Exposición de motivos
A pesar de que en México contamos con avances sociales y políticas encaminadas a proporcionar una mejor calidad de vida a las personas con alguna discapacidad física o mental, aun persisten serias barreras y obstáculos no solo de carácter físico sino también de carácter social. La mayor parte de estos individuos, encuentra severas dificultades para recibir los beneficios básicos que proporciona el Estado.
Uno de los problemas fundamentales problema radica en una alta desinformación social que genera la nula o equívoca atención de las autoridades hacia la concientización de los ciudadanos acerca del respeto y participación general que se requiere para una promover el igual desarrollo de los discapacitados.
Desafortunadamente, el trabajo social de quienes tienen un impedimento de la capacidad para realizar alguna actividad es una actividad relativamente nueva. Su clasificación y estudio de forma metódica inicia alrededor del año 1980. Sin embargo, podemos afirmar que dicho concepto dio paso a lo que conocemos actualmente como la Clasificación Internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías, considerada sumamente importante por haber establecido diversas áreas de trabajo tales como la rehabilitación, la educación, la estadística, la política, la legislación, la demografía, la sociología, la economía y antropología.
También desde 1980 la Organización Mundial de la Salud cataloga y estudia la discapacidad desde distintos puntos de vista, proporcionando una visión amplia y diversas herramientas de estudio que ayudaron a completar y a entender el concepto desde un punto de vista social, económico, político, laboral y cultural.
La misma Organización Mundial de la Salud ha mencionado en diversas ocasiones la importancia de comenzar a trabajar por estas personas que suman más de 650 millones en el mundo. Cerca del 10% de la población total del planeta enfrenta serios problemas al momento de insertarse en una sociedad que los excluya y que difícilmente ha desarrollado canales adecuados para su crecimiento personal y desarrollo profesional.
La situación México no es distinta a la de otros países. Los avances presentados en materia de derechos para personas discapacitadas son todavía insuficientes; y la legislación existente al respecto, no alcanza a garantizar el goce pleno de sus derechos, aún de los fundamentales, como es el referente a la educación, consagrado en el articulo 3° de nuestra Constitución.
Sabemos que existen en México fuertes rezagos educativos, pero se agravan cuanto se trata de atender a personas con alguna discapacidad. Existen algunas leyes que regulan el tema, pero las condiciones materiales siguen ausentes, siendo evidente que ningún tipo de avance en materia legal es suficiente si antes no se cuenta con una evaluación de la infraestructura para permitir el pleno cumplimiento, en condiciones de equidad social, de los derechos fundamentales de las personas discapacitadas.
Prueba de ello es el 82% de más de un millón y medio de personas que padecen alguna clase de discapacidad, tiene un profundo rezago educativo: cuatro de cada diez no saben leer y escribir, el 37% no terminó la primaria y tan sólo el 23% concluyó la secundaria.
En este contexto, es que consideramos urgente la necesidad de generar adecuaciones al sistema educativo de miles de mexicanos que, por alguna discapacidad, en este ámbito asociada generalmente a la sordera, a la carencia de la posibilidad de habla o a ambas.
En la mayor parte de las escuelas de nivel medio superior, no se cuenta con la infraestructura ni la preparación por parte de sus plantas docentes, que garanticen el la adecuada atención a los sordomudos y son escasas las escuelas destinadas especialmente a su educación y la mayor parte de ellas exige aportaciones privadas.
Actuar es, por tanto, urgente y necesario, pues de lo contrario se está fomentando la discriminación hacia este sector y se le condena a vivir de forma aislada, privándole del acceso, en condiciones de equidad, a los derechos fundamentales de que gozamos, en teoría, todos los mexicanos.
Sabemos que existen en México fuertes rezagos educativos, pero se agravan cuanto se trata de atender a personas con alguna discapacidad. Existen algunas leyes que regulan el tema, pero las condiciones materiales siguen ausentes, siendo evidente que ningún tipo de avance en materia legal es suficiente si antes no se cuenta con una evaluación de la infraestructura para permitir el pleno cumplimiento, en condiciones de equidad social, de los derechos fundamentales de las personas discapacitadas.
Prueba de ello es el 82% de más de un millón y medio de personas que padecen alguna clase de discapacidad, tiene un profundo rezago educativo: cuatro de cada diez no saben leer y escribir, el 37% no terminó la primaria y tan sólo el 23% concluyó la secundaria.
En este contexto, es que consideramos urgente la necesidad de generar adecuaciones al sistema educativo de miles de mexicanos que, por alguna discapacidad, en este ámbito asociada generalmente a la sordera, a la carencia de la posibilidad de habla o a ambas.
En la mayor parte de las escuelas de nivel medio superior, no se cuenta con la infraestructura ni la preparación por parte de sus plantas docentes, que garanticen el la adecuada atención a los sordomudos y son escasas las escuelas destinadas especialmente a su educación y la mayor parte de ellas exige aportaciones privadas.
Actuar es, por tanto, urgente y necesario, pues de lo contrario se está fomentando la discriminación hacia este sector y se le condena a vivir de forma aislada, privándole del acceso, en condiciones de equidad, a los derechos fundamentales de que gozamos, en teoría, todos los mexicanos.
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que incorpore a intérpretes profesionales en el lenguaje de señas mexicanas, en las escuelas públicas e institutos nacionales de educación media superior, ante la urgente necesidad de ciudadanos con discapacidad auditiva, para que se les cumpla el derecho constitucional a la educación.
Dado en el Recinto Parlamentario del Senado de la República, el día de Diciembre de 2008.
Suscriben
Sen. José Luis García Zalvidea
Sen. Lázaro Mazón Alonso
Sen. Rubén Fernando Velázquez López
Sen. José Luis García Zalvidea
Sen. Lázaro Mazón Alonso
Sen. Rubén Fernando Velázquez López
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