INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 213-BIS I, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

Los suscritos, Lázaro Mazón Alonso, Rubén Fernando Velázquez López y José Luis Máximo García Zalvidea, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 213-Bis I, del Código Penal Federal, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El cuidado al medio ambiente es un tema sumamente importante y ahora prioritario para proteger nuestro desarrollo social y económico. La política ambiental de México precisamente ha intentado frenar el deterioro del medio ambiente y de los recursos naturales, que de no cumplirse, podrían afectar los recursos forestales de propiedad social y patrimonio de 12 millones de mexicanos, la mayoría en condiciones de pobreza y marginación. Esta política se ha enfocado principalmente en crear herramientas necesarias para enfrentar los nuevos desafíos ambientales, tales como el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono o la degradación ambiental de cuencas.

Sin embargo es necesario mencionar que estas políticas primordiales para proteger el hábitat en el que vivimos tiene además un enorme desafío a vencer por la actual disociación entre las políticas públicas y principalmente, también enfocar esfuerzos contra la forma creciente de nuevos delitos y delincuentes.

No cabe duda que existen diversos efectos industriales negativos que han impedido en la última década mantener una mejoría respecto a las cuestiones ambientales, que fundamentan la calidad de vida junto con la noción de distribución equitativa de costos y beneficios ambientales, pero han quedado rezagadas las acciones ilícitas contra el mantenimiento de políticas ecológicas, que ya están adquiriendo mayor relevancia.

El abuso indiscriminado o simplemente el mal uso de los recursos naturales que se obtienen del medio ambiente, es un delito que afecta directamente al resto de la población mexicana, el agua y el aire están contaminándose, los bosques están desapareciendo y a la explotación excesiva de los animales van deteriorando nuestro balance ecológico.

Nuestro país tiene el gran reconocimiento de ser uno de los territorios con mayor diversidad biológica en el mundo, la amplitud de nuestra biodiversidad se refleja que se en el alto número de especies diferentes que conviven en nuestra área geográfica. Tan solo México cuenta 55.3 millones de hectáreas de bosques en las que habitan 50% de todas las especies de pino que hay en el mundo, 37% de nuestro país es desierto, seguido por bosques de coníferas y encino con el 19.34% y selvas tropicales con el 14.14%. México además se encuentra en los primeros lugares de las listas de riqueza de especies animales al tener 707 reptiles, 491 mamíferos y 282 anfibios.
Estas ventajas que se nos ha otorgado naturalmente, corren el gran peligro de perderse ante el descuido por parte de todas las autoridades federales, actualmente los recursos naturales con lo que cuenta nuestro país, han sufrido un descenso significativo a causa del constante saqueo indiscriminado, la introducción no ponderada de especies exóticas, el tráfico ilegal, la contaminación del suelo, aire y agua. Es por lo tanto necesario atender de manera urgente la conservación y principalmente la protección ambiental, amenazada y deteriorada por el incremento de delitos ecológicos.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) incluso ya ha señalado que estos delitos van en aumento y se concentran principalmente en la tala clandestina, los asentamientos en áreas de conservación e irregularidades en el uso de suelo. Sin embargo estos delitos que abarcan alrededor del 70% de las denuncias no contemplan la contaminación al aire y al agua o la extinción de animales a causa de la caza y de la pesca indiscriminada.

El delito ambiental afecta de manera importante la sociedad en la que vivimos y la manera en que nos desarrollamos, ya que es un delito social que afecta principalmente las bases de la existencia social económico, pone en peligro las formas de vida autóctonas, aumenta la temperatura atmosférica debido a la acumulación de gases de efecto invernadero, especialmente bióxido de carbono y daña nuestra identidad cultural profundamente arraigada en nuestro entorno biológico.

En respuesta a este incremento, el gobierno ha venido implementando nuevos métodos para evitar dichos delitos y preservar al mismo tiempo el artículo 4º de nuestra Constitución. La primera moción del derecho a un medio ambiente sano llegó a través del principio 1º de la Declaración de Estocolmo, producto de la cumbre sobre el medio humano, en la cual nuestro país tomo parte y la Declaración de Río de Janeiro, en su principio 1º, que ratifica este precepto.Sin embargo el riesgo ambiental exige una mayor atención por parte de todas las autoridades con el fin de erradicar las actividades ilícitas altamente riesgosas, antes de que sucedan impactos de mayor gravedad a la población, los bienes o al ambiente mismo y los ecosistemas.

La importancia del cuidado a nuestro medio ambiente depositada en diversos servidores públicos debe ser respondida por lo tanto, con acciones claras y con estricto apego a la ley. No podemos permitir que bajo el cobijo y una posición privilegiada se trabaje en contra de nuestros recursos más valiosos.

Se plantea en este proyecto de decreto, con el fin de prevenir o inhibir aquellas conductas que pudieran ocasionar daños a los recursos naturales, el castigo con mayor fuerza a las personas que bajo el cargo, actúen ilegalmente, dañando el ecosistema en el territorio nacional. Es necesario pues contar con un sistema inhibitorio que impida el daño al ecosistema por parte de personas que deben protegerlo.

Ahora bien, cabe mencionar que, este no es evidentemente el único recurso con que cuenta el ordenamiento jurídico, sin embargo representa un instrumento que permite establecer las sanciones penales necesarias.

El propósito de esta iniciativa es precisamente valerse de nuestro Derecho Penal, en cuanto instrumento protector del ambiente y auxiliar de las prevenciones administrativas, para implementar un instrumento que le permita establecer las sanciones penales necesarias para prevenir el saqueo indiscriminado por parte de servidores públicos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Primero.

Se adiciona un artículo 213-Bis I al Código Penal Federal.
Articulo 213-Bis I. Cuando los delitos a que se refieren el Título Vigésimo Quinto del presente Código, sean cometidos por Servidores Públicos, las penas previstas serán aumentadas hasta en una mitad y, además, se impondrá destitución e inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Transitorio
Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 26 de febrero de 2008.

SEN. JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA

SEN. LÁZARO MAZÓN ALONSO
SEN. RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ