas "que parecen sospechosos" y arraigo domiciliario, así como el debate de la pena de muerte.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Único.-

El Senado de la República hace una cordial invitación al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos, Dr. José Luis Soberanes Fernández, a una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos para conocer el estado que guardan los derechos humanos, con el objeto de revisar de los avances en la materia, particularmente en lo que correspondea la seguridad pública, migración, sistema penitenciario, violencia contra mujeres y desaparición forzosa.

SUSCRIBEN
Sen. José Luis Máximo García Zalvidea

Sen. Silvano Aureoles Conejo

Sen. Rubén Fernando Velázquez López

Sen. Lázaro Mazón Alonso

Sen. Antonio Mejía Haro

Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca

Sen. Rosalinda López Hernández

Sen. Salomón Jara Cruz

Sen. Claudia Corichi García